Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre una decisión del juez Anthony Cuevas relacionada con los proyectos de energía renovable en tierras agrícolas. También conversamos sobre una controversia judicial en Ponce que involucra condominios. Además, dialogamos con Carlos Flores sobre una declaraciones de Tata Cordero sobre los efectos adversos que los nuevos parámetros de calidad de leche tienen en los ganaderos.
Por Miguel Díaz Román
Los continuos decomisos de leche cruda en determinadas vaquerías que no cumplen con los nuevos parámetros de calidad establecidos de manera unilateral por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), los cuales exceden los requisitos de leche grado A que impone el gobierno federal, ha generado un gran descontento entre el sector de los ganaderos que amenaza con causar un cisma en la industria lechera.
El ex presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores, Luis “Tata” Cordero, se expresó alarmado por la cantidad de vaquerías afectadas por los decomisos de leche cruda debido a que no cumplen con los nuevos parámetros de calidad establecidos por la ORIL.
Cordero sostuvo que el objetivo de mejorar la calidad de la leche fresca no puede provocar la quiebra de determinados ganaderos, por lo que le solicitó una reunión urgente con el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, la cual se debería realizar en o antes del próximo lunes 6 de noviembre.
Además de secretario de Agricultura, González Beiró es el administrador interino de la ORIL desde el mes de septiembre de 2022, cuando el entonces administrador, Javier Lugo Rullán, dimitió al cargo sin ofrecer una explicación para su decisión.
“Yo estoy preocupado porque el propósito de mejorar la leche no debe perjudicar hasta 30 ganaderos. Estoy preocupado porque están botando leche grado A y eso de botar leche una semana y la otra semana también puede llevar a la quiebra a cualquiera. Y si te botan la leche y no tienes ingresos ¿con qué vas a pagar?”, sostuvo Cordero, quien dijo que ha salido de su retiro para abogar por las vaquerías afectadas, las cuales no identificó.
Sostuvo que su intervención pretende alcanzar un acuerdo con González Beiró para que la leche que no cumpla con los nuevos parámetros sea canalizada por la ORIL hacia la elaboración de otros productos lácteos como leche UHT, queso o mantequilla en la planta de balance Indulac.
ORIL decomisa leche apta para consumo
Cordero dijo que el objetivo de su gestión es garantizar que los ganaderos afectados por las decisiones de la ORIL obtengan un ingreso por la leche decomisada.
Explicó que la leche que no cumple con los nuevos parámetros de la ORIL es apta para consumo porque satisface a cabalidad los requerimientos establecidos por el gobierno federal para la leche grado A.
“Están botando leche que cumple y más con los requisitos de leche grado A. Aquí (en Puerto Rico) la leche es de calidad, nunca habíamos imaginado que tendríamos una leche de tanta calidad. Los problemas de la leche son por mal manejo y por neveras defectuosas”, dijo Cordero.
Cordero añadió que, aunque está retirado, aún es propietario de una vaquería con la que ha podido constatar los altos costos que conlleva el cumplimiento con los nuevos parámetros establecidos por la ORIL.
“Lograr que no te boten la leche cuesta un dineral. Todos esos detergentes de limpieza, desinfectantes para las vacas te cuestan mucho dinero porque hay que hacer la limpieza todos los días. Y las pruebas de leche por cada vaca, pueden costar entre $8 y $10. Y también tienes la prueba de laboratorio para el tanque. Y si tienes que sacar vacas de la línea de ordeño porque están altas en células somáticas tienes que botar esa leche y si tienes esas vacas fuera de la línea de ordeño 10 y 12 días eso te cuesta mucho porque es leche que tienes que botar, pero tienes que alimentar esas vacas y darle medicinas. Esto es más complicado de lo que perece”, dijo Cordero.
Ganaderos podrían acudir a los tribunales
Los elevados niveles de células somáticas indican la presencia de una infección bacteriana en la glándula mamaria de la vaca, lo que disminuye la calidad de la leche.
El ex presidente del sector de la leche de la Asociación de Agricultores indicó que la situación de los ganaderos se agrava como resultado de los altos costos del combustible, de la energía eléctrica y otros productos que son necesarios para la producción de leche.
También señaló que su vaquería no ha sido afectada por el decomiso de leche y advirtió que será decisión de los ganaderos afectados acudir a los tribunales si él no logra un acuerdo favorable con González Beiró.
Los nuevos parámetros inicialmente se establecieron en 2016 por medio de enmiendas al llamado reglamento 5 de Calidad de Leche de la ORIL, los cuales buscaban bajar los niveles de bacterias y de las células somáticas en la leche, con el fin de equipararlos lo más posible a los niveles adoptados en diversos estados de los Estados Unidos.
En duda si nuevos parámetros aumentan consumo
En 2020 el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, se opuso a la puesta en vigor de las enmiendas al reglamento 5 aprobadas en 2016, porque podrían ser perjudiciales a los ganaderos. La orden de Flores Ortega fue rechazada por el Sector de Leche de la Asociación de Agricultores, mientras que el entonces administrador de la ORIL, Jorge Campos, quien tenía el apoyo de la Fortaleza, no acató la decisión de Flores Ortega. Campos es el actual subsecretario de Agricultura.
Finalmente, el pasado 18 de julio entró en vigencia nuevas enmiendas al reglamento 5 patrocinadas por González Beiró, la cuales requieren bajar más los niveles de bacterias y de las células somáticas, y, entre otras disposiciones, establece un calendario en tres fases para elevar el nivel de grasa en la leche de 3 % a 3.25 % en marzo de 2025.
No obstante, Cordero se manifestó a favor de los nuevos parámetros establecidos por la ORIL porque, según dijo, es una tendencia instaurada en Europa, en Suramérica y en numerosos estados en los Estados Unidos que tiene una fuerte industria lechera, con el fin de aumentar el consumo e impedir las importaciones de leche desde otros estados.
ORIL sin estudio
Indicó que en la medida que bajen los contajes de bacterias y células somáticas, aumenta la calidad de la leche lo que eleva la vida útil del producto y favorece un mayor consumo y se impide la importación de leche.
Este periodista preguntó si la ORIL había realizado un estudio para determinar si los nuevos parámetros provocarían un alza en el consumo en el mercado local y Cordero dijo que “supongo que ese estudio lo hay”. El ganadero insistió que en la medida que se garantice un producto de calidad habría un aumento en el consumo.
La iniciativa de aumentar los parámetros de calidad de la leche avalada por la ORIL no fue producto de un mandato legislativo y, según fuentes de SN, la entidad reglamentadora no cuenta con un estudio que valide la premisa de que aumentar la calidad de la leche más allá de los requisitos federales para la leche grado A, redundará en un alza en el consumo.
Baja el consumo de leche
La fuente agregó que la iniciativa en realidad surgió en la Cooperativa de Productores de Leche y en el Sector de Leche de la Asociación de Agricultores, la cual ha sido denominada Ruta 2024, cuyo objetivo es producir leche de calidad superior a través de propiciar que el ganado consuma pasto todo el año.
En los Estados Unidos la llamada leche “grass feed” o producida por ganado alimentado con pasto, es favorecida por un sector de los consumidores que patrocina los productos orgánicos o de origen natural.
La industria lechera local ha experimentado una baja en el consumo debido a múltiples factores como la baja tasa de natalidad -los principales consumidores de leche son los niños-, el éxodo de ciudadanos a los Estados Unidos y la férrea competencia de otros productos de origen vegetal como la leche de almendra y de soya.
Por su parte, el ganadero Carlos Benítez indicó que todos los decomisos de leche realizados por la ORIL antes del 18 de julio a causa del incumplimiento con los nuevos parámetros son ilegales.
