Por Miguel Díaz Román

Aunque la semana antes del feriado de Thanksgiving el Departamento de Hacienda envió numerosas comunicaciones a los corredores de seguros que fueron seleccionados para manejar los riesgos de las agencias del gobierno central y de las corporaciones públicas, la incertidumbre y la ausencia de información que han dominado el proceso de selección no ha terminado.

En este momento el Departamento de Hacienda mantiene el comportamiento hermético que demostró durante el proceso de selección hasta el extremo que los corredores de seguros seleccionados desconocen las agencias o corporaciones públicas que deberán atender y los corredores de seguros que fueron rechazados ignoran las razones que justifican esa decisión.

De acuerdo con fuentes de SN, el Departamento de Hacienda conservó los 19 corredores que ya habían sido contratados en años previos y seleccionó aproximadamente 14 nuevos corredores, lo que implica que los seguros del gobierno serán manejados por un grupo de 33 corredores.

Alegadamente, la cantidad de corredores que estuvo en evaluación ascendió a  50.

Además, el universo de más de 100 agencias y corporaciones públicas será distribuido entre los 33 corredores, lo que tendrá como consecuencia que a cada uno de los corredores le tocará menos entidades del gobierno, en comparación, por ejemplo, con la experiencia de los pasados años, cuando los seguros del gobierno eran manejados por un grupo de 19 corredores.

La fuente explicó que en los próximos días los 33 corredores deberán presentar en el Departamento de Hacienda una serie de documentos y certificaciones que los capaciten para integrar el Registro Único de Suplidores del gobierno. 

Dichos documentos y certificaciones les permiten a los suplidores licitar en subastas públicas y competir en la obtención de contratos de servicios en el gobierno.

Se quedan los mismos

Otro aspecto de la selección realizada por el Departamento de Hacienda es que el grupo de 19 corredores que continuarán ofreciendo sus servicios al gobierno, se encuentran en este momento en un limbo administrativo debido a que no han firmado un contrato con la división de Seguros Públicos.  

El último contrato o extensión del contrato que autorizó Seguros Públicos tuvo una limitada duración de 10 días. 

El citado contrato o extensión, que comenzó el 22 de octubre y finalizó el 31 de octubre, sería la cuarta extensión decretada por el Departamento de Hacienda a partir del pasado 1 de julio, cuando inició el presente año fiscal 2025-2026.

«Estamos fuera de contrato y en este momento no sabemos las agencias que te van a tocar. Es algo que nunca había pasado. Pero así es en esta nueva administración», indicó un corredor que resultó seleccionado pero que prefiere permanecer en el anonimato.

Administración errática

De hecho, varios corredores entrevistados por SN indicaron que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón se ha caracterizado por demostrar un comportamiento errático en el manejo de los seguros del gobierno y en la selección de los corredores. 

Además, se le imputa a la nueva administración de González Colón de no interesarle difundir la información y de alimentar una cultura de autocensura.

A pesar de que finalmente se completó la selección de los corredores de seguros,  el Departamento de Hacienda y su división de Seguros Públicos no han difundido una comunicación para informar al país detalles sobre los criterios de selección y para divulgar el nombre de las empresas que resultaron escogidas y las entidades públicas que les serán asignadas.

Ciudadanos y empresas detrás de reclamaciones

Una conducta que contrasta con el hecho de que tanto la ciudadanía como las empresas y el sector privado en general tendrían interés en recibir esa información debido a que son responsables de una cantidad indeterminada de las reclamaciones que anualmente se radican contra las pólizas de seguros de las agencias y de las corporaciones públicas. 

SN le solicitó a Vilmar Trinta, directora de la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Hacienda , una explicación sobre por qué la división de Seguros Públicos no había finalizado con la selección de los corredores. Trinta ignoró las reiteradas peticiones de SN y nunca  las respondió.

Para comunicar la selección de los corredores de seguros agraciados el Departamento de Hacienda envió una misiva  el 21 de noviembre y tres días después, el 24 de noviembre, envió las cartas de los corredores rechazados.

