Por Miguel Díaz Román

En medio del vendaval que azota a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), luego de que un fallo judicial la obliga a devolver más de $47.1 millones a miles de asegurados por la aplicación ilegal de una depreciación en piezas nuevas, surgen opiniones sobre la obsolescencia de la entidad, debido a que perdió su razón de ser tras la entrada de más aseguradoras a mercadear el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO).

El presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, sostuvo que al interior de la ASC se desarrolla una compleja relación entre las aseguradoras que la integran, quienes venden el SRO, y el ente administrativo de la entidad, que es en realidad otra aseguradora más que vende el SRO y compite abiertamente con recursos multimillonarios contra sus propios socios miembros.

“El conflicto de interés es tan grande que los socios miembros no pueden formar parte del comité de publicidad de la ASC, donde se decide usar millones de dólares en campañas publicitarias para competir contra sus propios socios. La ASC les hace competencia y los socios miembros no pueden hacer nada, no pueden controlarla”, sostuvo González Portilla, quien también es el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico.

El ejecutivo indicó que ha conocido información de manera extraoficial sobre aseguradoras que venden el SRO pero no son socios miembros de la ASC y de aseguradoras que si son socios miembros, quienes albergan la convicción que la entidad debe desaparecer como aseguradora y quizás, permanecer como una empresa administrativa dedicada a recibir y distribuir las primas de SRO, las cuales pagan los conductores al renovar el marbete todos los años. La prima del SRO es de $99 para autos privados y $148 para vehículos comerciales.

“La información que tengo es que, si se hiciera una asamblea, los socios miembros votarían por eliminar la ASC como aseguradora”, dijo González Portilla.

ASC ya cumplió su cometido

El presidente de Antilles Insurance indicó que la ASC cumplió un cometido importante desde los inicios del establecimiento de SRO en 1995, cuando era necesario tener una entidad que atendiera todos los aspectos administrativos de un seguro universal de responsabilidad pública para más de un 1 millón de unidades que transitaban las vías públicas sin un seguro contra daños por accidentes.

El SRO es producto de la ley 253 de 1995, la cual fue patrocinada por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) durante la incumbencia del desaparecido ex Comisionado de Seguros, Juan García.

Indicó que ante la realidad de que “el mercado del SRO se abrió a la libre competencia en 2014, la ASC perdió su razón de ser”.

Además de la ASC, las aseguradoras que actualmente venden el SRO son Guardian Insurance, Point Guard, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, Universal, MAPFRE Praico Insurance Company, Multinational Insurance Company y Triple-S Propiedad.

No obstante, para ser miembros de la ASC, las aseguradoras que participan del negocio de seguros para vehículos deben tener una participación en el mercado sobre el 1 % del total de las primas suscritas. Esto implica que, aunque existen aseguradoras que venden el SRO no todas son miembros de la ASC porque incumplen con la participación de mercado requerida, como es el caso de Guardian Insurance.

Cuestionada la dualidad corporativa 

González Portilla sostuvo que como resultado de la apertura del mercado del SRO, las aseguradoras miembros de la ASC venden el SRO y compiten directamente contra la ASC.  Incluso, el ejecutivo explicó que la dualidad corporativa de la ASC como entidad administradora del SRO y como aseguradora que compite en el mercado, ha sido motivo de discusión y de incomodidad entre los miembros de la ASC.

“Yo personalmente creo que la ASC debió haber desaparecido hace tiempo, desde que comenzó la libre competencia la ASC debió haber desaparecido. No había razón para mantener la ASC. Se debió quedar como un ente administrador, pero nunca debió ser una competencia para otras aseguradoras”, advirtió el presidente de Antilles Insurance.

“La ASC ya no es factible y debe desaparecer. Las aseguradoras ya hacen todo el trabajo sin la ASC. Mi opinión es que la ASC debe desaparecer, esa siempre ha sido mí opinión”, insistió.

Sostuvo que es posible que no se haya articulado una iniciativa para anular la gestión de la ASC como aseguradora debido a la complicación que representa radicar un proyecto de ley que enmiende el artículo 6 de la ley 253, que contiene todo lo relacionado con la función de la ASC.

Dividendos sí, reserva no

González Portilla también indicó que otro factor que pudo actuar a favor de no alterar las funciones de la ASC es que las aseguradoras miembros han estado recibiendo dividendos de las ganancias que genera la entidad.  De acuerdo con el Informe Financiero de la ASC del 2023, los socios miembros recibieron un dividendo ordinario por un monto de $3.4 millones ese año.

En el año 2022 no hubo distribuciones ordinarias, pero sí un dividendo extraordinario de $50 millones autorizado por la Ley 207 de 2022, que tuvo como objetivo compensar la pérdida de ingresos que experimentó el gobierno como resultado de la suspensión temporal del impuesto a la gasolina y al diesel.

La ley también avaló imponer una contribución especial del 50% al dividendo extraordinario, que representó un pago de $25 millones de parte de la ASC a favor del Departamento de Hacienda y un pago adicional por $1.4 millones en nombre de sus socios miembros.  

Según el informe, el monto restante del dividendo extraordinario ascendió a $23.2 millones, los cuales se habrían pagado a los socios miembros en dos desembolsos de $11.7 millones, uno en 2023 y otro en 2024.