“Todo lo que se hizo antes del 18 de julio es ilegal porque el reglamento 5 no contemplaba el decomiso de leche de la manera como se ha venido haciendo. El reglamento 5 en la versión anterior te deban más oportunidad para resolver el problema si en la muestra de leche salía que estabas alto en bacterias y células somáticas. Pero en la nueva versión del reglamento 5 aprobado el 18 de julio con tan solo la muestra del chofer del camión te pueden decomisar la leche”, dijo Benítez, quien ha sido un opositor de los nuevos parámetros.
A la vista más quiebras
El ganadero sostuvo que luego de que la ORIL aprobó las enmiendas al reglamento 5 y de que el Departamento de Estado avaló su promulgación el 18 de julio, “a los productores de leche no les queda más remedio que atemperarse a los nuevos parámetros y eso tendrá consecuencias”.
“Yo no he visto un aumento en el consumo con los nuevos parámetros y no se hecho una campaña para que el consumidor sepa de los nuevos parámetros de calidad. Yo lo que he visto es que los consumidores siguen comprando la leche porque es grado A”, dijo Benítez.
Indicó que en la medida que no se efectúe el estudio económico exhaustivo de la industria lechera para determinar si es necesario aumentar el precio de la leche cruda, los ingresos de los ganaderos no serán suficientes para superar los elevados costos de producción en Puerto Rico, lo que provocará un incremento en las quiebras de vaquerías.
En los pasados años más de 35 vaquerías han optado por acogerse a la quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras en San Juan debido a las dificultades para lidiar con los elevados costos de producción.
Por Miguel Díaz Román
La Cámara de Representantes se dispone a considerar una medida que altera la definición de accidente del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) para permitir que se reclamen los daños causados por aquellos eventos accidentales que acontecen mientras ambos autos están estacionados.
La propuesta del Proyecto del Senado 1009, presentado por el senador José Vargas Vidot, permitirá que se reclamen al SRO los llamados accidentes “puerta con puerta” que, por lo general, acontecen mientras ambos autos están estacionados o detenidos.
La medida fue aprobada en el Senado sin determinar los posibles escenarios accidentales que podrían ocurrir mientras los autos están detenidos, sin estimar el efecto financiero que ese nuevo riesgo asegurable causará en la capacidad financiera de las ocho aseguradoras que venden el SRO y mucho menos sin decidir si será necesario aumentar la prima.
Incluso, la medida fue aprobada sin evaluar si los cambios propuestos podrían constituir una invitación al fraude y sin que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), que diseñó y estableció el SRO en 1995, se expresara sobre la medida.
De hecho, antes de su aprobación en el Senado la medida no fue enmendada para realizar un estudio actuarial como requirió la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), que administra el SRO, y la Asociación de Compañías de Seguros, (ACODESE).
El estudio actuarial es el mecanismo para determinar el costo financiero de un riesgo asegurable y si es necesario ajustar la prima para garantizar el pago de las reclamaciones sin afectar la solvencia del asegurador.
La representante Estrella Martínez, quien preside la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes, dijo que estaba evaluando la medida para determinar cuándo se verá en vistas públicas.
No será requisito que los autos estén en movimiento
El PS 1009 propone introducir en la Ley 253 de 1995 o Ley de SRO, una definición de lo que, para efectos de esa ley, es un accidente de tránsito, debido a que el estatuto carece de esa definición desde su aprobación.
Fundamentalmente, la definición sugerida por la medida establece como elemento nuevo “que no será requisito que uno, ambos o varios de los vehículos involucrados en un accidente estén en movimiento”.
La definición de accidente vigente en el SRO, la cual fue definida a través del reglamento y es la definición que figura en la póliza, indica: “accidente de tránsito se refiere a un accidente entre vehículos de motor en el que por lo menos uno de los vehículos de motor envueltos está en movimiento”.
En otras palabras, la definición que propone el PS 1009 permite que se reclamen aquellos daños causados a un vehículo por otro auto, mientras ambos se encuentran estacionados. La medida presupone que al menos uno de los vehículos están asegurados por el SRO. La medida no describe los diversos escenarios en que un auto podría sufrir daños a consecuencia de un accidente mientras ambos se encuentran estacionados.
El PS 1009 fue radicado por Vargas Vidot por petición, lo que implica que alguna persona o una entidad se acercó al senador para denunciar la situación que la medida pretende atender.
A pesar de que se solicitó una entrevista con Vargas Vidot para conocer quién o quiénes solicitaron la radicación del PS 1009, el senador no estuvo disponible. Un asesor del senador se negó a revelar el nombre de la parte peticionaria.
Medida para los accidentes “puerta con puerta”
No obstante, de la exposición de motivos de la medida se desprende que la ausencia de una definición de accidente en la ley 253 provoca que “todos los días” sean denegadas reclamaciones en el SRO por aquellos eventos accidentales que no se ajustan a la definición de “accidente de tránsito” que contiene la póliza.
La exposición de motivos argumenta que “se ha constatado cómo se deniegan reclamaciones de accidentes puerta con puerta porque solo es accidente cuando al menos un vehículo se encontraba en movimiento”.
De la exposición de motivos no se puede colegir cuál es el interés público que el PS 1009 pretende proteger, más allá de que se puedan reclamar los daños causados por los accidentes puerta con puerta mientras los autos se encuentren estacionados, los cuales pueden afectar la pintura de un auto o su carrocería.
Senadores no conocen el SRO
El PS 1009 contiene otros problemas causados quizás por la ignorancia del senador Vargas Vidot y del presidente del Senado, José Luis Dalmau, sobre cómo funciona el SRO. Dalmau presidió la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado, que en septiembre de 2023 emitió un informe a favor del PS 1009.
En el informe se hace un desglose de información financiera de la ASC, incluyendo ingresos y las declaraciones de dividendos en los pasados años. Según el informe, para 2021 los ingresos de la ASC por primas suscritas aumentaron a $72 millones, con un ingreso neto de $16.7 millones y se declararon dividendos a los accionistas por casi $3.5 millones. Además, según el informe, la entidad tuvo ingresos por inversiones ascendentes a $45 millones.
Luego el informe concluye que no es necesario aumentar la prima del SRO porque la entidad posee los recursos económicos para afrontar el aumento en reclamaciones que genere la nueva definición.
Conclusión sin evidencia
El informe hace esta extraordinaria conclusión sin contar con los resultados de un informe actuarial y sin apenas tener un estimado preliminar del posible valor económico de las reclamaciones que podría generar la nueva definición.
La realidad es que, aunque la ASC es el administrador del SRO, también es un asegurador más que compite contra siete aseguradoras que venden el SRO. Por lo tanto, la recomendación para no aumentar la prima del SRO que realizó la Comisión de los Jurídico del Senado se basó en la información financiera de uno de las aseguradoras y no en la información individualizada de las ocho aseguradoras que venden la póliza.
De hecho, la licenciada Lorelli Navarro Martínez, quien es la directora de administración del ASC, sostuvo que la Comisión cometió un error al basar su informe sobre el PS 1009 “únicamente en la información y datos financieros provistos por ASC, los cuales no necesariamente fueron interpretados de la manera correcta”.
Consideran solo las finanzas de la ASC
“La información y datos financieros suplidos por ASC no incluyen información de otros aseguradores. Para realizar un análisis completo y correcto, la Comisión debió requerir a los demás aseguradores que suscriben el seguro obligatorio la información financiera y los datos que solicitó a ASC y evaluarlos antes de llegar a una conclusión, con el fin de tener información sobre la realidad del mercado y no de un solo asegurador”, dijo Navarro Martínez.
La ejecutiva sostuvo que la determinación sobre el PS 1009 no puede estar basada únicamente en conclusiones a las que llegue la Legislatura sobre la capacidad de ASC de asumir riesgos adicionales en la póliza del SRO.