«Son unos corruptos. Te envían una carta diciéndote que no fuiste seleccionado pero no te dicen por qué. Después te dicen que podrías ser contratado porque tu nombre estará en el registro de productores cualificados de 2025. Te digo, son unos corruptos. Nosotros tenemos la experiencia y el personal para hacer un buen trabajo pero ellos prefieren repartirse las agencias entre un grupito», dijo otro corredor que fue rechazado y que no quiso divulgar su nombre. 

Fuentes de SN sostienen que, a pesar de que el proceso de selección emplea un  sistema que asigna puntos según el cumplimiento con un cuestionario que busca definir la efectividad del corredor, el atraso en la selección de los corredores responde a la intromisión de otras consideraciones que no tienen relación alguna con el sistema de puntos.

«Todo es política»

El sistema de puntos consta de un cuestionario de cumplimiento que pretende medir, entre otros asuntos, experiencia, conocimiento y la capacidad del corredor y el personal de su oficina para atender riesgos complejos.

De hecho, desde  el 2020 el ex secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, decidió extender la vigencia de los contratos de los corredores luego de consultar a las agencias en torno a si los servicios recibidos habían sido satisfactorios. 

Tras la consulta Parés Alicea entendió que los corredores ofrecieron un buen servicio y fue entonces que decidió extender la vigencia de los contratos. Finalmente, los contratos fueron extendidos hasta junio de 2024.

«Para la selección de los corredores este año se usaron reglas que no tienen que ver con la puntuación. Fíjate que sigue el mismo grupito del cuatrienio pasado, el grupito del gobierno de Pierluisi, y ahora traen otro grupito de corredores, que son los de Jennifer, esto todo es política», sostuvo otro corredor.

Por Mapfre

Los efectos del cambio climático están haciendo estragos en buena parte del mundo, lo que se une, además, a la gran brecha de aseguramiento que presentan algunas regiones. 

Asia es la zona del mundo con mayor brecha de protección aseguradora, 82,8%, lo que significa que tan solo el 17,2% de las pérdidas totales por riesgos relacionados con catástrofes naturales están cubiertos por contratos de seguros. 

Le sigue América Latina, que en la última década ha registrado una brecha media del 81,0%, con tan solo el 19% de las pérdidas totales aseguradas, unos datos que contrastan con la región de América del Norte, que cuenta con la menor brecha de protección del mundo, con una media del 43,2% de pérdidas no cubiertas por los contratos de seguros, y que actualmente se enfrenta a ciclones tropicales, tormentas invernales e incendios forestales.

Las elevadas brechas de aseguramiento por catástrofes naturales (gap CatNat) en muchas regiones se deben principalmente a una baja penetración de los seguros en muchas economías emergentes, así como a una mayor concentración de la población en ciudades y áreas de alto riesgo, y a una mayor frecuencia y severidad de eventos extremos por efecto del cambio climático.

Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘Cambio Climático, Riesgos Extraordinarios y Políticas Públicas’, que ha presentado hoy MAPFRE Economics en el marco de la COP30, para analizar el impacto creciente del cambio climático sobre los riesgos extraordinarios que cubre la actividad aseguradora, especialmente en un contexto de intensificación de fenómenos extremos y de ampliación de brecha de protección de los desastres naturales. 

Según la mayoría de los expertos, el calentamiento global desempeña un papel determinante en la intensificación y frecuencia de los eventos por catástrofes naturales relacionadas con el clima, y en particular, en los llamados ‘riesgos secundarios’, sucesos climáticos de menor intensidad y mayor frecuencia, como incendios forestales, sequías, olas de calor, tormentas, fuertes vientos, inundaciones y nevadas, entre otros, que, en el contexto actual de la actividad de seguros y reaseguros, causan impactos cada vez mayores en términos de vidas humanas y pérdidas económicas (representan más de la mitad de las pérdidas registradas), así como con daños extraordinarios en infraestructuras y ecosistemas.

Durante la presentación ha participado Mónica Zuleta, directora corporativa de Sostenibilidad de MAPFRE, y Ricardo González, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de MAPFRE Economics, quien ha puesto de manifiesto, que “las pérdidas aseguradas derivadas de fenómenos catastróficos han mostrado una tendencia ascendente sostenida a largo plazo, situándose, según del Swiss RE Institute, en un rango de crecimiento anual del 5% al 7% desde 1992”. 

