Vacante la plaza de rector de RCM por falta de candidatos idóneos

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Por Miguel Díaz Román

La selección de un rector para el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico está enfrentando dificultades luego de que uno de los tres candidatos que existían para ocupar el cargo en propiedad desistió de sus intenciones de lograr la nominación, lo que deja al Comité de Nominaciones con dos candidatos que podrían incumplir algunos de los requisitos que exige la posición.

Fuentes vinculadas a la institución sostienen que la falta de candidatos para el cargo de rector del RCM acontece en medio de una virtual batalla entre sectores de la facultad y de personal administrativo de la institución, quienes actúan dominados por intereses políticos y de otra índole y promueven activamente la selección de determinados candidatos.

De hecho, las fuentes señalaron que la limitada terna de tres candidatos para ocupar la prestigiosa posición de rector del RCM obedece a la atmósfera excesivamente infectada de la política partidista que  existe en la institución, la cual  ha alcanzado todos los ámbitos del recinto, incluyendo la cátedra, las labores administrativas e incluso, amplios sectores de la comunidad estudiantil.

Se perfila que la falta de candidatos para la rectoría del RCM será un tema inescapable en los próximos días luego de que el Comité de Nominaciones se enfrente hoy a la realidad de que solo cuenta con dos candidatos.

Solo dos candidatas 

 Las doctoras Alma Camacho y Mirna Quiñones son las únicas candidatas que entrevistará el Comité de Nominaciones, luego de que el doctor José Willey informó que retiraba su nombre del listado de candidatos.

El doctor Willey es un cardiólogo graduado de la Universidad Central del Caribe en Cayey, y actualmente es el director de cardiología en la Universidad de Tulane en New Orleans. Willey no reside en Puerto Rico, pero aceptó presentar su candidatura al cargo y mudarse a la Isla si resultaba elegido. La candidatura de Willey es respaldada por el ex secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, y por el doctor Hermán Cestero, quien es miembro de la Junta de Gobierno de la UPR.

Sorpresivamente, Willey envió una carta retirando su candidatura al cargo por razones que no se han difundido públicamente.

Según explicaron las fuentes, las dificultades de las dos candidatas restantes son de variada índole. En el caso de la doctora Camacho se ha indicado que su doctorado es en Educación y no en Medicina, lo que podría causar que Comité de Nominaciones no recomiende su selección al cargo porque su preparación académica no está relacionada con el campo de la medicina y no concuerda con el ofrecimiento institucional del RCM.

La doctora Camacho es respaldada por un grupo de la facultad del RCM que está integrado por el ex rector interino Carlos Ortiz Reyes, quien, precisamente, fue rechazado para ocupar el cargo en propiedad porque no era médico y existían dudas sobre la idoneidad de su preparación académica.

 Posible candidata de consenso

Por otra parte, la doctora Quiñones, quien es pediatra, no tiene experiencia administrativa corroborable que la convierta en una candidata idónea para ocupar la rectoría del RCM.

Además, según dijeron las fuentes, Quiñones tiene 70 años, lo que podría sembrar dudas entre los miembros del Comité de Nominaciones sobre si la candidata cuenta con el vigor físico para resistir con éxito las extenuentes horas de trabajo diario que demanda la posición de rectora del RCM.

La doctora Quiñones es respaldada por la ex subsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, quien está retirada pero aún ejerce una fuerte influencia en el RCM y en el Departamento de Salud.

De acuerdo con las fuentes que conocen el drama interno que experimenta la institución, la doctora Dharma Vázquez Torres, quien ocupa de manera interina el cargo de rectora del RCM y quien no aspiró a ocupar la rectoría en propiedad, podría figurar como una candidata de consenso ante las dificultades que enfrentan las doctoras Camacho y Quiñones.

No obstante, la decisión de proponer a Vázquez Torres como rectora en propiedad sería una responsabilidad del presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Luis A. Ferrao, quien debería recomendarla al cargo. La responsabilidad de confirmar su nombramiento recaería sobre la Junta de Gobierno de la UPR, que es el organismo que tiene la potestad en ley de designar los rectores en propiedad del sistema universitario público.

Vázquez Torres es hija del ex secretario de Salud, doctor Enrique Vázquez Quintana.

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Pesquisa contra González Beiró por alegada intervención indebida en venta de terreno

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Por Miguel Díaz Román

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) realiza de manera activa una investigación sobre el contenido de una declaración jurada emitida por un corredor de bienes raíces, quien sostuvo que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, intervino indebidamente y ofreció incentivos agrícolas para impedir la venta de un terreno a su cliente, el empresario y ex convicto federal, Jaime Serrano Cardona.

La investigación fue motivada por una querella radicada en octubre del 2023 en la ORG, de la que no se conocen detalles, pero sí que está relacionada con la declaración jurada emitida el pasado 17 de julio de 2023 en el pueblo de Guayama, por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio.

La declaración jurada fue recogida por el licenciado y notario, Cristian A Santiago Montalvo.

De hecho, como se podrá constatar más delante en este reportaje, el pasado 1 de septiembre del 2023 el terreno mencionado en la declaración jurada fue adquirido por la cantidad de $1.6 millones por una empresa vinculada a González Beiró, lo que, en gran medida, confirma las denuncias del agente de bienes raíces Pérez Ocasio.

Fuentes de SN revelaron que la investigación de la OGE está a cargo de la licenciada Alexandra Rivera Ríos, quien ya ha comenzado a citar a personas para entrevistarlos. Rivera Ríos sustituye al licenciado Giovanni López Mercado, quien a finales del pasado año salió abruptamente de OEG para, alegadamente, ocupar un cargo en otra agencia.

Según las fuentes, la pesquisa de OEG elevó los niveles de ansiedad en el Departamento de Agricultura (DA), que ya es objeto numerosas indagaciones por la OEG, la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General y la Legislatura.

No está claro si González Beiró ya fue entrevistado por la licenciada Rivera Ríos.

Según la declaración jurada de Pérez Ocasio, la intervención indebida del secretario ocurrió entre el pasado 7 y 10 de junio y tuvo como objetivo garantizar que la finca Besosa, ubicada en el barrio Pozo Hondo en Guayama, se le vendiera al socio de negocios del secretario, el ganadero Michael McCloskey.

La finca Besosa tiene 399 cuerdas y pertenece a Josué Rivera Padilla, quien es el propietario del complejo de ocio y entretenimiento conocido como Terra Campestre, y que está ubicado en Guaynabo.

Asoman incentivos

La declaración jurada sostiene que Serrano Cardona había aceptado pagar $1.6 millones por el predio, que fue el precio fijado por Rivera Padilla.

Serrano Cardona adquirió prominencia pública en 2022, cuando trascendió que en una residencia de su propiedad se celebró en el 2020 una actividad de recaudación de fondos para la campaña electoral de Pedro Pierluisi, la cual no figura registrada según confirmó el Contralor Electoral, Walter Vélez., La residencia está ubicada en la exclusiva urbanización Dorado Beach East, en Dorado.