“Consideramos imprescindible que la Legislatura considere los datos de todos los aseguradores para que se tome en consideración la condición total del mercado, así como el impacto de la inclusión de riesgos adicionales en la póliza del seguro obligatorio. Ello es así ya que, de haber cambios en cualquier asunto relacionado al seguro obligatorio, se aplicará a todos los aseguradores que ofrecen esta póliza”, indicó Navarro Martínez.
Costos imprevistos
No obstante, los posibles escenarios que podrían constituir reclamaciones, según la nueva definición, pueden generar sorpresas sobre el costo para el SRO y para las aseguradoras que lo venden.
Un riesgo que podría cobijar la nueva definición que propone el PS 1009, según indicó el asesor del senador Vargas Vidot, es la explosión accidental de las baterías de los autos eléctricos, mientras ese tipo de vehículo se encuentre detenido en un estacionamiento. En octubre de 2020, la empresa Tesla retiró del mercado más de 30,000 vehículos de los modelos S y X debido a problemas con las baterías que podrían provocar explosiones e incendios.
Este periodista entrevistó al dueño de una conocida empresa que ofrece los servicios de hojalatería y pintura, quien indicó que los golpes a la pintura en los accidentes “puerta con puerta” pueden ser más costosos de lo que parecen debido a que se recomienda pintar la totalidad de puerta y no el área afectada.
El hojalatero sostuvo que pintar solo la parte afectada puede acentuar los matices entre la pintura original, afectada por el sol y el tiempo, y la nueva capa. “Recomendamos pintar toda la puerta, aunque cueste más caro para que el cliente quede contento con el color. Ya nos ha pasado que los clientes se quejan cuando solo pintábamos el área afectada”, dijo el hojalatero.
Los costos podrían ascender a más de $900 por reclamación y podría aumentar de acuerdo con el modelo de auto afectado, marca y año de fabricación.
Medida causará dificultades
La propuesta definición de accidente del PS 1009 puede causar dificultades adicionales según indicó la directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraelia Pernas, quien planteó que podrían surgir problemas para adjudicar responsabilidad ante la realidad de que los accidentes “puerta con puerta” suelen ocurrir cuando ambos autos están detenidos.
“Se puede dificultar la determinación de responsabilidad ya que nadie estaba manejando ninguno de los vehículos en la vía pública. Sin determinación de responsabilidad es imposible establecer responsabilidad en seguros de responsabilidad pública como lo es el caso del SRO”, dijo Pernas.
Agregó que la determinación de responsabilidad en el SRO se realiza por medio de unos diagramas que ilustran, de forma sencilla, las instancias en que ocurren los accidentes en las vías públicas. Los diagramas, conocido como sistema de Sistema de Determinación Inicial, tienen el objetivo de adjudicar responsabilidad rápidamente.
Pernas sostuvo que al introducir aquellos accidentes que ocurran mientras los vehículos están detenidos significa una alteración al Sistema de Determinación Inicial establecido por la OCS, el cual fue diseñado para excluir los accidentes que ocurren cuando uno de los vehículos no está en movimiento.
La directora ejecutiva de ACODESE explicó que el Sistema de Determinación Inicial surge de la regla 71 de la OCS, la cual dispone que, si los diagramas no son capaces de cobijar determinado accidente, se aplicará el artículo 4 de esa regla, el cual requiere uno de los vehículos debe estar en movimiento.
“Con esta enmienda se estaría impactando el propio proceso mediante el cual se resuelven las reclamaciones al SRO, teniendo un impacto operacional significativo también para las aseguradoras que suscriben dicho seguro”, sostuvo Pernas.
El límite de cubierta del SRO asciende a $4,500 mientras el costo de la prima anual es de $99.00 para vehículos de uso privado y de $148 para los vehículos comerciales.
Por Miguel Díaz Román
El juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó una petición de mandamus para que se le ordenara al gobierno no aprobar proyectos de energía renovable en reservas agrícolas, debido a que el Tribunal carece de jurisdicción y “expertise” para tomar decisiones sobre la política pública del sistema energético del país.
El juez Cuevas concluyó que la jurisdicción primaria y exclusiva sobre los asuntos relacionados con la política pública del sistema enérgico la tiene el Negociado de Energía (NE).
“Los demandantes nos solicitan que entremos a determinar sobre un asunto que la ley ha establecido que el NE tiene jurisdicción primaria y exclusiva. El análisis sobre si procede o no que no se establezcan los proyectos industriales de energía renovable en la Reserva Especial Agrícola son exactamente las controversias que el legislador se refería cuando estableció, en el artículo 6.4, la jurisdicción exclusiva sobre el incumplimiento con la política pública energética del gobierno”, dijo Cuevas en su decisión.
“Los Demandantes le solicitan a este Tribunal que sobreponga su opinión sobre el expertise de la entidad designada por ley para tomar las decisiones sobre la política pública del sistema enérgico. Al tratarse de un asunto jurisdiccional y de un recurso altamente discrecional, entendemos que procede desestimar la acción presentada para que estos procedan por el trámite administrativo ante el Negociado de Energía”, concluyó el juez.
Mandamus no era el recurso adecuado
El juez también determinó que el recurso de mandamus radicado ante ese tribunal por seis organizaciones con preocupaciones ambientales y agrícolas, no era el adecuado porque aún no se ha agotado el proceso administrativo ante el NE, que es la entidad con el poder jurisdiccional para atender los incumplimientos del gobierno con la política pública energética.
“Aun si la Asamblea Legislativa no hubiese sido clara en cuanto a la jurisdicción, no procedería que emitamos el mandamus, puesto que existe un recurso adecuado en ley, en el proceso administrativo que ya hemos establecido. El Código de Enjuiciamiento Civil es claro en cuanto a que no procede que se emita un mandamus si existe un recurso adecuado en ley, lo cual es el caso en la presente controversia. Recordamos que la misma ley establece que de las determinaciones finales del NE se procede según lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, por lo que estos pudieran acudir ante el Tribunal de Apelaciones para la revisión de la determinación administrativa de entenderse que la actuación ha sido contraria a la ley”, indicó el juez.
La licenciada Ruth Santiago, que integra el equipo legal de los demandantes, dijo que aún no se había tomado una decisión ante el fallo adverso del juez Cuevas. Los demandantes podrían recurrir la decisión del juez Cuevas en el Tribunal Apelativo.
La decisión del juez Cuevas, emitida el pasado 25 de octubre, representa una victoria para la administración del gobernador Pedro Pierluisi, cuyos abogados habían solicitado la desestimación de la petición de mandamus por falta de jurisdicción del tribunal en la materia, por falta de legitimación activa y porque aún la controversia no estaba madura debido a que aún el gobierno no había incumplió su deber ministerial.
Los abogados del gobierno solicitaron la desestimación de la petición de mandamus debido a que el Reglamento Conjunto de 2023, que ordena el proceso para conceder permisos de construcción, avala la ubicación de unos 18 proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas.
Gobierno solicitó la desestimación
Los abogados de la administración Pierluisi alegaron que procede la desestimación porque los 18 proyectos fueron debidamente aprobados como resultado de la política pública establecida por el gobierno, que ordena impulsar la energía renovable para reducir el costo de la energía eléctrica a los puertorriqueños. La mayoría de los proyectos producirán energía eléctrica por medio de paneles solares.
Los abogados del gobierno habían sostenido ante el juez Cueva que la reglamentación vigente permite la ubicación de los proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas y que tales iniciativas no atentan contra la capacidad productiva de los terrenos y pueden coexistir en armonía con la actividad agrícola.
