Por Miguel Díaz Román

La grave falta de una planificación inteligente de parte del gobierno y los contratiempos que esto ha generado, han sido lo grandes obstáculos para que el país aún carezca de una flota para la producción de energía renovable que sustituya gran parte de la generación de electricidad con combustibles fósiles que existe actualmente y que, además, permita a los consumidores obtener energía más barata.

Así de claro quedó durante el foro “La energía renovable en Puerto Rico: retos y oportunidades”, que ayer celebró la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros.

En el foro, celebrado en el restaurante Antonio, ubicado en el Condado, participaron el consultor y ex presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti; el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable (APER), Julián Herencia; y Alfredo Martínez Álvarez, presidente de la empresa de bienes raíces Martinal Group.

Incluso, esa falta de planificación es la que mantiene numerosos proyectos de energía renovable que ya han sido aprobados, mayormente de placas fotovoltaicas, en la espera del aval final de las agencias concernidas, a pesar de que su construcción y operación es necesaria para suplir 454 megavatios que en dos años dejarán de fluir por cableado eléctrico cuando la planta AES en Guayama, que genera energía quemando carbón, finalice su operación.  

De hecho, García Pelatti sostuvo que mientras otros países han incursionado en la producción de energía renovable a través de procesos ordenados en las que se ha definido la necesidad energética y se han seleccionado los lugares idóneos para ubicar estas operaciones, en Puerto Rico ese proceso ha padecido un “vacío” que se ha caracterizado por la falta de previsión y de protagonismo de parte del gobierno en la necesidad de identificar las prioridades.

Como resultado de esa política, las empresas de energía renovable compiten entre sí para adquirir predios dónde esperan establecer sus operaciones sin que exista una dirección clara de los objetivos del gobierno.

Falta de coordinación de la política energética

García Pelatti reveló que para 2014 se pudo identificar que muchos de los proyectos de energía renovable propuestos no estaban ubicados en los lugares adecuados y que la gestión de hacer cumplir los reglamentos y las leyes que rigen la política del suelo y los terrenos agrícolas se hallaba en continuo reto de la parte de la iniciativa para favorecer las energías renovables.

“Y como yo siempre le digo a mucha gente, las industrias son importantes, pero eso no quiere decir que los parques industriales los puedes poner en cualquier lugar. Los hoteles son importantes, pero eso no quiere decir que los puedes poner en cualquier lugar”, sostuvo.

El ex presidente de la Junta de Planificación comentó que en Puerto Rico se han aprobado proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas a pesar de que existen leyes que protegen esos terrenos y que han decretado determinadas zonas en toda la isla como reservas agrícolas. 

De hecho, García Pelatti sostuvo que otro error del país es que “no se ha coordinado” la política energética con la política de suelos y de protección de terrenos agrícolas. Incluso, García Pelatti reveló que en una ocasión se propuso ubicar proyectos de placas solares sobre los embalses con el fin de proteger los terrenos agrícolas y reducir la capacidad de evaporación en esos cuerpos de agua, una iniciativa que no ha logrado reclutar seguidores porque hasta el presente no se conocen que se hayan propuesto proyectos de energía renovable en embalses.   

El ex funcionario agregó que el proceso de promover las energías renovables en Puerto Rico también ha sufrido el embate de intereses contrarios, como, por ejemplo, cuando un alto funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que era parte del comité creado en el gobierno para las energías renovables, sostuvo que la corporación pública había realizado un estudio que concluyó que “las energías renovables no eran viables». “El presidente del Comité le dijo: pues entonces, enséñanos el estudio y él dijo, no, no, es confidencial”, dijo García Pelatti, ante la sorpresa de la concurrencia, integrada por economistas y empresarios y figuras del sector de las finanzas, los seguros y la banca.

 “De lo que yo me dí cuenta en ese momento, es que no había planificación. No se identificaron los proyectos y aquí, marcando la realidad del pasado con el análisis de futuro, creo que todavía nos estamos equivocando. Yo me dí cuenta que en el estado de Nevada había dicho: ¿cuánto más cabe en el sistema (carga en el sistema eléctrico) ?; ¿cuál es el mejor lugar para poner parques eólicos?; ¿cuál es el mejor lugar para poner parques de placas solares? Compraron los terrenos, expropiaron tierras para pasar las líneas y dijeron: mercado ¿quién hace la mejor oferta para poner un parque de placas solares en este lugar?”, planteó García Pelatti en un intento de hacer un contraste para cuestionar nuevamente las políticas equivocadas establecidas por el gobierno local para promover las energías renovables.

Por su parte, Julián Herencia también aludió a la falta de planificación de parte del gobierno al sostener que el país enfrenta una crisis de generación de energía, mientras continúan atrasadas las aprobaciones finales de los proyectos de energía renovable de la llamada primera etapa (Tranche 1), que proponen generar entre 800 y 900 megavatios.

Demanda supera la generación

Herencia indicó que el pasado año la demanda superó la capacidad de generación de las plantas existentes, lo cual es la más clara evidencia de la magnitud de la crisis de producción de electricidad que padece el sistema de generación que actualmente es operado por la empresa privada Genera PR.

El director ejecutivo de APER señaló que el Plan Integrado de Recursos de la AEE, que es el documento que define la política energética del gobierno, establece que en los próximos cuatro años se deberán eliminar más de 3,000 megavatios que son producidos con combustibles fósiles, lo cual implica que el sistema de generación se quedará con hasta 2,500 megavatios.

“Necesitamos ahora mismo entre 3,500 y 4,000 megavatios. Nos vamos a quedar cortos y la única manera de salir de esto es la nueva generación a través de las energías renovables en escala o por medio de la conversión de las plantas de combustibles fósiles a plantas más eficientes. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que en Puerto Rico hay una crisis real de generación y estos proyectos de energía renovable a gran escala, que proponen 3,750 megavatios (que incluye los proyectos de Tranche 1 y otros que serían considerados en el llamado Tranche 2), son necesarios para salir de esta crisis. No hay otra alternativa a corto plazo que nos puede dar esa generación”, dijo Herencia.

Agencias y LUMA en atraso

Incluso, Herencia dijo que el costo de la electricidad actualmente estimado para los proyectos a gran escala de energía renovable aprobados (Tranche 1) asciende a 12.3 centavos el kilovatio hora, lo cual es muy favorable para los consumidores y para la economía.  

No obstante, Herencia dijo que parte fundamental de la crisis es el atraso de las agencias concernidas en firmar los acuerdos para los proyectos de energía renovable (Tranche 1), a pesar de que fueron aprobados en 2022.  

 “Hoy en día, los entre 800 y 900 megavatios aprobados (Tranche 1), están todos atrasados por falta de ejecución de agencias del gobierno”, dijo Herencia, quien indicó que las principales fuentes de atraso es el Negociado de Energía y la empresa LUMA, que administra el sistema de distribución de energía del país. De hecho, el ejecutivo dijo que la empresa LUMA era responsable del 90 % de los atrasos en los trámites que aún no se han culminado.

Herencia defendió la ubicación de proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas, al sostener que menos del 3 % de los terrenos agrícolas serían impactados por los proyectos de energía renovable propuestos (Tranche 1 y Tranche 2, que suman 3,750 megavatios).

De hecho, Herencia dijo que actualmente existen siete parques de energía renovable en operación ( en contratos con la AEE) ubicados en terrenos agrícolas. Explicó que esos terrenos han carecido de actividad agrícola en los pasados 20 años, lo que implica que las iniciativas de energía renovable no han anulado fincas, siembras u otro tipo de operación agrícola.  

“La pregunta es: hay o no hay conflicto. Esos terrenos han estado en desuso en los pasados 20 años. Si no había interés a corto plazo en poner una actividad agrícola ¿por qué no los ponemos a producir algo que Puerto Rico necesita y que no afecta su capacidad de producción agrícola en el futuro?”, cuestionó Herencia.

