Esta semana en Informe Semanal dialogamos con el doctor Cesar Rey sobre la violencia política y la trata humana.También dialogamos sobre el uso de tierras agrícolas para proyectos de generación de electricidad con paneles solares. Ademas, dialogamos sobre las posturas del economista Alex Kaiser sobre Puerto Rico y su economía.
Por Jaime González Portilla
Presidente de Antilles Insurance Company
La decisión más importante antes de considerar la compra de un seguro de propiedad y responsabilidad pública o automóvil es saber seleccionar a un buen profesional, agente o corredor de seguros.
Es muy importante que el agente o corredor de seguros sea competente y tenga una reputación intachable. También es muy importante que toda persona que tenga la necesidad de un seguro pregunte qué experiencia tiene ese agente o corredor en el campo de los seguros, si cuenta con una licencia de seguros y si mantiene vigente una póliza de seguros de errores y omisiones en caso de que cometa un error u omisión al asegurarle su propiedad.
Solicítele al agente o corredor de seguros que le provea referencias de otros clientes con el propósito de usted poder conocer si les ha servido bien.
Aún más importante, es exigirle a ese agente o corredor de seguros que visite su residencia o su negocio para que haga un análisis completo de sus activos con el propósito de determinar qué debe o no debe asegurar y qué póliza o producto de seguros le conviene más.
Cuando su agente o corredor le presente una cotización u oferta de un seguro no se deje llevar por la más económica. Lo barato sale caro. Precisamente, el factor de ofrecer primas más económicas y de tener una política más laxa de selección de riesgos o sobre a quién asegurar, fueron algunas de las causas que provocaron la quiebra de dos aseguradoras en Puerto Rico luego del paso del Huracán María.
Finalmente, pregunte qué tan bueno es el servicio de reclamaciones de la aseguradora que le está recomendando su agente o corredor de seguros. ¿De qué le vale comprar un seguro, si la aseguradora no le atiende su reclamación con la premura que usted espera?
Agentes no pagan reclamaciones
Es muy importante diferenciar entre una aseguradora y agente o corredor de seguros. Sepa usted que los agentes y corredores de seguros no pagan reclamaciones de seguros. Estos reciben unas comisiones por parte de las aseguradoras producto de las primas que usted paga por adquirir un seguro.
Los agentes y los corredores de seguros no asumen riesgos o están expuestos a pagar reclamaciones de seguros. El pago de una reclamación les corresponde a las aseguradoras.
Precisamente, por ser los responsables del pago de una reclamación es que las aseguradoras tienen que estar bien capitalizadas y contar con un programa sólido de reaseguro. Reaseguro es sinónimo de poder contar con un grupo de socios que apoyen a la aseguradora a compartir las pérdidas a la hora de un evento catastrófico.
También es muy importante que a la hora de seleccionar una aseguradora usted solicite conocer cuál es su clasificación financiera y cuál es la entidad independiente que la evalúa.
AM Best es la entidad más prestigiosa en los Estados Unidos que asigna calificaciones a las aseguradoras. Exíjale a su agente o corredor de seguros que la clasificación financiera de la aseguradora sea por lo menos «A- (menos)» con una perspectiva operacional de negocios «Estable».
Aseguradoras deben pagar todo reclamo cubierto
Sepa usted que a las aseguradoras no les corresponde asesorar a sus asegurados antes o después de adquirir un seguro. Esa es la función del agente o corredor de seguros.
Las aseguradoras simplemente evalúan las propuestas de seguros que les presentan los agentes y corredores de sus propios clientes y deciden si emiten o declinan un seguro.
Aunque el contrato o la póliza de seguros la emite una aseguradora a favor de un individuo o una corporación, la realidad del caso es que en todos o en la gran mayoría de los casos no existe comunicación o diálogo alguno entre la aseguradora y sus asegurados al momento de adquirir una póliza de seguros.
A toda aseguradora le corresponde pagar todo reclamo cubierto por la póliza de seguros por encima del deducible establecido hasta el monto o límite de seguros de la póliza.
Lo más importante es que usted pruebe su pérdida y someta a través de su agente o corredor de seguros todos los documentos necesarios para el pago de una reclamación. Pagar con la mayor premura posible debe ser siempre el norte de toda aseguradora.
No hacerlo sería exponernos a perder la confianza de nuestros clientes y de los agentes y corredores de seguros que nos representan. Servirles bien a todos es la clave de ser una aseguradora responsable y exitosa.
Por Miguel Díaz Román
A tan solo días de que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico decida quién será el rector en propiedad del recinto de Ciencias Médicas (RCM), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Contralor (OC) recibieron sendas querellas que imputan actos de corrupción al rector interino de la institución, Carlos Ortiz Reyes, quien es uno de los tres candidatos que compiten para la posición actualmente.
Las querellas, que fueron presentadas ante la OEG y la OC el pasado 16 de agosto, están relacionadas con dos contratos concedidos por el Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) a una empresa que es propiedad de Ortiz Reyes durante los años 2019 y 2020, un periodo en el que funcionario se desempeñaba como un empleado del recinto.
Las querellas sostienen que Ortiz Reyes no presentó ni obtuvo una dispensa de la OEG para gestionar los contratos con el CCC. Según las querellas, la dispensa era necesaria debido a que, al momento de que fueron concedidos los contratos, Ortiz Reyes era un empleado del RCM mientras que el CCC es una unidad hospitalaria adscrita a la Universidad de Puerto Rico.
Además, de las querellas se desprende que tanto Ortiz Reyes como el CCC violentaron una disposición que figura en ambos contratos, la cláusula 23.2, la cual exige que al momento de la contratación ni la parte contratante y sus empleados tienen posiciones regulares o de confianza en el gobierno.
La citada cláusula también exige que al momento de la contratación ni la parte contratante ni sus empleados reciban una compensación por servicios regulares prestados a una entidad del gobierno o como resultado de un contrato con una entidad del gobierno.
La empresa de Ortiz Reyes es conocida como IT Group Solutions Puerto Rico Inc (ITGS), la cual fue incorporada en junio de 2010.
De hecho, en el certificado de incorporación de ITGS figura como vicepresidente Eliel Melón, quien actualmente es profesor asociado de la escuela de medicina dental del RCM. Al momento de la contratación de ITGS por el CCC durante los años 2019 y 2020, Melón laboraba en la escuela de profesiones de la salud del RCM.