Pierluisi visita Salinas
De hecho, la Fortaleza anunció que durante la mañana de hoy el gobernador Pierluisi visitaría una finca solar en Salinas para anunciar un acuerdo colaborativo para combinar las actividades agrícolas con los proyectos de energía renovable.
Fuentes de SN indicaron que el gobernador habría sido recibido en Salinas con una amplia protesta integrada por residentes de varias comunidades, quienes alegan que sufrirán inundaciones como resultado de la ubicación de los paneles solares.
Uno de esos proyectos se establecerá en un predio de terreno en Salinas que pertenece a una empresa en la que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, es accionista y su hijo, Ramón González Bernazar, es vicepresidente.
En su decisión el juez Cuevas no entró a dirimir los planteamientos sustantivos de los abogados de los demandantes, quienes habían alegado que la reglamentación vigente de la política energética establece que antes de afectar terrenos agrícolas los proyectos de energía renovable se deben ubicar en terrenos previamente contaminados, vertederos en desuso, estacionamientos, en los techos de las casas o de otras estructuras.
Desarrollo Económico no cumplió
Los demandantes también señalaron que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no cumplió su deber de presentar un informe que identifique los lugares aptos para proyectos de energía renovable, lo que impidió que el NE pudiera considerar esas recomendaciones antes de aprobar los proyectos.
Los demandantes sostuvieron que la aprobación de los proyectos violaría las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico y las leyes de política pública energética, agrícola, ambiental y de cambio climático.
Las organizaciones demandantes son Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc., Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., Comité Diálogo Ambiental Inc., Puente de Williamsburg Inc, Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc.
Según la demanda, el NE aprobó de manera ilegal una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos protegidos porque están clasificados como Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido que, de acuerdo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico.
La demanda sostiene que el NE estaría considerando unos 80 proyectos industriales adicionales, sin antes identificar los lugares aptos conforme a la ley, sin considerar la ubicación, sin contar con las conclusiones que debe someter el DEC, y sin excluir los terrenos de la Reserva Especial Agrícola”.
Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre una serie de proyectos de ley relacionados con la salud, los cuales se espera sean aprobados en la presente sesión legislativa. Hablaremos con la doctora Norma Devarie, quien preside la Coalición Nueva Visión de Salud. También conversamos con el presidente del Colegio de Agrónomos, Mariano Ramis, sobre una investigación relacionada con las actuaciones del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró. Además, abordamos la compraventa de un terreno por una empresa vinculada a González Beiró. La transacción había sido advertida en una declaración jurada.
Otro tema que tocaremos es el contenido de dos estudios, uno sobre seguridad alimentaria, y otro sobre los efectos económicos de las actividades culturales y deportivas. Este tema lo abordamos con el economista José Alameda.
Por Miguel Díaz Román
Tal como denunció una declaración jurada, el terreno cuya venta fue intervenida indebidamente por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, finalmente fue adquirida por una empresa en la que secretario en accionista, su hijo, Ramón González Bennazar, es vicepresidente, y el socio de negocios del funcionario, el acaudalado ganadero y empresario, Michael McCloskey, figura como presidente.
La transacción representa una confirmación de los argumentos realizados por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio, en una declaración jurada el notarizada por licenciado, Cristian A Santiago Montalvo, el 17 de julio de 2023 en el pueblo de Guayama.
Según la declaración jurada, la intervención indebida del secretario ocurrió entre el pasado 7 y 10 de junio y tuvo como objetivo garantizar que la finca Besosa, ubicada en el barrio Pozo Hondo en Guayama, se le vendiera al socio de negocios del secretario, el ganadero Michael McCloskey.
La finca Besosa pertenece a Josué Rivera Padilla, quien es el propietario del complejo de ocio y entretenimiento conocido como Terra Campestre, y que está ubicado en Guaynabo.
De acuerdo con el inventario de los bienes inmuebles del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), conocido como el catastro, la transacción de compraventa de la finca Besosa fue realizada el pasado 1 de septiembre del 2023 a las 12:00 del mediodía por la cantidad de $1.6 millones.
La corporación vendedora fue SMC Agricultural Development Inc., y la parte compradora fue la empresa FB405 LLC, que fue registrada el 30 de junio de 2023. La empresa SMC Agricultural Development Inc, es presidida por Silva Marti, que es la esposa de Rivera Padilla.
Según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, el agente residente de la empresa FB405 LLC es la corporación es Agriart LLC, en la que González Beiró en accionista, Mike McClosky es presidente, Manuel Pérez Díaz, es tesorero y el vicepresidente lo es Ramón González Bennazar, quien es hijo del secretario.
Según el catastro del CRIM, la Finca Besosa es identificada como la parcela 418-000-005-04, ubicada en el barrio Pozo Hondo en Guayama. La finca tiene una cabida de 1,591,414.91 metros cuadrados.
Finca permitiría ampliar parque de paneles solares
Agriart LLC es propietaria de 1,843.9 cuerdas de terreno distribuidas en 12 fincas ubicadas entre Salinas y Guayama. Una porción significativa de los terrenos ubicados en Guayama, fueron alquilados por Agriart LLC a la empresa Clean Flexible Energy, que se propone construir en el predio un parque de placas fotovoltaicas.
Clean Flexible Energy pertenece a la cogeneradora AES ubicada en Guayama.
Según una fuente, la adquisición de la finca Besosa permitiría a Agriart LLC alquilar el predio a Clean Flexible Energy para que la empresa pudiera ampliar la capacidad para producir electricidad del parque de placas fotovoltaicas de 120 megavatios a 200 megavatios.
De la declaración jurada se desprende que el agente de bienes raíces Pérez Ocasio representaba al empresario y ex convicto federal Jaime Serrano Cardona, quien había mostrado interés en adquirir la finca Besosa.
Cambia de rumbo venta de terreno
Aproximadamente, el 2 de junio del 2023, Rivera Padilla llamó por teléfono a Pérez Ocasio para señalar que el precio final por la finca sería $1,600,000.00.
El agente de bienes raíces explica en la declaración jurada que informó a Serrano Cardona sobre la oferta final de Rivera Padilla. El 7 de junio de 2023, según narra Pérez Ocasio, Serrano Cardona aceptó la oferta final.
El 10 de junio de 2023, Pérez Ocasio llamó a Rivera Padilla para “verificar su respuesta a la aceptación del Sr. Cardona”. Es en esa llamada que Rivera Padilla notificó que no venderá la finca Besosa a Serrano Cardona, sino al secretario González Beiró.
“En esta llamada el Sr. Rivera (Rivera Padilla) me notificó que ya se había comprometido con el secretario de agricultura, conocido como Pirul González, por ser su amigo de toda la vida, y, además, porque tenía otros negocios con él, y también, porque iba a recibir unos incentivos en sus negocios”, sostiene la declaración jurada.
Además, el documento alega que Rivera Padilla “se percató de lo que me había dicho, y trató de aclarar, enfatizando que quien compraría no era el secretario de agricultura. Ante esta aclaración, le dije que se quedara tranquilo, que yo sabía que el secretario iba a comprar a través de McCloskey”.
La finca tiene comprador
La declaración jurada indica que el 12 de junio del 2023 y por medio de un mensaje de voz (voicemail) Serrano Cardona le informó a Pérez Ocasio “que se reunió con el grupo de McCloskey, y le informaron que ya ellos no iban a comprar porque le podía costar el trabajo al secretario”.
Pérez Ocasio también aclara en el documento que Rivera Padilla “nunca me refutó lo antes dicho”.
Según se desprende de la declaración jurada, Pérez Ocasio insistió ante Rivera Padilla para que vendiera la finca a Serrano Cardona, luego de que, alegadamente, el grupo de McCloskey había desistido en su intento de comprar la finca. Según narra el documento, Rivera Padilla no ofreció una respuesta a la petición de Pérez Ocasio.
