Por Miguel Díaz Román
Dos medidas que recibieron informes positivos de la Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes a pesar de que fueron rechazadas por la aseguradoras del país, fueron «aguantadas» y no figuraron en el grupo de medidas que serán consideradas por el pleno de ese cuerpo hasta la medianoche del día de hoy, 25 de junio, que es el último día para la aprobación de medidas en la presente sesión legislativa.
El representante Jorge Navarro Suárez, quien es el presidente de la Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, tronó contra la exclusión de ambas medidas del listado de proyectos para aprobación final durante el día de hoy.
Navarro Suárez denunció que las medidas fueron «aguantadas» y reconoció que desconoce las razones que han obrado tras las cortinas para impedir que el pleno de la Cámara tuviera la oportunidad de avalar o descartar los proyectos.
«Algo pasó, algo pasó. Aguantaron las medidas y las aguantaron allá (en la Comisión de Calendario y Reglas Especiales de Debate). Yo no sé qué pasó. Voy a llamar a Pichy Torres Zamora para saber qué fue lo que pasó», agregó el legislador, quien se encontraba evidentemente enojado por el destino que enfrentan dos medidas que recibieron informes positivos de la Comisión de Banca y Seguros.
«Ya esas medidas no están aquí (en la Comisión de Banca y Seguros). Ahora están en la Comisión de Calendario y Reglas Especiales de Debate, que preside el representante José Torres Zamora. Habrá que preguntarle a «Pichy» Torres Zamora quién lo llamó o qué pasó. Eso es lo que está pasando. Esas medidas se quedaron para la próxima sesión legislativa», sentenció con un dejo de insatisfacción que no pudo ocultar.
SN llamó al representante Torres Zamora, quien también es el vicepresidente de la Cámara de Representantes, a través de su celular y le envió varios mensajes de texto para que explique la alegada decisión de impedir la consideración de las medidas, pero el legislador no respondió.
Las medidas habían sido rechazadas por la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), que integra gran parte de las aseguradoras del país porque, alegadamente, aumentarán los costos de operación de las aseguradoras y provocaría un alza en las primas de seguros.
OCS respalda medida que podría aumentar primas
De hecho, mientras Acodese rechazó ambas medidas, la Oficina del Comisionado de Seguros, que es el regulador de la industria de seguros, respaldó una de ellas, la cual, según sostuvieron las aseguradoras, podría causar alza en primas, propiciar la salida de reaseguradores del mercado local y estimular una oleada de litigios que enriquecerán los bolsillos de abogados y ajustadores.
Para efectos de la jerga legislativa, las medidas han sido «engavetadas» y su consideración en la presente sesión legislativa fue descartada. Esto implica que la posible consideración de ambas medidas para su aprobación podría ocurrir en la próxima sesión legislativa.
De hecho, a partir del 26 de junio hasta el 30 de junio, que finaliza la presente sesión legislativa, se deberán nombrar comités de conferencia para resolver aquellas enmiendas introducidas a determinadas medidas en las que no haya concurrencia por alguno de los dos cuerpos.
Las medidas «aguantadas”
Aunque el término para la aprobación de medidas en la presente sesión legislativa debería finalizar a la media noche del día de hoy, 25 de junio, ya a la 6: 00 de la tarde los trabajos en ambos cuerpos habían terminado.
Las dos medidas «aguantadas» son el Proyecto de la Cámara 363, que propone conceder más beneficios a los afectados por los huracanes Irma y María y que, entre otras disposiciones, ordena que las aseguradoras paguen los gastos de abogado de los asegurados; y el Proyecto de la Cámara 341, que impone un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores que manejan los seguros del gobierno.
La medida, que exime del cargo a las comisiones ganadas por corredores seleccionados a través de subasta pública, busca generar ingresos para beneficiar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios.
Frustrado por la decisión de no bajar a votación el PS 363 y el PS 341, la cual, sin duda, fue tomada por el alto liderato de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Navarro Suárez sostuvo «después yo los pillo. Cuando manden algo del gobernador yo no haré nada».
