Por Miguel Díaz Román
La jueza Valerie Concepción Cintrón del Tribunal de Primera Instancia de San Juan aprobó el acuerdo alcanzando en el caso de clase que involucra a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) por la aplicación ilegal de un descuento por depreciación, el que fundamentalmente contempla devolver a los asegurados afectados $35.1 millones, por medio de un pago único ascendente a $116.25 en un total de 227,081 reclamaciones.
En una “resolución y orden de aprobación preliminar del acuerdo”, emitida el pasado 5 de julio, la jueza Concepción Cintrón avaló todo lo convenido en la estipulación acordada el 28 de junio y que finalmente fue radicada el 17 de julio. Entre estos acuerdos figura la selección del llamado “administrador del acuerdo transaccional”, que será la figura que, entre otras responsabilidades, aprobará o rechazará las reclamaciones que se presenten para acceder al pago de $116.25.
Las partes acordaron seleccionar como administrador del acuerdo a José Gómez León, quien es socio consultor y presidente de la Junta de socios de la empresa de contabilidad RSM Puerto Rico. La jueza Concepción Cintrón también aprobó los criterios que utilizará Gómez León para evaluar las reclamaciones.
Estos son: que el reclamante aparezca en los archivos de la ASC como dueño registral del vehículo a la fecha del accidente; que el reclamante no haya cometido fraude en su reclamación original a la ASC o a otra aseguradora; que la reclamación en la ASC no haya estado sujeta a un recobro o que el pago emitido por la ASC haya sido devuelto posteriormente por el reclamante; que el pago emitido por la ASC no haya sido mayor a lo que la persona pagó por el arreglo de su vehículo, incluyendo el IVU y que el reclamante no haya desistido con perjuicio de sus derechos mediante una acción judicial independiente.
También se acordó que no serán denegadas aquellas reclamaciones que, además, de la información obligatoria que deberán incluir en el formulario de reclamación, no hayan incluido la información opcional.
Otro acuerdo es que para los casos especiales en que el reclamante haya tenido al momento del accidente un vehículo bajo contrato de arrendamiento financiero, mejor conocido como “leasing”, se solicitará una certificación al arrendador financiero que corrobore que el reclamante era el arrendatario a la fecha del accidente.
Para los casos en que el reclamante sea un heredero o tutor del dueño registral del vehículo a la fecha del accidente, se acordó que los abogados de las partes pasarán juicio de estas reclamaciones. Los casos que sean rechazados serán enviados al Tribunal para que realice una decisión final.
Se depura universo de reclamaciones
De la orden de la jueza se desprende que el pasado 23 de julio de 2024 el Tribunal celebró una vista para refrendar el acuerdo en la que Humberto Ruiz López, quien es el vicepresidente de finanzas y planificación de ASC, reveló la información que fundamentó los acuerdos vertidos en la estipulación.
Según el documento, Ruiz López sostuvo en la vista que, tras depurarse el universo de todas las depreciaciones realizadas, el número concreto de reclamaciones para las cuales hay derecho al pago acordado es de 227,081. El ejecutivo también indicó que el monto de dinero que involucró las depreciaciones ilegales fue de $40.4 millones, lo que implica que el desglose de dinero por cada una de las 227,081 reclamaciones ascendió a $178.00.
La orden de la jueza Concepción Cintrón indicó que, en un intento de evitar una extensión del litigio, las partes acordaron que el pago final por reclamación sería $155.00, pero debido a que del acuerdo incluye el pago de un 25 % a los abogados de la parte demandante, el monto final que se pagará por reclamación será de $116.25.
De hecho, los abogados de la parte demandante recibirán en total un desembolso de $8.7 millones por concepto de honorarios de abogado. El millonario desembolso se efectuará en dos pagos de $4,399,694.38 millones.
Fondos no reclamados se quedan en ASC
Es por esta disposición del acuerdo que la cantidad de dinero que involucró las depreciaciones ilegales se redujo de $40.4 millones a $35.1 millones.
Incluso, la jueza Concepción Cintrón avaló que, luego de vencidos los términos para presentar las reclamaciones, los fondos que no hayan sido reclamados continuarán siendo propiedad exclusiva de la ASC, “luego de descontados los honorarios de abogados”.
La orden de la jueza dispone que se publicará un aviso de notificación dirigido a los miembros de la clase demandante que difundirá los términos y condiciones acordadas por las partes.
El aviso de notificación se publicará en dos periódicos de circulación general una vez por semana, durante dos semanas simultáneas. Además, las partes acordaron establecer la página de internet https://depreciacionpiezasnuevas.com para difundir información pertinente sobre el acuerdo. También se acordó publicar un anuncio en un periódico de circulación general para diseminar los detalles del acuerdo.
Además, el aviso de notificación establecerá que los miembros de la clase tendrán un término de 60 días para cumplimentar y enviar un formulario de reclamación que estará accesible en la página en internet ya mencionada, el cual exigirá una serie de información obligatoria como el nombre completo del reclamante y su dirección de correo electrónico y dirección postal.
Otra información requerida será el número de tablilla del vehículo para el cual se hizo la reclamación ante la ASC y el número de licencia de conducir del reclamante.
Se le exigirá, además, una afirmación en la que el reclamante confirmará que, como resultado de su reclamación a la ASC, “reparó el vehículo accidentado y que para realizar dicha reparación tuvo que pagar de su propio peculio más de lo que le correspondía por motivo de la aplicación y retención por parte de la ASC de la deducción por depreciación a las piezas originales o nuevas, objeto del ajuste de los daños a su vehículo resultantes del accidente de tránsito con un vehículo asegurado por la ASC”.
Los rechazados podrán impugnar
Tal afirmación, dispone la estipulación, estaría sujeta a un señalamiento de perjurio si la información es falsa. A los reclamantes también se les solicitará una información opcional relacionada con el vehículo involucrado en el accidente.
Otra disposición del acuerdo es que los reclamantes cuyas solicitudes de pago sean rechazadas tendrán la oportunidad de impugnar esa decisión a través de un formulario de objeción que estará disponible en la página de internet y que deberán enviar en 30 días.
El administrador notificará al Tribunal sobre los formularios de objeción que reciba para que se celebre una vista. Sobre las reclamaciones aceptadas por el administrador, la ASC tendrá la obligación de emitir el pago dentro de 30 días a partir del recibo de la aprobación emitida por el administrador o por parte del Tribunal.
Jueza desestimará demanda
Los miembros de la clase demandante que objeten el acuerdo transaccional tendrán 30 días para enviar un formulario de exclusión, que estará disponible en la página de internet y que establecerá que continuarán con su reclamación individual en contra de la ASC por conducto de su propia representación legal.
Otro acuerdo es que la ASC pagará todos los gastos relacionados a la implementación del acuerdo como el salario Gómez León y los gastos relacionados a la publicación del aviso de notificación y del anuncio en el periódico.
Como resultado del acuerdo entre las partes, la jueza Concepción Cintrón anunció que emitirá una sentencia final desestimando con perjuicio la demanda de clase, sin imposición de costas, gastos u honorarios de abogado por temeridad, una vez las partes confirmen el cumplimiento de su resolución y orden. La jueza también anunció la celebración de una vista por medio de videoconferencia para el 11 de diciembre de 2024 para dilucidar cualquier asunto pendiente relacionado a la implementación del acuerdo.