En esos años Ortiz Reyes se desempeñaba como director de la oficina de Informática y recursos educativos de la escuela de profesiones de la salud del RCM, mientras simultáneamente ocupaba la posición de presidente de ITGS.
Imputan corrupción flagrante
Las querellas imputan de manera directa que los incumplimientos del CCC y Ortiz Reyes en relación con el alegado requisito de presentar una dispensa y con la cláusula 23.2 son “actuaciones contrarias a la ley y de corrupción flagrante”, que no han sido investigadas por las dependencias del gobierno que tienen esa responsabilidad.
Incluso, las querellas advierten que las actuaciones del CCC y Ortiz Reyes no han sido investigadas a pesar de que la información ha sido publicada en los medios de comunicación.
“Aun cuando estas claras actuaciones contrarias a la ley y de corrupción flagrante han sido denunciadas anteriormente, publicándose en los medios de comunicación, parece que las autoridades de fiscalización contra los desvíos a leyes y reglamentos en este caso no han sido advertidas o no han recibido la información de estos hechos, que deben ponerse en el escrutinio e investigación correspondiente”, sostienen ambas querellas.
Este periodista investigó los contratos de ITGS con el CCC y publicó por primera vez la información a finales del pasado mes de mayo en las redes sociales.
Los contratos en controversia fueron concedidos por el CCC a ITGS con el fin de que se diseñara una plataforma de aprendizaje para cursos en línea, incluyendo el diseño y producción de un curso en línea según fue descrito en una propuesta que acompaña los contratos.
El primer contrato se extendió por 15 días, del 14 de junio al 29 de junio de 2019, y por el que ITGS devengó $7,198.00. En representación del CCC, firmó el señor Luis A. Clavell Rodríguez, quien para entonces era el director ejecutivo interino de la institución. En representación de ITGS firmó Ortiz Reyes.
El segundo contrato se extendió por un año, entre el 1 de julio de 2020 hasta el 29 de junio de 2021. La compensación autorizada ascendió a $9,548.00 mensuales para un total de $114,576.00 durante la vigencia del contrato.
Mutis de Rodríguez Quilichini
En representación del CCC, firmó la doctora Marcia Cruz Correa, quien para entonces era la directora ejecutiva de la institución.
Actualmente la doctora Cruz Correa continúa en la posición directiva del CCC. En representación de ITGS firmó Ortiz Reyes.
Entre ambas contrataciones ITGS y Ortiz Reyes obtuvieron un ingreso de $121,774.00 en dos años, sin incluir el ingreso que el funcionario obtuvo por su posición de director del centro de informática de la escuela de profesiones de la salud del RCM.
El doctor Segundo Rodríguez Quillichini, quien para el periodo de la contratación de ITGS por el CCC, ocupaba la posición de rector del RCM, no respondió a la solicitud de entrevista que le comunicó este periodista el pasado mes de mayo.
Debido a que Rodríguez Quillichini el rector de RCM, recaía en él la responsabilidad de esclarecer la legalidad y conveniencia de que uno de sus subalternos presidiera una corporación con fines de lucro que se convirtió en contratista de otra entidad de la UPR, mientras laboraba a tiempo completo en el RCM.
Rodríguez Quillichini debió examinar el contenido de la cláusula 23.2 de los contratos y determinar si Ortiz Reyes estaba obligado a cumplir con determinados requisitos o si por el contrario, el funcionario está exento de observar las claras prohibiciones que dispone la citada cláusula.
Además, se desconoce si Rodríguez Quillichini hurgó en la legalidad y conveniencia de que otros de sus subalternos, Eliel Melón, ocupara la posición de tesorero de ITGS.
CCC alega responsabilidad del contratista
Sobre las interrogantes relacionadas con los contratos y la cláusula 23.2, la relacionista público, Vivian Rivera Colón, en representación del CCC, sostuvo que “los expedientes de contratación de IT Group Solutions no incluyen dispensa. Existen muchas situaciones en las que es requerido, la Ley de Ética Gubernamental establece las circunstancias en las que es requerida”.
Las expresiones de la CCC también aclaran que es responsabilidad del contratista proveer la dispensa, “pero solo en aquellos casos que lo requiera la ley”.
Las expresiones oficiales del CCC sostienen que “la corporación ITGS por conducto de su presidente, Carlos Ortiz Reyes, certificaron que no existía incompatibilidad entre los contratos con el CCC y cualquier otro contrato que pudiera tener la empresa o sus empleados con otra entidad gubernamental”.
A través de su portavoz para la prensa, Jennifer Rodríguez, la OEG indicó que la contratación de la empresa ITGS por parte de CCC, es completamente legal que una entidad del gobierno contrate determinados servicios con una empresa privada.
Rodríguez indicó que Ortiz Reyes no necesitaba solicitar una dispensa de la OEG para tener responsabilidades adicionales, contratos y compensación adicional.
OEG invoca Ley 100
La funcionaria también dijo que la entidad para la cual trabajaba Ortiz Reyes, en este caso el RCM, “es a quien le corresponde dar ese consentimiento sobre responsabilidades adicionales, contratos y compensación adicional, según lo establece la Ley de Contrataciones de Empleados Públicos de la Universidad de Puerto Rico, mejor conocida como la ley 100 de 1956”.
La ley 100 le permite a la UPR contratar funcionarios públicos de otras dependencias públicas y también autoriza a la institución a contratar a su propio personal para determinadas responsabilidades, fuera de sus horas laborales y previo el consentimiento escrito del organismo o agencia el cual trabaja.
Sobre la aplicabilidad de la cláusula 23.2 que contienen los contratos, Rodríguez señaló: “Cada servidor público de la UPR debe referirse a su autoridad nominadora para obtener el consentimiento de acuerdo a la Ley 100 que los cobija”, dijo Rodríguez.
Además de Ortiz Reyes, compiten para ocupar la plaza de rector en propiedad del RCM, el oftalmólogo Natalio Izquierdo Encarnación, y la ex rectora de RCM, la doctora Ilka Ríos Reyes.
Guerra entre liberales y conservadores
La selección del rector en propiedad ha generado una enconada controversia en la UPR, especialmente porque ha sacado a relucir el enfrentamiento que acontece entre los sectores liberales que apoyan a Ortiz Reyes y la posición más conservadora, inclinada a velar por el prestigio institucional, que favorece a la doctora Ríos Reyes.
Sobre la candidatura de Ortiz Reyes han surgido serios cuestionamientos sobre sus credenciales académicas porque no es doctor en medicina.