El pasado 10 de junio Pérez Ocasio se comunicó por teléfono con Rivera Padilla para conocer su respuesta y el empresario le indicó que vendería el terreno a González Beiró.

“En esta llamada el Sr. Rivera (Rivera Padilla) me notificó que ya se había comprometido con el secretario de agricultura, conocido como Pirul González, por ser su amigo de toda la vida, y, además, porque tenía otros negocios con él, y también, porque iba a recibir unos incentivos en sus negocios”, sostiene la declaración jurada.

Además, el documento alega que Rivera Padilla “se percató de lo que me había dicho, y trató de aclarar, enfatizando que quien compraría no era el secretario de agricultura. Ante esta aclaración, le dije que se quedara tranquilo, que yo sabía que el secretario iba a comprar a través de McCloskey”. 

Mike McCloskey es un acaudalado ganadero que preside la empresa Agriart LLC, en la que González Beiró es accionista mientras que su hijo, Ramón González Bernnazar, es vicepresidente.

Agriart LLC es propietaria de 1,843.9 cuerdas de terreno distribuidas en 12 fincas ubicadas entre Salinas y Guayama. Una porción significativa de los terrenos ubicados en Guayama, fueron alquilados por Agriart LLC a la empresa Clean Flexible Energy, que se propone construir en el predio un inmenso parque de placas fotovoltaicas.

Clean Flexible Energy pertenece a la cogeneradora AES ubicada en Guayama.

Según una fuente, la adquisición de la finca Besosa permitiría a Agriart LLC alquilar el predio a Clean Flexible Energy para que la empresa pudiera ampliar la capacidad para producir electricidad del parque de placas fotovoltaicas.

“La finca fue opcionada”

La declaración jurada indica que el 12 de junio del 2023 y por medio de un mensaje de voz (voicemail) Serrano Cardona le informó a Pérez Ocasio “que se reunió con el grupo de McCloskey, y le informaron que ya ellos no iban a comprar porque le podía costar el trabajo al secretario”. 

Pérez Ocasio también aclara en el documento que Rivera Padilla “nunca me refutó lo antes dicho”. 

Según se desprende de la declaración jurada, Pérez Ocasio insistió ante Rivera Padilla para que vendiera la finca a Serrano Cardona, luego de que, alegadamente, el grupo de McCloskey había desistido en su intento de comprar la finca.  Según narra el documento, Rivera Padilla no ofreció una respuesta a la petición de Pérez Ocasio.

El 26 de junio de 2023 y a petición de Pérez Ocasio, el licenciado Owen R. Collazo Leandry, se comunicó con Rivera Padilla a través de un mensaje de texto, para conocer su decisión en relación con la finca Besosa. “Ya la finca fue opcionada por otro comprador”, fue la contestación de Rivera Padilla a Collazo Leandry, según sostiene la declaración jurada.

En entrevista con este periodista, Rivera Padilla negó que González Beiró le hubiera ofrecido incentivos agrícolas para que se inclinara a vender la finca Besosa a la empresa Agriart LLC. “!Qué incentivos!, yo no he recibido un bellón del Departamento de Agricultura!”, dijo Rivera Padilla.

 También sostuvo que con la declaración jurada Pérez Ocasio pretendía “hacer daño”.

Rivera Padilla indicó que la oferta realizada por Serrano Cardona “no era razonable”.  “La persona estaba pidiendo una cantidad de dinero y esa cantidad no era razonable. Yo, mucho antes de que él llegara, ya había tenido conversaciones con otra persona para comprar la finca”, dijo el empresario.

Amigo del secretario

Agregó que la finca Besosa será vendida a la empresa Agriart LLC, “que tiene una finca pegada a la mía”. Explicó que ya existe un compromiso de Agriart LLC para comprar el terreno, pero aún no se han realizado desembolsos de dinero.

 “El secretario es amigo mío de toda la vida, desde los catorce años. Yo me crié con él en Salinas desde los catorce años. Y esa finca era de su familia, de su tío. Toda la vida esa finca ha sido de su familia. Yo se la compré y ahora se la quiero vender a ellos. Yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi finca”, dijo Rivera Padilla

Sostuvo que González Beiró nunca intervino para impedir que le vendiera la finca Serrano Cardona. Indicó que no negoció con González Beiró ni con McCloskey, sino con “otra persona de apellido Picó”.

“Yo salía mejor vendiéndole a esta gente porque no tenía un broker (intermediario). Estos son negocios y no hay más ná”, agregó.

González Beiró no ofreció una reacción sobre el comprometedor contenido de la declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Pérez Ocasio.

Venta consumada

De acuerdo con el inventario de los bienes inmuebles del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), conocido como el catastro, la finca Besosa fue vendida el pasado 1 de septiembre del 2023 a las 12:00 del mediodía por la cantidad de $1.6 millones.

La corporación vendedora fue SMC Agricultural Development Inc., y la parte compradora fue la empresa FB405 LLC, que fue registrada el 30 de junio de 2023. La empresa SMC Agricultural Development Inc, es presidida por Silva Marti, que es la esposa de Rivera Padilla.

Según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, el agente residente de la empresa FB405 LLC es la corporación Agriart LLC.

Según el catastro del CRIM, la Finca Besosa es identificada como la parcela 418-000-005-04, ubicada en el barrio Pozo Hondo en Guayama. La finca tiene una cabida de 1,591,414.91 metros cuadrados.

La revelación sobre la investigación de la declaración jurada acontece en momentos cuando se desconoce el resultado de la investigación que la OEG estuvo realizando sobre las actuaciones de González Beiró relacionadas con la aprobación del proyecto de placas fotovoltaicas por el Departamento de Agricultura (DA) en los terrenos que pertenecen a Agriart LLC. 

La querella ante la OEG fue radicada por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, quien sostuvo que la aprobación del DA del proyecto de placas fotovoltaicas es ilegal porque los terrenos de Agriart LLC son parte del corredor agrícola del sur incluye cientos de cuerdas de tierras agrícolas protegidas.

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INFORME SEMANAL 19 de enero 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos con el licenciado Antonio Ramirez Aponte, quien es uno de los directores de la Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico, sobre la aprobación de una medida que aclara disposiciones relativas al Centro Internacional de Seguros. También dialogamos con la ambientalista Myrna Conty sobre la falta de transparencia de los reclamos de la cogeneradora AES, en Guayama, ante el Negociado de Energía.

También hablamos sobre la industria del café con el caficultor Juan Meléndez y con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Además, hablamos con el ganadero Carlos Benítez sobre los graves problemas que enfrenta la industria lechera.

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Comisionado de Seguros se revoca a sí mismo

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Por Miguel Díaz Román

En un giro sorpresivo, el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, derogó ayer viernes 19 de enero una carta circular que él emitió en 2022 para imponer a las aseguradoras instaladas en el Centro Internacional de Seguros (CIS) que desearan suscribir riesgos en Estados Unidos, la obligación de cumplir con varios requisitos como si fueran aseguradores tradicionales operando en el mercado local.  