El 26 de junio del 2023. Y a petición de Pérez Ocasio, el licenciado Owen R. Collazo Leandry, se comunicó con Rivera Padilla a través de un mensaje de texto, para conocer su decisión en relación con la finca Besosa. «Ya la finca fue opcionada por otro comprador», fue la contestación de Rivera Padilla a Collazo Leandry, según sostiene la declaración jurada.
En entrevista con este periodista, Rivera Padilla negó que González Beiró le hubiera ofrecido incentivos agrícolas para que se inclinara a vender la finca Besosa a la empresa Agriart LLC. “!Qué incentivos!, yo no he recibido un bellón del Departamento de Agricultura!”, dijo Rivera Padilla.
También sostuvo que con la declaración jurada Pérez Ocasio pretendía “hacer daño”.
Rivera Padilla indicó que la oferta realizada por Serrano Cardona “no era razonable”. “La persona estaba pidiendo una cantidad de dinero y esa cantidad no era razonable. Yo, mucho antes de que él llegara, ya había tenido conversaciones con otra persona para comprar la finca”, dijo el empresario.
El secretario es amigo mío
Agregó que la finca Besosa será vendida a la empresa Agriart LLC, “que tiene una finca pegada a la mía”. Explicó que ya existe un compromiso de Agriart LLC para comprar el terreno, pero aún no se han realizado desembolsos de dinero.
“El secretario es amigo mío de toda la vida, desde los catorce años. Yo me crié con él en Salinas desde los catorce años. Y esa finca era de su familia, de su tío. Toda la vida esa finca ha sido de su familia. Yo se la compré y ahora se la quiero vender a ellos. Yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi finca”, dijo Rivera Padilla
Sostuvo que González Beiró nunca intervino para impedir que le vendiera la finca Serrano Cardona. Indicó que no negoció con González Beiró ni con McCloskey, sino con “otra persona de apellido Picó”.
“Yo salía mejor vendiéndole a esta gente porque no tenía un broker (intermediario). Estos son negocios y no hay más ná”, agregó.
González Beiró no ofreció una reacción sobre el comprometedor contenido de la declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Pérez Ocasio.
Actualmente la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) investiga las actuaciones de González Beiró relacionadas con la aprobación del proyecto de placas fotovoltaicas por el Departamento de Agricultura (DA) en los terrenos que pertenecen a Agriart LLC.
Por Miguel Díaz Román
La resistencia de las aseguradoras de salud a cumplir con la ley de pago puntual hasta el punto de que utilizan de manera temeraria los tribunales para dilatar por años el saldo de sus deudas con los proveedores de servicios médicos, son parte de las principales causas de la crisis financiera que experimentan los hospitales actualmente en Puerto Rico, según sostuvo el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.
Para detener el uso de los tribunales como mecanismo para dilatar el pago de reclamaciones adjudicadas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), Adams Vega propuso establecer por ley un “procedimiento especial” que obligue a las aseguradoras a pagar.
La ley 104 de 2002 o ley de Pago Puntual, establece los términos de tiempo para presentar y pagar una reclamación y exige que las reclamaciones sin controversia se paguen en 30 días.
El funcionario sostuvo que a pesar de las determinaciones realizadas por la OCS para que se paguen de manera rápida las reclamaciones presentadas por los proveedores de servicios de salud, las aseguradoras impugnan esas decisiones en los tribunales, lo que retrasa que los quejosos obtengan el beneficio del remedio obtenido en el proceso administrativo de esa oficina.
Incluso, Adams Vega señaló que las aseguradoras se valen de múltiples trámites judiciales, revisiones, reconsideraciones y otra avalancha de mociones “que pueden llegar hasta el mismo Tribunal Supremo” con fin de no pagar las reclamaciones de los proveedores de servicios de salud.
“Lamentablemente, el proceso adjudicativo y judicial es utilizado en muchas ocasiones por los aseguradores y organizaciones de servicios de salud para poner trabas y dilatar el efecto de una resolución emitida por nuestra oficina requiriendo el pago debido a los proveedores, acción que dilata por años el remedio que puede dar esta Oficina al proveedor”, dijo Adams Vega durante una vista pública celebrada ayer por la Comisión de Salud del Senado, que presidente el senador Rubén Soto Rivera.
Propone procedimiento especial
Con el fin de evitar que las aseguradoras utilicen los tribunales como mecanismo para dilatar el pago de reclamaciones adjudicadas por la OCS, Adams Vega propuso establecer por ley un “procedimiento especial” que obligue a estas empresas a pagar inmediatamente después que, a través del proceso administrativo, se haya emitido una decisión a favor del proveedor de servicios de salud.
El funcionario no especificó cómo operaría este “procedimiento especial”, cuáles serían las sanciones que podría enfrentar un asegurador si no cumple con la obligación de pagar la reclamación y cómo se concilia ese novel mecanismo con el derecho que tiene las aseguradoras de recurrir las decisiones administrativas en el Tribunal Apelativo.
Adams Vega sostuvo que el “procedimiento especial” se podría incluir como una enmienda en el Proyecto de la Cámara 1641, que propone establecer el mecanismo de negociación colectiva, que le permitirá a los proveedores de servicios de salud y los hospitales alcanzar acuerdos con las aseguradoras sobre el monto de las tarifas por servicios.
El funcionario agregó que las bajas tarifas que pagan las aseguradoras a los proveedores de salud, incluyendo los hospitales, es otro de los factores precipitantes de la crisis hospitalaria, la cual afecta la disponibilidad de servicios médicos en el país.
El senador Soto Rivera respaldó la enmienda y le garantizó a Adams Vega que el Proyecto 1641 será aprobado en el Senado.
De hecho, Adams Vega dijo que la OCS descubrió que la aseguradora Triple S mantenía un procedimiento interno ilegal de apelación de reclamaciones de pago que no está contemplado en la ley de pago puntual. El funcionario reveló que la OCS multó a la aseguradora y le ordenó desistir de ese procedimiento ilegal pero Triple S impugnó la decisión en el Tribunal Apelativo.
«Todavía esa determinación no es final y firme», dijo Adams Vega.
Ausentes las aseguradoras
Las contundentes expresiones de Adams Vega fueron realizadas en una vista pública que se caracterizó por la ausencia de todos sus miembros con excepción de su presidente, el senador Soto Rivera.
En varias ocasiones el senador cuestionó públicamente el compromiso de todos los senadores, al sostener que los 27 senadores se tienen que integrar a esta discusión por los problemas que enfrenta la ciudadanía asegurada ante las determinaciones de las aseguradoras, que según dijo, se niegan a pagar un determinado medicamento a garantizar un tratamiento recomendado por un médico.
De hecho, los senadores no fueron los únicos ausentes, sino que los representantes de varias aseguradoras no asistieron a la vista a pesar de que fueron citadas. “Serán citadas otra vez so pena de desacato”, dijo el senador.
La única aseguradora que estuvo representada en la vista fue Triple S, que durante su ponencia rechazó de manera categórica que incurra en atrasos en el pago de reclamaciones y destacó que el 9.5 de cada 10 reclamaciones es pagada en 30 días.
La licenciada Wildaly Serra, quien es asesora legal de Triples S, destacó los retos que enfrentan las aseguradoras de salud locales para proveer unas tarifas adecuadas a los proveedores de servicios de salud, debido a los limitados fondos federales que se reciben en Puerto Rico.
Indicó que para el plan Medicare Advantage, que ofrece un seguro de salud a los trabajadores que pagaron el Seguro Social – cuyos fondos provienen del programa Medicare – las tarifas son hasta 41 % más bajas que lo que se paga en otros estados. Para el plan Vital, cuyos fondos provienen del programa federal Medicaid, las tarifas de los proveedores son hasta un 61 % más bajas que las reconocidas en otros estados.