El “curriculum vitae” de Ortiz Reyes indica que posee un bachillerato del RCM obtenido en 1986, una maestría de Phoenix University en el año 2,000 y estudios conducentes a grado doctoral en Nova Southeastern University.
Recientemente, la prensa del país publicó varias historias sobre que el RCM establecerá una oficina de diversidad, equidad e inclusión, una iniciativa liderada por el Consejo de Estudiantes de la UPR, pero que Ortiz Reyes se ha querido atribuir para obtener más respaldo de la comunidad universitaria, según varios observadores.
De hecho, la necesidad de atender los temas de diversidad, equidad e inclusión en la UPR es un requerimiento de la Middle States Commission on Higher Education.
Se espera que el martes 22 de agosto la Junta de Gobierno de la UPR decida quién será el rector del RCM. Ha trascendido que el presidente de la UPR, el doctor Luis A. Ferrao, recomendó para el cargo a la doctora Ríos Reyes.
Esta semana en Informe Semanal dialogamos con el presidente de Antilles Insurance, Jaime González Portilla, sobre una denuncia que realizó una ajustador público sobre la manera que algunas aseguradoras podrían estar ajustando reclamaciones en detrimento de los asegurados. También dialogamos sobre la seguridad alimentaria, el fallido proyecto de arroz con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.
Por Miguel Díaz Román
Como resultado de las pérdidas multimillonarias que han enfrentado en los últimos cinco años, las reaseguradoras han aumentado los precios de sus primas lo que ha sacudido a la industria de seguros a nivel mundial y ha provocado un nuevo ciclo de incertidumbre en el que las compañías de seguros han dejado de ofrecer cobertura en determinados riesgos o han reducido los tipos de daños por lo que se podrá presentar reclamaciones.
La sacudida comenzó a partir del pasado 1 de enero cuando las primas del reaseguro aumentaron hasta un 40 % en relación con los precios de año anterior, lo que ha provocado un efecto en cadena en Estados Unidos, donde numerosas aseguradoras se han retirado de mercados como California, Florida, Hawai y Iowa.
Otro efecto del alza es que, el costo de las viviendas nuevas se ha disparado en Estados Unidos debido al aumento en los seguros para residencias decretados por las aseguradoras.
De acuerdo con un artículo publicado ayer en el diario estadounidense The New York Times, escrito por la periodista Emiliy Flitter, el impacto del alza lo han sentido los ejecutivos de las grandes empresas, los propietarios de viviendas y las pequeñas empresas y no se espera una merma en el costo del reaseguro, sino que el escenario más posible es que el alza se mantenga durante un período significativo de tiempo.
Efectos del cambio climático
Además de las pérdidas experimentadas por la industria de reaseguro en los pasados cinco años, la atmósfera en general de las empresas y de los consumidores se ha visto afectada a nivel mundial por el calentamiento climático, lo que ha causado que las tormentas sean cada vez más destructivas, mientras la inflación ha elevado el costo de reconstrucción.
Otro factor que ha contribuido en esta tendencia alcista es un aumento en las tasas de interés a nivel mundial, lo que ha encareciendo el costo del dinero.
De hecho, según indica el artículo, las compañías de seguros han pagado $40,000 millones a clientes de Estados Unidos desde principios de este año, lo que ya es una cifra récord en pérdidas anuales para la industria de seguros.
El estado de Florida está experimentando una crisis de aseguradoras, con una gran cantidad de compañías retirándose del estado.
Se retiran aseguradoras
El pasado año se retiraron las aseguradoras Bankers Insurance, Centauri Insurance y Lexington Insurance. Este año se retiró Farmers Insurance, mientras la legislatura de Florida ha difundido unas expresiones en las que asegura que enfrentará el problema, luego de aprobar una nueva ley que condiciona las demandas contra las compañías de seguros.
El monto de una prima para un seguro de vivienda en Florida ya alcanza los $4,200 anuales, mientras alrededor de un 12% de los propietarios de casas en el estado no tienen seguro. Mientras tanto la aseguradora creada por el gobierno, Citizens Property Insurance Corporation, experimenta un aumento en suscripción en la medida que las aseguradoras se retiran del estado.
De hecho, en lo que representa una señal positiva, la división de reaseguros de Berkshire Hathaway, el conglomerado propiedad del inversionista Warren Buffett, invirtió recientemente $1,000 millones en Citizens.
Pero en general las señales no son alentadoras. En los pasados meses la aseguradora State Farm, la compañía de seguros más grande de California, anunció que dejaría de vender pólizas de viviendas y no solo en las zonas de incendios forestales, sino en todo el estado.
Además, la aseguradora Universal Property and Casualty anunció que ya no ofrecerá seguros para viviendas y apartamentos de condominios en Hawai.
El pasado mes de julio las reaseguradoras especializadas en seguros agrícolas anunciaron que se retirarían de Iowa, un estado que tres años atrás sufrió una fuerte tormenta de viento que causó daños estimados en $4,000 millones.
Como resultado del aumento de los costos de reaseguro, las aseguradoras también aumentaron sus primas para seguros de viviendas en Texas y en ciudades como Denver, Calgary y Alberta. El aumento ha sido especialmente significativo para aquellos desarrollos de nuevas residencias con armazón de madera.
Grave el efecto de las tormentas eléctricas
En Puerto Rico las primas de los seguros de propiedad han experimentado un alza sustancial, pero aún las reaseguradoras confían en el mercado local debido a que la construcción de estructuras se realiza básicamente en bloques y hormigón armado.
Según un informe de la reaseguradora Swiss Re con sede en Zúrich y que fue difundido en los pasados días, las severas tormentas eléctricas en los Estados Unidos son responsables de casi el 70 % de las pérdidas que han enfrentado las compañías de seguros de todo el mundo este año por eventos naturales.
“Es muy probable que veamos que 2023 sea el más costoso registrado a causa de las tormentas eléctricas en los Estados Unidos”, dijo Steve Bowen, director científico de Gallagher Re.
Mercado de bonos como alternativa
Ante el desafío que representa el alza decretada por las reaseguradoras, algunas compañías de seguros están recurriendo al mercado de bonos para catástrofes, el cual permite a los inversionistas invertir dinero en fondos para cubrir pérdidas por desastres a cambio de pagos regulares que pueden resultar en un retorno de inversión atractivo.
Durante el segundo trimestre de este año se emitió un total de $7,100 millones en bonos para catástrofes, la cual es una cifra record, según la empresa Artemis, que es una compañía que sigue de cerca el mercado de los bonos.