La acción de Adams Vega acontece luego de que el pasado martes 16 de enero la Cámara de Representantes aprobó con el voto casi unánime de los legisladores el Proyecto del Senado 1352, el cual dispone de manera clara que las aseguradoras instaladas en el CIS podrán suscribir riesgos en Estados Unidos sin la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos por Adams Vega en carta circular del 2022.

La medida recibió 49 votos a favor de los 51 votos que existen en la Cámara de Representantes. Solo hubo una abstención y un voto en contra, lo que implica que la medida recibió el apoyo de la mayoría de los representantes de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De hecho, la votación representa un respaldo de parte de la delegación del PNP al CIS y un fracaso para Adams Vega, quien promovió votar contra el PS 1352 entre los legisladores novoprogresistas.  

¿Posible veto?

En la pasada sesión legislativa la medida fue aprobada en el Senado y, tras la aprobación en la Cámara en la presente sesión, se espera que en las próximas semanas sea enviada a la Fortaleza para la evaluación del gobernador, quien podrá convertirla en ley o vetarla.

No está claro si el gobernador estaría inclinado a firmar la medida luego de que Adams Vega derogara la carta circular emitida en 2022, la cual fue el detonante para la radicación del PS 1352 por parte del senador Juan Zaragoza Gómez.  

De hecho, la medida contiene una disposición que obliga al Comisionado de Seguros a mantener, proteger y promover el desarrollo del CIS y además establece que el funcionario deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, sobre los esfuerzos realizados por la OCS para cumplir con el requerimiento de proteger el CIS.

 En su exposición de motivos el PS 1352 sostiene que las actuaciones de Adams Vega estuvieron motivadas por su afán de lograr la reacreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

 La acreditación fue suspendida en julio de 2020 tras la NAIC rechazar la aprobación que realizó la OCS de una transacción financiera que se habría realizado desde el CIS entre 2019 y 2020, la cual pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos. La NAIC también cuestionó severamente la capacidad de la OCS para evaluar transacciones complejas.

El 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS, luego de que el 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitiera la carta circular 2022-2007, la cual impuso a las aseguradoras instaladas en el CIS la obligación de cumplir con varios requisitos que aplican a las aseguradoras tradicionales que operan en el mercado local.  

Aseguradoras del CIS exportan servicios

La carta circular estableció que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

Es necesario recordar que las aseguradoras instaladas en el CIS no operan en el mercado local, sino que exportan sus productos y servicios de seguros al mercado internacional.

Un aspecto relevante que expone el PS 1352 es que los procesos de acreditación de la NAIC excluyen a todo asegurador de un estado autorizado por medio de una ley especial. La medida advierte que la Ley 399 de 2004, que es la ley matriz del CIS, es una ley especial que creó la categoría de aseguradores y reaseguradores internacionales, la cual es distinta a los aseguradores tradicionales regidos por los capítulos 28, 29 y 3 del Código de Seguros.

También aclara que ante la realidad de que los aseguradores internacionales surgen por una ley especial, la NAIC no los puede considerar para conceder la acreditación de la OCS.

En síntesis, la medida pretende aclarar que la ley del CIS es una ley especial distinta a la ley que aplica a los aseguradores tradicionales y que los aseguradores internacionales autorizados bajo la Ley del CIS pueden hacer negocios en los diversos estados de los Estados Unidos, siempre que cumplan con las leyes vigentes en esas jurisdicciones.

Ayer en el programa Informe Semanal, que se transmite en las redes sociales, el licenciado Antonio Ramírez Aponte, quien es uno de los miembros de la Junta de Directores de la Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico, sostuvo que el efecto real de la carta circular 2022-2007 es que “al exigir cumplir con los requisitos de los capítulos 3, 28 y 29 del Código de Seguros las aseguradoras internacionales del CIS estarían prohibidos de hacer negocio en los Estados Unidos”.

Incluso, Ramírez Aponte indicó que el pasado años varios aseguradores internacionales desistieron de su interés de instalarse en el CIS debido a la carta circular emitida por Adams Vega.

Imputan conducta antijurídica

En la exposición de motivos del PS 1352 se indica que, en su afán por lograr la reacreditación de la OCS por la NAIC, Adams Vega “tomó acciones contrarias a la Ley del CIS, a la Regla 80 del Reglamento del Código de Seguros, y a la política pública establecida por más de 18 años en torno al desarrollo del CIS, al pretender prohibir, por vía reglamentaria, que los aseguradores internacionales suscribiesen seguros en los Estados Unidos”.

“Esto, además de constituir conducta antijurídica por parte de la OCS, inflige peligrosamente en el principio de separación de poderes, ya que es a esta Asamblea Legislativa, con el concurso del gobernador, a quien le corresponde determinar si un estatuto debe enmendarse para cambiar política pública previamente establecida”, advierte la exposición de motivos

Más adelante la exposición de motivos sostiene que aunque la acreditación de la NAIC es importante, la acción de Adams Vega  habría infligido una grave herida la reputación del país como lugar para la inversión extranjera: “esta Asamblea Legislativa es consciente del beneficio que la acreditación de la NAIC representa para nuestra industria de seguros, pero es igualmente consciente de la importancia del sector de aseguradores y reaseguradores internacionales, y del grave riesgo reputacional para Puerto Rico que representa el que, luego de que los invitáramos a establecerse en Puerto Rico, intentemos cerrarle las puertas”.  

Necesaria una enmienda 

La Resolución del Senado 612, presentada también por el senador Zaragoza Gómez, concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente que había prohibido por la vía administrativa, a través de la carta circular 2022-2007, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.

Según el informe parcial de la resolución 612 ese tipo de determinación requería una enmienda a la ley matriz CIS, la Ley 399 de 2004. El informe también concluyó que Adams Vega actuó en contravención a la política pública establecida por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del CIS al aprobar la Ley 399.

En la pasada sesión legislativa el Senado también aprobó la Resolución del Senado 852, radicada por Zaragoza Gómez, la cual solicita al gobernador que destituya a Adams Vega, por realizar representaciones falsas ante la NAIC.

Adams Vega emitió ayer la carta circular CC- 2024-2023 -D y que básicamente trata sobre la aplicabilidad del capítulo 61 del Código de Seguros, que es el capítulo que rige a los aseguradores internacionales.

El documento señala que “los aseguradores y reaseguradores internacionales, de conformidad con el Artículo 61.030 del Código de Seguros, no están sujetos al mismo estándar regulatorio financiero y de solvencia dispuesto para los aseguradores domésticos autorizados de forma tradicional en Puerto Rico, al estar exentos de participar de un fondo de garantía que responda a los asegurados en caso de insolvencia, de tener que llevar a cabo inscripción de tipos de tarifas ni venir obligados a presentar para aprobación formulario de póliza de seguros o plan tarifario, entre otros requisitos”.

Finalmente, Adams Vega indica en la carta circular que “se requiere tomar conocimiento de lo informado en la presente carta circular. Esta carta circular deroga la carta circular CC-2022-2007 de 7 de diciembre de 2022”.