“Del 2012 al 2018 se perdieron 97,000 cuerdas de terrenos agrícolas. En ese mismo periodo de tiempo se pusieron a correr los siete proyectos de energía renovable en 750 cuerdas. Es obvio que los proyectos de energía renovable no tienen nada que ver con la pérdida de terrenos agrícolas en Puerto Rico”, sostuvo.

Comercio a favor de las renovables

Agregó que dos de esos proyectos mantienen simultáneamente una operación agrícola relacionada con la crianza de ovejas, lo que, según dijo Herencia, significa que determinadas prácticas agrícolas pueden convivir con los proyectos de energía renovable. De hecho, la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Agricultura han establecido la iniciativa denominada Agroenergía, que pretende identificar los cultivos agrícolas que pueden coexistir con las iniciativas de energía renovable.

Finalmente, Alfredo Martínez Álvarez, presidente de la empresa de bienes raíces Martinal Group, favoreció el desarrollo de la energía renovable a gran escala porque representen una reducción en el costo de la electricidad, lo cual es uno de los desafíos que enfrenta actualmente el mercado de bienes raíces a nivel comercial, debido a que los altos costos han causado cambios en las expectativas de las empresas que alquilan espacios comerciales. Martínez Álvarez también avaló la ubicación de paneles de energía renovable en los techos de centros comerciales y en otros espacios y estructuras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Por Miguel Díaz Román

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) acudió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que se encuentre en desacato a la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) porque no ha pagado cientos de reclamaciones de la desaparecida aseguradora Real Legacy, lo que constituye, según alegó la entidad reguladora, una violación a dos órdenes que emitió para que se pagaran los reclamos y que la asociación no ha respetado.

 La acción judicial de la OCS, realizada el pasado 28 de junio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, representa una disputa inédita contra la AG, que es un organismo creado por ley y que es regulada por el Código de Seguros, cuyo fin es lidiar con el pago de reclamaciones de determinados seguros, como resultado de la insolvencia de un asegurador.

 En su petición la OCS le pide al Tribunal que le imponga un desacato a la AG por incumplir sus órdenes y además solicita permiso para transferir al organismo hasta $10.6 millones, incluyendo un pago inicial de $5.3 millones. En síntesis, la OCS sostiene que la AG se ha dilatado innecesariamente por más de cinco años en la resolución y pago de reclamaciones de Real Legacy.

La AG es dirigida por el licenciado Rafael Rocher (en la foto), mientras que el Comisionado de Seguros lo es el licenciado Alexander Adams Vega.

Por su parte, en una moción presentada el pasado 18 de julio, la AG ha solicitado al Tribunal que avale las transferencias de fondos y que rechace la solicitud de la OCS para que se le impute desacato.

La AG sostiene que la petición de desacato de la OCS no está justificada “ni como solución práctica ni como cuestión de derecho” y también ha planteado que el liquidador de Real Legacy, una posición que actualmente es ocupada por la licenciada Wilma Rosario, le ha entregado expedientes incompletos que han generado numerosos obstáculos para la solución rápida y satisfactoria de esas reclamaciones.

La AG también ha planteado que la liquidación de Real Legacy y de la aseguradora Integrand Assurance generó en conjunto una magnitud sin precedente de reclamaciones como nunca antes ha tenido que manejar la entidad, lo que no ha estado exento de dificultades debido a la falta de personal para resolver adecuadamente los reclamos.

De hecho, la liquidación de Real Legacy implicó el envío de más de 3,600 reclamaciones a la AG, de las cuales ha resuelto más de 3,000, según alega en su moción la entidad.

 Antes de que la OCS y el liquidador acudieran al Tribunal, la AG había solicitado entablar un diálogo o una vista administrativa para dirimir las diferencias, pero tales opciones no fueron atendidas por el regulador.

Sorpresa por acción de la OCS

En cambio, sostiene la AG, la petición judicial de la OCS y el liquidador en realidad constituye un intento para que el Tribunal evalúe el desempeño de la AG durante el proceso de liquidación de Real Legacy y el grado de diligencia con que ha actuado por medio de indagar en cientos de expedientes de reclamaciones “un procedimiento para el cual no encontramos precedente, ni solución jurídicamente viable”.

En otras palabras, se espera que la OCS y la AG trabajen en armonía pues para intervenir un asegurador por insolvencia, el regulador debe nombrar un liquidador, el cual está bajo la supervisión del Tribunal, y en gran medida las responsabilidades de la AG dependen de que el liquidador y la OCS cumplan a cabalidad la amplia gestión que involucra una liquidación.

Entre estas, figura que el liquidador pueda recaudar un caudal suficiente de entre los activos del asegurador intervenido para pagar las reclamaciones de sus asegurados, que es la tarea que le corresponde a las AG.

De hecho, fuentes de la industria de seguros han expresado sorpresa ante la acción judicial debido a que tradicionalmente la AG ha mantenido un vínculo estrecho e indisoluble con la OCS. Incluso, las fuentes han indicado que la disputa es incomprensible porque en última instancia la finalidad legal de la OCS y de la AG es favorecer a los asegurados afectados por la insolvencia de un asegurador.

 Dilación en aprobar el recobro 

No obstante, esas mismas fuentes han planteado que sí por un lado la función de la AG se ha visto entorpecida porque ha recibido expedientes incompletos, por otro lado, la OCS ha demostrado una tardanza injustificada en la toma de decisiones, especialmente en aprobar el recobro de las derramas que son pagadas por los aseguradores activos en el mercado local.

Las fuentes han planteado que la dilación en aprobar el recobro de las derramas atenta contra la solvencia de los aseguradores activos. El recobro de las derramas se realiza por medio de aplicar determinadas alzas en las primas de seguros de propiedad que adquieren todos los asegurados del país.

En 2019 la OCS intervino a la aseguradora Real Legacy y en diciembre de ese año la AG impuso una derrama de $11 millones a los aseguradores activos en el mercado local. Hasta el presente, el liquidador de Real Legacy ha transferido a la AG $28 millones para el pago de reclamaciones, lo que junto a la derrama representa que la cantidad de dinero pagada en reclamaciones asciende a $39 millones.

De hecho, la AG estima que necesitará otros $15.9 millones para pagar determinadas reclamaciones que aún no se han pagado. La fecha límite para esto es el 31 de marzo de 2025. Además, la AG extiende que aún necesitará $21.6 millones para pagar las reclamaciones “con reservas entre $100,00 y $300,000”.

Dos órdenes

En esencia, la disputa comprende dos órdenes, la primera de las cuales le exigen a la AG que resuelva en 30 días y bajo apercibimiento de desacato, 414 reclamaciones de hasta $30,000.00 que no se encuentran en un proceso judicial.

De hecho, de esas reclamaciones hay 126 que ya fueron resueltas y existen otras 288 que se encuentran en distintas etapas para lograr su resolución, lo que implica, según ha planteado la AG, que el término de 30 días establecido por la OCS y el liquidador “no es algo que resultaba operacionalmente factible”. El término de 30 días establecido en la orden, venció el pasado 17 de junio de 2024.

En la segunda petición la OCS y el liquidador le solicitan al Tribunal que ordene a la AG, bajo apercibimiento de desacato, el ajuste y pago de «todas las reclamaciones con reservas de hasta $100,000, no más tarde del 31 de diciembre de 2024».

Sobre esta petición la AS sostiene que ni la OCS ni el liquidador no la habían exigido antes y que la única orden que habían recibido fue presentar un plan de trabajo para resolver las reclamaciones mayores de $30,000 que no se encontraban en un trámite judicial. 