En esta línea, ha subrayado, además, que “aunque este incremento suele atribuirse al impacto del cambio climático, también influyen otros factores como el crecimiento económico y demográfico, la expansión de zonas vulnerables con sistemas de alertas tempranas o planes de evacuación y prevención poco desarrollados, y el alza en los valores inmobiliarios”.

El director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de MAPFRE Economics, ha indicado, además, que “las pérdidas económicas por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos están aumentando y se prevé que sigan haciéndolo debido a la mayor frecuencia y gravedad de las catástrofes causadas, entre otros factores, por el calentamiento global”. 

Según apunta la investigación de MAPFRE, en 2024, este tipo de catástrofes provocaron pérdidas económicas que superaron los 300 millardos de dólares por novena vez consecutiva, un 14% más, de los cuales cerca de 145 millardos de dólares estaban asegurados.

Reducir la brecha: un desafío de política pública Cerrar la brecha de protección aseguradora para los riesgos catastróficos es un reto que requiere la acción coordinada de las entidades aseguradoras con todos los niveles de gobierno, ya que, sin las medidas y mecanismos de protección y compensación necesarios, los riesgos climáticos se convierten en no asegurables o inasequibles.

En este sentido, el informe destaca la importancia del desarrollo de marcos de colaboración entre las administraciones públicas y el sector asegurador para gestionar y compartir riesgos de desastres, como por ejemplo a través de entidades que existen en países como España, como el Consorcio de Compensación de Seguros, que indemniza siniestros extraordinarios.

También hace referencia a la importancia de promover incentivos para la prevención y reducción de riesgos por fenómenos climáticos adversos, como los sistemas de alertas tempranas, que proporcionan datos en tiempo real para estimar la intensidad y trayectoria de tormentas, inundaciones, olas de calor o incendios forestales; y a incrementar las medidas orientadas a ampliar la cobertura aseguradora, como por ejemplo, a través de soluciones paramétricas, que ofrecen una respuesta rápida y eficiente ante desastres climáticos al realizar pagos automáticos basados en parámetros medibles y predefinidos, como la velocidad del viento, la cantidad de lluvia o la intensidad de una sequía.

El papel de MAPFRE

“El cambio climático representa uno de los principales retos para la estabilidad social y económica y es un desafío de primera magnitud para la actividad aseguradora, que debe ser un actor clave a la hora de elevar los niveles de protección y bienestar de la sociedad”. 

Así lo destacado, Mónica Zuleta, directora corporativa de Sostenibilidad de MAPFRE, quien ha indicado que MAPFRE desempeña un papel fundamental a la hora de establecer objetivos y compromisos ambiciosos, como alcanzar convertirse en una compañía neutra en 2030 en todos los países y NetZero en 2050 en sus carteras de seguros e inversión; promover la transición energética justa, con el fin de acompañar a las empresas a que se transformen y sigan creando riqueza de una manera cada vez más respetuosa con el medio ambiente; y desarrollar soluciones innovadoras que apoyen la descarbonización y se adapten a las nuevas exigencias climáticas, con coberturas para apoyar las energías renovables, la movilidad eléctrica y la agricultura regenerativa, entre otras.

En este sentido, la directora corporativa de Sostenibilidad del Grupo ha hecho referencia a algunos de ellos, como los seguros paramétricos, que MAPFRE impulsa gracias a la inversión en Blue Marble; con el desarrollo de bonos catastróficos, que funcionan como un seguro y que permiten transferir el riesgo de catástrofes naturales a los inversores del mercado de capitales; con el fondo MAPFRE Energías Renovables II, un proyecto innovador en Europa que invierte en biometano, un biocombustible 100% verde; y con el Bioseguro, que la compañía presenta en la COP30 con el objetivo de impulsar proyectos de reforestación y regeneración natural tras eventos extremos y mantener su capacidad de generar créditos de carbono.