Continúa el gasto publicitario

Sobre este aspecto, González Portilla cuestionó que la ASC estuviera declarando dividendos y no se hubiera establecido una reserva para lidiar con el pleito legal que culminó con un fallo que obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones.

De hecho, González Portilla se mostró alarmado ante el hecho inescapable de que el citado caso judicial comenzó en 2017 y durante ocho años los auditores de la ASC no recomendaron crear una reserva para acumular fondos suficientes para enfrentar un reclamo económico que tuviera éxito en los tribunales.

Incluso, el ejecutivo planteó que, a pesar de que el caso judicial se inclinaba en contra de la ASC, la administración de la aseguradora continuó avalando inversiones significativas en publicidad televisiva y en otros medios a un costo multimillonario.

“¿Dónde están los auditores, donde están los miembros de la Junta de Directores de la ASC? ¿Cómo es posible que no se haya creado una reserva para éste caso, que no es nuevo porque ya llevaba un tiempo. ¿Cómo es posible que se hayan declarado dividendos y no se haya creado una reserva para este caso?”, cuestionó a viva voz el ejecutivo.

Posible intervención por insolvencia 

Señaló que existe una posibilidad real de que la ASC enfrente una intervención por insolvencia de parte de la OCS. El ejecutivo sostuvo que ante la realidad de que el capital de la ASC asciende a $31.9 millones y el fallo judicial obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones, será necesario que la entidad decrete una derrama entre las aseguradoras que la integran para recaudar $15 millones adicionales.

En el Informe Financiero de la ASC del 2023 se indica que la entidad posee entre dinero en efectivo e inversiones en vehículos financieros, $101.2 millones, pero sus compromisos económicos ascienden a $75.1 millones. El informe también contiene una nota que comenta el caso judicial enfrentado por la ASC y señala que “la exposición máxima de ASC según la sentencia en reconsideración es de aproximadamente $47,000,000.00”.

González Portilla sostuvo que también existe la posibilidad de que a su debido tiempo algunos de los socios miembros cuestionen las acciones o inacciones de la Junta de Directores que consta de siete miembros, cuatro que representan el interés público y tres al sector de la industria de seguros.

“Aquí hay una exposición a la cubierta de errores y omisiones contra la Junta de Directores por los socios miembros de la ASC, pienso yo. Porque ahora le van a imponer una derrama. ¿Y si los socios miembros deciden que no van a pagar la derrama y que lo mejor es liquidarla?  Entonces habrá que liquidar a la ASC”, dijo.

Recordó que resultaría contraproducente solicitar una derrama “cuando estuviste declarando dividendos en los pasados años”. Advirtió que, si las aseguradoras que integran la ASC se resisten a pagar la derrama, será inminente una intervención por insolvencia de parte de la OCS.

De hecho, González Portilla planteó que para las aseguradoras que son socios miembros es más conveniente la liquidación de la ASC. Explicó que, tras la liquidación, estas aseguradoras se beneficiarán porque absorberán a todos los asegurados que antes suscribían sus pólizas del SRO con la ASC. 

Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) le solicitó al Tribunal de Apelaciones que revoque una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que exige a la entidad crear una reserva de $47.1 millones como aseguramiento de sentencia, para compensar a miles de asegurados que fueron afectados por la aplicación ilegal de un descuento por concepto de depreciación a las piezas nuevas y originales.

La ASC sostuvo que el dinero existente en sus arcas está comprometido y obligarla a reservar $41.7 millones, según dispone la orden del Tribunal de Primera Instancia, causará que la aseguradora no pueda pagar sus deudas, lo que la encaminaría irremediablemente a la insolvencia.

La ASC le dijo al Tribunal de Apelaciones que para cumplir con la orden de aseguramiento de sentencia deberá utilizar $15 millones que están comprometidos, lo que causará que la aseguradora incumpla sus obligaciones y como resultado, se active una posible intervención de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) contra la aseguradora por insolvencia.

La ASC también señaló que para emitir la resolución que ordena reservar $47.1 millones, el Tribunal de Primera Instancia se negó a realizar una vista evidenciaría para escuchar las explicaciones de la ASC y basó su decisión para fijar dicha cantidad de dinero como aseguramiento de sentencia, en una interpretación incorrecta de los informes financieros de la entidad. 

La reserva de $47.1 millones tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de un histórico fallo judicial en un caso de clase que involucra reclamaciones por accidentes de tránsito efectuadas por conductores cuyos autos fueron impactados por vehículos asegurados con el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), dentro del período entre el 21 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2019.

El caso se ha estado ventilando en la sala de la jueza superior Valerie Concepción Cintrón, en el Centro Judicial de San Juan.

La parte demandante es representada por el conocido licenciado José Andréu Fuentes, del bufete Andreu & Sagardía y por los abogados Nelson Córdova Morales, Ricardo Prieto García, Angel Collazo Santiago y Emilio Vilá Carreras.

La ASC es representada por la licenciada Moraima Ríos Robles, del bufete Arroyo & Ríos Law Offices, y por la licenciada Rosa Irizarry Millán.

