Por Miguel Díaz Román 

Los asegurados de Integrand Assurance Company y Real Legacy Assurance Company han dejado de cobrar $372 millones en conjunto en pérdidas causadas en su mayoría por los huracanes Irma Y María, según información oficial obtenida en la Asociación de Garantía y Seguros Misceláneos (AGSM).

La AGSM es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Independientemente de que la cantidad de dinero se haya estimado como una pérdida legítima experimentada por un asegurado, la AGSM está autorizada a pagar hasta $300,000 por cada reclamación.

Además, las reclamaciones que atiende la AGSM corresponden exclusivamente a reclamos relacionados con propiedad, autos, casos legales y prima no devengada. 

En ese contexto, la estimación inicial bruta de las reclamaciones que le toca atender a la AGSM relacionadas con la liquidación de ambas aseguradoras ascendió a $450 millones.

Según la información ofrecida por la AGSM, para la liquidación de Real Legacy se estimó que habría más de 4,200 reclamaciones que sumaban una pérdida bruta de alrededor de hasta $190 millones.

En el caso de la liquidación de Integrand, se estimó que habría alrededor de 4,000 reclamaciones y una pérdida bruta de alrededor de $260 millones.

Pero al pasado 31 de marzo de 2024 la AGSM había pagado $78 millones en reclamaciones, las cuales han sido tramitadas con la aplicación del límite legal de $300,000 por evento que debe observar la AGSM.

Al descontar a la estimación bruta de $450 millones en reclamaciones los $78 millones pagados por la AGSM, se genera un resultado de $372 millones en pérdidas que los asegurados han dejado de cobrar.

No obstante, el proceso de pagar reclamaciones por parte de la AGCS aún no ha concluido y eventualmente esa cifra de $372 millones experimentará reducciones en la medida que el organismo continúe resolviendo reclamos y realizando desembolsos.

La realidad es que no solo los asegurados de Integrand y Real Legacy han resultado afectados por las dificultades financieras y gerenciales que provocaron su liquidación, pues los consumidores de seguros del país también han tenido que aportar para viabilizar el pago de las reclamaciones que realiza la AGSM.

Hasta el pasado 31 de marzo de 2024 la AGSM decretó dos derramas por valor de $26 millones que han pagado las aseguradoras activas en el mercado y quienes ya fueron autorizadas a recuperar ese dinero a través de las primas de los seguros que venden a los consumidores.

 Los $26 millones se desglosan en $11 millones para el pago de las reclamaciones de Real Legacy y $15 millones para Integrand.

En otras palabras, según reveló el licenciado Rafael Rocher, quien es el director ejecutivo de la AGSM, la liquidación de Integrand y de Real Legacy ha costado $26 millones a los consumidores de seguros del país y no se descarta que en el futuro sea necesario decretar una o más derramas para completar el pago de las reclamaciones.

Integrand y de Real Legacy fueron intervenidas por la OCS luego de que, tras el huracán Irma y el catastrófico María, surgió la insolvencia de ambas aseguradoras para afrontar la magnitud de pérdidas generadas por los dos fenómenos meteorológicos.

La insolvencia sacó a relucir un trasfondo sumamente preocupante que incluyó la insuficiencia de los contratos de reaseguro y los elevados descuentos en las primas para los seguros de propiedad concedidos por estas dos aseguradoras.

Tanto el monto de las reclamaciones generadas tras la liquidación de Integrand y de Real Legacy y la cantidad de dinero ya pagado a los asegurados representan un hito histórico para procesos de esta naturaleza en Puerto Rico, según indicó Rocher.

Más allá de la liquidación y de vender todos sus activos para generar un caudal de dinero para pagar las reclamaciones, la OCS no ha tomado más acciones para responsabilizar al cuerpo ejecutivo de las dos aseguradoras por las faltas y negligencias que pudieran explicar su insolvencia.

Por Miguel Díaz Román

La llaman la medida para los políticos y ex gobernadores que salen del gobierno y aspiran a sacar provecho a sus contactos y su conocimiento, porque básicamente les permite ingresar en la industria de seguros, ocultar su nombre detrás de una marca comercial y asociarse con un productor de experiencia.

Es el Proyecto de la Cámara 1904, que fue radicado por la representante Estrella Martínez Soto.