“Una reclamación de seguros se puede considerar «resuelta» con meramente cerrarla o denegarla. Sin embargo, el liquidador es partidario de que la AG proceda a «cerrar» o simplemente «denegar» reclamaciones, sin que se intente llegar a un acuerdo con el asegurado”, sostuvo la AS en su moción.

Pero la OCS y el liquidador alegan que la AG solicitó que se le conceda hasta el 30 de septiembre de 2024, para someter un informe de progreso sobre esas reclamaciones, lo que catalogado como “improcedente e inaceptable” porque viola el plan de operaciones para el pago de reclamaciones aprobado desde enero de 2022.

Sin atención los intereses de los asegurados 

“Más aún cuando, según ha sido informado por la AG, entre las reclamaciones pendientes antes referidas hay 208 que ya fueron ajustadas. De dichas reclamaciones, 109 casos han sido identificados para cierre sin pago y en 30 casos la oferta de pago que la AG notificó a cada reclamante no ha sido contestada. Además, existen 37 reclamaciones en las que se rindió informe de ajuste y lo que está pendiente es determinar si procede el pago. La AG no ha demostrado causa que justifique que luego de haber transcurrido más de dos años de haberse aprobado el plan de operaciones, aún no se hayan resuelto en su totalidad las reclamaciones no judiciales de menos de $30,000.00”, argumentó la OCS en su petición al Tribunal.

Y más adelante agrega que “la conducta de la AG de no resolver en un tiempo razonable las reclamaciones no judiciales de menor cuantía opera en contra de los mejores intereses de los asegurados, reclamantes, acreedores de Real Legacy en liquidación y la industria de seguros en general”.

Incluso, la OCS sostuvo que el plan de trabajo propuesto por la AG para las reclamaciones con reservas de hasta $100,000 contempla finalizar su pago el 31 de marzo de 2025, lo que también fue rechazado por el liquidador, quien describió la propuesta como “desmesurada e irrazonable”.

AG apuesta por el diálogo 

“Se trata de reclamaciones que en su mayoría no son judiciales y su ajuste solo depende del esfuerzo y trabajo de la AG. Por consiguiente, el liquidador solicita respetuosamente de este honorable Tribunal que le ordene a la AG que ajuste y pague, bajo apercibimiento de desacato, las reclamaciones con reservas de hasta $100,000 no más tarde del 31 de diciembre de 2024”, reclama la moción de la OCS.

Por su parte, la AG llamó la atención sobre las alegadas exigencias irrazonables de la OCS y del liquidador como, por ejemplo, aquella que solita en detalle los gastos facturados para reclamar a los reaseguradores el reembolso de los gastos por póliza. “Nunca antes la AG había estado involucrada en las reclamaciones a los reaseguradores”, sostuvo la AG en su moción.  

De hecho, la AG considera necesario establecer un diálogo con la OCS y el liquidador para acelerar la resolución de las reclamaciones pendientes y con ese fin solicitó al Tribunal que emita una directriz para propiciar el diálogo entre las partes.

“La AGSM no encuentra justificación ni conveniencia alguna para repentinamente tornar la relación con el liquidador en una adversativa, siendo la meta de ambas partes culminar con el proceso de liquidación de Real Legacy con la mayor prontitud posible. El liquidador tiene conocimiento de que la AG no está exenta de las dificultades que existen en el mercado laboral actual para el reclutamiento de empleos técnicos en el área de ajuste y administración de reclamaciones, algo que concierne tanto a la liquidación de Real Legacy como a la de Integrand Assurance; dos insolvencias simultáneas de magnitud sin precedente, provocadas en gran medida por desastres naturales que tampoco encuentran precedente en lo que concierne a las funciones de la AG y de la industria de seguros de Puerto Rico. Si a estos procesos le inyectamos súbitamente requerimientos de compilación de datos que exigen la atención inmediata del personal de la AG, se desvía y detiene la labor de resolver reclamaciones”, sostuvo la AG en su moción.

El caso aún se encuentra en espera de una determinación por parte del Tribunal.

Por Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company

No cesan las noticias en los medios del país donde los consejos de titulares de condominios siguen clamando para que se les pague su reclamo relacionado con el paso del Huracán María. Han pasado casi siete años desde el Huracán María y lo que se escucha es más de lo mismo.

Los consejos de titulares culpan a las aseguradoras de no cumplir con sus obligaciones contractuales, las aseguradoras culpan a los ajustadores y a las compañías que compran los reclamos de inflar el valor de la propiedad afectada para no pagar y los casos en los tribunales no acaban de resolverse.

Quien no se salva y siempre sale trasquilado es el consejo de titulares porque al no recibir el pago de la reclamación no pueden reparar la estructura del condominio y el interior de sus apartamentos.

La pregunta que uno debe hacerse como miembro del consejo de titulares de un condominio es que puedo hacer para evitar que en caso de otro huracán o terremoto vuelva a suceder lo mismo. Mis recomendaciones como profesional de seguros con 38 años de experiencia en el sector asegurador son las siguientes:

Lo primero es que no permita que el consejo de titulares asegure toda la propiedad (elementos comunes y elementos privativos que le pertenece única y exclusivamente al titular) en una sola póliza de seguros.

Dicho seguro se conoce como la póliza de seguros «full value». Ajustar y resolver una reclamación de una póliza «full value» tiende siempre a demorar mucho más tiempo y se complica porque el asegurador tiene que no solo evaluar el daño a la estructura o a los elementos comunes, sino que también tiene que evaluar los danos al interior de todos los apartamentos que reclamaron.

Si el consejo de titulares desea que su aseguradora ajuste y le pague su reclamación con más prontitud y también desea que los deducibles de huracán y terremoto sean más bajos, tiene que exigirle a su agente o corredor de seguros que le venda una póliza de seguros tipo «bare walls».

Con una póliza «bare walls» el consejo de titulares solo tiene la responsabilidad de asegurar los elementos comunes del condominio que es donde único tiene un interés asegurable y deja que los titulares aseguren por cuenta propia sus apartamentos en pólizas individuales tipo «homeowners» o «personal package».

Segundo, el consejo de titulares debe solicitarle a su agente/corredor de seguros o a una firma independiente de manejo de riesgos que prepare un estudio con fotos que demuestre o evidencie la actual condición física de los elementos comunes del condominio. El administrador del condominio debe tener consigo los planos, listado de costos de toda la propiedad inmueble proveniente del desarrollador y facturas relacionadas con las mejoras del condominio.

Por otra parte, el titular debe hacer lo propio guardando facturas de todo lo relacionado con la propiedad inmueble y mueble que está contenida dentro de su apartamento y tomar fotos.

El propósito es tener todo documentado y accesible para que el consejo de titulares (y el propio titular en lo que respecta su apartamento) le pueda evidenciar o probarle a su aseguradora cuál era la condición de la propiedad antes de los daños ocasionados por el huracán o terremoto.

Tercero, luego del evento de un huracán o terremoto el consejo de titulares debe de acudir donde su agente o corredor de seguros para que lo asista en contratar los servicios de un ingeniero estructural y este le pueda preparar un informe pericial que contenga todo los daños a los elementos comunes. Dicho informe formaría parte del reclamo a su aseguradora.

Si por alguna razón que no sea válida su aseguradora tiene diferencias o no acepta el monto total de los daños contenidas en el informe de su ingeniero, el consejo de titulares o su agente o corredor de seguros debe exigirle a la aseguradora que nombre un ingeniero estructural (si no lo hecho) para que se reúna con el ingeniero del consejo de titulares.

El propósito es que ambos eliminen las controversias y lleguen a un acuerdo o consenso sobre el monto total de los daños a los elementos comunes del condominio. Si los ingenieros de ambas partes (consejo de titulares y aseguradora) no se pueden poner de acuerdo entonces entre ambos existe una alta probabilidad de que puedan nombrar a otro ingeniero estructural para que los asista en eliminar controversias y llegar a un consenso sobre el valor total de los daños.