Tribunal utilizó documentos irrelevantes

Incluso, la ASC sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia fundamentó su decisión de fijar la cantidad de $47.1 millones en “documentos e información irrelevantes” y en información “fraccionada en una sola línea aislada y descontextualizada de un documento voluminoso y técnico sin la debida interpretación”.

Además, la ASC sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia no entiende el concepto “efectivo e inversiones”, y de manera errada concluyó que la entidad cuenta con $101.2 millones de libre disposición e ignoró que las deudas ascienden a $75.1 millones.

De hecho, la ASC cuestionó abiertamente que se haya fijado en $47.1 millones el monto a pagar en este caso, debido a que la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de julio de 2023, y confirmada por el Tribunal de Apelaciones el pasado 3 de noviembre de 2023, no definió un remedio monetario, aunque sí estableció la responsabilidad legal de ASC.

La confirmación de la sentencia realizada por el Tribunal de Apelaciones fue impugnada por la ASC en el Tribunal Supremo, que se negó a revisar la decisión y en dos ocasiones emitió un «no ha lugar». Tras la determinación del Tribunal Supremo la sentencia que responsabiliza a la ASC por la aplicación ilegal de un descuento por concepto de depreciación pasó a ser final y firme.

En su petición al Tribunal de Apelaciones la ASC sostuvo que, aunque las abogadas de la ASC representaron ante el Tribunal de Primera Instancia que la sentencia exponía a la aseguradora a pagar más de $47.1 millones, tales expresiones no constituyen una admisión de deuda y no se deben considerar como prueba y no pueden sustituir la evidencia que se debería considerar para establecer el monto económico que en realidad representa la sentencia.

Monto a pagar afectado por Tribunal Apelativo 

Incluso, la ASC sostuvo que el monto económico que finalmente se establezca como compensación también estará afectado por la confirmación de la sentencia que realizó el Tribunal Apelativo, debido a que en esa decisión ese Tribunal modificó la sentencia emitida el 26 de julio de 2023 y limitó la clase demandante a toda persona natural o jurídica a la que la ASC le aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que a consecuencia de ello “tuvieron que pagar de su propio peculio más de la cantidad que correspondía”.

En otras palabras, la posición de la ASC es que hasta que no se determine el universo de reclamantes a los que se les aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que para reparar sus autos tuvieron que desembolsar dinero de su bolsillo, será imposible determinar la cantidad de dinero que representa la sentencia.

La petición de la ASC al Tribunal Apelativo fue radicada el pasado 4 de junio, luego de que el Tribunal de Primera Instancia emitiera el pasado 31 de mayo una orden provisional exigiendo reservar los $47.1 millones, en lo que se denominó un “aseguramiento de la sentencia”.  

La orden del Tribunal de Primera Instancia instruyó a la ASC a crear la reserva para el pasado viernes 7 de junio, tras una petición presentada por los abogados de los demandantes dirigida a “instrumentar el remedio concedido a la clase demandante”. 

La acción del Tribunal de Primera Instancia fue en reacción a una moción informativa radicada por la clase demandante el pasado 22 de mayo, en la que se expuso la situación financiera de la ASC según los informes financieros de la aseguradora presentados ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) durante los años 2022 y 2023.

Tribunal desconoce deuda de $75 millones

En el informe de 2023 la ASC reconoció que el pago de la sentencia de la demanda de clase significa el desembolso de aproximadamente $47.1 millones. La moción también indica que en el informe de 2023 la ASC estimó su ingreso bruto por concepto de las primas cobradas en $69.3 millones y, además, tenía a su disposición $101.2 millones entre su cartera de inversiones y dinero en efectivo.

De hecho, la ASC sostiene que la vista evidenciaria se debió celebrar el 22 de mayo de 2024, pero nunca se recibió un señalamiento para celebrar la citada vista. En cambio, luego de que el 22 de mayo la clase demandante radicara la moción informativa, nueve días después, el 31 de mayo, el Tribunal de Primera Instancia emitió la orden provisional exigiendo reservar los $47.1 millones.

La ASC sostiene que, a consecuencia de no celebrar la vista evidenciaria, el Tribunal determinó “erradamente” que la aseguradora cuenta con un capital de $101.2 millones, una cifra identificada en el informe financiero de 2023 como dinero en efectivo y dinero invertido en vehículos financieros.  

“En su desconocimiento, el Tribunal de Primera Instancia equiparó el efectivo e inversiones de ASC con su capital disponible, ignorando así por completo que las obligaciones totales de ASC reconocidas en sus libros al 31 de diciembre de 2023 ascendieron a $75.1 millones. Bajo su incorrecta interpretación de lo que significa en la contabilidad estatutaria el concepto “efectivo e inversiones” el Tribunal de Primera Instancia estableció de forma descontextualizada y errada que un aseguramiento de sentencia por $47.1 millones es la medida que menos inconvenientes causa a ASC”, advierte la petición de revisión (certiorari) presentada por la ASC en el Tribunal Apelativo.

“Esta conclusión ignora que el capital de ASC, con el que esta sí cuenta, es de $31.9 millones, según su informe anual al 31 de diciembre de 2023. De manera que la resolución requiere que ASC reserve en exceso de $15 millones de activos sobre los cuales no tiene libre disposición, en detrimento de terceros que son las que tienen derecho a esos fondos, según las normas estatutarias que le aplican a ASC. Surge de ello, por tanto, que la medida en aseguramiento de sentencia emitida por el Tribunal afecta irremediablemente las operaciones de ASC, poniéndola en riesgo de incumplir con sus obligaciones estatutarias y de enfrentar intervención de la OCS por insolvencia”, sostiene el documento.