La medida propone permitir que los productores de seguros utilicen nombres comerciales para realizar sus ventas de seguros y no su nombre legal, que es el llamado nombre de pila o el nombre que aparece en la licencia de productor que concede la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), según lo dispone el Código de Seguros.

El PC 1904 avala que los promotores contraten como empleados a otros productores y también favorece que se establezcan acuerdos de asociación entre productores, lo cual en la actualidad no es permitido por el Código de Seguros.  La medida añade el artículo 9.180 al Código de Seguros para permitir la asociación entre productores.

Este artículo condiciona la asociación o contratación entre productores a que se «organice una corporación, compañía de responsabilidad limitada o sociedad» que cumpla con determinados requisitos y que obtenga una licencia de productor emitida por la OCS.

Además, añade el artículo 9.352 al Código de Seguros para avalar que los productores con licencia puedan, si así lo desean, utilizar un nombre comercial en sustitución de su nombre legal para llevar a cabo sus negocios en Puerto Rico.

Esa enmienda incluye la creación del llamado Registro de Nombres Comerciales, en el cual serán inscritos “los tenedores de licencias de seguro que utilizan un nombre diferente a su nombre legal”.

La representante Martínez Soto, que preside la Comisión Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industrias de Seguros de la Cámara de Representantes, radicó la medida el 23 de octubre del 2023, cuando ya había concluido el término para presentar nuevos proyectos en la pasada sesión legislativa, según explicó un funcionario de la secretaría de la Cámara de Representantes.

Según agregó el funcionario de secretaría, el 7 de noviembre el pleno de la Cámara favoreció en una votación que el proyecto PC 1904 pudiera figurar como una medida hábil para su consideración en la pasada sesión. Es por esa razón que en el sistema digital Sutra de la Oficina de Servicios Legislativos, el proyecto aparece con un breve señalamiento: “se da consentimiento para incluir medida en agenda de la presente sesión”.

La medida no tuvo mayores eventos en la pasada sesión legislativa. No obstante, en la presente sesión legislativa, que comenzó en enero, la representante Martínez Soto no ha ventilado la medida en vistas públicas, pero sí ha solicitado comentarios a diversos sectores de la industria de seguros.

Representante lo niega todo

A preguntas de SN, Martínez Soto negó que el PC 1904 fue radicado para favorecer a los políticos que abandonan el gobierno, al permitirle insertarse en la industria de seguros y ocultar su verdadera identidad a través de los nombres comerciales.

“El que piense eso no me conoce”, indicó Martínez Soto.

La legisladora sostuvo que el objetivo de la medida es el que indica la exposición de motivos, que, fundamentalmente, sostiene que el PC 1904 busca flexibilizar las restricciones que no permiten a los productores utilizar un nombre comercial para llevar a cabo sus negocios, ante el hecho de que la industria de seguros es cambiante y compleja y “resulta contraproducente mantener una estructura tan restrictiva y de visión arcaica”.

Incluso, la exposición de motivos advierte que dichas restricciones resultan contradictorias ante el hecho de que en los pasados años la industria de seguros fue “puesta a prueba”, una expresión que podría hacer referencia a las dificultades que enfrentó la industria con la avalancha de reclamaciones causadas por el huracán María.

También advierte que “en comparación con otras jurisdicciones, muy pocas cuentan con un requisito como el anterior. Puerto Rico debe adaptarse a dichos cambios para mantenerse competitivo”.

No obstante, una fuente de la industria de seguros explicó que el PC 1904 allana el camino de los políticos y ex gobernadores que salen del gobierno y aspiran a sacar provecho a sus contactos y su conocimiento de las necesidades de seguros que tiene la estructura gubernamental.

Políticos a la sombra de nombres comerciales

Alegadamente, la medida permitiría a los políticos que ya no están en el gobierno ocultar su nombre detrás de una marca comercial y asociarse con un productor de experiencia, para tramitar pólizas de seguro no tan solo en la estructura del Ejecutivo, sino en las corporaciones públicas, en la legislatura, en la Rama Judicial y en las empresas privadas creadas para administrar servicios públicos.

“El político pone sus contactos y conocimiento sobre el gobierno y el productor asociado su experiencia, sus habilidades y prestigio en la industria para lograr un buen negocio”, dijo la fuente.

Actualmente el ex gobernador Alejandro García Padilla posee una licencia de productor para seguros de propiedad y contingencia. Otros políticos que han salido del gobierno y a los que se les ha vinculado con la industria de seguros son el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, el ex presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás.

