Por Miguel Díaz Román
La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) le reiteró al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que encuentre en desacato a la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) porque continúa con una actitud “desafiante” frente a las órdenes del regulador, mientras, alegadamente, dilata la resolución de cientos de reclamaciones de la desaparecida aseguradora Real Legacy, en una actitud que ha sido catalogada de una “demora excesiva” e “irrazonable”.
Los planteamientos de la OCS figuran en una moción radicada el pasado 16 de agosto como resultado de una petición realizada por el Tribunal para que el regulador reaccione a una solicitud de la AG dirigida a que sean desestimados sus reclamos. La moción representa un nuevo y agrio capítulo en la disputa inédita que protagonizan la OCS y la AG.
La disputa comprende varias órdenes emitidas por la OCS que involucran tres asuntos fundamentales, el primero de las cuales exige a la AG que resuelva de manera inmediata 288 reclamaciones no judiciales con reservas de hasta $30,000, que permanecían sin resolver al 17 de junio de 2024.
En segundo lugar, la OCS demanda que para el 31 de diciembre de 2024 la AG deberá ajustar y pagar las reclamaciones con reservas de hasta $100,000. La tercera exigencia dispone que en 15 días la AG deberá proveer a la OCS un listado de todas las reclamaciones con reservas mayores de $100,000 y hasta $300,000, que hayan sido ajustadas para pago, sin importar la cuantía.
En síntesis, la OCS y el liquidador alegan que la AG ha incumplido con el plan de operaciones de la liquidación de Real Legacy, aprobado el 14 de enero de 2022.
Inicialmente, la OCS y el liquidador de Real Legacy le habían solicitado al Tribunal que le imponga un desacato a la AG por incumplir sus órdenes y, además, pidió permiso para transferir al organismo hasta $10.6 millones, incluyendo un pago inicial de $5.3 millones. La OCS le ha dicho al Tribunal que la AG se ha dilatado innecesariamente por más de cinco años en la resolución y pago de reclamaciones de Real Legacy.
En una moción presentada el pasado 18 de julio, la AG ha solicitado al Tribunal que avale las transferencias de fondos y que rechace la solicitud de la OCS para que se le impute desacato.
Se defiende la AG
La AG sostiene que la petición de desacato no está justificada y también ha planteado que el liquidador de Real Legacy, una posición que actualmente es ocupada por la licenciada Wilma Rosario, le ha entregado expedientes incompletos que han generado numerosos obstáculos para la solución rápida y satisfactoria de esas reclamaciones.
La AG también ha planteado que la liquidación de Real Legacy y de la aseguradora Integrand Assurance generó en conjunto una magnitud sin precedente de reclamaciones lo que ha provocado serias dificultades debido a la falta de personal para resolver adecuadamente los reclamos.
Otro aspecto de la controversia es que antes de que la OCS y el liquidador acudieron al Tribunal, la AG había solicitado entablar un diálogo o una vista administrativa para dirimir las diferencias, pero tales opciones no fueron atendidas por el regulador.
Es por esta razón que la AG alega que la petición judicial de la OCS y el liquidador es un intento para que el Tribunal evalúe el desempeño y el grado de diligencia de la AG durante el proceso de liquidación de Real Legacy.
Falla la AG a sus obligaciones
En su moción del 16 de agosto la OCS sostuvo que carece de mérito el cuestionamiento sobre la discreción que tiene la OCS y el liquidador para exigir el cumplimiento con el plan de operaciones de 2022.
La OCS también señaló que la AG “ha faltado a su obligación de ajustar y pagar las reclamaciones en un tiempo razonable, no ha cumplido con el requerimiento del liquidador y, a través de su escrito, evade mediante pretextos infundados su encomienda de ajustar y pagar de manera oportuna las reclamaciones”.
Además, la OCS acusó a la AG de negarse producir información que ha sido solicitada el liquidador, la cual es necesaria para que el liquidador le pueda adelantar activos para el pago de reclamaciones.