ASC atisba posible insolvencia

La posibilidad de que la ASC enfrente una intervención por insolvencia de parte de la OCS fue planteada la pasada semana por Jaime González Portilla, quien es el presidente de la aseguradora Antilles Insurance. En una entrevista en el programa Informe Semanal el ejecutivo sostuvo que ante la realidad de que el capital de la ASC asciende a $31.9 millones y el fallo judicial obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones, será necesario que la entidad decrete una derrama entre las aseguradoras que la integran para recaudar $15 millones adicionales.

González Portilla sostuvo que existe la posibilidad de que las aseguradoras que integran la ASC se resistan a pagar la derrama, lo que causaría una intervención de la OCS por insolvencia.

Obsoleta la ASC

De hecho, el ejecutivo planteó que la ASC es un organismo obsoleto que tuvo su razón de ser en los comienzos del SRO en 1995 y cuya función fue establecer el citado seguro para un universo de automóviles sin seguro privado que superó más del 1 millón de unidades. Pero ante la realidad de que “el mercado se abrió a la libre competencia en 2014, la ASC perdió su razón de ser”, dijo González Portilla.

Como resultado de ese cambio las aseguradoras miembros de la ASC también venden el SRO y compiten directamente contra la ASC.  Incluso, González Portilla sostuvo que, debido a que las aseguradoras miembros compiten directamente contra la ASC, sus representantes en la aseguradora no pueden integrar el comité de publicidad para evitar que conozcan las estrategias publicitarias.  

Ayer SN le solicitó sin éxito a la licenciada Nereida Carrero, presidenta de ASC, que reaccionara a los planteamientos de González Portilla.

MAPFRE ha superado todos los objetivos de reducción que se había propuesto para reducir la huella de carbono que genera con su actividad. La aseguradora ha disminuido su huella de carbono global un 25% respecto a 2019, lo que representa 17 puntos y medio por encima del reto marcado para 2023 (7,5%).

Este descenso se debe al esfuerzo que realiza el Grupo para seguir avanzando hacia la descarbonización de la economía, no solo a través de la inversión y la suscripción, sino también con medidas para reducir la huella de su operación directa.

Entre ellas, destaca la restricción de combustibles fósiles y electricidad, la utilización de fuentes de energía renovables, como la solar, la sustitución de su flota de vehículos convencionales por híbridos o eléctricos, y la reducción de los viajes de negocio y los desplazamientos de sus empleados a los centros de trabajo.

 Menos combustibles fósiles

En 2023 el Grupo adquirió el 67% de la electricidad con certificados de garantías de origen 100% renovable, gracias a los contratos de compra de electricidad verde con los que actualmente cuentan países como España, Alemania y Paraguay (100%), Portugal (99%), Brasil (80%), Turquía (48%), Italia (48%), Perú (43%) y EE.UU (23%), y que implica que todos ellos hagan mayor uso de energías limpias y que requieren menor quema de combustibles fósiles en la generación de dicha electricidad.

En este sentido, cabe destacar que la compañía se ha comprometido a que el 100% del consumo eléctrico para 2030 provenga de energías limpias.  La compañía, ha reducido, además, un 31% la huella de carbono vinculada principalmente al consumo de combustibles, superando ampliamente el objetivo marcado del 3%, en mayor medida debido a la sustitución progresiva de la flota propia de vehículos, con motores de combustión convencional por vehículos híbridos o eléctricos, que en 2023 representaron el 22% y que aspira al 100% para 2030. Ha influido, además, el uso de calefacción sostenible que ha permitido a la entidad reemplazar calderas de gasóleo y gas natural por bombas de calor eléctricas. 

Movilidad: menos viajes de negocio 

La huella de carbono indirecta, asociada principalmente a la movilidad de los empleados, también se ha reducido, en concreto un 19% frente a 2019, un dato que excede ampliamente el objetivo fijado (7% para este año) y que implica un avance importante en este sentido, ya que tanto los viajes de negocio como los desplazamientos diarios al centro de trabajo, más conocido como ‘commuting’, representan más del 68% de las emisiones totales.

En este descenso ha influido la nueva política de viajes que la compañía aprobó a finales del año 2022 y que persigue eliminar los desplazamientos innecesarios y fomentar el uso de transporte sostenible, como por ejemplo el uso del tren de alta velocidad frente al avión.

Ambas medidas han contribuido a que la huella de carbono procedente de los viajes de negocio en 2023 se haya reducido un 58% respecto a 2019, lo que supera de forma significativa el objetivo previsto del 4% para el año 2023. Los países que más la han reducido se encuentran Venezuela (97%), Paraguay (95%), Honduras (94%), Ecuador (91%) y Colombia (90%).

Durante el 2023 continúan afianzándose los modelos de trabajo híbrido (presencial y en remoto) en el Grupo, la huella de carbono del ‘commuting’ en dicho año ha disminuido un 3% respecto a 2019, una cifra que es inferior al objetivo marcado del 8% fijado para el año 2023. 