Si se trata de un titular con su póliza individual de seguros tipo «homeowners» o «personal package» solicite siempre que su agente o corredor de seguros lo asista con su reclamación ante la aseguradora. Si el daño a su apartamento es considerable considere también los servicios de un ingeniero para que le rinda un informe de daños y se lo pueda presentar a su aseguradora.

Finalmente, evite nombrar un ajustador público que sustituya a su agente o corredor de seguros, acudir a la Oficina del Comisionado de Seguros para presentar una querella o presentar una demanda judicial a menos que sea como último recurso porque de lo contrario, el pago de la reclamación podría demorar años.

Le comento que la Oficina del Comisionado de Seguros si puede adjudicar controversias como por ejemplo de cubierta o no cubierta de seguros, pero dicha Oficina no entra en los méritos o resuelve controversias relacionadas con cual debe ser el valor o monto correcto de los daños a su propiedad.

Recuerde siempre que su mejor aliado es su agente o corredor de seguros. Deje que sean ellos los que lideren y lo asistan a resolver su reclamación con su aseguradora.

Por Miguel Díaz Román

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó un importante pleito de fraude radicado por la aseguradora Multinational Insurance Company, en el que se alegó que cerca de una decena de consejos de titulares de condominios junto con un grupo de empresas de peritaje, en la que figuran ingenieros y consultores, crearon un esquema de fraude para obtener ganancias por medio de inflar el monto de las reclamaciones por daños causados por el huracán María.

 El pleito fue desestimado con perjuicio “en aras de la economía procesal y de evitar una bifurcación innecesaria de los procedimientos”. La desestimación con perjuicio implica que la aseguradora no podrá presentar nuevamente el caso como lo hizo en la citada demanda.

 El caso, que fue radicado en 2023, fue desestimado el pasado 10 de julio de 2024 por el juez superior Raúl Candelario López.

 En la sentencia el juez Candelario López sostuvo que el Tribunal no puede avalar la demanda de Multinational porque “estaríamos avalando una multiplicidad de pleitos provocando así un fraccionamiento indeseable, congestionando las salas de los tribunales con casos que versan sobre mismos hechos esenciales, y dándole espacio a posibles determinaciones incongruentes en detrimento del buen funcionamiento de nuestro sistema judicial”.

 “En consecuencia, en aras de la economía procesal y de evitar una bifurcación innecesaria de los procedimientos, este Tribunal desestima con perjuicio la demanda presentada por Multinational”, sentenció el juez Candelario López.

 La sentencia del juez responde a varias solicitudes de desestimación radicadas por las entidades demandadas por Multinational. En síntesis, las peticiones de desestimación argumentaron que Multinational debió presentar las alegaciones de fraude a través de una reconvención compulsoria en los pleitos judiciales donde figura como parte demandada, y donde la controversia en consideración es sobre los contratos de seguro que Multinational pretendía anular en la demanda desestimada.

 La reconvención es un mecanismo que permite que una parte demandada presente una reclamación contra la parte demandante en ese mismo pleito, lo que evita la multiplicidad de pleitos y facilita la dilucidación de controversias en un solo procedimiento.

 No obstante, la reconvención compulsoria es aquella reclamación, hecha por una parte contra cualquier parte adversa, que surja del acto que motivó la reclamación original y cuya adjudicación no requiera la presencia de terceros.

Piden la desestimación

Sobre este aspecto, las solicitudes de desestimación señalaron que, debido a que Multinational no presentó una reconvención o varias reconvenciones en los diversos pleitos en que participa, la aseguradora estaba impedida de radicar una acción independiente para dilucidar aquellos asuntos que debió presentar mediante una reconvención.

También plantearon que procedía la desestimación con perjuicio, pues Multinational no alegó una reclamación justiciable que le permitiera reclamar daños. Además, solicitaron la imposición de costas y honorarios de abogado por temeridad.

En reacción a las peticiones de desestimación Multinational alegó que los pleitos pendientes no impiden al Tribunal adjudicar de forma fraccionada las alegaciones de fraude y pasar juicio sobre la validez de las pólizas. Sostuvo que este tipo de acción judicial evitaría dictámenes inconsistentes, gastos de litigación excesivos y un fracaso en la justicia. Multinational solicitó que se declaren sin lugar las mociones de desestimación y que se decrete la nulidad de las pólizas.

Juez atenderá la temeridad

El juez Candelario López no reconoció crédito a los planteamientos de la aseguradora, cuyo representante legal es el bufete Cancio, Nadal & Rivera. SN intentó sin éxito obtener una reacción del presidente de Multinational, Luis Pimentel, y del citado bufete sobre los pasos que se proponen dar tras la desestimación.

De hecho, el juez se abstuvo de atender los reclamos de sanciones por temeridad, pero advirtió que atendería el asunto durante la consideración de un caso de naturaleza civil que involucra a la aseguradora. “De existir justa causa, se podría revisitar el tema para las determinaciones de derecho que correspondan y la imposición de sanciones y honorarios por temeridad”, sostuvo el juez en la sentencia.

En la demanda desestimada Multinational sostuvo que en nueve casos civiles que se ventilan en los tribunales y que involucra a los consejos de titulares demandados, ha surgido prueba que permite constatar un patrón similar de fraude para sobrevalorar las reclamaciones por pérdidas causadas por el huracán María.

Ante esa realidad y para, alegadamente, ahorrar gastos procesales al Tribunal, Multinational presentó una petición de sentencia sumaria para que se condene a los demandados a resarcir a la aseguradora con $1 millón por los presuntos daños causados a la reputación de la empresa.

Además, la aseguradora exigió el pago de $600,000 adicionales por los gastos en que tuvo que incurrir para atender las reclamaciones fraudulentas como, por ejemplo, el pago por servicios periciales, de ajuste y otros gastos relacionados con los litigios como la toma de deposiciones.

Una moción de sentencia sumaria está justificada cuando una de las partes entiende que no existen hechos en controversia y que el tribunal se encuentra en posición de resolver.

Las partes demandadas son el Consejo de Titulares del Condominio Ashford Imperial, el Consejo de Titulares del Condominio Camino Terraverde, el Consejo de Titulares del Condominio Bosque del Río, el Consejo de Titulares del Condominio Condado del Mar, el Consejo de Titulares del Condominio Paola, el Consejo de Titulares del Condominio Villas del Mar, el Consejo de Titulares del Condominio Surfside Mansions y el Consejo de Titulares del Condominio Portales de Carolina.

Además, Multinational demand a MulEli, S.E., Attenure Group, LLC, Attenure Holdings Trust 8, HRH Property Holdings LLC y Forensic Building Science Inc. Figuran también como demandados Agustín Mujica, Raymond P. Shipley, Case Strategies Group y Andre Melo.

Reclamaciones aumentaron lo daños

De acuerdo con la demanda, tras el paso del huracán María los consejos de titulares de los condominios demandados habían contratado ajustadores públicos en el mercado local o ajustadores procedentes de Estados Unidos, quienes presentaron las reclamaciones por daños.

Posteriormente los consejos de titulares contrataron algunas de las empresas codemandadas para que los representara ante la aseguradora, tras lo cual se presentaron informes de reclamaciones que incluían daños que no fueron reclamados originalmente.

Además, las reclamaciones presentadas por esas empresas aumentaban sustancialmente la valorización de los daños, en relación con las reclamaciones originales. Según la demanda, la sobrevaloración de los estimados de daños tenía como objetivo inflar el monto de las reclamaciones, lo cual constituye una violación grave al Código de Seguros.

Incluso, la demanda sostiene que el acto de inflar las reclamaciones afectó a los consejos de titulares porque tras la oposición de Multinational a concretar ajustes finales, estas entidades no han recibido los pagos para rehabilitar sus condominios.