“Dicha conducta de la AG no solo contraviene el plan de operaciones, sino que resulta en detrimento de los mejores intereses de los asegurados, reclamantes y acreedores de Real Legacy. Dicho proceder lacera el propósito para el cual fue creada, cuyo fin es evitar excesivas dilaciones en el pago de las reclamaciones y evitar pérdidas financieras a los reclamantes o tenedores de pólizas del asegurador insolvente”, sostuvo la OCS en su moción.
Sobre el primer asunto contenido en las órdenes, la OCS señaló que de las 288 reclamaciones no judiciales ya unas 208 fueron ajustadas, lo que permitió concluir que 109 se debían cerrar sin pago. En otras 30 reclamaciones la AG notificó una oferta de pago a cada reclamante. Además, existen 37 reclamaciones con informes de ajuste y lo que faltaba por determinar era la procedencia del pago.
Sin razón atraso en resolver reclamos
“Por tanto, el liquidador se reitera en que no existe razón que justifique que la AG continúe postergando la resolución de dichas reclamaciones, más aún cuando son parte del plan de operaciones aprobado desde hace dos años y medio”, argumentó la OCS.
El regulador también advirtió que esas reclamaciones no se encuentran en un proceso judicial y que la AG tiene total control en la evaluación, ajuste y pago de ellas. Incluso, la OCS indicó que en los casos en que el asegurado no haya mostrado interés, la AG puede cerrar la reclamación de manera unilateral. “Por tanto, la AG no ha mostrado causa que justifique la dilación en el proceso de ajuste y pago de dichas reclamaciones”.
En el segundo asunto – que reclamaciones de hasta $100,000 sen resueltas al 31 de diciembre de 2024 – la OCS y el liquidador alegaron que hay fondos suficientes para pagar esas reclamaciones por lo que no existe causa que justifique que la AG continúe dilatando su resolución. Se trata reclamaciones no judiciales de responsabilidad hasta $100,000 ascendentes a $132,076; reclamaciones no judiciales de propiedad de hasta $100,000 ascendentes a $10.2 millones; reclamaciones judiciales ascendentes a $552,000 y otras reclamaciones ascendentes a $440,000.
Información necesaria para pagar
Sobre el tercer asunto – proveer un listado de todas las reclamaciones ajustadas con reservas mayores de $100,000 y hasta $300,000 – la OCS sostuvo que “nos preocupa de sobremanera la actitud desafiante de la AG al cuestionar y sostener que es improcedente que se produzca un listado de las reclamaciones ajustadas con reservas de hasta $300,000, aun cuando existe una autorización del liquidador para el pago de dichas reclamaciones”.
“El liquidador está solicitando que se produzca información sobre las reclamaciones que ya han sido ajustadas con el propósito de desembolsar adelantos de activos para el pago de dichas reclamaciones. La producción de dicha información no representa una carga onerosa para la AG por cuanto la información solicitada está disponible en sus récords”, dijo la OCS.
Además, la OCS y el liquidador plantearon que la AG cuestiona que no se le citó a una reunión antes de solicitar remedios en el Tribunal. “Es preciso aclarar que el liquidador apercibió a la AG de que de incumplir con lo requerido se podría acudir ante este Tribunal para que se le obligue a cumplir con lo solicitado bajo apercibimiento de desacato. Cabe aclarar, además, que el liquidador y la AG ya se han reunido en múltiples ocasiones”, agregó.
El regulador alegó “que desde hace más de dos años la AG no ha presentado ningún otro plan para el pago de reclamaciones mayores de $30,000”.
La moción de la OCS negó que el objetivo de solicitar el desacato sea convertir al Tribunal en un evaluador del desempeño de la AG y el grado de diligencia ejercido durante el proceso de liquidación de Real Legacy.
OCS acusa a la AG de irracional
“El proceder de la AG de negarse a resolver las reclamaciones oportunamente transgrede todo principio de razonabilidad, más aún, tratándose en la gran mayoría de reclamaciones que no están sujetas a un procedimiento judicial y la AG es quien tiene el control del proceso de ajuste y pago”, sostiene la moción.
Incluso, el regulador insistió en sus críticas contra el desempeño de las AG al sostener que han pasado cinco años sin que se hayan resuelto las reclamaciones no legales, lo que, a su juicio “constituye una demora excesiva, lo que está en incumplimiento con el propósito de la ley que creó a la AG”.