Un 22% menos de energía

En 2023, el consumo energético del Grupo MAPFRE, vinculado al consumo de energía de los edificios y la flota de vehículos, se redujo un 22% respecto a 2019, lo que supera ampliamente el objetivo previsto para 2023 del 11%. Dicha reducción se debe sobre todo a la implantación de modelos híbridos de trabajo, optimización de espacios de trabajo, inversiones de eficiencia energética y renovación de flotas de automóviles a motores ECO y más eficientes. Los países que han contribuido a esta reducción son Brasil (70%), Guatemala (64%), Turquía (47%), Colombia (45%) y EE.UU (35%).

Más placas solares

Actualmente, el consumo eléctrico representa más del 68% del consumo energético del Grupo. En 2023, la energía eléctrica adquirida total se ha reducido en 21 GWh, lo que supone un 19% menos respecto a 2019. Los países que mayor esfuerzo han hecho para reducir el consumo eléctrico son Brasil (57%), Turquía (51%), EE.UU (50%), Colombia (47%), Alemania (46%) y Ecuador (35%).

Cabe destacar el impacto de la instalación de paneles solares en España, con 4.700 placas fotovoltaicas, que generaron 1,6 GWh en la sede central de la entidad en 2023. A la generación de energía solar total en España, que alcanzó los 3,27 GWh en 2023, se han sumado otros países como México, República Dominicana, Italia y Perú, que generan ya 0,25 GWh entre los cuatro países.

Por Miguel Díaz Román

En lo que constituye un fallo judicial histórico que coloca a una aseguradora del país en un grave desafío económico, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia que luego fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de San Juan y por el Tribunal Supremo, lo cual obliga a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), que vende el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), a devolver más de $47.1 millones a miles de asegurados por aplicar de manera ilegal un descuento por concepto de depreciación a las piezas nuevas y originales.

El pasado mes de mayo del 2024 el Tribunal Supremo emitió un segundo “no ha lugar” a una petición de certiorari presentada por la ASC para que la sentencia fuera revisada, tras lo cual la sentencia pasaría a ser final y firme.

La citada sentencia fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de julio de 2023, y luego, tras una solicitud de la ASC para que fuera revocada, el Tribunal de Apelaciones de San Juan decidió confirmar el dictamen el pasado 3 de noviembre de 2023.

El descuento por depreciación fue aplicado por la ASC en reclamaciones por accidentes de tránsito efectuadas por conductores cuyos autos fueron impactados por vehículos asegurados con el SRO.

El pasado 12 de febrero de 2024 la ASC presentó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico una moción urgente en auxilio de jurisdicción dirigida a que la sentencia fuera revisada (certiorari) y revocada.

Ese mismo día el Tribunal Supremo emitió una resolución descartando la petición con un “no ha lugar”.

La ASC le solicitó entonces al Tribunal Supremo que reconsiderara su decisión. El pasado 10 de mayo del 2024 ese tribunal emitió un segundo “no ha lugar”, tras lo cual la sentencia pasaría a ser final y firme.

La sentencia no establece el monto que la ASC deberá devolver a los asegurados, pero estimados realizados por la aseguradora, según alegan los demandantes, colocan la cifra en más de $47.1 millones.

El caso se ha estado ventilando en la sala de la jueza superior Valerie Concepción Cintrón, en el Centro Judicial de San Juan.

Efecto devastador en la ASC

La parte demandante es representada por el conocido licenciado José Andréu Fuentes, del bufete Andreu & Sagardía y por los abogados Nelson Córdova Morales, Ricardo Prieto García, Angel Collazo Santiago y Emilio Vilá Carreras.

La ASC es representada por la licenciada Moraima Ríos Robles, del bufete Arroyo & Ríos Law Offices, y por la licenciada Rosa Irizarry Millán.

En el recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo la ASC sostuvo que cumplir con la sentencia impuesta tendría un efecto devastador en la aseguradora.

De hecho, la ASC sostuvo que el pago de la sentencia causaría unas “implicaciones económicas, sociales y de política pública” que son “sumamente perjudiciales para ASC y el interés público”.

Incluso, la aseguradora sostuvo que pagar la sentencia afectaría “la habilidad de ASC de pagar reclamaciones de sus asegurados”.

La ASC está integrada por las aseguradoras Guardian Insurance, Point Guard, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, Universal, MAPFRE Praico Insurance Company, Multinational Insurance Company, Triple-S Propiedad y la propia ASC.

De acuerdo con fuentes de la industria de seguros, el desembolso de la sentencia podría implicar que las aseguradoras miembros de la ASC se verían obligadas a pagar una derrama con el objetivo de garantizar los requisitos de capital y reserva que exige el Código de Seguros.

Demandantes alegan descuento es ilegal

El caso comenzó el 8 de agosto de 2017, cuando los ciudadanos José Benigno Giuliani y Susan Varley Parsei presentaron una demanda de clase en contra de la ASC por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios.

En síntesis, los demandantes alegaron que el 9 de octubre de 2016, estuvieron involucrados en un accidente automovilístico con un conductor cuyo auto estaba asegurado por SRO, el cual fue suscrito por la ASC. Tras presentar una reclamación, la ASC determinó que su asegurado incurrió en un 50% de negligencia en el accidente, mientras que los demandantes incurrieron en el restante 50% de la negligencia.