Otro planteamiento es que esas empresas alentaron falsas expectativas en los consejos de titulares sobre que los pagos por las reclamaciones serían sustancialmente altos, con el único fin de lograr que los contrataran.

Dos esquemas de fraude

De hecho, la demanda identifica dos esquemas de fraude principales. En el primero de ellos participó el bufete de abogados Raizner Lee LLC, que tiene oficinas en Texas y se estableció en Puerto Rico tras el paso del huracán María para ofrecer servicios legales y de peritaje a los consejos de titulares en reclamaciones contra las aseguradoras.

Según indica el documento, Raizner Lee LLC, que no figura como codemandado en el pleito, contrató a la empresa FBS, la cual se dedica al peritaje forense de edificios. Para evaluar los daños y preparar los estimados de pérdidas se contrató al ingeniero Agustín Mujica.

El costo de los servicios por los servicios de peritaje, sostiene la demanda, fue sufragado por la firma Raizner Lee LLC. Luego el bufete de abogados incluyó el costo del peritaje como parte de los gastos incurridos en el litigio.

La demanda alega que para sufragar los gastos totales del litigio y obtener, además, una ganancia, fue necesario sobrevalorar los daños del asegurado, una responsabilidad que recayó en la firma de consultores FBS y su consultor, el ingeniero Agustín Mujica.

De hecho, la demanda relata cómo, alegadamente, FBS y Mujica inflaron el monto de las reclamaciones en varios condominios a través de incluir materiales y servicios para la reparación de las estructuras que resultaban innecesarios e incluyendo pérdidas de equipos inexistentes y extendiendo los efectos de las pérdidas en apartamentos que no enfrentaron daños.

Adelantos para controlar las reclamaciones

En el segundo esquema de fraude participó la empresa Attenure Group, la cual lograba acuerdos con los consejos de titulares que consistían en tomar control total de las reclamaciones a cambio de adelantar una cantidad de dinero para que comenzaran los trabajos de rehabilitación.

Las empresas Attenure Holding Trust y HRH tenían el control de las acciones civiles contra las aseguradoras en los tribunales y junto a ellas también participaron varias firmas de ingenieros y de contratistas, quienes inflaron la valorizaron las reclamaciones.

Entre estas firmas, según indica la demanda, se encuentra el contratista Raymond Shipley y Case Strategies Group, Inc.

La demanda relata cómo, alegadamente, el contratista Raymond Shipley y Case Strategies Group inflaron el monto de las reclamaciones en varios condominios al reclamar daños en áreas que no fueron afectadas por el huracán y reclamar trabajos de reparación que resultaron increíbles, como alegar que todos los enchufes eléctricos de todos los apartamentos se debían sustituir, así como reclamar daños en los elevadores que no eran compatibles con la realidad de esos equipos.

Según la demanda, la empresa Attenure Group adelantó a los consejos de titulares cantidades sustanciales de dinero y, además, se hicieron cargo del dinero adeudado a los ajustadores públicos y a los abogados que los representaban. 

Nuevas inspecciones

Como condición específica del contrato, los asegurados aceptaron que sus condominios fueran inspeccionados nuevamente, lo que causó la aparición de nuevos reclamos de pérdidas que no integraban la reclamación original.

La demanda indica que los informes de las nuevas inspecciones se realizaron con la intención de defraudar a Multinational y para inflar las reclamaciones e incluir daños que nunca fueron reclamados, aun cuando ya algunos condominios habían sido inspeccionados por ingenieros, consultores, y ajustadores públicos.

Otro argumento de la demanda es que durante el paso del huracán María en 2017, estaba en vigor la carta normativa 75, la cual fue emitida por la Oficina del Comisionado de Seguros en 2006. Esa carta normativa exigía que la valorización de un apartamento en una póliza de condominio tendría una vigencia de dos años.

La demanda sostiene que los límites de las pólizas de los codemandados no podían tener más de dos años de establecidos mediante tasación. No obstante, se presentaron reclamaciones por cantidades que sobrepasan los límites de cubierta de la póliza en porcentajes que comienzan en más de 100% sobre el límite de la póliza y en ocasiones el valor de los daños reclamados superan el límite de la póliza por más de 1,000 %.

Por Miguel Díaz Román

El acuerdo alcanzado para que se devuelvan $35.1 millones a miles de asegurados por la aplicación ilegal de un descuento por depreciación podría colocar a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) en una coyuntura de insolvencia, pues entre capital y sobrante la aseguradora tiene $31.9 millones, lo que implica que aún faltarían $3.2 millones para cumplir con la estipulación presentada en el caso de clase ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

 La información surge de una evaluación sencilla realizada por SN al informe financiero del 2023 entregado por ASC en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) junto con el contenido de la estipulación radicada el pasado 17 de julio en el Tribunal de Primera Instancia.

 El caso de clase involucra reclamaciones por accidentes de tránsito efectuadas por conductores cuyos autos fueron impactados por vehículos asegurados con el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), dentro del período entre el 21 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2019.

El universo de la clase demandante comprende aquellos conductores a los que se les aplicó el descuento por depreciación en las piezas nuevas y que para reparar sus autos tuvieron que desembolsar dinero de su bolsillo.

 Una fuente vinculada al círculo que toma las decisiones en la ASC indicó que el escenario de insolvencia no se transformará en una realidad porque se espera que una parte importante de los afectados por la aplicación ilegal de la depreciación no cumplirán con los requisitos establecidos para recibir la compensación acordada o no les interesará acometer el trámite para obtener la citada compensación, lo que implica una reducción en el monto final que se pagará.

 El informe financiero de la ASC, el cual es un documento público disponible en el sitio de internet de la OCS, indica que para el 31 de diciembre de 2023 la aseguradora poseía entre capital y sobrante $31.9 millones. Además, el informe sostiene que para la citada fecha los activos ascendían a $109.3 millones, mientras que las deudas alcanzan los $75.1 millones.

Por otro lado, la estipulación contempla la devolución de $35.1 millones a un total de 227,081 reclamaciones que resultaron afectadas por la depreciación ilegal.   El pago por reclamación asciende a $155.00, pero debido a que del acuerdo incluye el desembolso de un 25 % a los abogados de la parte demandante, el monto final que se pagará por reclamación será de $116.25.

 Según la estipulación, los abogados de la parte demandante recibirán un desembolso de $8.7 millones por concepto de honorarios de abogado, el cual se efectuará en dos pagos de $4,399,694.38 millones.

Como resultado de ese acuerdo, la cifra final relacionada con la devolución asciende a $26.4 millones.

La parte demandante es representada por el conocido licenciado José Andréu Fuentes, del bufete Andreu & Sagardía y por los abogados Nelson Córdova Morales, Ricardo Prieto García, Angel Collazo Santiago y Emilio Vilá Carreras.

 La ASC es representada por la licenciada Moraima Ríos Robles, del bufete Arroyo & Ríos Law Offices, y por la licenciada Rosa Irizarry Millán.

Insolvencia a la vista

A la luz de los datos que surgen del informe financiero y de los compromisos acordados en la estipulación, es de fácil conclusión que la ASC se aproxima a una insolvencia tácita si finalmente los asegurados de las 227,081 reclamaciones cumplen con los requisitos para que se concrete la devolución de los $116.25.

De hecho, ante el hipotético escenario en el que todos los asegurados de las 227,081 reclamaciones reclamen su compensación, la ASC necesitaría $3.2 millones adicionales para cumplir con lo acordado, pues entre capital y sobrante la aseguradora tiene $31.9 millones y el monto total establecido en la estipulación es $35.1 millones.