No obstante, existen voces expertas que vaticinan que las reaseguradoras comenzarán a bajar sus primas cuando comprendan que la medida no les favorece. El artículo del NYT indica que, según Michael Powers, quien es profesor de finanzas en la Universidad de Tsinghua en China, los precios de los reaseguros podrían bajar antes de lo que la mayoría de la gente espera.
Powers dijo que las reaseguradoras cambiarán de posición cuando realicen que mantener el alza ha afectado sus ganancias. “La gente se da cuenta de que el cielo no se ha caído y quieren ganar dinero”, dijo Powers, quien también es un ex comisionado adjunto de seguros en Pensilvania.
[MD1]erc
Por Miguel Díaz Román
Una reclamación que un momento ascendió a $30 millones, la cual lleva cerca de 13 años en los tribunales y que fue radicada por 52 agentes de seguros contra las aseguradoras Trans Oceanic Life Insurance (TOLIC) y Universal Life Insurance Company (ULICO), por el impago de comisiones relacionadas con la venta de pólizas de seguros de vida, se encuentra en su etapa final en Tribunal Superior de Bayamón.
El pleito tiene su origen en 2008, cuando ULICO vendió a TOLIC su cartera de pólizas de seguros de vida y cáncer.
De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, los agentes de seguros habían firmado un contrato con ULICO que reconocía el pago de comisiones como resultado de la renovación de las pólizas por un término de 10 años.
Según la fuente, tras la venta de la cartera, ULICO canceló el contrato de los agentes. Alegadamente, la cláusula de comisiones del contrato reconocía el derecho de los agentes a recibir el pago de las comisiones, aún luego de que el contrato fuera cancelado.
La fuente también indicó que el contrato de compra y venta de la cartera de pólizas entre ULICO y TOLIC señala que le corresponde a esta última responder por las comisiones de los agentes.
Aunque la reclamación de los agentes es contra ULICO y TOLIC, la fuente indicó que ULICO ha reconocido que los agentes tienen derecho a las comisiones.
No obstante, algunas de las partes entienden que TOLIC es responsable del pago de las comisiones porque como resultado de la compra venta de la cartera, asumió control de todos las responsabilidades relacionadas con las pólizas, incluyendo el pago de las comisones. Además, es la entidad que cobra las primas y tiene pleno control de las pólizas.
Exigen contrato
Según la fuente, la posición de TOLIC es que los agentes deben firmar un contrato para vender seguros para la aseguradora como condición previa para reconocer el pago de las comisiones. Alegadamente, los agentes se han negado a firmar el citado contrato.
Los agentes sostienen, según dijo la fuente, que el derecho a recibir la comisión surgió al vender la póliza, por lo que la condición establecida por TOLIC es inaceptable.
Alegadamente, el estimado preliminar realizado varios años atrás arrojó que el monto adeudado a los agentes podría ascender a $30 millones. Pero con el paso de los años han ocurrido una determinada cantidad de cancelaciones de pólizas, lo que podría reducir sustancialmente el monto a reclamar.
De hecho, debido a que la cartera es una operación de negocios de TOLIC, se desconoce el comportamiento de la cartera y cómo se ha transformado con el paso de los años.
Los agentes son representados en el caso por los abogados Pedro Ortiz Álvarez, Julio Cesar Colón Ortiz, Philip Pérez y Juan Adolfo Morales.
Los representantes legales de TOLIC son los licenciados José Cuevas Segarra y Julio Vázquez, mientras que ULICO es representado por el licenciado Lee Sepulvado.
El caso se está ventilando en la sala del juez Jaime Fuster Zalduondo en el Tribunal Superior de Bayamón.
Atmósfera tensa
De acuerdo con la fuente, el pleito se ha retrasado debido a las numerosas controversias entre las partes que han generado peticiones de revisión en el Tribunal Apelativo en los pasados 13 años.
La fuente indicó que se han presentado cerca de 14 peticiones de revisión en el Apelativo, la mayoría de las cuales han sido radicadas por la representación legal de TOLIC.
La fuente explicó que el reclamo millonario de los agentes ha generado una elevada fricción entre las partes, y que en la mayoría de las audiencias del caso la atmósfera es cordial pero extremadamente tensa.
De hecho, aún faltan por tomar varias deposiciones, por lo que en las próximas semanas el caso estaría maduro para entrar en la etapa del juicio, la cual se puede extender un periodo adicional que no fue precisado.
Silencio de las partes
No obstante, se espera que el caso finalice en los próximos meses. El caso es una de naturaleza civil cuyo veredicto lo emitirá el juez Fuster Zalduondo.
Este periodista se comunicó con los representantes legales de las partes para que confirmaran o para que realizaran alguna aclaración en relación con la información ofrecida por la fuente y hasta el cierre de esta edición no habían respondido.
Este periodista se comunicó con la oficina del licenciado José Cuevas Segarra para conocer la posición de TOLIC en la etapa final del pleito y para ofrecerle la oportunidad de refutar la versión ofrecida por la fuente, pero no respondió.
Este periodista también se comunicó con el licenciado Sepulvado, quien indicó que al culminar una llamada telefónica respondería, pero esa respuesta nunca llegó. De igual manera, los abogados de los agentes no estuvieron disponibles para responder a las preguntas de este periodista.
Por Miguel Díaz Román
El administrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), Juan Luis “Pochy” Rodríguez, enfrenta una querella por graves violaciones administrativas radicada por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) debido a que no ha podido entregar documentos que justifiquen el pago por miles de dólares del subsidio salarial agrícola a decenas de agricultores.
La OIC radicó la querella en el foro administrativo de esa dependencia gubernamental ayer 8 de agosto de 2023 como resultado de los reiterados incumplimientos del funcionario para entregar la información requerida.
El incumplimiento del administrador de la ADEA acontece en medio de una investigación de la OIG que ya ha identificado graves deficiencias en la presentación de determinados documentos relativos a las nóminas de decenas de agricultores para justificar los pagos que se realizaron del subsidio salarial agrícola.
En un comunicado de prensa emitido hoy por la OIG, se informó que las deficiencias ocurrieron durante los años fiscales 2017-18 y 2018-19, que son los años fiscales posteriores al paso del huracán María.
En esos años el Departamento de Agricultura (DA) fue dirigido por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Del comunicado se desprende que las deficiencias de información están relacionadas con agricultores de la región agrícola de Utuado, que para entonces era dirigida por la agrónoma Noelia López.