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Legislatura respalda el Centro Internacional de Seguros

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Por Miguel Díaz Román

Con el voto casi unánime de todos los legisladores de la Cámara de Representantes se aprobó ayer una medida que era objetada por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, porque, según había argumentado el funcionario, podría causar que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) perdiera la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

La Cámara aprobó el Proyecto del Senado 1352, el cual propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el Centro Internacional de Seguros (CIS) podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.

La medida recibió 49 votos a favor de los 51 votos que existen en la Cámara de Representantes. Además, hubo una abstención y uno voto en contra, lo que representa un respaldo incuestionable a favor del CIS, que es una entidad que ha estado bajo fuego de parte de Adams Vega desde que asumió el cargo en 2022.

Marimar Pérez Riera, quien es la directora ejecutiva de la Asociación de Aseguradoras Internacionales de Puerto Rico (PRIIA por sus siglas en inglés), sostuvo que los miembros de la entidad están muy contentos porque la aprobación del PS 1352 representa un respaldo al CIS, que es un sector económico en pleno desarrollo y que tiene un impacto favorable para la economía del país y cuyo campo de acción es el mercado internacional. 

“El CIS está floreciendo. Genera más de 300 empleos y su impacto anual es de más de $60 millones. Yo sé que el gobernador, quien conoce profundamente el gobierno, sabe que el CIS es favorable para la economía del país, por eso espero que el gobernador firme esta medida”, dijo Pérez Riera.

Pocas cosas que son “win-win”

La directora ejecutiva de PRIIA sostuvo que a pesar de los beneficios que representa el CIS para el país, Adams Vaga ha hecho todo su alcance para perjudicar el CIS.

“Hay pocas cosas que son “win-win”, y con el CIS todo el mundo gana. La industria local no se perjudica, estamos recibiendo capital internacional y la competencia del CIS son Bahamas, Gran Caimán, Bermudas, esos son los que tienen que estar preocupados. Puerto Rico puede convertirse en un centro más grande de seguros a nivel internacional”, exclamó Pérez Riera.

El 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual impuso a las aseguradoras instaladas en el CIS la obligación de cumplir con varios requisitos como si fueran aseguradores tradicionales operando en el mercado local.  

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS.

La acreditación fue suspendida en julio de 2020 tras la NAIC rechazar la aprobación que realizó la OCS de una transacción financiera que se habría realizado desde el CIS y que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos.

Transacción cuestionable

La citada transacción, avalada en 2018 por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, involucró una aseguradora que se habían instalado en el CIS en 2017 y que estaba vinculada con otra aseguradora de seguros de vida y seguros de cuidado prolongado en Wisconsin.

La transacción implicó extraer $2,700 millones que garantizaban pólizas de seguros de vida en Estados Unidos, para colocarlos en un fideicomiso, que es un instrumento financiero permitido en el CIS.

Varios Comisionados de Seguros de Estados Unidos objetaron la transacción porque habría colocado en peligro el reaseguro para miles de asegurados en sus estados.

Finalmente, la transacción fue anulada por la OCS y la aseguradora regresó a Wisconsin, donde fue sometida a un proceso de liquidación por el Comisionado de Seguros de ese estado.

Para acreditar nuevamente a la OCS, la NAIC exigió que a las aseguradoras instaladas en el CIS que hicieran negocios en Estados Unidos se le impusieran regulaciones financieras como si fueran aseguradores para el mercado local.

Limitaciones al CIS

La respuesta de Adams Vega fue, precisamente, emitir la carta circular 2022-2007, que dispuso que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

En la pasada sesión legislativa el senador Juan Zaragoza Gómez radicó el PS 1352, que fue aprobado en el Senado. La medida pasó a la Cámara de Representantes, pero no fue aprobada en la pasada sesión. Una determinación que satisfizo a Adams Vega, quien realizó un fuerte cabildeo en contra de la aprobación de la medida porque, según sostuvo el funcionario, podría causar que la OCS pierda la acreditación de la NAIC.

Ayer la medida fue aprobada en la Cámara, lo que representa un fuerte varapalo para Adams Vega.

El PS 1325 introduce una enmienda al Código de Seguros, específicamente en las disposiciones relativas al CIS, para establecer que un asegurador internacional no podrá solicitar reciprocidad en otros estados por estar domiciliado en Puerto Rico.

 Además, aclara que los aseguradores internacionales podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en los estados de Estados Unidos, siempre que cumplan con las leyes de esas jurisdicciones. No obstante, ya estas disposiciones existen en la reglamentación del CIS.

Informe imputa fraude a Adams Vega

Un elemento novedoso de la medida es que obliga al Comisionado de Seguros a mantener, proteger y promover el desarrollo del CIS y además establece que el funcionario deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, sobre los esfuerzos realizados por la OCS para cumplir con el requerimiento de proteger el CIS.

El primer informe parcial de la Resolución del Senado 612, radicada también por el senador Zaragoza Gómez, concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente que había prohibido por la vía administrativa, a través de la carta circular 2022-2007, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.

Según el informe parcial ese tipo de determinación requería una enmienda a la ley matriz CIS, la Ley 399 de 2004. El informe también concluyó que Adams Vega actuó en contravención a la política pública establecida por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del CIS al aprobar la Ley 399.

En la pasada sesión legislativa el Senado aprobó la Resolución del Senado 852, la cual solicita al gobernador Pedro Pierluisi que destituya a Adams Vega, por realizar representaciones falsas ante la NAIC.

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Inminente importación de leche por acciones de la ORIL

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Por Miguel Díaz Román

En los próximos meses el gobierno se verá obligado a importar leche desde los Estados Unidos debido a que los nuevos parámetros de calidad impuestos por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) han alterado las operaciones de las vaquerías del país hasta el punto de que se ha registrado una creciente reducción en el inventario de ganado, lo que anticipa una merma en la producción de leche.

El ganadero Carlos Benítez, quien posee una amplia empresa de ganadería en Isabela, también denunció que el Estudio Económico Exhaustivo (EEE) de la industria lechera, una obligación según lo dispone la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, se encuentra en un limbo debido a los reiterados incumplimientos de la ORIL.

La ley 34 ordena realizar el EEE cada cuatro años, pero desde 2016 la ORIL no realiza el estudio, aunque en 2018 se efectuó una alegada “actualización de datos”.

Benítez exigió que la ORIL culminé el EEE porque los nuevos parámetros de calidad han aumentado sustancialmente los costos de producción de leche. Agregó que los ingresos que reciben las vaquerías por la venta de leche cruda a las plantas procesadoras no alcanzan para satisfacer los costos de producción y obtener una ganancia razonable.

“Por eso es importante que se termine el EEE. Con el estudio se podrá determinar cuánto es la cantidad razonable que se debe pagar a las vaquerías por la leche que producen. En este momento lo que se paga no da”, dijo Benítez.

SN ha estado en comunicación con numerosos ganaderos que respaldan los planteamientos de Benítez pero no se expresan públicamente debido a que temen que la ORIL tome represalias contra ellos.