La estipulación dispone que luego de que el Tribunal autorice el acuerdo se publicará un aviso de notificación dirigido a los miembros de la clase demandante, el cual difundirá los términos y condiciones acordadas por las partes.

El aviso de notificación establecerá un término de 60 días para cumplimentar y enviar un formulario de reclamación que estará accesible en una página en internet que se establecerá para mantener informados a los miembros de la clase. El formulario de reclamación exigirá una serie de información obligatoria como nombre completo del reclamante y su dirección de correo electrónico y dirección postal.

 Otra información requerida será el número de tablilla del vehículo para el cual se hizo la reclamación ante la ASC y el número de licencia de conducir del reclamante.

Denuncian altos gastos publicitarios

Se le exigirá, además, una afirmación en la que el reclamante confirmará que, como resultado de su reclamación a la ASC, “reparó el vehículo accidentado y que para realizar dicha reparación tuvo que pagar de su propio peculio más de lo que le correspondía por motivo de la aplicación y retención por parte de la ASC de la deducción por depreciación a las piezas originales o nuevas, objeto del ajuste de los daños a su vehículo resultantes del accidente de tránsito con un vehículo asegurado por la ASC”.

Tal afirmación, según dispone la estipulación, estaría sujeta a un señalamiento de perjurio si la información es falsa. A los reclamantes también se les solicitará una información opcional relacionada con el vehículo involucrado en el accidente.

El presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, se mostró contrariado porque la entidad continúa incurriendo en altos gastos publicitarios en los medios de comunicación a pesar de que enfrenta una posible insolvencia.

 González Portilla es un fuerte crítico de la ASC y se ha pronunciado en contra de su pertinencia en el mercado local, porque además de recibir y distribuir las primas de SRO a las aseguradoras miembros, la entidad opera como otra aseguradora que compite abiertamente y con recursos sustanciales en contra de sus propios miembros.

 “¿Cómo es posible que la ASC continúe con los anuncios en los medios de comunicación en medio de todo esto, de una posible insolvencia? En este momento la ASC está en menoscabo. Yo no entiendo cómo es que no le han puesto un alto al tema de los gastos cuando esta aseguradora está pasando por esta situación. ¿Dónde está el Comisionado de Seguros? y ¿qué le pasa a la Junta de Directores de la ASC?, cuestionó González Portilla.

 La pasada semana SN solicitó del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, una reacción sobre la situación de la ASC ante las reveladoras informaciones que surgen del informe financiero del 2023 y de las implicaciones de lo acordado en la estipulación. Un portavoz de la OSC informó que Adams Vega estaría emitiendo una reacción entre mañana lunes o el martes.

Anuncios engañosos

De hecho, el presidente de Antilles Insurance sostuvo que se le ha informado que el cuerpo directivo de la ASC confía en la posibilidad de que un sector sustancial de los afectados por la aplicación ilegal de la depreciación, no reclamen su parte quizás porque “no pueden cumplir con los requisitos para recibir la compensación o no les interesará seguir con todo el proceso para cobrar $116”.

 “Ellos se la están jugando porque entienden que todo ese dinero ($26.4 millones) no se pagará”, advirtió el ejecutivo.

González Portilla sostuvo que los anuncios que actualmente la ASC difunde en los medios de comunicación son engañosos porque intentan sembrar el mensaje de que la entidad es la única que coordina y paga por los servicios de grúa.

“Los miembros de la ASC (aseguradoras socio) deben estar furiosos cuando ven esos anuncios. Pero si los servicios de grúa y el pago por esos servicios están en la póliza. Todas las aseguradoras (que venden el SRO) coordinan y pagan por los servicios de grúa”, dijo el ejecutivo.

De hecho, varios años atrás González Portilla radicó una querella ante la OCS en contra de la ASC por la difusión de anuncios engañosos que pretendían crear la impresión de que el pago que emitía la aseguradora era para el asegurado, cuando en la realidad el dinero es para pagar por lo daños causados a otro vehículo.  

 “Ya no hacen esos anuncios. Pero ahora siguen con los anuncios engañosos, pero con el tema de la grúa”, dijo González Portilla.

“Yo creo que la ASC debió haber desaparecido hace tiempo. No hay razón para mantener la ASC. Se debe quedar como un ente administrador, pero nunca debió ser una competencia para otras aseguradoras”, advirtió el presidente de Antilles Insurance.

Además de la ASC, las aseguradoras que actualmente venden el SRO son Point Guard, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, Universal, MAPFRE Praico Insurance Company, Multinational Insurance Company y Triple-S Propiedad.

No obstante, para ser miembros de la ASC, las aseguradoras que participan del negocio de seguros para vehículos deben tener una participación en el mercado sobre el 1 % del total de las primas suscritas. Esto implica que, aunque existen aseguradoras que venden el SRO no todas son miembros de la ASC porque incumplen con la participación de mercado requerida, como es el caso de Guardian Insurance y Antilles Insurance.

Por Miguel Díaz Román

La aseguradora One Alliance Insurance Corporation (OAIC) acusó a la empresa de inversiones en bienes raíces PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC (PAPRI) de establecer un patrón de fraude en seguros de propiedad por los presuntos daños causados por el huracán María, mediante el mecanismo de inflar en 38.5% las reclamaciones de cientos de propiedades de la empresa alrededor de la isla y de realizar reclamos por determinadas propiedades que no le pertenecían y por presentar reclamos de propiedades cuyos daños ya habían pagado otras aseguradoras.

En una demanda de 12 páginas OAIC sostiene que el esquema de fraude ideado por PAPRI alcanzó el extremo de presentar una reclamación que incluyó algunas propiedades que habían sido vendidas, pero que no fueron informadas antes de que se emitiera el pago, lo que implicó que “bajo engaño”, la aseguradora desembolsó a favor de la empresa más de un $1 millón que no le correspondían.

De hecho, OAIC solicitó al tribunal que ordene a PAPRI devolver el dinero pagado de más y que le imponga a la empresa la obligación de pagar $3.6 millones, más intereses, por el alegado incumplimiento de sus obligaciones contractuales con la aseguradora.

Además, OAIC exigió el pago de $1.5 millones, por concepto de las costas, gastos y honorarios de abogado, más intereses.

La información se desprende de una demanda por incumplimiento de contrato radicada el pasado 3 de julio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por un grupo de abogados entre los que figura el licenciado Jesús Del Valle, quienes son los representantes legales de OAIC.

SN realizó gestiones para obtener una reacción del bufete O’Neill & Borges, que es el representante legal de PAPRI, pero al cierre de esta edición no hubo una reacción del citado bufete.  

La demanda ha sido radicada más de siete meses después de que la OAIC presentara ante la Oficina del  Comisionado de Seguros, una querella de 10 páginas en la que la empresa sostuvo que PAPRI, el ajustador público Affiliated Adjustment Group y el bufete O’Neill & Borges, actuaron en común acuerdo para establecer un patrón de fraude organizado en contra de la aseguradora.

Sobre este aspecto y respondiendo a preguntas de SN, el licenciado Del Valle indicó que su querella no ha recibido una respuesta de parte de la OCS.

Doble reclamación

De acuerdo con la demanda, el 2 de julio de 2017 OAIC emitió dos pólizas de seguro contra daños catastróficos a favor de PAPRI para ofrecer protección a más de 300 estructuras que incluyen viviendas y unidades comerciales. Las propiedades fueron adquiridas por PAPRI en una transacción con el Banco Popular en 2011, que también comprendió la adquisición de los préstamos hipotecarios morosos relacionados a esas propiedades.

Además, una cantidad indeterminada de los dueños de esos préstamos aún estaban residiendo en esas propiedades durante el paso del huracán María.

Ambas pólizas requerían que PAPRI informara mensualmente a OAIC el número de estructuras que estaban cobijadas por la cubierta, debido a que la empresa las estaba colocando en venta dichas propiedades. Tras el paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017, PAPRI radicó en octubre de ese año un aviso de pérdida en OAIC por los alegados daños sufridos en las propiedades aseguradas.

