Por José Alameda
Economista
Con la política arancelaria del presidente Donald Trump hacia sus principales socios comerciales, se ha creado la tesis de que la misma es una medida estratégica idónea para crear la presión política para doblegar las posturas de sus socios — convertidos por Trump –en oponentes al estilo de vida de los E.U.
México, en donde se sospecha surge el trasiego de fentanilo ilegal hacia E.U., se amenaza con aranceles más altos. Tal parece que la presidenta mexicana reacciona al aumentar las fuerzas de la guardia nacional para cuidar la frontera y evitar el trasiego ilegal de fentanilo, pero al igual, los Estados Unidos se comprometió en lidiar con la venta de armas ilegales a los temidos carteles de droga.
Trump parece pasar por alto en su discurso perturbador varios issues; primero, que la demanda por droga o fentanilo illegal surge de los traficantes y usuarios finales de las calles de E.U. pero además, son los traficantes de armas ilegales de E.U., radicado en Texas y Arizona, desde donde se vende el 70% de las armas que llegan a manos de los carteles mexicanos.
Es reconocido que México no produce armas de alto calibre y son los E.U. quien realiza ventas muy rentables a estos carteles. Pasa por alto, además, que las empresas norteamericanas como GMC, Ford Motors, Stellantis, se verán afectadas en su competitividad de precios debido a los aranceles, pero sin un claro deseo de regresar a operar en E.U. con costos operacionales relativamente exagerados.
Trump no reconoce tampoco que son los consumidores norteamericanos quienes serán los que finalmente pagarán por el alza de precios causados por los aranceles y que la inflación será una víctima de estos aranceles sin sentido.
Este argumento sobre el papel de los aranceles y su asociación con el trasiego de fentanilo es nula o inexistente. Los aranceles son medidas que afectan el sistema de precios de las exportaciones e importaciones pero no son diseñadas para trabajar con el problema social de consumo y comercio interno de drogas en cualquier país.
Por eso, es evidente que no fueron los aranceles, sino la voluntad de ambas naciones de negociar de buena fe, como debió haber sido desde sus inicios. De nuevo, esta voluntad cooperadora es independiente de los aranceles.
Lo cierto es que los aranceles tienen muy poco, o mejor dicho, nada que ver con la venta ilegal de fentanilo en los E.U. Los aranceles no son armas políticas. Usted no puede sacar un clavo con un pinche de pelo, pues este último no es, ni nunca fue diseñado para estos fines.
El problema de adicción al fentanilo o mejor dicho a las drogas, es un problema social que tiene como componentes industriales tales como los usuarios (adictos), los distribuidos en E.U. y México y los productores. A esta industria y su composición y operación, poco importa si los precios de los aguacates para el guacamole suben o bajan por los aranceles.
De hecho, aun cuando en caso extremo, se eliminaran todos los aranceles entre ambos países (o sea, sean cero por ciento), el adicto a drogas se mantendría pues nunca esta estrategia de aranceles tocaría las puertas de los cimientos de esta industria.
La historia de los carteles de Colombia en los 1980 y principios de los 1990, es elocuente y apoya mi tesis de la inexistencia de relación entre el trasiego de drogas y los aranceles. En estas décadas, los narcotraficantes conocidos Pablo Escobar Gaviria, los Hermanos Ochoa, Rodriguez Gacha, Carlos Leader, Griselda Blanco, entre otros, pusieron a Colombia, los Estados Unidos, en estado de sitio.
El presidente de los E.U. en ese entonces, Bill Clinton, no amenazó a Colombia con medidas draconianas de aranceles, sino que negoció para que los E.U. colocara en una cooperación y esfuerzo mutuo las fuerzas de la DEA, y los militares para que combinadamente con las fuerzas castrenses de Colombia, redujeran la influencia de los carteles de Medellín y Cali.
El cartel de Medellín fue uno de los más temidos de Colombia, fue responsable de múltiples bombas, de atentados como el del avión de Avianca (27 de noviembre de 1989), que dejó más de 100 muertos; y el atentado a la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), días después, que dejó 63 fallecidos.
Este grupo asesinó en 1984 al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla; a Guillermo Cano, director del diario El Espectador, en 1986; al procurador, Carlos Mario Hoyos, en 1988, entre muchos otros nombres de quienes los criticaron o los persiguieron judicialmente.
En resumen, la versión dos del Trumpismo es peligrosa, pero no sólo para los socios comerciales de E.U. sino para los mismos residentes de ese país. Hacer a E.U. grande de nuevo, anda por terrenos muy movedizo si se siguen las políticas draconianas y de guapo de barrio a nivel internacional. Pregunto, ¿estaremos regresando a la era del Ugly American?.