Normal la tasa de denegaciones
La abogada planteó que en el pago de reclamaciones Triple Se se rige por el marco regulatorio federal y las normas establecidas por las leyes locales. Sostuvo que para reconocer un alza en las tarifas de los proveedores era necesario aumentar las primas.
La vicepresidenta senior de tecnología y plan de administración de Triple-S, Carmen González, indicó que la denegación de reclamaciones en Triple S oscila entre 10% y 11.5% durante los últimos años. La ejecutiva indicó que esa tasa de denegación está dentro del punto de referencia de las aseguradoras en los Estados Unidos, que fluctúa entre 7% y 13%.
Las razones para esas denegaciones son servicios no cubiertos en la póliza, servicios no contratados, reclamaciones duplicadas, incumplimiento con políticas médicas o de pago establecidas por los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS), por la OCS o por la Administración de Seguros de Salud.
Precipitantes sociales de la salud
El senador Soto Rivera cuestionó que, como parte de la póliza de Medicare Advantage, las aseguradoraslos ofrecen pagar el corte de pelo de mascotas, la compra de alimentos y hasta las facturas de energía eléctrica, mientras niegan a determinados asegurados pagar algunos medicamientos o tratamientos médicos recetados.
La licenciada Serra indicó que tales ofrecimeintos responden al concepto «precipitantes sociales de la salud», patrocinado por los CMS, que consideran que la falta de una adecuada alimentación o la ansiedad que genera el estado de las mascotas o la posibilidad de una interrupción del servicio eléctrico por falta de pago, inciden en la salud de los asegurados jubilados.
Serra dijo que los fondos para esos beneficios adicionales de la póliza Medicare Advantage son financiados con parte de los fondos federales contemplados en la prima para servicios médicos.
Investigación en curso
En la vista pública trascendió que la OCS realiza actualmente una investigación sobre la supuesta negociación de deudas que se realiza entre funcionarios del gobierno y las aseguradoras de salud, por los servicios médicos ofrecidos en los hospitales gubernamentales ubicados en el Centro Médico de Río Piedras.
El senador Soto Rivera se mostró muy interesado en los resultados de esa investigación de la OCS y no descartó iniciar pesquisa a través de la Comisión de Salud. “¿Cómo es posible que se negocie una deuda de una aseguradora de apenas un año? Sí lo que hay que hacer es pagar esa deuda, no negociarla”, cuestionó el senador.
Comisionado pide acción legislativa
Adams Vega también reclamó acción legislativa para garantizar el poder de la OCS para regular la compra del equipo de protección personal (EPP) en las oficinas dentales. La OCS estableció tres años atrás una decisión para que las organizaciones de servicios de salud y aseguradoras cubrieran el costo del EPP y otros gastos relacionados en las oficinas dentales. Pero el pasado mes de septiembre el Tribunal de Apelaciones anuló la determinación luego de una impugnación presentada por la aseguradora Delta Dental.
Adams Vega también dijo en la vista pública que la OCS mantiene activa una auditoría en dos fases con el propósito de investigar las reclamaciones pendientes de pagos a los proveedores de servicios de salud, que incluye a los hospitales.
La Fase 1, cuyo resultado ya fue revelado por el Comisionado de Seguros en una entrevista en la prensa el pasado mes de agosto, está compuesta por seis aseguradores y organizaciones de servicios de salud. Según la auditoría, el total de reclamaciones pendientes de pago al 31 de julio de 2022, fue de $226.3 millones. De esta cantidad $101.9 millones eran reclamaciones pendientes de pagos a los hospitales. Adams Vega dijo que la totalidad del dinero ya fue pagado a los proveedores de salud.
Hospitales pierden $1,000 millones
Actualmente en la fase 2 se están auditando siete aseguradores y organizaciones de servicios de salud que al 31 de diciembre de 2022, tenían $16.3 millones en reclamaciones pendientes de pago, de los cuales $5.4 millones eran reclamaciones de hospitales. Hasta ahora la empresa Hima San Pablo y San Jorge Children ‘s and Women’s Hospital en San Juan se han acogido a la protección de la Ley federal de Quiebras. No obstante, existen otros hospitales, como el Hospital del Maestro, podrían tomar pasos similares.
En una ponencia escrita la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) sostuvo que las quiebras y las dificultades financieras de los hospitales no se puede atribuir a las aseguradoras.
Acodese planteó que durante la pandemia los hospitales experimentaron una reducción significativa de pacientes y las pérdidas fueron estimadas en más de $1,000 millones en ingresos. Además, la entidad mencionó los efectos de la inflación, la disparidad de fondos federales y el alza en las facturas de energía eléctrica como factores que han contribuido a la difícil situación del sector hospitalario.
Por Miguel Díaz Román
En medio de la creciente inflación experimentada este año, el costo anual de las pólizas del seguro de salud familiar para trabajadores que reciben una aportación de sus patronos, reflejó un aumento de 7 % en relación con el costo de las primas el año pasado, lo que implica que el costo promedio anual de las pólizas alcanzó los $23,968 este año, según concluyó una encuesta sobre los beneficios de salud respaldados por los patronos.
La encuesta, que obtuvo información de 2,100 empresas grandes y pequeñas en los Estados Unidos, ofrece una imagen detallada de las tendencias que afectan a los seguros de salud para los trabajadores.
La encuesta fue realizada por la organización Kaiser Family Foundation (FKK), que es una entidad independiente que realiza investigaciones, encuestas y artículos periodísticos sobre políticas y temas de salud.
Según la encuesta, el aumento de 7 % en el costo de las primas de las pólizas de salud para trabajadores es el más alto de los últimos 10 años, el cual ha ocurrido en momentos cuando el incremento promedio de la inflación en 2023 ascendió a 5.8 %.
Simultáneamente, los salarios solo han reflejado un alza de apenas 5.2 % este año, lo que permite obtener una perspectiva de la situación financiera real para el 2023 de los 153 millones de trabajadores estadounidenses que tienen una póliza de salud respaldada por sus patronos.
«El aumento de las primas de atención médica de los patronos ha vuelto a ser desagradable, un recordatorio de que, si bien la nación ha logrado grandes avances en la ampliación de la cobertura, la gente continúa luchando con las facturas médicas y, en general, la nación no tiene una estrategia sobre los costos de salud», Drew Atman, presidente y director ejecutivo de KFF.
Trabajadores pagan $500 más por sus pólizas
De hecho, la encuesta de FKK menciona que, en los últimos cinco años, el alza en los salarios fue de 27%, las primas aumentaron un 22%, mientras la inflación registró un aumento de 21%.
La encuesta también concluyó que este año los trabajadores aportaron en promedio $6,575 para completar el costo de la prima de su póliza de salud familiar, lo que representa casi $500 más que el pago que realizaron en 2022. Los patronos de los trabajadores pagan el resto de la prima.
Para las pólizas individuales, la prima anual promedio aumentó a $8,435, también un 7% más que el año pasado. Los trabajadores están pagando poco más de $1,400 de la prima individual, lo que representa $75 más que el año pasado.
“Tenemos un enorme aumento de primas este año. Simplemente no hay otra manera de solucionarlo. Hay muchos desafíos de asequibilidad para la cobertura de los patronos”, dijo Matthew Rae, coautor de la encuesta, a la cadena de noticias CNN.
Según la encuesta, es posible que se registren más aumentos en el futuro, por lo que el 23% de los patronos, una cuarta parte del universo total, sostienen que aumentarán las contribuciones de los trabajadores en los próximos dos años.