Anticipan merma en producción local

El ganadero sostuvo que fuentes de las plantas procesadoras de leche le han confiado que anticipan una significativa reducción en la producción de leche para el verano, un periodo en el que el calor suele bajar la capacidad de producción del ganado.

Benítez explicó que, además, de los efectos del calor, las vaquerías experimentarán una reducción en la producción porque han separado de la línea de ordeño aquel ganado cuya leche presenta determinados niveles de células somáticas y de bacterias, los cuales no son aceptables según los nuevos parámetros de calidad de la ORIL.

La presencia de determinados niveles de células somáticas indica la incidencia de una infección bacteriana en la glándula mamaria de la vaca, lo que disminuye la calidad de la leche.

De hecho, diariamente la ORIL ordena el decomiso de leche a numerosas vaquerías tras detectar incumplimientos con los nuevos parámetros a través de análisis de laboratorio de las muestras que se toman de los camiones que transportan la leche. 

La ORIL permite que la leche descartada se venda a las empresas productoras de queso. De acuerdo con fuentes de la industria, con frecuencia la ORIL ordena el decomiso de la leche producida por hasta 20 vaquerías que suplen su producto a una sola planta procesadora.

Menos ganado de leche

No obstante, Benítez aclaró que la leche que no cumple con los nuevos parámetros de calidad de la ORIL es apta para consumo porque cumple a cabalidad con los parámetros federales de leche grado A.

“Los nuevos parámetros han sacado de la línea de ordeño a cientos de vacas y eso va a tener consecuencias porque las vaquerías están produciendo menos leche”, señaló.

 Según Benítez, los nuevos parámetros de calidad de la ORIL requieren de una vigilancia constante en el ganado para evitar la incidencia de células somáticas, lo que ha incrementado los gastos en medicamentos y servicios veterinarios.

Sostuvo que en numerosos casos los ganaderos deciden sacrificar el ganado reincidente, lo que obliga a introducir nuevo ganado a la línea de ordeño para mantener el nivel de producción de las vaquerías. Pero debido a las dificultades económicas muchas vaquerías no pueden pagar por el ganado de reemplazo.

Pérdidas millonarias

Además, desde la entrada de Ramón González Beiró a la secretaría del Departamento de Agricultura, la ORIL eliminó los incentivos para adquirir ganado de reemplazo importado de Estados Unidos, lo que ha contribuido a reducir la producción de numerosas vaquerías y, como resultado, una disminución significativa en sus ingresos.

Los continuos decomisos de leche han causado cuantiosas pérdidas a las vaquerías afectadas hasta el extremo de que durante 2023 las ganaderías de leche ocupan el segundo lugar en las quiebras del país por el monto de deuda acumulada con $27 millones. En primer lugar, figuran los hospitales con una deuda acumulada de $472.3 millones. 

Cerca de 20 ganaderías se han acogido a la quiebra en 2023, mientras que existe otro creciente grupo de ganaderos que considera acudir al Tribunal Federal de Quiebras en 2024, según han indicado abogados que representan a estos empresarios.

Los nuevos parámetros inicialmente se establecieron en 2016 por medio de enmiendas al llamado reglamento 5 de Calidad de Leche de la ORIL. En 2020 el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, se opuso a la puesta en vigor de las enmiendas al reglamento 5 aprobadas en 2016, porque podrían perjudicar al sector de los ganaderos.

Dudas sobre objetivos de nuevos parámetros

El pasado 18 de julio entraron en vigencia nuevas enmiendas al reglamento 5 patrocinadas por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, las cuales establecen nuevas normas para tomar las muestras de leche y permiten que la muestra que tome el chofer del camión de recogida de leche se tome como muestra oficial. El reglamento también dispone un calendario en tres fases para elevar el nivel de grasa en la leche de 3 % a 3.25 % en marzo de 2025.

Los opositores de los nuevos parámetros sostienen que su objetivo no es elevar la calidad de la leche, sino provocar el cierre de las pequeñas vaquerías para favorecer a los ganaderos que poseen vastas operaciones de ganado.  Otros opositores catalogan como “infundado” el presunto objetivo de mejorar la calidad de la leche para impedir la importación desde Estados Unidos, según lo han defendido determinados miembros de la Asociación de Agricultores.  

Benítez indicó que el EEE se encuentra en un limbo debido a que algunas ganaderías seleccionadas para integrar la muestra para el estudio económico no han sido abordadas por los funcionarios de la ORIL para obtener su información financiera.

Ayer González Beiró sostuvo que el EEE enfrenta un atraso porque el sector de los ganaderos no ha entregado su información financiera. El funcionario reaccionó a las denuncias de Benítez a través de una expresiones escritas y enviadas a un noticiario del canal 11.

Pero Benítez cuestionó la veracidad de esas expresiones al sostener que el secretario, quien es el administrador interino de la ORIL, puede tomar medidas para provocar la entrega de la información suspendiendo la licencia de los ganaderos que hayan incumplido.

Industria Lechera no es prioridad para PPD

Incluso, Benítez dijo que la administración de González Beiró no ha hecho un esfuerzo serio para obtener la información y terminar el EEE, debido a que la ORIL no ha tomado medidas para obligar a los ganaderos a entregar la información, a pesar de que desde 2022 han solicitado a este sector de la industria lechera que cumpla con ese requisito.

De hecho, la mayoría del Partido Popular Democrático en la legislatura ha rechazado investigar a profundidad el incumplimiento de la administración González Beiró en terminar el EEE. En el Senado, la Comisión de Agricultura que preside el senador Albert Torres Berrios, realizó el pasado mes de septiembre una vista ejecutiva para la Resolución Conjunta del Senado 333, que ordena investigar por qué no se ha concluido el EEE.  

En esa vista González Beiró sostuvo que el estudio estaría terminado para finales de 2023, lo cual no ha ocurrido. La Comisión de Agricultura ha mantenido un rotundo silencio sobre el resultado de la investigación y el senador Torres Berrios no responde a las llamadas de SN para conocer la determinación que tomará por el incumplimiento en terminar el citado informe.

El pasado mes de junio el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez,  radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 530, la cual ordena a la ORIL efectuar “de inmediato” el EEE. 

No obstante, la RCC 530 se ha mantenido detenida en ese cuerpo sin que se hayan realizado vistas públicas. 

SN le solicitó al presidente del PPD, el representante Jesús Manuel Ortiz, una reacción sobre la inacción de la mayoría popular en la Cámara y en el Senado para obligar ala ORIL a culminar el EEE, pero el representante no ha respondido al pedido. El líder del PPD tampoco ha ofrecido una explicación sobre cuál es la posición de esa formación política en relación con los graves problemas que enfrenta la industria lechera, que es la principal industria agrícola del país.

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NAIC visita en secreto la Fortaleza tras Senado solicitar destitución del Comisionado de Seguros

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Por Miguel Díaz Román

Dos meses después de que el Senado aprobó la Resolución del Senado 852, la cual solicita al gobernador Pedro Pierluisi que destituya al Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, por realizar representaciones falsas ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), el Comité Ejecutivo de esa organización realizó una sorpresiva reunión de dos días en la Isla que fue mantenida en secreto.