SN solicitó a García Padilla una reacción sobre la propuesta del PC 1904, y el ex gobernador, por medio de su ayudante de prensa, Keyla Rodríguez, indicó que «por ahora no se harán comentarios al respecto».

Existen otros políticos o figuras relacionadas con las estructuras políticas a quienes también se le ha mencionado en distintas ocasiones como intermediarios entre el gobierno y determinadas aseguradoras o empresas relacionadas con la industria de seguros.

Entre estos figuran el actual director de finanzas de la campaña primarista del gobernador Pedro Pierluisi, Andrés Guillemard.

Tanto la OCS como la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) rechazaron la medida.

Nombres comerciales desorientan al consumidor

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, sostuvo que permitir “que productores con licencia individual puedan mercadearse al público en general bajo nombres comerciales o nombres ficticios, se estaría dando paso a la proliferación de representaciones que no corresponden a la realidad o que suscitan confusión o desorientación al consumidor”.

“La realidad es que los individuos con licencia de productor no deben anunciarse como una compañía o corporación cuando no lo son. Esto conllevaría a la inevitable incompatibilidad del proceso uniforme de licenciamiento que posee la OCS que provee reciprocidad a nuestros regulados en los demás estados y territorios”, dijo Adams Vega en unos comentarios enviados el pasado 9 de abril a la Comisión Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industrias de Seguros.

El funcionario sostuvo que la aprobación del PC 1904 podría desarticular una carta normativa emitida por la OCS en 2016 que prohíbe a las personas naturales utilizar nombres comerciales y establece que en la gestión de seguros deben emplear su nombre propio “conforme consta en el Registro Demográfico”.

La Carta Normativa CN-2016-205-SR también dispone que las personas jurídicas (corporaciones) registradas en el Departamento de Estado y que posean licencia para tramitar seguros pueden utilizar más de un nombre comercial “siempre que en su licencia se incluyan todos los nombres que interese utilizar”.”

“De interesar utilizar un nombre distinto al que figura en su Registro Corporativo, en el caso de una persona jurídica, ésta deberá cumplir con los requisitos que se detallan en la antes mencionada carta normativa”, señala el funcionario.

“Advertimos que, de efectivamente desarticularse la anteriormente discutida prohibición permitiendo que productores con licencia individual puedan mercadearse al público en general bajo nombres comerciales o nombres ficticios, se estaría dando paso a la proliferación de representaciones que no corresponden a la realidad o que suscitan confusión o desorientación al consumidor”, dijo Adams Vega.

ACODESE duda del objetivo del proyecto

El Comisionado advirtió que actualmente está permitido licenciar como productor a sociedades y corporaciones, pero bajo determinadas condiciones que ya figuran en el artículo 9.160 del Capítulo 9 del Código de Seguros.

No obstante, Adams Vega sostuvo que la propuesta del PC 1904, que requiere a todo accionista, socio o miembro de una jurídica debe ser un productor debidamente licenciado, lo que estaría en contradicción con el contenido del artículo 9.160.

“Con respecto al propuesto lenguaje que habilitaría la asociación de productores, advertimos que éste choca con lo dispuesto en el Artículo 9.160, puesto que eliminaría la posibilidad de que la corporación con licencia pueda contar con directores que no sean productores autorizados o no reúnan necesariamente los requisitos para tener una licencia individual”, indicó.

El funcionario señaló que el aval a la asociación entre productores y a la contratación como empleados de otros productores licenciados, según lo dispone la medida, “choca con lo dispuesto en el artículo 9.060 que prohíbe el que un productor tenga interés económico sobre otro productor, lo que da al traste con la protección que se busca del consumidor para que sean solo sus intereses y no intereses ulteriores los que inciden en su negocio de seguros”. 

Sobre la propuesta que permite a los productores hacer negocios a través de un nombre comercial, la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE, señaló que “no queda claro cuál es la situación específica que se pretende atender y si es algo que redunde en beneficio del asegurado”.

Incluso, Pernas se manifestó en contra de flexibilizar la reglamentación que rige la industria de seguros y señaló que la medida contiene incongruencias y lagunas.