La funcionaria actualmente es ayudante del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, y además ocupa la posición de directora de la Oficina de Presupuesto del DA.
ADEA sin control de documentos
El comunicado sostiene que en el examen realizado a 736 transacciones de pago de subsidio salarial a 92 agricultores en la región de Utuado, se identificó que ADEA no mantiene un control adecuado de los pliegos de pago a los agricultores, lo cual ocasionó que documentos que sustenten los desembolsos efectuados o por efectuar no fueran localizados para el examen de los auditores.
Además, el comunicado indica que se reflejó la ausencia de informes de contabilidad y deficiencias en los desembolsos efectuados y en completar los formularios para la otorgación del subsidio.
La OIG sostiene que, de acuerdo con la muestra evaluada, ADEA realizó desembolsos a 92 agricultores para los años fiscales 2017-18 y 2018-19, correspondientes al pago del subsidio salarial agrícola por hora o por producción.
Según el comunicado se realizaron 538 desembolsos ascendentes a $943,720.29. En 149 de tales transacciones, la OIG validó que se había pagado a los agricultores un total de $233,599.04, sin tener en los expedientes los documentos requeridos para la elegibilidad del subsidio.
En otras 19 instancias no se había pagado el subsidio salarial solicitado por los agricultores por $30,835.92 para los años fiscales 2017-18 y 2018-19. ADEA no indicó por qué no se habían emitido estos desembolsos de subsidio salarial.
En otras 71 instancias, les fue pagado a agricultores de la Región de Utuado el subsidio salarial por $128,542.36. De estos pagos la ADEA no suministró los documentos que los sustentan para verificar si fueron realizados correctamente.
OIG contra administrador ADEA
El comunicado explica que luego de varias comunicaciones con la ADEA e intentos infructuosos para que proveyera los documentos que faltaban, el 30 de septiembre de 2022, la OIG emitió una orden para mostrar causa, producción de documentos y certificación de Información.
Tras la emisión de la orden la ADEA fue incapaz de ofrecer la información según indica el comunicado: «tras varios incidentes procesales, comunicaciones y reuniones con los funcionarios de ADEA, la OIG no recibió la presentación de la documentación requerida, ni de certificaciones negativas a los efectos de consignar las razones por las cuales los documentos no pudieron ser localizados o provistos».
Ante los hallazgos y las situaciones identificadas durante el examen, que incluye los incumplimientos con la entrega de información requerida, se realizó un referido interno al Área de Querellas e Investigación de la OIG, la cual determinó el inició de un proceso en el foro administrativo mediante la presentación de querella, el 8 de agosto de 2023, contra el principal funcionario de ADEA.
Reacciona Flores Ortega
En reacción al comunicado de la OIG, Flores Ortega emitió unos comentarios escritos que fundamentalmente indican que tras el huracán María se registraron problemas en el sistema eléctrico que impidió el uso de los sistemas de computadoras y obligó que los trámites administrativos se realizarán de manera manual. Según Flores Ortega esa situación pudo causar que se extraviaran determinados documentos.
“Puede haber habido problemas con documentación ya que todo cambió de electrónico a manual, pero luego se fueron adquiriendo y solicitando documentos a los agricultores para actualizar los expedientes de cada agricultor. Muchos de los documentos que se necesitan los proveen a su vez otras agencias de gobierno como Fondo del Seguro del Estado, pago del Seguro Social, Desempleo del Departamento del Trabajo y otros más. No dudo que se hayan encontrado deficiencias y no se puede tapar el cielo con la mano, veníamos recuperándonos de un desastre mayor. Sin embargo, las auditorías se respetan y hay que contestarlas”, dijo Flores Ortega.
El ex secretario indicó que es inconcebible que la agrónoma Noelia López no haya podido responder a la indagación de la OIG. “Le corresponde a la agrónoma Noelia López y al agrónomo Juan Luis Rodríguez, Administrador de ADEA, contestar”, concluyó Flores Ortega.
Por Miguel Díaz Román
El empresario José González Freyre, quien es el propietario de la empresa importadora y procesadora de granos Pan American Grain, sostuvo que las justificaciones económicas planteadas por el secretario de Agricultura para organizar una cooperativa de granos en Puerto Rico son erradas y advirtió que el proyecto agrícola podría tener un resultado adverso debido a que la historia de las cooperativas agrícolas en Puerto Rico es una de reiterados fracasos financieros.
De esta manera González Freyre reaccionó al anuncio realizado ayer por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, sobre la creación de una cooperativa de granos que estimularía la siembra de granos en Puerto Rico y además, adquiriría parte del producto en el mercado internacional para procesarlo aquí y suplir a los productores de leche, huevo, cerdo y pollos frescos.
González Beiró dijo que el alto costo de los granos afecta el precio de los productos agrícolas locales y destacó que la iniciativa de la cooperativa agrícola tiene como objetivo ofrecer costos más competitivos a los agricultores y aumentar la producción agrícola.
Actualmente en la isla operan tres empresas que importan y procesan granos: Pan American Grain, Molinos de Puerto Rico y la Federación de Asociaciones Pecuarias de PR, Inc (FAP).
Premisas erradas
Pero González Freyre dijo que los planes del secretario parten de premisas erradas porque el alto precio de los granos en la isla obedece a que las empresas locales se ven obligadas a traer ese producto desde países europeos y asiáticos, lo que representa destinos muy lejanos que implican una importación muy costosa, que se refleja en los precios a nivel de los agricultores en el mercado local.
Agregó que la Ley de Cabotaje obliga a las empresas locales a usar barcos de bandera estadounidense y actualmente en Estados Unidos no existen embarcaciones especializadas en la transportación de granos, lo cual causa que los importadores locales de granos recurran a comprar ese tipo de producto en países muy distantes y a utilizar los servicios de empresas mercantes extranjeras, lo que eleva el costo de la importación.
“Mientras Puerto Rico dependa de la ley de Cabotaje todo saldrá más caro. El mercado de granos más cercano es Estados Unidos. Y si no puedo comprarle al que me queda más cerca, pues tengo que comprarle al que me queda más lejos y tiene que ser más caro”, dijo González Freyre.
González Beiró también justificó la creación de la cooperativa de granos en la necesidad de obtener granos a bajos precios y presentó como ejemplo a la República Dominicana, donde el costo de cada 100 libras para la soya, el maíz y la cáscara de trigo fluctúa en $6, mientras que en Puerto Rico el precio de estos productos oscila entre $20 y $33.