La reunión fue celebrada los pasados días 12 y 13 de enero, según surge de un texto informativo difundido por Adams Vega en las redes sociales.

Ni la Fortaleza ni la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitieron un comunicado de prensa para informar al país sobre la inesperada visita del Comité Ejecutivo de la NAIC.

De hecho, el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), Jaime González Portilla, sostuvo que “nadie en ACODESE sabía o fue informado de ese evento”.

Incluso, González Portilla reconoció que los miembros de la Junta de Directores de ACODESE habrían tenido interés en sostener un cambio de impresiones con el Comité Ejecutivo de la NAIC.

“Los miembros de la Junta de ACODESE no sabíamos nada (de la visita de los ejecutivos de la NAIC)”, dijo González Portilla.

No está claro por qué Adams Vega, quien figuró como anfitrión del cónclave, prefirió mantener en secreto la visita.

En el mensaje distribuido en las redes sociales Adams Vega expresó que la reunión del Comité Ejecutivo de la NAIC tuvo como objetivo “la discusión de la agenda 2024”.

El texto difundido por Adams Vega ayer 14 de enero está acompañado de una foto que muestra a los integrantes del Comité Ejecutivo de la NAIC en un salón de la Fortaleza.

En la foto no figura el gobernador Pieluisi junto a los miembros del Comité, pero sí aparece un sonriente Adams Vega.

Comisionado no explica visita secreta de la NAIC

El mensaje no hace alusión alguna a la RS 852, que fue aprobada el pasado 14 de noviembre de 2023 y que condena las acciones del Adams Vega por representar falsamente ante la NAIC que poseía la autoridad en ley para prohibir, por la vía administrativa, que los aseguradores y reaseguradores internacionales pudiesen suscribir riesgos en los Estados Unidos.

La RS 852 indica que Adams Vega hizo esa falsa representación con el fin de lograr que la NAIC aceptara acreditar nuevamente a la OCS el 12 de diciembre de 2022.

La acreditación fue suspendida en julio de 2020 tras la NAIC rechazar la aprobación que realizó la OCS de una transacción financiera que se habría realizado desde el Centro Internacional de Seguros (CIS) y que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos.

El texto íntegro del mensaje de Adams Vega sostiene: “Fue un honor ser sede en nuestra isla de la reunión del Comité Ejecutivo de la NAIC para la discusión de la agenda 2024. Mi más cálida gratitud y aprecio a Andrew Mais, presidente de la NAIC y comisionado de seguros de Connecticut, por brindarnos la posibilidad de albergar esta importante reunión los días 12 y 13 de enero de 2024. La agenda para los próximos 12 meses ya está fijada para uno de los años más importantes para la NAIC. La misión muy importante de la NAIC es garantizar mercados de seguros saludables, competitivos y justos para proteger a los consumidores. Fue un absoluto placer para mí conocer a todos los participantes estos dos días”.

En el mensaje el funcionario no explica por qué el Comité Ejecutivo de la NAIC decidió realizar en Puerto Rico la alegada reunión para determinar la agenda de esa entidad en 2024. Tampoco señala si los miembros del Comité de la NAIC se reunieron con el gobernador y si el contenido de la RS 852 fue motivo de discusión en la alegada reunión de la NAIC.

El mensaje de Adams Vega no menciona, además, el informe parcial de la Resolución del Senado 612, la cual propuso investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.

Resoluciones imputan fraude a Adams Vega

La RS 852 y la RS 612 fueron radicadas por el senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado (CHS).

La CHS envió a la NAIC copia de la RS 852 y copia del primer informe parcial de la RS 612, traducidas al inglés, antes de que concluyera el 2023.

La resolución 852 también condena a Adams Vega por unas controvertibles expresiones en las que el funcionario acusó a la CHS de haber presentado la RS 612 para proteger una determinada aseguradora internacional que no identificó.

Las expresiones del Adams Vega fueron publicadas el miércoles 18 de octubre del 2023 por el periódico El Vocero.

El primer informe parcial de la resolución 612 concluyó que, además de las representaciones falsas ante la NAIC, Adams Vega cometió fraude, actuó de manera ilegal y en abierta contravención a la política pública establecida por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del CIS y su ley matriz, la Ley 399 de 2004.

Zaragosa ajeno a visita de la NAIC

El senador Zaragoza Gómez expresó que desconocía sobre la visita del Comité Ejecutivo de la NAIC y confirmó que la CHS envió copia de las citadas resoluciones y del Proyecto del Senado 1352, que propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el CIS podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.  

 “El primer informe parcial fue enviado a la NAIC, así como también el Proyecto del Senado 1352 que pretende detener las acciones ultra vires del Comisionado de Seguros Alexander Adams. Más allá de los acuses de recibo, no hemos recibido respuesta alguna. Nosotros continuamos trabajando para lograr la aprobación de la medida y presentar el informe final antes de que culmine esta sesión legislativa”, dijo el senador.

En la pasada sesión el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1352, radicado también por Zaragoza Gómez. La medida pasó a la Cámara de Representantes sin mayores resultados porque fue enviada a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, lo que implica que será examinada en la presente sesión legislativa.

De acuerdo con fuentes de la Legislatura, Adams Vega realizó un fuerte cabildeo en contra de la aprobación de la medida porque, alegadamente, podría causar que la OCS pierda la acreditación de la NAIC.

Acreditación en peligro, según Adams Vega

En su gestión de cabildeo Adams Vega logró convencer al senador Tomás Rivera Schatz sobre los alegados daños que causaría la aprobación del PS 1352 a la acreditación de la OCS.

En una carta enviada a Zaragoza Gómez el pasado 7 de noviembre de 2023, Rivera Schatz insistió en que el PS 1352 causará la pérdida de la acreditación y provocará que 11,000 agentes de seguros registrados en la OCS no puedan realizar negocios en Estados Unidos por la presunta falta de reciprocidad.

No obstante, fuentes de la industria de seguros indicaron que la alegación de Rivera Schatz no es correcta debido a que la reciprocidad no responde estrictamente a la existencia de una acreditación de la NAIC, sino a la similitud de las leyes, reglamentos y requerimientos sobre la industria de seguros, aprobados en Puerto Rico y en los estados de Estados Unidos.

Este periodista presentó hoy una solicitud formal ante la NAIC para obtener una reacción a las interrogantes que han rodeado la visita secreta del Comité Ejecutivo de esa organización.  

En la petición se le solicitó a la NAIC que reaccione al contenido de la RS 852, sobre el contenido del informe parcial de la Resolución del Senado 612 y sobre el Proyecto del Senado 1352.

Además, este periodista solicitó que se aclare si el Comité Ejecutivo de la NAIC se reunió con el gobernador y si fue motivo de discusión las conclusiones de las citadas resoluciones.