El Senado, otro enigma
El legislador reconoció que la aprobación de ambas medidas en el Senado era un enigma y señaló que lograr el respaldo del otro cuerpo legislativo demanda un escabroso proceso de negociación y ajuste, el cual no garantiza que finalmente los proyectos serán avalados.
«Eso es otra pelea (lograr el respaldo del Senado). Una pelea aquí (en la Cámara) y otra pelea allá (en el Senado)», exclamó el legislador.
El PC 363 fue radicado por el representante Joe Colón Rodríguez, quien no es abogado. La Exposición de Motivos de la medida indica que su aprobación es necesaria para aclarar la contradicción que surgió entre la interpretación realizada por el Tribunal Supremo de la ley 247 de 2018 y la intención del legislador cuando fue aprobado ese estatuto.
La ley 247 permite a los asegurados demandar civilmente a un asegurador por incurrir en ciertas prácticas desleales descritas en el Código de Seguros.
Los casos intervenidos por el Tribunal Supremos fueron radicados contra la aseguradora Mapfre por los consejos de titulares de los condominios Balcones de San Juan, Playa Azul II Y Kings Court 76.
El PC 363 introduce cuatro enmiendas de efecto retroactivo a la ley 247 de 2018, que buscan eliminar la posibilidad de nuevas interpretaciones del Tribunal Supremo, según indica la medida, «limiten los derechos de los asegurados».
La primera de ellas impone a la aseguradora el pago de honorarios de abogado a favor del asegurado en caso de cualquier adjudicación adversa bajo dicho artículo.La segunda elimina las condiciones previas y de índole jurisdiccional que debe cumplir el asegurado antes de radicar una demanda bajo el Art. 27.164.
La tercera avala que un asegurado obtenga el beneficio de dos remedios bajo el Art. 27.164 junto con cualquier otra causa de acción.
La cuarta enmienda le impone a las aseguradoras, bajo el Art. 27.165, el pago del 33% del monto recuperado, como honorarios o compensación adicional para el asegurado. Esta compensación estará disponible ante cualquier sentencia de un tribunal, foro administrativo, o proceso de mediación.
Medida emula experiencia en Florida
El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, favoreció la aprobación de la medida y hasta sugirió una enmienda a la propuesta para especificar el monto de los honorarios de abogado. Adams Vega propuso que el foro judicial pueda determinar la cuantía de la compensación por honorarios de abogado y que dicha compensación se adjudique como una adicional a la reclamada, como parte de la demanda presentada por el asegurado.
Pero Acodese sostuvo que el PC 363 favorece intereses económicos ajenos a los asegurados, lo cual es un escenario que ya experimentó el estado de Florida.
«Estas enmiendas propuestas solo beneficiarán a los abogados y, a la larga, el consumidor que terminará perjudicado al enfrentarse a primas más altas o, peor aún, a un escenario de falta de aseguradores y reaseguradores», dijo Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de Acodese.
Pernas reveló que las enmiendas que pretende introducir el PC 363 son «una copia exacta» de las secciones 624.155 y 627.428 del Código de Seguros de Florida, que estuvieron vigentes antes de 2019 y que causaron en «efecto nefasto» en la industria de seguros de ese estado.
Sostuvo que, aunque Florida sólo representó el 14.9% de las reclamaciones nacionales de seguros de propiedad en 2022, ese estado concentró el 70.8% de los litigios, generando costos de defensa y litigación de aproximadamente $2.9 mil millones.
«Estos costos finalmente fueron trasladados a los consumidores mediante primas elevadas», sostuvo Pernas.
La otra medida, el Proyecto de la Cámara 341, radicado por Navarro Suárez, impone un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores que manejan los seguros del gobierno.
Adams Vega, Acodese y el Departamento de Hacienda han sostenido que gravar la comisión que reciben los corredores con un cargo de 5% causará un alza en la prima de los seguros que cada año adquiere el gobierno, las cuales incluyen, entre otras, cubiertas contra daños catastróficos para propiedades y responsabilidad pública.
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