Por Miguel Díaz Román
La magistrado federal Giselle López Soler recomendó desestimar la petición realizada por Suiza Dairy para que el Tribunal Federal de San Juan encuentre en desacato al ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró,y a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) por violar un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013, que busca garantizar márgenes adecuados de ganancia a las plantas procesadoras, y por incumplir las disposiciones del reglamento 12, el cual fue adoptado como parte del acuerdo.
La recomendación específica de la magistrado es desestimar la petición de desacato por falta de jurisdicción y, además, le aconseja a Suiza Dairy acudir a los tribunales locales en busca de un remedio a sus reclamos.
De esta manera la magistrado acogió los planteamientos de la planta Indulac, de González Beiró y de la ORIL, quienes habían presentado mociones solicitando que el tribunal rechace por falta de jurisdicción la petición de Suiza reclamando la imposición de un desacato.
«Después de considerar cuidadosamente los argumentos de las partes y la ley aplicable, el suscrito recomienda que las mociones de ORIL e Indulac para desestimar por falta de jurisdicción sean concedidas y, en consecuencia, que la moción de Suiza por desacato sea rechazada», sostuvo la magistrado López Soler.
La recomendación fue informada en un documento de 14 páginas titulado «informe y recomendación» que fue emitido el pasado lunes 10 de febrero. El documento fue redactado a petición de la jueza María Antongiorgi Jordán, quien tiene a cargo el caso de Suiza Dairy.
Tras la presentación del «informe y recomendación», es de esperarse que la jueza Antongiorgi Jordán tome una decisión con relación a la recomendación de la magistrado.
Cartoce días
No obstante, las partes tienen catorce días para reaccionar a la recomendación de la magistrado López Soler.
Entre los planteamientos para justificar el desacato Suiza sostuvo que la ORIL ha utilizado datos obsoletos del año 2016 para emitir órdenes de precios en 2021, 2022 y 2023 y que ha rechazado inapropiadamente el cálculo de algunos de los costos operativos de Suiza.
También alega que las estructuras de precios avaladas por la ORIL desde 2022 favorecen la leche UHT de Indulac a expensas de la leche fresca producida localmente.
Otro planteamiento es que la planta Indulac ha retenido ilegalmente los $3.1 millones, recaudados bajo el esquema de acumulación regulatoria implementado en el Reglamento 12 y que esto comenzó ya en el año 2017, cuando la primera orden de precio bajo el acuerdo de conciliación entró en vigencia.
Suiza también reclama que la ORIL ha estado utilizando una versión traducida no oficial del Reglamento 12 que omite definiciones importantes y esto ha causado interpretaciones y aplicaciones erróneas del Reglamento 12.
La empresa sostuvo en su petición de desacato que ha enfrentado una pérdida financiera de aproximadamente $172 millones debido a que la ORIL no ha establecido márgenes de ganancia adecuados, según lo determinó el Tribunal Federal en su sentencia emitida el 6 de noviembre de 2013.
Con limitaciones los tribunales
En su recomendación la magistrado López Soler cita varias decisiones judiciales que han sentado jurisprudencia sobre las limitaciones que tienen los Tribunales para actuar como supervisor o hacer cumplir un acuerdo avalado por ese mismo Tribunal. La magistrado también hizo referencia a expresiones del juez Daniel Domínguez, que fue el juez que atendió el caso en el Tribunal Federal, sobre las limitaciones de la intervención federal en ese caso.
«Ya he rechazado la posibilidad de que el Tribunal tuviera la intención de conservar la jurisdicción para hacer cumplir los términos del acuerdo de transacción con Suiza a perpetuidad, como se evidencia tanto de la limitación temporal o duración específica expresamente incluida en la sentencia como de las expresiones de la Corte en audiencia pública», planteó la magistrado.
Incluso, la magistrado descartó reconocer la aplicabilidad de dos casos presentados por Suiza en su petición de desacato, para justificar la jurisdicción que, alegadamente, tiene ese Tribunal con el fin de hacer cumplir el acuerdo.