El informe completo está disponible en:

https://www.fundacionmapfre.org/publicaciones/todas/informe-cambio-climatico

Madri d, 17 de noviembre de 2025. Para más información puedes ponerte en contacto con: Nuria del Olmo, del área de Comunicación de MAPFRE. Email:ndelolmo@mapfre.com. Teléfono: 606537889.

Por Miguel Díaz Román

El reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), se comprometió a pagar $2.5 millones en un denominado «Acuerdo de conmutación y liberación», en el que esencialmente el reasegurador desembolsa una determinada cantidad de dinero a cambio de la liberación de sus responsabilidades en los contratos de reaseguro que había firmado con la aseguradora Real Legacy.

El acuerdo fue alcanzado a finales del pasado año con la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en su función de liquidador de Real Legacy. 

El documento fue revelado en su totalidad como resultado de un cambio radical de la postura de la OCS en relación con la controversia judicial que mantuvo durante el presente año con la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) para conservar en confidencialidad el acuerdo con Swiss Re. 

En una sorpresiva moción radicada el pasado lunes 3 de noviembre en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la OCS se allanó a la determinación de la jueza Katarina Stipec Rubio, quien había ordenado derogar el manto de confidencialidad que cobijaba al acuerdo.

La moción estuvo acompañada de una copia del citado acuerdo entre la OCS y el reasegurador Swiss Re, un documento de 16 páginas que oficialmente es denominado como «Acuerdo de conmutación y liberación».

En este momento se desconoce si serán confirmados los temores esgrimidos por la AG sobre los posibles efectos que podría contener el acuerdo alcanzado entre la OCS y Swiss Re.

La AG entabló un pleito legal para cuestionar la pertinencia de mantener en secreto los detalles de un acuerdo que afectan el proceso de liquidación de Real Legacy. La AG sostuvo que la confidencialidad impedía conocer si el acuerdo representaba un beneficio económico para los asegurados de Real Legacy o si, en realidad, lo acordado benefició a Swiss Re. 

Acuerdo defectuoso

Incluso, la AG había expresado la posibilidad de que la OCS y Swiss Re firmaran un acuerdo defectuoso que no garantiza un pago sustancial para atender las pérdidas reclamadas por los asegurados de Real Legacy. 

Además, planteó que en un escenario donde el pago acordado es insuficiente para atender las pérdidas reclamadas, existía la posibilidad de decretar una segunda derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG para obtener los fondos. 

La liquidación de Real Legacy ya requirió de una primera derrama que ascendió a $11 millones.

De hecho, las derramas siempre las pagan los consumidores de seguros debido a que el Código de Seguros autoriza a las aseguradoras a recobrar el dinero aportado por medio de un alza en las primas de seguros.

Por su parte, la OCS había insistido en conservar la confidencialidad del documento argumentando que su divulgación podría afectar acuerdos futuros con otros reaseguradores, lo cual podría reducir la recaudación de dinero para pagar las reclamaciones. 

También sostuvo que la petición de la AG para quitar el manto de confidencialidad al acuerdo era un intento de fiscalizar las gestiones de la OCS. 

Sin opinión la AG

Ayer SN le hizo llegar al director ejecutivo de la AG, Rafael Rocher, tres interrogantes dirigidas a conocer si la dirección del organismo destinado a pagar las reclamaciones de un asegurador en liquidación ya tenía una noción sobre los efectos reales del acuerdo.

Las preguntas enviadas fueron las siguientes:¿qué opina la AG del acuerdo con Swiss Re?, ¿considera la AG que es suficiente la cantidad de $2.5 millones que el acuerdo concede para el pago reclamaciones de Real Legacy? y ¿se propone la AG reclamar a la OCS que el acuerdo sea anulado?

En respuesta a la interrogantes la AG envió las siguientes declaraciones: «La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos gestionó y obtuvo la divulgación del contrato de conmutación de reaseguro suscrito entre el liquidador del asegurador declarado insolvente y el reasegurador.  Ante el cumplimiento reciente con la orden del tribunal por parte del liquidador, la Asociación está revisando el documento, por lo que no hará expresiones adicionales sobre el particular».

