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Los desaciertos en la agricultura de la administración Pierluisi

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SEGUNDA PARTE (2023)

Por Carlos A Flores Ortega

En el mes de enero 2023 comenzamos con malas noticias al enterarnos que la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) una coaseguradora de la Federal Crop Insurance del USDA, adscrita al Departamento de Agricultura se declaraba insolvente para el pago de sus obligaciones con los agricultores para el pago de los seguros agrícolas por los daños que ocasionó el huracán Fiona en septiembre del 2022.

Además de la insolvencia económica se reseñó que hubo renuncias de funcionarios claves en la agencia que ocasionaron atrasos en las evaluaciones y reclamaciones de unos 2,000 agricultores. Inclusive hubo reclamaciones de agricultores porque nunca fueron a visitar sus fincas previo a la temporada de huracanes y tampoco posterior a Fiona.

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Inicialmente la CSA informó una deficiencia de $10.0 millones sin embargo según investigaciones del periodista Miguel Díaz Román solo se había solicitado a la JSF uno $4.0 millones lo cual el organismo fiscal denegó y pidió que se identificaran otras fuentes dentro del presupuesto del gobierno.

Adicional, la JSF le hizo una advertencia de que no habría oportunidad en adelante para pedir fondos adicionales en auxilio. Así las cosas, era incierto el panorama para miles de agricultores saber si contarían con el pago a tiempo del seguro para restablecer sus operaciones. En contraste, durante los huracanes Irma y María en el 2017 que ocasionaron destrozos de mayor magnitud, el 90% de las reclamaciones se pagaron a los cinco meses.

También en enero de 2023 se dio a conocer la orden de detención por el Departamento de Agricultura Federal a embarques de guineo importado traídos por el Departamento de Agricultura luego de la detección y presencia de insectos nocivos a nuestras plantaciones en el producto. Los atrasos para la entrada del producto ya habían sido señalados y la ineficiencia del DA para administrar este proceso ocasionó millones de dólares en pérdidas al erario público por la gran cantidad de decomiso que se hicieron por producto dañado.

El Secretario Gonzáles Beiró había dado instrucciones a su división de inspección de mercados que no inspeccionaran los embarques para agilizar el proceso poniendo en riesgo la entrada de plagas y enfermedades a la isla algo que la comunidad agrícola tildo de muy irresponsable en el descargo de sus funciones.

En el mes de enero 2023 la polémica importación de guineos continúo dando malas noticias al conocerse que más de 6,000 cajas de guineos procedentes de Costa Rica se habían decomisado según anunciado por el Secretario Gonzáles Beiró a los medios de prensa. Según la Asociación de Productores de Bananos compuesta por productores locales quienes sin problema tuvieron la encomienda junto al DA de importar plátano y guineo después de los huracanes Irma y Maria, las pérdidas que ya acumulaba el gobierno y su importador ADEA, ya sobrepasaban el medio millón de dólares.

Como salida el Secretario Gonzáles Beiró intentó subsanar las quejas donando a varias instituciones sin fines de lucro más de 2,000 cajas de guineo que no estaban hábiles para mercadearse en los supermercados lo cual representaba pérdidas de más de $85,200 a la ADEA.

El Secretario nunca quiso responder a la prensa sobre esta situación pero las investigaciones que esto generó identificaron que más de 6,500 cajas o unos seis furgones se llegaron a decomisar en el vertedero de Vega Baja.

A comienzos del 2023 en Puerto Rico se vio un caso a nivel Federal que fue muy notorio y que paró en la convicción del productor Sixto George. El sector agrícola también cogió su aguacero en este caso ya que por expresiones del exsenador Jorge de Castro Font, dijo que Sixto George representaba una empresa que deseaba una dispensa del DA cuando el Secretario Carlos Flores, para introducir determinados productos y semillas y el Secretario Flores se las había denegado.

Esto fue motivo de una radicación de investigación ante el Departamento de Justicia ya que había unos lazos muy parecidos a las campañas mediáticas negativas de descrédito en contra del Secretario Flores dirigidas por la Asociación de Agricultores la cual no hubiera sido posible sin el apoyo económico de alguien. La petición de Sixto George hacia Castro de Font era para que este lo desprestigiara y lograr su salida del DA a lo cual Castro de Font no se prestó.