“Dado que la industria de seguros está revestida de un alto interés público y por la importante labor y responsabilidad que desempeñan los productores de seguros, es importante no flexibilizar la reglamentación vigente aplicable a este sector con relación a la utilización de nombres comerciales. Particularmente, cuando esta pieza legislativa contiene ciertas incongruencias y lagunas que resultarán en mayores complicaciones y confusión, lo que al final no redundará en beneficio del consumidor de seguros”, dijo Pernas, en unos comentarios enviados a la Comisión el pasado 16 de febrero.

Poca transparencia 

La directora ejecutiva de ACODESE destacó que la medida carece de exigencias que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas porque permite la utilización de nombres comerciales y avala la asociación entre productores sin establecer cuáles son las obligaciones y deberes de tales asociaciones y sin ordenar la divulgación de cierta información que se entiende es clave y pertinente. 

La ejecutiva también cuestionó que la exposición de motivos catalogara como “restrictiva” las disposiciones del Código de Seguro que regulan a los productores de seguros y comentó que “la existencia de estos parámetros no significa que contemos con una estructura restrictiva, por el contrario, es indicativo de una estructura que procura la transparencia y la competencia adecuada en el campo de los seguros”.

Pernas comentó que tras “la experiencia de los pasados años”, según lo señala la exposición de motivos, “resulta indispensable mantener una estructura que vele por los mejores intereses de los consumidores de seguros y la industria en general”.

 La ejecutiva, además, sostuvo que la medida contiene propuestas relativas a la organización de corporaciones por productores licenciados que ya son atendidas por el Código de Seguros y otras leyes que regulan la inscripción de corporaciones. 

También advirtió que la medida puede alimentar un posible conflicto de interés al propiciar que una asociación de productores se deba establecer a través de una corporación, la cual obtendría una licencia de productor, agente general, ajustador, consultor o intermediario de reaseguro, pero sin aclarar de manera precisa si los miembros de la entidad deben renunciar a sus licencias individuales.

Otro señalamiento es que el propuesto artículo 9.180 es contradictorio porque supedita la organización de una asociación de productores a la creación de una corporación ya sea de responsabilidad limitada o sociedad.

“Esto, resulta confuso y contradictorio en la medida en que supedita la “asociación” a la incorporación de alguna de las entidades jurídicas mencionadas anteriormente y, por lo tanto, sujetas al artículo 9.160 del Código de Seguros. En ese sentido, ¿se le expedirá, a la asociación, una licencia de productor, agente general, ajustador, consultor o intermediario de reaseguro? Si es así, no surge del proyecto de ley que los miembros de la entidad tengan que renunciar o desactivar sus licencias individuales, lo que puede dar paso a un posible conflicto de interés, en la medida en que estos podrían realizar negocios de seguro en su capacidad individual y bajo su licencia individual como también en conjunto, bajo la licencia de la entidad a la que representan o de la que son miembros”, indicó Pernas. 

La aseguradora MAPFRE lidera por tercer año consecutivo el ranking de empresas del IBEX 35 por su “firme compromiso con el colectivo sénior”, según la sexta edición del informe ‘Carrera y Talento Sénior 2023’, que analiza la gestión del talento sénior de las empresas del selectivo español.

La aseguradora ha obtenido la máxima puntuación del IBEX 35, con 24 puntos y sobresale por su reconocimiento hacia la diversidad generacional y eliminación de cualquier conducta excluyente o discriminatoria por razones como la edad.

Destaca, además, por contribuir a generar una cultura ‘proaging’, donde se fomente la convivencia y el impulso de equipos multigeneracionales como clave para la mejora de la competitividad e innovación de los proyectos, en los que según la compañía todos puedan aportar, permitiendo así una transferencia de conocimiento entre la experiencia de los empleados sénior y los más jóvenes.

El informe, elaborado por la Fundación Haz, analiza 15 indicadores sobre el talento sénior, como la diversidad generacional, el proceso de contratación y promoción del personal; el bienestar entre sus empleados, la participación en iniciativas multisectoriales; el porcentaje de equipos multigeneracionales y las medidas de acompañamiento que impulsan las compañías en el transcurso a la jubilación de sus empleados senior.

Proyecto ‘Ageing’, ejemplo de buena práctica

El informe destaca las mejores prácticas dirigidas a promover una sociedad más comprometida y justa con los profesionales sénior. Entre ellas, señala el proyecto ‘Ageing’ que MAPFRE desarrolla en España con el objetivo de consolidar un entorno laboral en el que se aproveche todo el talento disponible con independencia de la edad.