Comparación injustificada
González Freyre dijo que debido a que la República Dominicana no aplica la ley de Cabotaje, las empresas dominicanas pueden utilizar barcos de granos de bandera extranjera para importar esos productos desde Estados Unidos a precios muy competitivos.
“En lo que dice sobre República Dominicana está errado. No es razonable comparar los precios en Puerto Rico con la República Dominicana”, dijo el empresario.
Indicó que la actividad agrícola en la República Dominicana es sumamente amplia, lo que implica que el monto de las importaciones allá es muy superior al monto que requiere el mercado local, lo cual tiene un efecto significativo en el precio del producto por tonelada.
“El costo del flete por tonelada en barcos de bandera extranjera en granos desde Estados Unidos es de $20, mientras que nosotros en Puerto Rico nos cuesta $120 y si lo reduces por quintal es de $1 para los dominicanos y $6 para nosotros. Yo no creo que el secretario no haya hecho bien los cálculos”, dijo González Freyre.
Cooperativas con mala historia
Agregó que “no existe en toda la historia del país una cooperativa agrícola que haya funcionado bien, todas las cooperativas agrícolas han quebrado y las hay ahora todas están quebradas”.
El empresario sostuvo que la información pública que surgió en los medios de comunicación sobre la iniciativa de González Beiró no contiene datos financieros y no revela cuál será la fuente de financiamiento del proyecto. “Él lo que ha dicho es que hablará con COSSEC (la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico) y no se sabe nada más” dijo el empresario.
Una fuente conocedora de los planes del secretario con la cooperativa de granos dijo que el proyecto incluye comenzar cultivos de maíz, pero el verdadero objetivo es descartar esas siembras debido a que ese grano suele sufrir en Puerto Rico de plagas de insectos que arruinan las cosechas.
«Eventualmente esos terrenos se podrían usar para establecer parques de placas solares», dijo la fuente.
De hecho, ya el sector agrícola del país tuvo un proyecto cumbre en el renglón de la importación de granos en la FAP, que está ubicada en el puerto de Mayagüez.
La FAP está equipada con un molino y un puerto para recibir las embarcaciones de granos e instalaciones de empaque y almacenaje. No obstante, FAP enfrentó numerosas dificultades financieras causadas en gran parte por las deudas multimillonarias que no pudieron pagar los agricultores, lo que afectó gravemente sus finanzas.
“Mal comienzo”
De hecho, las dificultades financieras prácticamente causaron que la empresa desapareciera como opción para la venta de granos a granel para los agricultores locales. Actualmente la FAP se encuentra bajo nueva administración luego de que un grupo de ganaderos locales fracasaran en su intento de tomar control de la FAP.
Un ejecutivo que estuvo vinculado a la FAP y que prefirió mantenerse en el anonimato sostuvo que la iniciativa de González Beiró para crear una cooperativa de granos “es un proyecto complejo que requiere asesoramiento muy bueno y efectivo, porque el mercado internacional de granos es muy volátil. Lo veo muy difícil y ahora con la guerra de Ucrania es mucho peor”.
“Yo le deseo suerte, pero lo veo difícil. Una barcaza de granos puede costar $6 millones. ¿De dónde saldrán esos chavos? No lo sabemos todavía. No sabemos dónde procesarán el grano. Lo veo muy difícil”, indicó el ejecutivo.
El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, indicó que aún no ha visto que el secretario haya presentado los estudios económicos para justificar la viabilidad financiera de la cooperativa de granos, lo que ya es “un mal comienzo”.
Por Miguel Díaz Román
Los dueños de condominios, edificios comerciales y viviendas residenciales que suscribieron pólizas de propiedad sobre la base de que sus reclamaciones serán pagadas a costo de reemplazo, se han enfrentado a la realidad de que al presentar una reclamación algunas aseguradoras pagan depreciando el valor del reclamo con el argumento de que hay un «desgaste y deterioro» o una » condición pre-existente», según denunció el conocido ajustador público y asesor de la industria de seguros Richard Dunnam.
Pero las aseguradoras Mapfre y Antilles Insurance Company negaron las denuncias de Dunnam y advirtieron que los asegurados deben consultar con su productor o agente para que se cumplan las disposiciones acordadas en la póliza en caso de una reclamación.
Advirtieron que al renovar una póliza todo asegurado debe consultar con un experto en seguros para conocer las cubiertas disponibles en relación con el valor de la propiedad que desea asegurar.
No obstante, sostuvieron que en las pólizas de propiedad existen exclusiones claramente descritas en el texto que no serán pagadas en caso de una reclamación como, por ejemplo, el deterioro por causa de uso y desgaste o por condiciones pre existentes.
Según sostuvo Dunnam, existen dos maneras en las que el asegurado puede optar para asegurar su propiedad y que garantizan cómo será pagada una reclamación. Estas son: valor real en efectivo (ACV por sus siglas en inglés) que es el estimado económico que costará reemplazar su propiedad dañada menos la depreciación por los efectos de la edad de la estructura y el desgaste. En otras palabras, esta modalidad le reembolsa al asegurado el valor actual de la propiedad afectada.
En la modalidad de costo de reemplazo (RCV por sus siglas en inglés) se paga lo que cuesta reemplazar la propiedad dañada sin depreciación. Es decir, la aseguradora le reembolsará el costo total para reemplazar la propiedad a su precio actual.
La aseguradora decide
Dunnam agregó que corresponde a la aseguradora decidir si quiere asegurar una propiedad sobre la modalidad de costo de reemplazo o ACV.
Explicó que, si la póliza se suscribió bajo la modalidad de ACV, “cualquier daño, por ejemplo, por viento o terremoto en un edificio podría incluir elementos de desgaste, rotura o daños preexistentes, estos daños preexistentes se tendrían en cuenta y probablemente se descontarían de la reclamación”.
“Pero la práctica general que he estado presenciando últimamente es que las reclamaciones de seguros de propiedad, bajo pólizas que están suscritas específicamente con la opción de costo de reemplazo, se liquidan aplicando una depreciación o descuento debido al desgaste. Como si el desgaste directamente causó los daños, cuando en realidad fue el terremoto o el viento el peligro directo que provocó el daño físico y no el desgaste”, dijo Dunnam.
El ajustador público no identificó a las aseguradoras que, alegadamente, incurren esa práctica.