Trabajadores de empresas pequeñas pagan más
La encuesta también señala que los trabajadores de empresas con menos de 200 empleados aportaron, en promedio, casi $2,500 más a las primas de las pólizas de salud familiares, en relación con la aportación que realizan los trabajadores de las empresas más grandes.
La diferencia – $8,334 versus $5,889 – responde que las empresas más grandes tienen más empleados y pueden diluir el riesgo – el costo de la atención médica de aquellos trabajadores que se enfermen– entre una recaudación por concepto de prima sustancialmente mayor.
De hecho, una cuarta parte de los trabajadores de pequeñas empresas pagan al menos $12,000 al año en primas por la póliza de salud familiar. Para muchas pequeñas empresas es casi imposible absorber una cantidad significativa de los costos de las pólizas de salud familiar de sus empleados porque sencillamente sus márgenes de beneficio no se lo permiten.
Pólizas de salud como cebo
No obstante, las dificultades de reclutamiento de trabajadores que enfrentan las empresas, ha provocado que los patronos consideren a las pólizas de salud como una herramienta de retención de trabajadores y como un cebo para atraer nuevos candidatos y llenar las plazas vacantes.
La encuesta de KFF también arrojó que los deducibles se mantuvieron esencialmente estables este año, lo que puede reflejar las preocupaciones de los patronos sobre cuánto tienen que desembolsar los trabajadores cuando necesitan atención médica. El deducible anual promedio, según la encuesta, es de aproximadamente $1,735 entre los trabajadores.
El monto promedio del deducible ha aumentado un 10% en los últimos cinco años y un 53% en los últimos diez años. Los trabajadores de empresas pequeñas con menos de 200 trabajadores, enfrentan en promedio deducibles mucho mayores que los trabajadores de empresas más grandes. Según la encuesta, esa diferencia permite deducibles en promedio de hasta $2,434 en empresas pequeñas y $1,478 en empresas más grandes.
Modesta alza en deducibles
El modesto aumento de los deducibles puede reflejar las percepciones de los empleadores sobre la carga que supone el reparto de costos para los trabajadores. De acuerdo con la encuesta, el 58 % de los patronos – más de la mitad del universo total – entienden que sus trabajadores tienen un nivel moderado de preocupación en relación con el acceso a los servicios médicos por el costo del deducible.
«Los empleadores quieren seguir ofreciendo buenos beneficios para retener a las buenas personas», dijo Rae.
Otro elemento revelado por la encuesta es que las grandes empresas que posee sucursales en más de un estado pueden enfrentar desafíos para ofrecer una cubierta de aborto a sus trabajadores, después de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2022, que puso fin al derecho constitucional federal al aborto.
Medidas para lidiar con restricción al aborto
Varios estados han adoptado leyes que prohíben o restringen el acceso al aborto. Según la encuesta de KFF, una de cada 10 empresas con al menos 200 empleados dijo que la póliza más amplia que ofrecen a sus trabajadores no cubre los abortos legales. El 18% de las empresas indicó que sólo cubren el aborto en circunstancias limitadas, como violación, incesto o peligro para la salud o la vida.
Casi un tercio de las grandes empresas dijeron que cubren el aborto en la mayoría o en todas las circunstancias, mientras que el 40% dijo que no estaban seguros de su política de cobertura, posiblemente porque estaba cambiando o desconocían los detalles.
Después del fallo del Tribunal Supremo, varias empresas dijeron que ofrecerían asistencia financiera o un reembolso a las empleadas que tuvieran que viajar a otros estados para abortar. Alrededor del 7% de los grandes empleadores y el 19% de las empresas con al menos 5.000 trabajadores, ofrecen o planean ofrecer dicho beneficio.
Por Miguel Díaz Román
El sábado pasado se sirvieron filetes y langosta a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford durante la cena, dos alimentos reservados para fechas festivas o para momentos cuando la cúpula militar se prepara para anunciar malas noticias.
Mientras los marinos masticaban sus langostas y filetes el portaaviones se encontraba estacionado en las costas de Israel en el mar Mediterráneo, una ubicación que insufló tensión a la atmósfera interna del navío que ya estaba marcada por un estado de alerta.
Simultáneamente, ese sábado el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ordenó el envío a la región de más equipos antimisiles Thaad y Patriot, en respuesta al previsible incremento de la actividad militar contra Israel de parte de las milicias aliadas de Irán, los rebeldes Hutíes en Yemen y la milicia Hezbolá, en el Líbano, quienes amenazan con dispersar la guerra en toda la región.
Quizás los marinos de USS Gerald R. Ford, que es el portaaviones más grande del mundo, no estaban muy al tanto de que el gobierno de los Estados Unidos se está preparando para enfrentar una guerra en tres frentes como resultado directo del ataque que Israel ya comenzó en la franja de Gaza contra la milicia Hamás, que también es apoyada por Irán.
Incluso, en una entrevista realizada ayer domingo con la cadena televisiva NBC, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo con candidez que su gobierno anticipa la posibilidad de que el enfrentamiento entre Israel y Hamás se convierta en un conflicto regional.
“Estamos preocupados. De hecho, esperamos que exista la posibilidad de una escalada: una escalada por parte de representantes iraníes dirigida contra nuestras fuerzas, dirigida contra nuestro personal. Estamos tomando medidas para asegurarnos de que podamos defender eficazmente a nuestro pueblo y responder con decisión si es necesario», dijo Blinken.
“No queremos que se desarrolle un segundo o tercer frente. No queremos que nuestras fuerzas o nuestro personal sean atacados. Pero si eso sucede, estamos preparados para ello”, agregó el funcionario, en una respuesta que revela de manera sencilla que el conflicto entre Israel y Palestina transita una nueva etapa decisiva en la que se añade un nuevo y explosivo ingrediente, que es la participación militar directa de los Estados Unidos.
Mayor el conflicto si participa Estados Unidos
Esa participación tuvo un evento inaugural la semana pasada cuando el destructor estadounidense USS Carney, que navegaba por el Mar Rojo, derribó tres misiles de crucero y varios drones dirigidos hacia Israel y lanzados desde Yemén.
La participación de Estados Unidos imparte al conflicto una envergadura de proporciones sin precedentes, cuyas repercusiones históricas dependen de los eventos que ocurran en las próximas semanas o meses.
Lo cierto es que las graves hostilidades militares entre Israel y Hamás acontecen en momentos cuando los soldados estadounidenses en Irak y Siria han enfrentado ataques cada vez más persistentes de parte de milicias apoyadas por Irán. Además, subyace la polémica por el programa nuclear iraní, una iniciativa que enfrenta la oposición sin atenuantes tanto de Israel como de Estados Unidos.
Desde el pasado 7 de octubre, cuando la milicia Hamás acometió un cruento ataque en Israel que ha dejado cerca de 1,400 víctimas, aviones israelíes han atacado varios aeropuertos ubicados en Siria, los cuales son utilizados por Irán para enviar armas a las milicias que respalda. Además, el Pentágono ya envió 2,000 infantes de marina a la región, y ordenó que 2,000 soldados adicionales estén preparados para su despliegue en la zona.
Además del portaaviones USS Gerald R. Ford, el Pentágono envió a la región el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower. En una entrevista del domingo, Blinken dijo que el despliegue de fuerzas militares estadounidenses responde a la posibilidad de que Irán, a través de las milicias aliadas, planifique intensificar la guerra en Gaza.
Irán amenaza
Una amenaza que el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, advirtió luego de que Israel comenzó atacar con misiles estructuras relacionadas con Hamás en Gaza. El ministro sostuvo que cada vez es menos probable un arreglo político de la situación en Gaza, y admitió la posibilidad de que Teherán incurra en una «acción preventiva» contra Israel.
¿Puede el conflicto de Gaza desencadenar un enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán?
Según el diario Euronews, los expertos concuerdan en que Irán mantiene estrechos vínculos con Hamás.