Actualmente, la iniciativa se lleva a cabo bajo tres líneas de actuación basadas en el impulso del talento sénior, acompañamiento en la transición a la jubilación y mayor flexibilidad laboral.

Bienestar del empleado

El informe ha incorporado como novedad un nuevo indicador que evalúa el clima sociolaboral de las empresas analizadas con una segmentación por grupos de edad, indicador en el que también destaca MAPFRE como compañía con los niveles más altos de compromiso a la hora de medir el bienestar de los empleados, tanto en los grupos de menor edad como en el colectivo sénior.

Talento sénior: profesionales muy experimentados

“Las organizaciones tenemos la responsabilidad de proveer un entorno laboral en el que todos los empleados puedan dar lo mejor de sí mismos durante toda su vida laboral. Sin duda, contar con el talento senior es una manera de aumentar la eficacia de las organizaciones, son profesionales altamente experimentados que han dedicado muchos años de su vida profesional a crear, gestionar, transformar y hacer crecer nuestras empresas, y que, claramente, son los que mejor transmiten la cultura y valores de la empresa”, asegura Anastasia de las Peñas, directora corporativa de Experiencia Empleado de MAPFRE.

Entorno multigeneracional

Actualmente, la compañía cuenta con una plantilla donde conviven hasta cinco generaciones diferentes y en la que trabajan 8.495 empleados mayores de 50 años, cifra que representa el 28% de la plantilla global.

Sus principales retos en este ámbito son seguir promoviendo una convivencia integradora, facilitar la transferencia de conocimiento entre generaciones; aprovechar las fortalezas y capacidades de todo el talento disponible con independencia de la edad, e implantar modelos de trabajo que respondan a las necesidades de los empleados, según el momento vital en el que se encuentran.

Por Miguel Díaz Román

Actualmente quedan en los tribunales del país unos 212 casos judiciales relacionados con los daños causados por los huracanes Irma y María en 2017, que involucran fundamentalmente impugnaciones en contra de Ia valorización de las pérdidas realizada por las aseguradoras o por los asegurados, y por discrepancias en Ia interpretación de Ia cubierta y la extensión de las pólizas de seguro.

Los 212 casos representan el 4.88 % de los 4,345 casos judiciales relacionados directamente con los daños causados por los huracanes Irma y María radicados entre 2017 y 2023 en los tribunales del país.

La información fue revelada hoy por la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) a petición de SN. La OAT informó que la información fue recopilada hoy por la oficina de estadísticas, ciencia de datos y planificación de la Rama Judicial.

Según los datos provistos por la OAT, al 14 de abril del 2024 los tribunales ya habían resuelto un total de 4,133 casos judiciales vinculados a los daños causados por los huracanes Irma y María, lo que implica que el 95.12 % de todos los casos radicados en los tribunales (4,345) ya habían sido sentenciados a habían logrado un acuerdo que disolvió la disputa.

No obstante, en un informe estadístico elaborado por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en 2024, se establece que, para el 31 de diciembre de 2023, el total de las reclamaciones causadas por los huracanes Irma y María ascendieron a 303,924.

En ese contexto, la cifra de 212 casos judiciales de reclamaciones impugnadas que permanecían en los tribunales al 14 de abril de 2024, constituye sólo el 0.07 % del universo total de reclamaciones informado por la OCS (303,924).

Resultas el 99.7 % de las reclamaciones

El informe de la OCS sostiene que al 31 de diciembre del 2023 el 99.7 % de las reclamaciones presentadas, es decir, 303,924 reclamaciones, ya habían sido resueltas por las aseguradoras y el total de dinero pagado ascendió a $7,441,225.2 millones.

A pesar de que solo quedan 212 casos en los tribunales de reclamaciones causadas por el huracán María y de que el 99.7 % de los reclamos fueron resueltos por las aseguradoras, el diario El Vocero sostuvo en una historia que permanecen sin solución 300,000 reclamaciones, lo que representa un caso claro de desinformación periodística.

Incluso, la representante Yashira Lebrón reveló hoy que presentará una medida para investigar porqué no han sido atendidas 300,000 reclamaciones, lo que demuestra que la legisladora es una víctima de la desinformación que difunde la prensa, como veremos más adelante.

Según el informe de la OCS, para el 31 de diciembre de 2023 ya se habían resuelto el 100 % de las reclamaciones por pérdidas en propiedades residenciales, en autos personales, en autos comerciales, en reclamaciones relacionadas con inundaciones y en reclamos presentados por el gobierno en su carácter de asegurado.