“La exclusión de uso y desgaste es aplicable únicamente si el daño es causado o es el resultado del desgaste y rotura. En muchos casos, el uso y desgaste podría contribuir, pero no es la causa directa que causa la pérdida reclamada. Si la aseguradora no quiere pagar ¿por qué entonces la aseguradora suscribió la póliza en costo de reemplazo?”, cuestionó el ajustador público.
“Si un edificio de 60 años está asegurado con la modalidad de costo de reemplazo, y ocurrió un riesgo cubierto, el «desgaste y rotura» no puede plantearse como una causa de pérdida excluida”, indicó.
Aplicación errónea de ACV
Sostuvo que cada vez con más frecuencia los edificios asegurados con la modalidad de costo de reemplazo “erróneamente se pagan como ACV cuando los peligros cubiertos, como huracanes, terremotos e incendios, son las causas directas de la pérdida”.
“Desafortunadamente, las aseguradoras malinterpretan la exclusión por uso y desgaste en detrimento de los asegurados, ya que el asegurado tiene límites completos de costos de reemplazo en sus pólizas, pero cuando ocurre una pérdida, la aseguradora quiere deducir el «desgaste y rotura». Si es así, las aseguradoras tienen que suscribir el riesgo como ACV y no como costo de reemplazo”, dijo Dunnam.
Explicó que la exclusión por uso y desgaste es una exclusión de riesgo, no un mecanismo para reducir la liquidación de pérdidas si el asegurado ha suscrito la póliza con costo de reemplazo.
“Las aseguradoras están usando esta condición erróneamente. Percibir la exclusión de «uso y desgaste», como una justificación para reducir y pagar el reclamo de seguro de propiedad del asegurado, es literalmente pagar el reclamo como ACV, cuando en realidad estaba suscrito en costo de reemplazo. Aseguradora si no te interesa pagar un reclamo que envuelve condiciones preexistentes o deterioros, suscribe la póliza en ACV y no en costo de reemplazo”, insistió Dunnam.
“Yo dudo que eso esté pasando”
Sobre las alegaciones de Dunnam de que determinadas aseguradoras estarían pagando reclamaciones bajo la modalidad ACV cuando la póliza fue contratada en costo de reemplazo, Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company, sostuvo que “eso no debe pasar”.
“Para eso existe el agente o corredor de seguros quien tiene la responsabilidad de velar que la aseguradora ajuste en base a la cláusula de valorización seleccionada por el propio agente o corredor en representación del asegurado”, dijo González Portilla.
Con relación a la exclusión de “uso y desgaste” el presidente de Antilles Insurance indicó que, si un ingeniero de la aseguradora determina que el daño directo a la estructura fue causado por “uso y desgaste” y no por el terremoto o por los vientos, “la aseguradora tiene todo el derecho de levantar la exclusión y negar el reclamo”.
“Otra cosa es la cláusula de valorización. Si una propiedad está asegurada en costo de reemplazo y le están aplicando ACV, eso requiere que el productor de seguros evite que eso pase, que se le aplique depreciación cuando es costo de reemplazo. Yo dudo que eso esté pasando porque es bien fácil que el productor de seguros se entere y le diga a la aseguradora que no le puede aplicar depreciación a su cliente. Ese pollo tú lo matas rápido”, dijo González Portilla.
Costo de reemplazo no es para enriquecer
Por su parte, el presidente de Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, indicó que “el atributo de costo de reemplazo no pretende enriquecer al asegurado pagando por daños preexistentes, sean causados por eventos no asegurados, uso y desgaste, falta de mantenimiento o una combinación de las anteriores”.
Sánchez Géigel también presentó un escrito elaborado por Mapfre relativo a la cubierta de costo de reemplazo, el cual indica que una vez seleccionada esa modalidad las pólizas establecerán ciertas condiciones que tienen que ser cumplidas para poder recobrar en base al costo de reemplazo.
Entre estas condiciones figura que el asegurado tiene que haber reemplazado o reparado la propiedad afectada como condición precedente antes de presentar un reclamo de indemnización en base al costo de reemplazo.
En ese sentido, la cubierta se manifestaría como un reembolso al asegurado por los gastos incurridos en reparar o reemplazar la propiedad afectada, por los daños asociados a un peligro cubierto.
También plantea que jamás se indemnizará al asegurado por una cantidad superior al límite contratado y luego de aplicar el deducible.
“La contratación de la cubierta de costo de reemplazo no puede ser un subterfugio para que un asegurado se coloque en una posición ventajosa respecto a la que se encontraba al momento de ocurrir la pérdida. Esta es una máxima de seguro que impide que un asegurado se enriquezca injustamente y termine en una posición mejor a la que se encontraba previo a la pérdida”, sostiene el escrito.
Daños preexistentes por falta de mantenimiento
Sobre los daños preexistentes o como resultado de la falta de mantenimiento, o por uso y desgaste, el texto establece que “no son daños cubiertos por las pólizas, irrespectivamente que un asegurado haya o no contratado la cubierta de costo de reemplazo”.
Otro elemento importante a considerar es que la póliza contiene una exclusión específica sobre pérdidas a consecuencia del mantenimiento, la cual impide que un asegurado sea indemnizado por daños causados por su propia negligencia al no proveer el mantenimiento a su propiedad.
Aunque la cubierta de costo de reemplazo permite al asegurado reclamar por aquellos daños causados por un evento cubierto, eso no significa que se consideren como cubiertos otros daños causados dos por causa distinta. Esto se ve particularmente en el evento de daños parciales a una propiedad.
El escrito también señala que la contratación de la cubierta de costo de reemplazo no exime a un asegurado de cumplir con sus deberes luego de una pérdida, lo que incluye realizar las reparaciones necesarias para proteger la propiedad de daños adicionales. En relación a esto el texto advierte que los daños ocurridos en una propiedad por la falta de mitigación no serán considerados para efectos de la indemnización.
Otro señalamiento es que la contratación de la cubierta de costo de reemplazo tampoco exime al asegurado de estar adecuadamente cubierto, por lo que dicha cubierta no elimina la potencial aplicación de coaseguro, cuando así corresponda.
Por Miguel Díaz Román
El expresidente Donald Trump ha comenzado con sus característicos ataques en las redes sociales y en sus comparecencias públicas contra el sistema judicial estadounidense y el fiscal especial Jack Smith, que lo acusó de cuatro cargos graves por su presunta participación en un intento de subvertir los resultados de las pasadas elecciones y de promover con mentiras de fraude que cientos de sus seguidores atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021.