«Irán es uno de los patrocinadores de Hamás desde hace mucho tiempo. Es uno de los principales ayudantes del grupo en términos de organización de entrenamiento y logística, contrabando de armas. En cuanto al ataque contra Israel, hay puntos que plantean la cuestión de si Irán estuvo directamente implicado en su preparación. Un ejemplo: la infiltración de militantes en territorio israelí. No se puede aprender a pilotar parapentes en los túneles de Gaza o en una zona vigilada por el ejército israelí. Practicaron y desarrollaron estas habilidades en otro lugar», señala Sarah Bazubandi, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales.
Promotor de conflictos
Según Bazubandi, Irán no participará directamente en la guerra, pero incitará a las organizaciones que apoya para participar activamente en las hostilidades.
«Irán es un maestro en crear y dirigir guerras por poderes. Invierten financiera, militar y tecnológicamente en el desarrollo del llamado «eje de resistencia» en la región. La razón de invertir en su creación y expansión es que Irán lleva intentando evitar la confrontación directa con nadie desde el final de la guerra entre Irán e Irak. En sus declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores iraní menciona precisamente la ‘reacción del eje de resistencia'», señaló Bazubandi.
El llamado “eje de resistencia” está integrado por Hamás, por el movimiento chií Hezbolá en Líbano, la Yihad Islámica que opera en Gaza y en Siria. La visión unitaria de estas organizaciones es destruir a Israel y detener la influencia estadounidense en el Medio Oriente. Todas son apoyadas activamente por Irán.
«El principal riesgo es que Irán pueda empujar a sus aliados en Líbano, en particular Hezbolá, a abrir un nuevo frente contra Israel en el norte», señala Ali Vaez, director del programa sobre Irán del International Crisis Group.
Los combatientes de Hezbolá están mejor armados y entrenados que los de Hamás, según Barbara Slavin, responsable del programa sobre Oriente Próximo del Centro Stimson de Washington.
Disponen de un arsenal de 150,000 cohetes que pueden utilizar contra las principales ciudades israelíes. Creo que esto es un indicador alarmante de que, si Israel lanza una operación terrestre en Gaza, Hezbolá se verá obligado a responder de alguna manera, quizá abriendo un segundo frente en el norte de Israel», afirma Slavin.
Evitan la guerra en su suelo
Los expertos señalan que el principal objetivo de la política de Irán es impedir un ataque directo contra su territorio.
«Teherán no enviará a sus militares a la zona de guerra para ayudar a Hamás», advirtió Slavin.
No obstante, la participación directa de Irán en el conflicto es una posibilidad que no está descartada, lo cual, según los expertos, podría arrastrar a la guerra a países como Irak, Siria y Líbano.
«Creo que en realidad podemos estar al borde de una gran guerra en Oriente Próximo. ¿Quién está dispuesto a una escalada tras la operación terrestre israelí en Gaza? Podrían ser Irán, Hezbolá, los houthis yemeníes. Estamos en una etapa muy peligrosa de la historia moderna de la región de Oriente Próximo», sostuvo Bazubandi.
Según han sostenido miembros de la cúpula del ejército iraní públicamente, los misiles de largo alcance fabricados en Irán pueden alcanzar la capital de Israel, Tel Aviv.
Basubandi afirmó que nadie desea otra gran crisis en la región, pero la situación no es sencilla y podría cambiar en cualquier momento.
Además, un nuevo conflicto de gran envergadura, señala Vaez, podría hacer que Irán perdiera su programa nuclear.
«Si entramos en una guerra a gran escala, Estados Unidos e Israel probablemente lo verán como una oportunidad para destruir el programa nuclear iraní, que está más cerca que nunca de desarrollar armas nucleares. Esto tendrá un coste enorme, capacidades militares y posiblemente enormes bajas humanas», advierte el experto.
Cambio en la retórica
Mientras los análisis muestran un escenario más regido por el cálculo estratégico de parte de Irán para impedir que el conflicto contagie su territorio, la retórica estadounidense toma nuevos matices que no han pasado desapercibidos para la prensa.
El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Patrick Ryder, dijo a los periodistas el lunes su gobierno responsabilizará a Irán por una serie de recientes ataques con drones y cohetes contra tropas estadounidenses en el Medio Oriente. Aunque el Pentágono no tiene información de que Irán ordenó los ataques, los grupos que ejecutaron las embestidas tienen el respaldo iraní.
“En virtud del hecho de que cuentan con el apoyo de Irán, en última instancia responsabilizamos a Irán”, dijo Ryder. Los comentarios del general el lunes representan un cambio dramático en la retórica del Pentágono, que desde el ataque sorpresa de Hamás contra Israel el 7 de octubre tenía un cariz cauteloso que soslayaba culpar directamente a Irán.
Otra señal de que la retórica estadounidense ha cambiado se desprende del discurso que el presidente Biden realizó desde la Oficina Oval el pasado jueves, en la que advirtió a Irán y sus aliados que no se involucren en el conflicto.
Ataque a Israel es un atentado al orden estadounidense
Incluso, Biden sostuvo que “lo que no hiciera ahora podría marcar la política exterior en los próximos 10 años”, una expresión que bien puede indicar que en la Casa Blanca ya se han tomado decisiones relacionadas con el conflicto entre Israel, Hamás y el tutelaje militar de Irán.
El New York Times informó el domingo que Biden había llamado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedirle que retrasara un ataque terrestre en Gaza para darle una oportunidad a nuevas liberaciones de rehenes, una gestión de negociación que se realiza en Qatar, un estado rico que opera simultáneamente como socio financiero de Hamás e interlocutor de occidente. En Qatar existe la base aérea Al Udeid, que es la más grande que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, con más de 10,000 soldados.
El NYT también dijo que la tregua solicitada por Biden también pretende que Estados Unidos pueda prepararse debidamente para enfrentar los previsibles ataques a intereses estadounidenses en Medio Oriente por parte de grupos respaldados por Irán.
Según se perciben los cambios de rumbo que muestra la retórica oficial de Estados Unidos, algunas voces reclaman una acción militar contundente porque consideran que el ataque de Hamás contra Israel es también un atentado contra el orden estadounidense en la región.
“El apoyo de Irán al ataque de Hamás contra Israel es un ataque aún más audaz al orden estadounidense. Si la respuesta del presidente Biden a Hamás y su patrón, Irán, no logra restablecer el respeto por el poder, la sabiduría y la voluntad estadounidenses, nuestros enemigos en todas partes sacarán conclusiones y tomarán medidas que a nosotros y a nuestros aliados no nos agradarán”, sostuvo Walter Russell Mead, quien es un destacado columnista de The Wall Street Journal.
Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre una recomendación realizada por el presidente de Antilles Insurance, Jaime González Portilla, para que las juntas de condómines obtengan ahorros para generar fondos que serán necesarios como resultado de nuevos requisitos de inspección y de rehabilitación de estructuras que pronto podrá en vigor el gobierno.
También hablamos con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, sobre una medida que coloca en la legislatura el poder de aumentar el precio del café. Además, hablamos sobre un interdicto emitido por el Tribunal Federal en San Juan contra las inspecciones de pollo importado que realiza el Departamento de Agricultura. También discutimos una multa impuesta por el secretario de Agricultura a un ganadero que se manifestó en contra del secretario y de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera.
Lo llamo periodismo de formación. No es una nueva frontera del periodismo, sino un credo de ejecución periodística que impone en el periodista la obligación de comprender ampliamente los asuntos que son el objeto de un reportaje y sus precipitantes. El dominio amplio de una controversia y de los contextos en que ocurre, le permite al periodista ofrecer los elementos necesarios para que los lectores puedan construir una opinión informada.
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