Las reclamaciones del gobierno incluyen a las agencias del gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas.

Sin resolver reclamaciones de propiedades comerciales

El informe de la OCS indica que por las reclamaciones relacionadas con propiedades residenciales las aseguradoras pagaron $970,539,508.2 millones en 200,419 reclamaciones; en autos personales se pagaron $80, 586012.5 millones en 39,247 reclamaciones; en autos comerciales $23,851,117.7 millones en 4,541 reclamaciones; en reclamos presentados por el gobierno se pagaron $1,074,814,014.9 millones en 2,474 reclamaciones y, en los reclamos relacionadas con inundaciones se pagó $39,082,003.3 millones en 6,021 reclamaciones.

Uno de los renglones en los que aún existen reclamaciones que no han obtenido una solución son los seguros de propiedades comerciales, que incluye comercios, industrias y condominios.

Los otros dos renglones en el que permanecen reclamaciones sin solución es el de seguros que ofrecen protección por los efectos de la interrupción en las operaciones de negocios y en otras líneas de seguros muy especializadas.

De hecho, el informe de la OCS indica que en estos tres renglones se han resuelto el 98 % de las reclamaciones, lo que implica que los reclamos sin una solución final es muy diminuta.

Según el informe, en los seguros de propiedades comerciales se han pagado $4,238,888,247.12 millones en 33,478 reclamaciones; en los seguros para la interrupción de negocios se han desembolsado $628,375,641.7 millones en 5,160 reclamaciones y en otras líneas de seguros se han pagado $385,114,699.3 millones en 12,584 reclamaciones.

Desinformación a la carta

A pesar de estas estadísticas contundentes emitidas por la OAT y por la OCS, el periódico El Vocero publicó una historia en la edición del pasado 8 de abril en la que sostuvo que “aún permanecen sin resolverse sobre 300 mil reclamaciones por daños del huracán María”.

La historia, que fue escrita por el periodista Carlos Aponte Inostroza, fue encabezada por un titular contradictorio, pues mientras el titular principal alegaba que aún existen 300,000 reclamaciones sin solución, en un subtítulo se indicó de manera escueta que “según datos de la OCS, un 99.7% de los casos están completados y cerrados”.

El periódico no realizó gestión alguna para corregir la evidente contradicción.

Más aún, la historia sostiene falsamente que “del informe también se desprende que la cantidad total de reclamaciones entre todas las categorías que estaban pendientes era de 303,924, las cuales se dividen en los siguientes grupos: 200,419 en propiedad residencial; 33,478 en propiedad comercial; 39,247 en autos personales; 4,541 en autos comerciales; 5,160 en interrupción de negocios; 2,474 en gobierno; 6,021 en inundaciones (privadas), y 12,584 entre otros tipos de reclamaciones”.

El informe de la OCS utilizado por El Vocero es el mismo que recibió SN y en realidad, de la información que ofrece el documento, es imposible llegar a semejante conclusión.

Representante primera víctima

Quizás el caso más dramático de la desinformación promovida por el diario El Vocero es el de la representante Lebrón, quien hoy anunció que radicará una resolución “para investigar las razones por la cual todavía sobre 303,924 reclamaciones de seguro, asociadas al impacto del huracán María en septiembre de 2017, no han sido atendidas”.

La información fue publicada por el diario Metro.

En declaraciones escritas la legisladora sostuvo que ella y la ex representante Maricarmen Mas trabajaron el pasado cuatrienio “para que las aseguradoras cumplieran con los ciudadanos. Inclusive, fuimos los primeros en someter legislación para regular la práctica del ajustador público ante lo sucedido con el huracán María”.

Lebrón también se mostró alarmada porque “casi siete años después, el hecho de que 300,000 reclamaciones, la mayoría de estas relacionadas a complejos de vivienda horizontal, los condominios y ‘walkups’, estén pendiente nos preocupa mucho, más cuando se nos informa que esta temporada de huracanes será una muy activa”.

No está claro porqué la representante Lebrón, quien tiene acceso directo en las agencias del Ejecutivo y a la Rama Judicial, no solicitó información de primera mano sobre este asunto en la OAT y en la OCS, antes de anunciar una investigación sobre un hecho que no ha ocurrido como lo reseñó El Vocero.