Sin jurisdicción indefinida
En síntesis, la magistrado López Soler sostiene que al Tribunal Federal no tiene jurisdicción indefinida sobre el acuerdo alcanzado en 2013 y que Suiza no reclamó a tiempo que la ORIL estaba desacatando el acuerdo y que de manera ilegal Indulac estaba reteniendo los dineros que le corresponden a Suiza.
«La última orden emitida por el Tribunal fue el 1 de abril de 2015. Allí, el Tribunal declaró irrelevantes varias mociones posteriores a la sentencia, incluidas la moción de desacato y una moción de suspensión. Durante diez años hubo un silencio completo. El caso estuvo inactivo hasta el 3 de mayo de 2024, cuando Suiza llamó a la puerta del Tribunal para obtener una reparación por el supuesto incumplimiento de los términos del acuerdo de conciliación. Suiza ahora alega que las acciones de incumplimiento de la ORIL comenzaron al menos dos años después de la entrada en vigor de la sentencia o en el año 2015, y que las acciones de Indulac se remontan al año 2017.
Y que dicho incumplimiento, que sigue vigente, confiere a este Tribunal autoridad sobre el asunto. Pero Suiza no proporciona al Tribunal ninguna justificación de por qué esperó más de una década para solicitar reparación al Tribunal. El Tribunal se pregunta qué llevó a Suiza a sufrir una década de supuesto incumplimiento sin intentar reivindicar sus derechos en virtud del acuerdo de conciliación y si existe alguna exigencia que requiera la intervención urgente del Tribunal y su poder sancionador ahora», argumentó la magistrado en su recomendación.
Incluso, la magistrado no sólo señala que Suiza falló en informar al Tribunal sobre los alegados incumplimientos de parte de la ORIL y de Indulac, sino que sostiene que la falta de reclamos sobre la vulneración del acuerdo era una indicación de que las partes estaban cumpliendo lo acordado.
Recomiendan a Suiza el tribunal local
«El hecho de que el Tribunal no hubiera sido informado previamente de estas acciones en desacato, sólo podía ser interpretado por el Tribunal como una indicación de que las partes estaban cumpliendo a satisfacción de los involucrados con la sentencia del Tribunal y sus compromisos de conciliación, incluidos los términos del Reglamento 12», sostuvo la magistrado en su explicación para descartar el pedido de Suiza.
Tras recomendar la desestimación de la petición de desacato presentada por Suiza, la magistrado le sugirió a la empresa que acuda a los tribunales locales a buscar un remedio para sus reclamos.
«Si Suiza cree que la ORIL e Indulac están incumpliendo el acuerdo de conciliación y, en consecuencia, sus deberes bajo el Reglamento 12, puede intentar reivindicar sus derechos en una acción estatal, como lo ha hecho en el pasado», sostiene la recomendación.
Aunque la recomendación de la magistrado López Soler debe esperar por la decisión que tome la jueza Antongiorgi Jordán para que se convierta en una determinación final o sea descartada, de manera preliminar constituye una victoria para González Beiró, para Indulac y la ORIL, pues sus planteamientos a favor de la desestimación fueron avalados.
Suiza no reacciona
Hasta ayer la empresa Suiza Dairy, que ha detenido totalmente sus operaciones en sus plantas de San Juan y Aguadilla, no había emitido una reacción a la recomendación realizada por la magistrado.
Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, advirtió más problemas para la industria lechera si esta recomendación de López Soler adquiere calidad de decisión final por el Tribunal Federal. Flores Ortega y otros sectores de la industria lechera han reclamado el regreso de Suiza Dairy como planta procesadora de leche en el mercado para evitar el decomiso de leche en los periodos de alta producción y para evitar la importación de leche y el cierre de más ganaderías.
«Esta decisión del tribunal no abona en nada al restablecimiento de la normalidad en la industria lechera. El tener detenidas las operaciones de Suiza Dairy mantiene en peligro el cierre de más vaquerías al no existir la capacidad de procesar toda la leche en los meses de alta producción. Habrá más decomisos o en su defecto se desviará leche a República Dominicana a precios que no dan ganancia al ganadero. Por otro lado en los meses de baja producción habrá que importar leche algo que representa una derrota de una industria que era autosuficiente en su demanda local», sostuvo Flores Ortega.