OAIC estableció tres paquetes de reclamaciones con el fin de identificar e inspeccionar las propiedades afectadas por el huracán.

En la demanda la aseguradora sostuvo que recibió información “recientemente” sobre que PAPRI no era el dueño de una propiedad identificada con el número 41472, a pesar de que en octubre de 2017 la empresa había representado lo contrario.

De hecho, la demanda indica que PAPRI presentó ante OAIC una reclamación por la propiedad 41472 y un mes después, el 1 de noviembre de 2017, la empresa Plom Electric, que figura como titular registral de la propiedad, presentó otra reclamación por daños ante la aseguradora Triple S por la misma propiedad.

De acuerdo con la demanda, la aseguradora Triple S pagó $360,282.80 por la pérdida que sufrió la propiedad 41472 y, alegadamente, PAPRI ocultó esa información a OAIC, mientras que el reclamó por la misma propiedad efectuado por la empresa a la aseguradora ascendió a $834,312.25.

Empresa ocultó información

La demanda alega que en el primer paquete de reclamaciones, OAIC realizó un pago parcial junto a dos comprobantes de pérdida por la cantidad de $2.1 millones y $20,976.66. Los comprobantes de pérdida fueron juramentados y firmados por Anthony Santoro en representación de PAPRI.

Sobre el segundo paquete de reclamaciones, la demanda alega que PAPRI indujo a error a la aseguradora porque ocultó que el valor real de las propiedades reclamadas era mucho menor al informado durante la suscripción de la póliza.

De hecho, OAIC alega en el documento que en muchas de las propiedades del primer paquete de reclamaciones a PAPRI se le pagó “mucho más de lo que se hubiera pagado”, si la empresa no hubiera “engañado a OAIC sobre el verdadero valor de las propiedades”.

Incluso, el documento sostiene que posteriormente al pago del primer paquete de reclamaciones, PAPRI le aceptó a OAIC que nunca tuvo intención de reparar las propiedades reclamadas. Además, el documento afirma que el dinero pagado por OAIC a PAPRI constituye “un enriquecimiento injusto del asegurado y un empobrecimiento de la aseguradora” porque al momento de recibir el pago, la empresa ya no era dueño de esas propiedades.

Sin interés asegurable

También alega que PAPRI incumplió el contrato de seguro porque no respondió un reclamo de la aseguradora para que revelara toda información relacionada sobre el interés asegurable que tenía sobre unas propiedades reclamadas en el primer paquete de reclamaciones.

Según sostiene la demanda, PAPRI no era dueño de 10 propiedades incluidas en el primer paquete de reclamaciones. Alegadamente, OAIC se enteró de esa información durante los intercambios de datos relacionados con el ajuste de las pérdidas del segundo paquete de reclamaciones, el cual fue juramentado por Anthony Santoro en representación de PAPRI.

De hecho, ante la ausencia de respuesta por parte de PAPRI, OAIC exigió la devolución del pago de más de $1 millón realizado para el primer paquete de reclamaciones.

Otra revelación que contiene la demanda es que el 20 de junio de 2019, OAIC le notificó a PAPRI estaba rechazando dos declaraciones de pérdida por la cantidad de $1.4 millón y $24,758.56, relativos al pago parcial del segundo paquete de reclamaciones, porque la empresa no había informado algunas de las propiedades vendidas antes de que se emitiera el pago relacionado con el primer paquete de reclamaciones.

Incluso, OAIC advirtió que descontaría del pago relacionado con el segundo paquete de reclamaciones el pago de más de $1 millón que se realizó para el primer paquete de reclamaciones.  Al aplicar el citado descuento, la cantidad de dinero correspondiente al segundo paquete de reclamaciones ascendió a la cantidad de $413,354.44, una propuesta que fue objetada por PAPRI.

Anuladas las pólizas

 Según la demanda, el 29 de enero de 2021, OAIC anuló las pólizas de seguro emitidas como consecuencia del incumplimiento de los contratos de seguro. Además, la aseguradora le devolvió en dos cheques la prima no consumida por la cantidad de $281,555.00.

 No obstante, la demanda sostiene que PAPRI infló todas las reclamaciones de todas las propiedades alrededor de la isla en 38.5%.

Alegadamente, esa proporción de aumento tenía la falsa intención de cubrir los costos de reparación de las propiedades aseguradas.

 La demanda alega que OAIC pagó esa cantidad corresponde a la partida de gastos y costos de reparación, pero luego la aseguradora se enteró, por medio de una deposición tomada en diciembre de 2022 a Samuel Kirschner, representante de PR Asset, sobre que PAPRI nunca tuvo la intención de reparar las propiedades.  

 Para el primer paquete de reclamaciones el 38.5% relacionado con gastos de reparación ascendió a $809,335.56.

 Incluso, la demanda indica que, en una vista en el Centro Judicial de Caguas, el licenciado Alejandro García, representante de PAPRI, había admitido que su cliente cobró $817,431.57 del primer paquete de reclamaciones y estaban solicitando $575,134.78 para el segundo paquete de reclamaciones para gastos de reparación a sabiendas de no repararon ni tenían intención de reparar ninguna propiedad porque no son dueños de las propiedades reclamadas.

Por Miguel Díaz Román 

Tras cumplir 20 años de éxitos y servicios ininterrumpidos MAPFRE Life Insurance Company of Puerto Rico, (también conocida como MAPFRE SALUD), la división de seguros de salud de Grupo Asegurador MAPFRE se mantiene con pie firme en el competido y retante negocio de los seguros de salud en Puerto Rico.

Aunque el Grupo Asegurador MAPFRE lleva muchos años establecido en Puerto Rico, fue 20 años atrás que adquirió a la aseguradora Canada Life Insurance Company of Puerto Rico, lo que implicó el inicio de su incursión en los seguros de salud grupales en el mercado local.

MAPFRE Salud está dedicada a ofrecer pólizas de salud grupales para empresas privadas y entidades sin fines de lucro que tenga al menos dos empleados o más, según indicó Manuel Martin, quien es el vicepresidente auxiliar para el desarrollo de negocios de salud de MAPFRE Life.

Es un universo que incluye las agencias del gobierno, la manufactura, el sector de los servicios y básicamente todos los sectores de la economía, pero en su condición grupal.

De hecho, para las pequeñas empresas que tienen hasta 50 empleados, MAPFRE Salud les ofrece una cubierta básica con servicios médicos, farmacia, rayos x y laboratorios, entre otros servicios.

Martin explicó que para empresas o entidades con 51 empleados o más, el monto de la prima dependerá principalmente del costo de los servicios médicos y medicamentos incurridos por el grupo en los últimos años.  

“Le confeccionamos un programa para ellos, le podemos cambiar los copagos, los deducibles y se atempera la cubierta a lo que el cliente está buscando”, dijo Martin.

Alto nivel de retención 

El ejecutivo indicó que MAPFRE Salud ha demostrado un alto nivel de efectividad debido al gran número de pequeñas y grandes empresas que año tras año permanecen entre sus grupos asegurados.

Martin explicó que la exitosa retención de grupos se explica por las estrategias de la empresa de garantizar que la prima de los grupos sea adecuada y por los abundantes servicios de salud que la aseguradora ofrece más allá de la cubierta contratada.

Según explicó Yanira Monroig, quien es educadora en salud de MAPFRE Life, la aseguradora ofrece una serie de programas para que los asegurados reciban constantemente información para fortalecer los estilos de vida saludable y desde el punto de vista preventivo.