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INFORME SEMANAL 12 DE ENERO DE 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos con la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, Marimar Pérez Riera, y con varios ejecutivos de la industria de seguros, sobre los efectos en el costo del reaseguro en los condominios. La discusión viene precipitada por el anuncio de la aseguradora USIC de que no continuará asegurando propiedades comerciales y condominios por el alto costo del reaseguro.

También dialogamos con el licenciado Omar Saadé Yordán sobre una apelación presentada ante el Tribunal Apelativo contra la intención del gobierno de ubicar em terrenos agrícolas proyectos de energía renovable. Con el secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, también hablaremos sobre los reclamos de caficultores y beneficiados de café para un alza en el precio del grano y otros beneficios.

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2023 dejó $93,000 millones en pérdidas por desastres en Estados Unidos

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Por Miguel Díaz Román

Estados Unidos experimentó 28 desastres climáticos en 2023 que causaron $93,000 millones en pérdidas, lo que ha provocado destronar al 2020 como el año de mayor número de desastres y pérdidas registrados en esa nación con 22 desastres climáticos.

La información surge de un comunicado de prensa emitido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) el pasado 9 de enero del 2024.

“Estados Unidos sufrió más desastres de miles de millones de dólares en 2023 que cualquier otro año registrado, lo que pone de relieve los crecientes riesgos de nuestro cambio climático”, dijo Deke Arndt, quien es el director de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA.

 De hecho, la cifra de $93,000 millones podría aumentar en varios miles de millones de dólares cuando se contabilicen en su totalidad los costos de la tormenta y las inundaciones ocurridos en la costa este de Estados Unidos entre el 16 al 18 de diciembre de 2023.

Además, el 2023 se perfila ya como un año notablemente caluroso, el cual concluyó con un mes de diciembre que pasará a la historia como el quinto año más cálido del país en los 129 años, según los registros climáticos de la NOAA.

“Olas de calor récord, sequías, incendios forestales e inundaciones son un recordatorio aleccionador de las consecuencias de la tendencia de calentamiento a largo plazo que estamos viendo en todo nuestro país. Estos hallazgos subrayan la necesidad de que los productos y servicios de datos proporcionados por la NOAA, como este informe anual, ayuden a crear una nación más informada y preparada para el clima”, sostuvo Arndt.

En 2023 la temperatura promedio anual en los Estados Unidos alcanzó 54.4 grados F, lo cual es 2.4 grados por encima del promedio del pasado siglo.

En diciembre de 2023 ya es el mes más cálido del país con una temperatura promedio de 39.97 grados F, la cual es una temperatura de 7.29 grados por encima de lo normal y superando al diciembre de 2021 como el mes más caluroso.

Luisiana, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire y Texas tuvieron cada uno el año más cálido registrado, mientras que Connecticut, Florida, Maine, Maryland, Vermont y Virginia tuvieron el segundo año más cálido. Otros 24 estados experimentaron uno de los 10 años más cálidos registrados.

De acuerdo con los registros de la NOAA los 28 desastres provocados por el clima en 2023 son:

17 eventos climáticos severos con granizo.

4 eventos de inundación.

2 ciclones tropicales (Idalia en Florida y tifón Mawar en Guam).

2 brotes de tornados.

1 evento de tormenta invernal y ola de frío.

1 evento de incendio forestal (isla Maui de Hawaii).

1 evento de sequía y ola de calor.

“Para millones de estadounidenses afectados por una avalancha aparentemente interminable de desastres meteorológicos y climáticos, 2023 ha alcanzado un nuevo récord para muchos extremos”, dijo Sarah Kapnick, quien es la científica jefa de la NOAA.

“Las temperaturas cálidas récord en Estados Unidos en diciembre, un número récord de desastres por miles de millones de dólares en 2023 y potencialmente el año más cálido registrado para el planeta son sólo los últimos ejemplos de los extremos que enfrentamos ahora y que seguirán empeorando debido al a los cambios en el clima», agregó Kapnick.

La precipitación anual en los Estados Unidos contiguos ascendió a 29.46 pulgadas (0.48 pulgadas por debajo del promedio), lo que colocó a 2023 en el tercio más seco del récord climático.

 Luisiana tuvo su octavo año más seco registrado, mientras que Maine ocupó el quinto lugar más húmedo y Vermont y Connecticut ocuparon el sexto lugar más húmedo. Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island tuvieron uno de los 10 años más lluviosos.

La sequía alcanzó una cobertura máxima del 46.3 % del territorio de los Estados Unidos a principios de 2023. La cobertura de la sequía en todo el país se redujo a medida que ocurrieron dos fenómenos climatológicos conocidos: los llamados “ríos atmosféricos”, que son bandas de humedad concentrada en la atmósfera que provocan lluvias en determinados lugares, y el conocido “monzón de verano”, que es un cambio estacional en los patrones de viento que hace llover en una gran zona o continente, lo que suele causar inviernos secos y veranos húmedos.

Ambos fenómenos trajeron precipitaciones superiores a lo normal en gran parte del oeste de Estados Unidos, recargando algunos de los principales embalses que cayeron a sus niveles más bajos en 2022. La sequía se redujo a un mínimo del 19% el 30 de mayo, la huella más pequeña para los Estados Unidos desde mediados de 2020.

Los eventos más costosos en 2023 fueron la sequía y la ola de calor del sur y el medio oeste, con un costo de $14,500 millones, y el evento climático severo del suroeste a principios de marzo, con un costo de $6,000 millones.

Sumando los acontecimientos de 2023 al historial de desastres de mil millones de dólares de la NOAA que se remonta a 1980, Estados Unidos ha sufrido 376 desastres meteorológicos y climáticos distintos. El costo acumulado de estos 376 eventos supera los $2,660 billones de dólares.

El calor extremo quemó partes de Estados Unidos y algunos de estos eventos incluyen:

20 de junio: Del Rio, Texas y Río Grande, Texas, alcanzaron 113 grados F y San Ángelo, Texas, reportó un máximo de 114 grados, estableciendo el récord de calor de todos los tiempos en cada lugar.

Julio: Phoenix, Arizona, tuvo una temperatura promedio de 102.8 grados F durante el mes de julio, el mes más caluroso registrado en cualquier ciudad de Estados Unidos.

16 de julio: El Valle de la Muerte, California, se disparó a 128 grados F, estableciendo un récord de temperatura diaria, y reportó su temperatura de medianoche más alta registrada a 120 grados el 17 de julio.

24 de agosto: Las temperaturas en Chicago se dispararon a 100 grados F, la primera temperatura de 100 grados desde el 6 de julio de 2012. El índice de calor alcanzó los 120 grados, el más alto jamás registrado en el sitio oficial de observación climática de Chicago.

Septiembre: San Juan, Puerto Rico, reportó una temperatura promedio mensual de 85.8 grados F durante el mes de septiembre, el que ha sido catalogado como el mes más caluroso registrado en San Juan.

Un año de tornados superior al promedio: el recuento de tornados para 2023 estuvo por encima del promedio con 1,197 tornados reportados y 97 tornados preliminares adicionales aún bajo verificación para el período del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Algunos eventos de tornados importantes a partir de 2023 incluyen:

16 de enero: El Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA confirmó dos tornados en Iowa: los primeros tornados en enero en el estado desde 1967.