Los demandantes sostuvieron que, aunque la ASC estaba obligada a indemnizarlos en el 50% del costo total de los daños, la aseguradora de manera ilegal aplicó un descuento por depreciación a las piezas nuevas necesarias para reparar el vehículo.

Según los demandantes, con esa acción la ASC incumplió con la ley matriz del SRO o ley 253 de 1995, que le impone a la ASC la obligación de indemnizar a los afectados por accidentes de tránsito en la totalidad de los daños hasta la cantidad de $4,000.00, menos aquel grado de responsabilidad que determine el sistema de diagramas para adjudicar negligencia que utiliza la ASC.

Además, los demandantes alegaron que la ley 253 no avala el uso de una deducción por depreciación en el costo de piezas nuevas, por lo que la ASC aplicó de manera ilegal la citada depreciación y los obligó a desembolsar una determinada cantidad de dinero para reparar su vehículo.

Como resultado de la aplicación ilegal de la depreciación, los demandantes reclamaron una indemnización ascendente al doble de los daños sufridos.

El 3 de abril de 2018, la ASC contestó la demanda de clase y negó todas las alegaciones. Sostuvo que pagó las reclamaciones presentadas como parte del proceso de ajuste y pago de reclamaciones y que cumplió con las disposiciones del Código de Seguros y con la ley 253.

No es ilegal la depreciación 

Además, argumentó que en este caso aplica la doctrina de pago en finiquito porque los demandantes aceptaron y cobraron el pago recibido.

Más adelante, el 10 de marzo de 2021, la ASC presentó una moción de sentencia sumaria para que el Tribunal de Primera Instancia rechazara la demanda de clase con un “no ha lugar”. La aseguradora sostuvo que no incurrió en ninguna práctica ilegal al aplicar la depreciación a las reclamaciones de la clase demandante, pues el uso de ese recurso no estaba prohibido por ley o reglamento alguno.

La ASC señaló que actuó de manera razonable al descansar en el estado de derecho vigente en ese momento y en las representaciones realizadas por la Oficina del Comisionado de Seguros en relación al uso de la depreciación, por lo que, sus acciones no podían ser fuente de responsabilidad.

También alegó que la causa de la parte demandante se encontraba parcialmente prescrita y exigió que fueran desestimadas las reclamaciones de los miembros que recibieron su pago antes del 8 de marzo de 2016.

Certificada la clase

El 3 de octubre de 2018, la jueza Gloria Maynard Salgado, que ventiló el caso en sus escalones iniciales, emitió una resolución para certificar la clase de los perjudicados por el uso de la depreciación de parte de la ASC en reclamaciones por accidentes de tránsito y que tuvieron que pagar una determinada cantidad de dinero para reparar su vehículo.

En ese documento la jueza Maynard Salgado estableció que las reclamaciones involucradas en el pleito de clase son aquellas radicadas entre 2009 y 2017, las cuales ascienden a 363,348 y cuyo valor fue estimado en $65.7 millones

De hecho, los demandantes estimaron en $68.8 millones el monto de dinero que por medio del uso ilegal de la depreciación la aseguradora no desembolsó y retuvo en sus arcas para su beneficio.

No obstante, tras varios eventos judiciales, el 26 de julio de 2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en reconsideración en la que declaró “ha lugar” la demanda de clase y determinó que las reclamaciones involucradas en el pleito de clase son aquellas dentro del período entre el 21 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2019.

Es importante señalar que el periodo reconocido para la aplicación ilegal de descuento por depreciación finaliza el 1 de agosto de 2019 porque en esa fecha entró en vigencia la ley 110 de 2019, que prohibió a las aseguradoras aplicar “una reducción por depreciación al costo de las piezas necesarias para la reparación del vehículo de motor de la parte perjudicada en un accidente de tránsito”.

Incluso, la ley 110 también prohibió a las aseguradoras aplicar reducción por depreciación a los costos de la labor para la reparación de un vehículo.

La ASC impugnó en el Tribunal de Apelaciones de San Juan la citada sentencia emitida el 26 de julio de 2023, y solicitó que fuera revocada.  

Apelativo confirma sentencia

El pasado 3 de noviembre de 2023 el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar el dictamen y señaló que la póliza del SRO no menciona que, al realizar el ajuste de una reclamación, las aseguradoras podrán emplear un descuento por depreciación en el costo de las piezas nuevas y originales.

“Por lo tanto, ante la ausencia de información en la póliza del SRO sobre el descuento por depreciación para las piezas nuevas y originales, la ASC no podía realizar tal depreciación de manera arbitraria”, sostuvo la sentencia.

El Tribunal Apelativo también efectuó una modificación a la sentencia emitida el 26 de julio de 2023, en la que limitó la clase demandante a toda persona natural o jurídica a la que la ASC le aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas durante el período entre del 21 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2019, y que a consecuencia de ello “tuvieron que pagar de su propio peculio más de la cantidad que correspondía”.

 El pasado 22 de abril de 2024, cuando aún el Tribunal Supremo no había rechazado la segunda petición de revisión de la sentencia presentada por la ASC, los abogados Andréu Fuentes y Córdova Morales presentaron una moción informativa ante el Tribunal de Primera Instancia en la que reiteran la necesidad de que ese tribunal atienda una petición para que se asegure el pago de la sentencia.