El pasado jueves el fiscal Smith compareció ante la jueza Moxila Upadhyaya en Washington DC y presentó contra el ex presidente Trump los cargos de conspiración para defraudar al país, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos.
Trump se declaró no culpable de los cargos y recurrió de inmediato con sus andanadas tildando la acusación como «el último capítulo de corrupción» para impedir que pueda presentarse como el candidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones de 2024.
El viernes Trump difundió en sus redes sociales el sugestivo mensaje «si me persigues, te perseguiré», en obvia alusión a que utilizará todos sus recursos para desacreditar el caso presentado en su contra y para atacar al fiscal Smith.
En la noche del viernes el fiscal Smith radicó una moción ante la jueza de Tanya Chutkan, que ha sido asignada al caso contra el ex presidente, para que se imponga una orden de protección que evite la difusión pública y el uso inapropiado de parte de Trump de los materiales que surjan en el descubrimiento de prueba que realice la fiscalía.
La moción ante la jueza Chutkan, quien fue nombrada por el ex presidente Barak Obama, fue acompañada por una orden modelo redactada por la fiscalía.
Moción para controlar a Trump
La moción sostiene que “el acusado ha emitido previamente declaraciones públicas en las redes sociales con respecto a testigos, jueces, abogados y otros relacionados con asuntos legales pendientes en su contra. Y en los últimos días, con respecto a este caso, el acusado ha publicado varias publicaciones, ya sea específicamente o por implicación, incluido el que el acusado publicó hace solo unas horas. Si el acusado comenzara a hacer públicas transcripciones del gran jurado o difundir detalles obtenidos en el descubrimiento, podría tener un efecto dañino en los testigos o afectar adversamente la justa administración de justicia en este caso”.
La jueza ordenó a la defensa de Trump responder a la moción mañana lunes 7 de agosto y presentar su propia versión de la orden propuesta, lo que implica que el tribunal podría avalar la petición de la fiscalía.
No obstante, la campaña de Trump respondió en las redes sociales que la expresión «si me persigues, te perseguiré», no es una amenaza contra el fiscal Smith sino un mensaje para “los RINO (siglas en inglés que significan “republicanos sólo de nombre”) , los grupos de interés especial deshonestos y amantes de China y los Súper PAC, como los financiados por los hermanos Koch (dos multimillonarios republicanos, uno de los cuales falleció, que no apoyan a Trump) y el Club a favor de no crecimiento”.
Posible crisis presupuestaria
Los cargos contra Trump ya han creado las condiciones para una crisis presupuestaria y un posible cierre del gobierno federal a fines de septiembre, cuando el Congreso debería aprobar una medida para aumentar el techo de la deuda y garantizar el financiamiento temporal de las operaciones gubernamentales del próximo año fiscal. La fecha límite para aprobar la medida es el 30 de septiembre, cuando finaliza el presente año fiscal en el gobierno federal.
Los republicanos de extrema derecha que dominan la Cámara han repudiado de manera agresiva los cargos contra Trump y el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo en un comunicado que “hasta que no restauremos el FBI y el Departamento de Justicia para sean las instituciones que alguna vez fueron, no votaré para financiar estas organizaciones comunistas”.
“No votaré para financiar un gobierno armado mientras persigue políticamente no solo al presidente Trump sino a todos los estadounidenses conservadores”, dijo la extremista representante Marjorie Taylor Greene, aliada cercana de Trump.
Smith buscará un juicio rápido
El pasado martes cuando faltaban dos días para la radicación de los cargos contra Trump el fiscal Smith anunció que “buscaría un juicio rápido”, un deseo que responde a la posibilidad real de que Trump sea elegido nuevamente presidente en las próximas elecciones generales en 2024.
El anhelo del fiscal Smith es lograr que un jurado emita un veredicto antes de las elecciones para evitar que un Trump reelegido presidente obligue a la fiscalía a desestimar los cargos en su contra.
Ciertamente, la defensa de Trump intentará de manera denodada presentar una montaña de mociones para impedir que el caso alcance su final antes de las elecciones en noviembre del 2024, con el fin de impedir el daño político que un veredicto en contra de Trump pueda infligir a sus aspiraciones de reelección.
Posible un veredicto antes de las elecciones
Pero la prensa estadounidense ya ha elaborado que es muy probable que un jurado llegue a un veredicto antes del día de las elecciones de 2024. En primer lugar, el juicio se llevará a cabo en Washington, D.C., donde los jueces ya tienden a moverse rápidamente.
La segunda razón es que la jueza Chutkan atiende con rapidez sus casos y la tercera es que esta jueza ya ha emitido severas sentencias contra algunos de los participantes del motín del 6 de enero del 2021 en el Capitolio. Incluso, Chutkan falló en contra de Trump en un caso separado relacionado con el motín del 6 de enero, por lo que es poco probable que la jueza permita que la defensa del expresidente atrase el caso. La jueza rechazó un reclamo de Trump sobre que estaba protegido por el privilegio ejecutivo, el cual pretendía impedir la entrega de documentos al comité de la Cámara que investigaba el ataque del 6 de enero de 2021.
Los desafíos de Smith
Smith también enfrenta varios desafíos porque la experiencia estadística indica que el tiempo promedio de la fiscalía para completar casos en el sistema federal es de 18 meses, incluyendo aquellos casos en los que el acusado se declara culpable. El fiscal Smith deberá concluir su caso en 16 meses, que es el número de meses que faltan, incluyendo el mes de noviembre, para que se celebren las elecciones de 2024.
Hoy domingo Trump continuó con sus ataques en su red social Truth Social. En una diatriba escrita en letras mayúsculas Trump declaró que «no hay forma de que pueda obtener un juicio justo en D.C. o con el juez actualmente asignado”.“¡Todo el mundo lo sabe y ella también! Inmediatamente pediremos la recusación de este juez por motivos muy poderosos y también el cambio de sede, fuera (de) D.C.”
En otro mensaje escrito en mayúsculas Trump tildó de “trastornado” al fiscal Smith por presentar cargos en su contra para influir en las elecciones presidenciales de 2024.
Lo llamo periodismo de formación. No es una nueva frontera del periodismo, sino un credo de ejecución periodística que impone en el periodista la obligación de comprender ampliamente los asuntos que son el objeto de un reportaje y sus precipitantes. El dominio amplio de una controversia y de los contextos en que ocurre, le permite al periodista ofrecer los elementos necesarios para que los lectores puedan construir una opinión informada.
© 2024 síntesisnoticiosa.com. Todos los Derechos Reservados. | EMM Design