Anticipan la anulación 

No obstante, fuentes de la industria de seguros sostienen que es muy probable que la AG decida solicitar la anulación del acuerdo tras revisar el documento y constatar que el monto de las pérdidas de los asegurados cobijados por los contratos de reaseguro de Swiss Re, especialmente los asegurados incluidos en contratos de reaseguro facultativo, que es un reaseguro para riesgos complejos y de alto valor, excede los $2.5 millones que el reasegurador de comprometió a pagar.

Una de las fuentes aseguró que un paso vital para descubrir la conveniencia del acuerdo es determinar el monto de la pérdida asegurada.

«¿Cuáles eran las pólizas? ¿Cuánto eran las pérdidas de estas pólizas? ¿Cuál era su participación (de Swiss Re) en esas pérdidas?», expresó la fuente.

De hecho, del documento se desprende que entre los asegurados que figuran en los contratos de reaseguro que Real Legacy firmó con Swiss Re se encuentran entidades del gobierno con numerosas y costosas propiedades como la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Educación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Autoridad de Carreteras, la Administración de Instituciones Juveniles, el Centro de Convenciones y la Autoridad de Edificios Públicos. 

También figuran numerosos municipios y empresas privadas como el distribuidor de alimentos y bebidas V Suarez; la empresa Aerostar, que opera el aeropuerto internacional  Luis Muñoz Marín;  la empresa El Comandante Management, que es la propietaria y operadora del hipódromo El Comandante; el hotel La Concha; la empresa farmacéutica Mova; la empresa Compañía Cervecera de Puerto Rico, que elabora las cervezas Medalla, Silver Key, Magna y la Malta India.

Otras entidades privadas mencionadas en el documento son la empresa Universal Health Systems Inc, que es la propietaria del Hospital San Juan Capestrano; la cadena de supermercados Econo; la empresa Holsum, dedicada a la elaboración de pan y otros productos de repostería y el Grupo Hima San Pablo, que era propietaria de varios hospitales y en 2023 de declaró en quiebra.

En representación de la OCS, el documento fue firmado por la licenciada Wilma Rosario Rodríguez, quien es la liquidadora auxiliar de las aseguradoras Real Legacy e Integrand Assurance. 

De parte del reasegurador figuran Robert Crowder, quien es el vicepresidente de Swiss Reinsurance America Corporation; Birgitte Torp Pedersen y Anders Carisen, quienes son identificados como vicepresidentes de la oficinas de Swiss Re en Europa, ubicadas en Luxemburgo; Mark Hallam y Emma Coffer, quienes son identificados como director general y director de las oficinas de Swiss Re en Inglaterra.

Cambio de postura

Según fuentes de la industria de seguros, el cambio de postura de la OCS a favor de revelar el contenido del acuerdo se le atribuye a la nueva Comisionada de Seguros, la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, quien fue confirmada por el Senado el 3 de noviembre, que es el mismo día que la OCS radicó la moción aceptando derogar el manto de confidencialidad al acuerdo, según lo ordenó la jueza Stipec Rubio.

De hecho, tan temprano como el pasado 1 de octubre, cuando aún ejercía funciones el ex comisionado de seguros, Alexander Adams Vega, la OCS había radicado una moción  de reconsideración  en la que le solicitaba a la jueza que revirtiera su determinación de derogar la confidencialidad al acuerdo. 

Incluso, en esa moción la OCS había anticipado que el pago económico que se comprometió a realizar Swiss Re podría ser interpretado por los asegurados, los acreedores y por los medios de comunicación como «muy poco» o «muy generoso». En la moción la OCS advirtió que dicha percepción obedecía a que no se conocen «los criterios técnicos detrás del cálculo».

La jueza Stipec Rubio, quien es la jueza supervisora del proceso de liquidación de Real Legacy, emitió su decisión a favor de eliminar el manto de confidencialidad del acuerdo el 16 de septiembre, luego de que la AG cuestionara la insistencia de un organismo público como la OCS a favor de mantener en secreto los detalles de un acuerdo millonario que podría afectar a cientos de ciudadanos que adquirieron pólizas de seguro en Real Legacy.  

De hecho, fue la jueza Stipec Rubio quien el 10 de octubre de 2024 avaló la petición de la OCS para colocar en confidencialidad el documento.