La petición de los demandantes fue rechazada por la ASC, que la tildó de “innecesaria”.

Segundo “no ha lugar” del Supremo 

En la moción los abogados plantearon la necesidad de que el tribunal avalara la petición de aseguramiento porque en su petición de certiorari ante el Tribunal Supremo, la ASC advirtió sobre el efecto adverso que el pago de la sentencia causaría en las finanzas de la aseguradora y que incluso, alegadamente, le impediría “pagar reclamaciones de sus asegurados.”

El pasado 10 de mayo del 2024 el Tribunal Supremo emitió un segundo “no ha lugar” a una petición de certiorari presentada por la ASC para que la sentencia fuera revisada.

Cinco días después, el 15 de mayo de 2024, los abogados Andréu Fuentes y Córdova Morales presentaron una moción ante el Tribunal de Primera Instancia para informar que, tras la determinación del Tribunal Supremo, la sentencia pasaría a ser final y firme.

“En consecuencia, la sentencia dictada por este honorable Tribunal ya es final y firme y el proceso puede continuar sin previsión o impedimento jurídico alguno, incluyendo la instrumentación del remedio concedido a la clase demandante”, sostuvo la moción.

El pasado 22 de mayo de 2024, el licenciado Córdova Morales presentó otra moción informativa ante el Tribunal de Primera Instancia en la que expuso la situación financiera de la ASC según los informes financieros de la aseguradora de 2022 y 2023, presentados ante la Oficina del Comisionado de Seguros, con el fin de “instrumentar el remedio concedido a la clase demandante”.

En el informe de 2022 la ASC reconoció que el pago de la sentencia de la demanda de clase significa el desembolso de aproximadamente $47.1 millones. La moción también indica que en el informe de 2023 la ASC estimó su ingreso bruto por concepto de las primas cobradas en $69.3 millones y, además, tenía a su disposición $101.2 millones entre su cartera de inversiones y dinero en efectivo.

La licenciada Moraima Ríos Robles, del bufete Arroyo & Ríos Law Offices, indicó que la ASC no emitiría comentarios sobre los eventos del caso judicial. El licenciado Andréu Fuentes tampoco emitió comentarios sobre el pleito.

El caso se encuentra en sus etapas finales en la sala de la jueza superior Concepción Cintrón.

Por Miguel Díaz Román

Tras el comienzo de la nueva temporada de huracanes, que inició el pasado 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, la aseguradora Mapfre ha comunicado a la ciudadanía que tomen las medidas para estar preparados frente a una eventual emergencia a través de un plan de emergencia familiar, y que también verifiquen si sus propiedades están adecuadamente protegidas por medio de una póliza de seguros.

El vicepresidente senior del Área Técnica de Propiedad y Accidentes, licenciado Luis Negrón Méndez, y el vicepresidente de reclamaciones de propiedad y accidentes, licenciado Rafael Rivera Marcano, sostuvieron que para obtener recomendaciones sobre un plan de emergencia familiar los ciudadanos pueden buscar en la página www.mapfre.pr la aplicación “prepárate para la temporada de huracanes”.

A través de esta aplicación podrán encontrar una serie de recomendaciones sobre las medidas a tomar en su hogar y con su familia ante el comienzo de la nueva temporada de huracanes.

Además, Mapfre ofrece por medio del video “Lo que debes asegurar para prepararte en la época de huracanes”, una información pertinente a los preparativos ante el inicio de la temporada de huracanes. El video lo puedes ver a través del servicio Youtube en la siguiente dirección:https://youtu.be/tC7WKdUUxAg

Los ejecutivos de Mapfre también destacaron que todavía los ciudadanos están a tiempo para adquirir una póliza de seguros que proteja adecuadamente sus propiedades y para establecer un diálogo con su productor o agente de seguros que les permita obtener respuestas sobre las alternativas de seguros disponibles en el mercado.

“Es importante que los asegurados revisen bien sus pólizas para que los valores de sus propiedades estén actualizados”, dijo Negrón Méndez, en referencia a que un escenario muy frecuente es que los asegurados realizan mejoras en sus propiedades como renovaciones de la cocina o de los baños, construyen un gazebo o adquieren prendas o nuevos equipos costosos y no se lo comunican a su productor o agente de seguros.

“También es importante que los asegurados comuniquen a su productor de esas mejoras para que sus pólizas sean revisadas y los valores de sus propiedades estén actualizados. El productor los debe orientar sobre cuál es la cubierta de seguro y el límite adecuado que deben adquirir para que sus propiedades estén adecuadamente protegidas», indicó. 

Comunicación con el productor

«La comunicación con el productor debe ser continúa para que éste pueda orientarlos sobre cómo proteger mejor sus propiedades y sus intereses en caso de una pérdida”, indicó Negrón Méndez.

El ejecutivo explicó que la llamada póliza “Hazard” ofrece protección a una propiedad (la estructura) contra daños causados por eventos catastróficos como fuego, huracán o terremoto. Esta póliza es un requisito exigido por los bancos para aquellas propiedades adquiridas a través de préstamos hipotecarios.