Servicios de salud más allá de la cubierta

Monroig sostuvo que algunos de estos programas ofrecen alternativas a los asegurados que padecen condiciones crónicas de mayor prevalencia y que pueden tener un mayor impacto en la utilización de servicios de salud y en consumo de medicamentos.

Entre las condiciones que atienden los programas que ofrece MAPFRE Salud, figuran la diabetes, la hipertensión y el asma. También hay programas que atiende la salud emocional de los asegurados y para las aseguradas embarazadas.

La educadora en salud mencionó el programa “Vive bien con Diabetes y MAPFRE”, que pretende que los asegurados con diabetes pueden monitorear sus niveles de glucosa en la sangre. 

“Eso nos ayuda a reconocer si el tratamiento está funcionando. Los asegurados que se registren en el mismo se benefician del suplido de instrumentos médicos utilizados para obtener las muestras de sangre, como las lancetas, con copagos accesibles que comienzan en los $15. Y los instrumentos los pueden recibir en su hogar o en su lugar de trabajo”, dijo Monroig. 

Para robustecer la salud emocional, MAPFRE Salud ofrece el famoso Programa de Ayuda al Empleado (PAE).

“El PAE es un programa que ofrece apoyo en cualquier situación de vida, problemas familiares, depresión, ansiedad o dependencia a sustancias. Con cualquier situación de vida se puede activar el programa llamando a una línea de coordinación de servicios que está activa 24 horas al día, los siete días de la semana y el asegurado poder recibir seguimiento de un profesional de salud que los ayudará a encaminarse. No es una línea de intervención en crisis, pero el asegurado puede ventilar su situación y recibir dirección en cuanto a servicios y coordinación de una ayuda para que pueda manejar esa situación emocional que lo está afectando”, indicó.

De hecho, Monroig reveló que a través del PAE se han manejado situaciones a nivel del grupo asegurado, incidentes críticos en los que se ha ofrecido como alternativa la atención de psicólogos industriales para que puedan trabajar las situaciones identificadas.

Telemedicina como alternativa 

El PAE es un servicio confidencial, está disponible con proveedores a través de toda la Isla, ya sea presencial o mediante el servicio de telemedicina, que se vale de la video llamada para que un profesional de la salud atienda al asegurado.

“Con la alternativa de telemedicina podemos manejar los problemas de que no tengo como llegar, no tengo quién me lleve o no estoy emocionalmente estable como para salir de mi hogar. Este programa no solo ayuda al asegurado sino al grupo como tal, porque se pueden coordinar seminarios y talleres para trabajar distintos enfoques sobre la salud emocional y trabajar incidentes críticos que puedan surgir en el escenario de trabajo”, dijo Monroig.

Precisamente, otro programa opcional disponible para los asegurados de MAPFRE Salud es Consulta Virtual o Telemedicina, que está disponible 24 horas al día durante los siete días de la semana. 

“El programa atiende cualquier situación que ocurra durante el día, por ejemplo, el asegurado desarrolla un malestar generalizado, puede ser un domingo a las 2 de la mañana, donde puede activar esa línea, se evaluará su sintomatología y si requiere una visita a una sala de emergencia se le dirá que se dirija a una sala de emergencia, el manejador va a activar el servicio de emergencia a través del 911”, dijo Monroig

La educadora en Salud sostuvo que el personal de apoyo del programa va a hacer recomendaciones al asegurado y lo va a dirigir. 

“Y si su sintomatología (del asegurado) es aguda, se puede beneficiar de este servicio de telemedicina. Se le coordina para que, por medio de videollamada, lo pueda atender un médico de familia y de necesitar una orden para un laboratorio o de medicamentos, se le envía de forma electrónica a su facilidad de preferencia, que es un servicio que ha sido muy útil en situaciones relacionadas con el Covid-19 y la influenza”, agregó.

MAPFRE atiende las embarazadas 

Otro servicio de MAPFRE Salud es el programa Embarazo Saludable, que es una iniciativa de apoyo, que acompaña a la asegurada en todo su proceso de cuidado prenatal.

“La asegurada puede recibir mediante llamada telefónica, correos electrónicos, mensajes de texto, información sobre la lactancia, los cambios durante el embarazo, nutrición, el trabajo de parto, señales de alarma, la planificación familiar y el cuidado post parto, que es bien importante porque se puede afectar la salud emocional y, por ejemplo, poder identificar una depresión post parto. Es ayudar a la asegurada a que tenga esa información necesaria relacionada con el proceso del embarazo para que pueda manejar cualquier complicación que le ocurra a su embarazo”, señaló Monroig.

Otro programa disponible para los asegurados es MAPFRE mejora tu Salud, que va dirigido a los asegurados que tienen diagnóstico de hipertensión, asma y diabetes.

Este programa promueve la autoayuda y lo que busca es que los asegurados se mantengan saludables y que reduzcan las complicaciones a largo plazo.

Según explicó Monroig, otro servicio opcional dirigido a los asegurados de MAPFRE Salud es la plataforma interactiva MAPFRE Fit, que está disponible para las plataformas IPhone y Android. El servicio ofrece información desde el punto de vista preventivo, de nutrición, salud emocional, salud física y sobre los estados alérgicos. 

“Es una forma de mantener bombardeando a los asegurados en cuanto a temas de salud”, dijo Monroig.

La evaluación de los grupos

Martin indicó que los grupos que aspiran a ser asegurados por MAPFRE Salud son evaluados a base de los elementos demográficos y de la experiencia de cada grupo en particular.

“Es un análisis que básicamente maneja la información sobre los padecimientos médicos que afectan a los miembros del grupo y el costo que estos representan.  Según la experiencia podemos ver más claramente cómo atender los grupos, cuál es la deficiencia del grupo y podemos crear programas de atención al grupo más especializados”, señaló el ejecutivo.

Martin indicó que durante los últimos diez años la proporción del gasto de los servicios médicos con respecto al gasto por medicamentos se ha modificado significativamente. Al inicio de esta última década el gasto promedio de los servicios médicos era entre el 70% y 80% para la mayoría de los grupos asegurados y el restante entre el 30% y 20% correspondía al gasto por medicamentos.

Actualmente el gasto promedio de los servicios médicos está entre 40% y 60% y la proporción de medicamentos se ha duplicado entre 60% y 40%. Incluso en algunos grupos la proporción de gastos de medicamentos llega al 80%.

Martin dijo que, MAPFRE Salud analiza y propone estrategias a los grupos asegurados para enfrentar esta nueva realidad del aumento significativo y acelerado del costo de los medicamentos e intentar ayudar a que puedan controlar el costo del seguro médico de sus empleados y dependientes.

Los beneficios de la Red de Proveedores Abierta en Puerto Rico

“El gran reto es que el patrono tenga la prima correcta y que no deje de ofrecer un beneficio a sus empleados”, señaló.

Sobre la red de proveedores Martin dijo que se ha fortalecido con la contratación de 12,200 proveedores, lo que incluye todos los hospitales de la isla, y 1,000 farmacias.

“Tenemos una red abierta. Si un asegurado de San Juan desea visitar un especialista que está en Bayamón, puede hacerlo. Esto nos permite también traer nuevos proveedores a la red, que es algo que hacemos constantemente.

Le damos la mano a los proveedores jóvenes (médicos) que se quedan (en el país)”, dijo Martin.

Actualmente MAPFRE Salud tiene educadoras en temas de salud que identifican las necesidades de salud de los grupos (alta incidencia de obesidad o diabetes) para lograr que los programas atiendan las necesidades particulares de dichos grupos.

Esa atención directa en el servicio a los grupos ha sido un factor importante para el crecimiento de MAPFRE Salud y la alta retención de grupos asegurados que manifiesta la entidad aseguradora.

Los patronos que deseen conocer más sobre los productos y servicios de MAPFRE Salud, se pueden comunicar al 787- 622-7780 o acceder a www.mapfre.pr.