22 de marzo: Un tornado EF-1 aterrizó en el área de Los Ángeles, convirtiéndose en el tornado más fuerte que azotó el área desde 1983.

31 de marzo: Casi 28 millones de personas estaban bajo vigilancia de tornados cuando se produjo un brote de tornado generalizado y mortal en partes del Medio Oeste y el sur de los EE. UU. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó más de 110 tornados, incluidos un EF-4 y ocho EF-3. – el brote más grande en un período de 24 horas durante el mes de marzo.

1 de abril: Un tornado EF-3 de 700 yardas de ancho aterrizó en Delaware, el tornado más ancho en la historia del estado y empatado como el más fuerte.

Un número casi normal de incendios forestales: el número de incendios forestales en 2023 estuvo cerca del promedio, con más de 55,500 incendios forestales reportados durante el año. El total de acres quemados por estos incendios forestales (2.6 millones de acres) estuvo muy por debajo del promedio de diez años de 7.1 millones de acres. En Alaska, se quemaron casi 300,000 acres durante la temporada de incendios de 2023, menos de la mitad del promedio estacional del estado.

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5,961.16 cuerdas afectadas por proyectos de energía renovable en reservas agrícolas

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Seis organizaciones de carácter comunitario, municipal, ambiental y agroecológico presentaron un recurso ante el Tribunal Apelativo de San Juan para que se prohíba el establecimiento de unos 17 proyectos industriales de energía renovable en terrenos de reservas agrícolas, que son áreas ecológicamente sensibles.

El escrito de apelación presentado ayer fue acompañado con un estudio, el cual fue presentado ante el proceso judicial en el Tribunal de Primera Instancia, que concluyó que los 17 proyectos tienen un impacto combinado sobre 5,961.16 cuerdas de terreno, de las cuales el 85% se encuentran en terrenos de protegidos identificados por el Plan de Uso de Terrenos.

Las organizaciones argumentaron que es “irracional e incorrecta” la determinación del juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien desestimó el recurso de “mandamus” presentado por las organizaciones demandantes, aludiendo que el Negociado de Energía tiene jurisdicción exclusiva para identificar si deben establecerse los proyectos industriales de energía renovable en la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico.

Los demandantes plantearon que el Tribunal Supremo no ha emitido jurisprudencia que reconoce jurisdicción exclusiva a una agencia y tampoco ha reconocido un recurso adecuado en ley ante una agencia que niega tener jurisdicción y peritaje sobre ese aspecto.

Según los demandantes, el recurso de “mandamus” es el único remedio disponible para requerir al Negociado de Energía que cumpla con su deber ministerial e identifique los lugares aptos para viabilizar la integración de la energía renovable y aplicar el Plan de Uso de Terrenos (PUT).

“El Negociado ha insistido y ha determinado consistentemente que no tiene jurisdicción ni peritaje sobre la materia, es decir, que no tiene peritaje ni jurisdicción para aplicar la política de uso de suelos, el ambiente, ni la agricultura al integrar la energía renovable. La sentencia es irrazonable porque desestimó el “mandamus” sin mencionar ni discutir la postura del Negociado, ni sus resoluciones anteriores declarándose sin jurisdicción ni peritaje sobre la materia”, sostuvieron los demandantes en su planteamiento ante el Tribunal Apelativo.

“La sentencia constituye un fracaso de la justicia. Tiene el efecto de dejar a las aquí comparecientes (partes demandantes) sin un foro, impedir una adjudicación en los méritos, y también, permitir la violación continua con el Plan de Uso de Terrenos y la pérdida de miles de tierras agrícolas catalogadas por ley como “imprescindibles”, advierten los demandantes en su escrito.

Los demandantes añadieron que el incumplimiento continuo con la Ley 6-2014 del Plan de Uso de Terrenos, la magnitud de sus efectos, y a través de casi todos los proyectos ante el Negociado, implica una violación reiterada al Plan de Uso de Terrenos y a la Constitución de Puerto Rico sobre la cual el Tribunal tiene jurisdicción.

Dijeron que está pendiente la consideración por el Negociado de los proyectos a proponerse en los siguientes cinco tramos o “tranches” requeridos por el Plan Integrado de Recursos, y por ende, la consideración de probablemente más de 80 proyectos industriales de energía renovable, sin que antes se identifique para estos la ubicación y los lugares aptos. Ello pese a que la Política Pública Energética establece que los lugares aptos son los sistemas de relleno sanitario (vertederos) no operacionales y aquellos terrenos previamente contaminados.

Detallaron que durante el proceso judicial presentaron el “Informe de Análisis de la Ubicación de 17 Proyectos de Generación y Almacenamiento de Energía y sus Posibles Impactos en Suelos con Distintos Niveles de Protección y Riesgo” suscrito por el planificador profesional licenciado, Pedro M. Cardona Roig con fecha de 11 de agosto de 2023.

En el estudio Cardona Roig concluyó que los proyectos afectan 5,961.16 cuerdas de terreno, de las cuales el 85% se encuentran en terrenos de protección identificados por el Plan de Uso de Terrenos.

“El incumplimiento reiterado con el deber ministerial, el PUT, y la consecuente pérdida de miles de cuerdas de tierras agrícolas destinadas a su preservación y conservación y que son ‘imprescindibles en una isla como la nuestra que depende casi exclusivamente de la importación de productos para podernos alimentar’, constituye una violacion de derechos constitucionales”, reza la apelación.

Mencionaron que el incumplimiento agrava la vulnerabilidad de la vida y propiedad de las personas en Puerto Rico ante el cambio climático, las emergencias, inundaciones y huracanes. Identificar los lugares aptos para integrar la energía renovable es además es necesario para mitigar los efectos del cambio climático y las emergencias. 

Destacaron, además, la contradicción del Negociado de Energía, que ha reconocido que la ubicación de los proyectos de energía renovable cerca del lugar de consumo es un elemento fundamental para lograr un sistema eléctrico resiliente. Pero, al mismo tiempo, continúa negándose a considerar la ubicación de los proyectos para integrar la energía renovable.

Según los demandantes, las agencias tienen que cumplir con la Política Pública Ambiental que requiere considerar alternativas seguras y resilientes en proyectos con conflictos dudosos relativos a los usos alternos de los recursos disponibles.

 “Ninguno de los proyectos industriales propuestos a ubicarse en la Reserva Especial Agrícola aporta al componente fundamental y crítico para un sistema eléctrico resiliente y seguro, ni mitiga los daños ante emergencias”, argumentaron.

El grupo de organizaciones demandantes se compone de la Liga de Ciudades de PR Inc., la Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Inc., El Puente de Williamsburg, Inc., el Comité Diálogo Ambiental, Inc., Sierra Club Puerto Rico y cuentan con el apoyo legal de Earthjustice.

Las partes demandadas son el Negociado de Energía, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE), la Junta de Planificación (JP) y el Estado Libre Asociado.

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