No obstante, para proteger el contenido que se encuentra dentro de esa propiedad, como enseres eléctricos, ropa, muebles, joyas y obras de arte, por ejemplo, los dueños de las propiedades deberán adquirir una cubierta adicional a esos fines, conocida como la póliza HO6, cuya cubierta ofrece alternativas para ampliar la protección según las necesidades del asegurado.

De hecho, Negrón Méndez indicó que Mapfre ofrece la llamada póliza de propiedad multiplan personal, que permite asegurar la propiedad, el vehículo, la embarcación y también ofrece la posibilidad de obtener una cubierta de responsabilidad pública, asistencia en el hogar y en la carretera, entre otras.

Uno de los escenarios más frecuentes después del paso del huracán María es que los valores de las propiedades no habían sido actualizados en las pólizas de seguro “Hazard”, lo que pudo provocar que los pagos por reclamaciones de los asegurados no logren compensar adecuadamente por la pérdida sufrida.

Importante revisar los valores

De hecho, Rivera Marcano indicó que “cualquier cambio importante en la estructura asegurada o en su contenido (sí el asegurado adquirió una cubierta para el contenido) se le debe comunicar a su productor, quien los orientará si es necesario adquirir una cubierta mayor para proteger la exposición que representa la propiedad”.

Rivera Marcano indicó que las cláusulas de las pólizas contienen una penalidad contra el asegurado, si el valor de la propiedad es mayor al valor señalado en la póliza.

El ejecutivo explicó que la póliza debe reflejar el valor real de la estructura, por lo que es recomendable revisar los límites de la cubierta de seguros en hasta cada 24 meses, para evitar que la propiedad no esté infrasegurada.

El peligro del infraseguro

Indicó que en caso de que la propiedad esté infrasegurada durante un evento catastrófico, la póliza contempla activar una cláusula de coaseguro, la cual implica que la compensación que recibirá el asegurado para reconstruir la propiedad será menor a la que recibiría si la póliza refleja el valor real de la estructura.

Rivera Marcano dijo que, al revisar el valor de la propiedad por medio de una tasación, permite determinar cuál es el costo de reemplazo, que es el costo de reconstruir la propiedad y llevarla al mismo estado en que se encontraba al momento de la pérdida.

“La póliza responde al valor de reconstrucción o al costo de reemplazo”, advirtió Rivera Marcano.

Sobre este aspecto, Negrón Méndez explicó que el costo de reemplazo implica “reconstruir la propiedad con materiales de igual calidad y sin aplicar depreciación”.

Tras el paso del huracán María en 2017 se ha registrado incremento en la inflación, que ha causado un alza en los materiales de construcción, y en el costo de la mano de obra, que son factores que afectan el costo de reemplazo. Es en ese contexto, según indicó Rivera Marcano, que es recomendable revisar los valores y los límites de la cubierta de seguros cada 24 meses.

Incluso, Rivera Marcano destacó la importancia de revisar los valores con frecuencia ante la posibilidad real de que ocurra una pérdida total como resultado de un evento catastrófico mayor, como, por ejemplo, un sismo de gran magnitud.

Buscar los mapas de inundación

Otro elemento destacado por los ejecutivos es que los mapas de inundación de la Junta de Planificación y de FEMA reciben modificaciones con cierta frecuencia, lo que implica que los asegurados deben indagar en esos mapas para descartar que su propiedad o el condominio en el que está ubicado su apartamento, se encuentra en una zona inundable. 

Sostuvieron que si su propiedad se encuentra en una zona inundable es necesario adquirir una cubierta de protección contra el riesgo de inundación.

Más servicios a los asegurados

Negrón Méndez también reveló que tras el huracán María, la aseguradora Mapfre realizó una millonaria inversión para garantizar que las oficinas centrales en San Juan y todas sus sucursales posean generadores de energía eléctrica, lo que permitirá ofrecer el servicio a los asegurados en caso de que ocurra un evento catastrófico provoque la interrupción del servicio eléctrico.

Además, en caso de que ocurra un evento catastrófico Mapfre le ofrece a sus asegurados el servicio gratuito de inspección de pérdidas, lo que aligera la radicación y procesamiento de reclamaciones.

Otro servicio novedoso de Mapfre es que los asegurados podrán presentar sus reclamaciones o avisos de pérdidas a través de su computadora o de su teléfono celular, lo que facilita grandemente el procesamiento de reclamaciones sin que el asegurado se deba trasladar a las sucursales tras la ocurrencia de un evento catastrófico.

Incluso, para facilitar el procesamiento de reclamaciones, Negrón Méndez recomendó a los asegurados tomar fotos de la propiedad antes de que ocurra un evento catastrófico como un huracán, y luego, tras el paso del evento, tomar fotos de la propiedad afectada.

 “Eso ayuda mucho. Y si es posible tomar fotos del daño causado durante el evento también es de gran ayuda. Recuerden que el contrato de seguros es uno de buena fe”, indicó el ejecutivo.

A continuación los enlaces que le garantizan a los asegurados de Mapfre un mejor servicio:

Página web

www.mapfre.pr

Enlace directo al portal de Notificación de pérdida (reclamación)

App Mis Seguros

Video “Lo que debes asegurar para prepararte en la eìpoca de huracanes”

Multiplan Personal