En respuesta a esta situación el exsecretario Flores siempre estableció que las investigaciones debían seguir su curso y que no era muy complicado llegar a la raíz solo había que “follow the money” y veremos quienes son. En esta misma controversia el Presidente de la AA dijo que la campaña mediática de miles de dólares en contra del Secretario Flores la llevo a cabo la AA con aportaciones de socios especialmente el sector de café que según alego contaba con más de 500 miembros.

El periodista Hiram Guadalupe fue identificado como uno de los que entró en esta campaña de descrédito al Secretario Flores.

En febrero 2023 se daba a conocer varias investigaciones donde el Secretario Gonzalez Beiró habría incurrido en violaciones éticas al beneficiarse de fondos federales del programa Regrow del Departamento de la Vivienda al permitir la participación de la empresa Agro Power dedicada a la venta de equipo y maquinaria agrícola, empresa de la cual el secretario era el dueño original y la cual había pasado a su esposa e hijo. Todo se quedaba en la familia según el reportaje de la periodista Vanessa Colon Almenas en sus publicaciones en Periodismoinvestigativo.

En marzo de 2023 el Colegio de Agrónomos experimentó un desaire al no contar con el Secretario de Agricultura y los representantes de los programas de la agencia a una conferencia de prensa que se celebró para informar a los consumidores y al comercio detallistas la amplia oferta de productos agrícolas locales frescos de temporada que ya están disponibles, según denunció el presidente del Colegio de Agrónomos (CA), Alberto Maldonado.

Según Maldonado la Fortaleza objetó que el Departamento de Agricultura estuviera representado en esta actividad. La conferencia estuvo revestida de gran importancia debido a que las cosechas de temporada representan una señal de recuperación para el sector agrícola luego de seis años de graves contratiempos.

Esto levantaba señales del distanciamiento del DA y el Colegio de Agrónomos por sus diferencias en otros temas como la protección de los terrenos agrícolas. El Senado de Puerto Rico aprobó la R del S 629 para investigar el endoso otorgado por el DA al proyecto propuesto de placas solares por la empresa Clean Flexible Energy, subsidiaria de la planta de carbón AES en terrenos agrícolas pertenecientes a la empresa del Agriart, LLC del Secretario González Beiró y su familia en Salinas.

En el mes de abril 2023 la Oficina del Inspector General informó los hallazgos de una investigación a FIDA sobre la contratación de una consultora de manera irregular. Según la investigación, para el 1 de julio de 2020, FIDA formalizo un contrato con una consultora donde se acordó un importe de pago de $20.00 por hora hasta un máximo de $9,000 mensuales. Dos meses después se enmendó el contrato a $ 26,000 mensuales y dos meses después lo enmendó nuevamente a $36,000 sin justificación alguna.

La OIG conoce un patrón que ocurre en muchas agencias donde se consigue la aprobación inicial para otorgar contratos a costos razonables, pero luego son enmendados sin mediar autorización violando las propias normas establecidas para gastos por hora en contrataciones.

Ese mismo mes de abril se dio a conocer un desfase entre la Autoridad Escolar de Alimentos del Departamento de Educación y el DA a través del Fondo Fomento de la Industria Lechera (FFIL) para suplir leche fresca a comedores escolares. El DA y el FFIL reconocieron el problema en la distribución de leche fresca por parte de las plantas procesadoras, también culparon a la Autoridad Escolar de Alimentos por no mover a tiempo de sus almacenes regionales los inventarios de leche UHT para evitar la falta del producto en los comedores escolares afectados.

De hecho, la falta de leche fresca o de sus sustitutos como la leche UHT, causo pérdida económica sustanciales a la Autoridad Escolar de Alimentos debido a que las autoridades federales sólo pagan por lo que se conoce como “bandeja completa”, que es aquella bandeja que cumple con todos los criterios alimenticios exigidos, que comprende unas determinadas porciones calorías, de proteínas y de fibra.

Además, exige que las bandejas cuenten con leche fresca o jugo de frutas. La escasez de leche fresca fue el resultado de los diversos problemas de personal y de otra índole que han tenido las plantas procesadoras, lo que causó una interrupción en las entregas de leche fresca. La Autoridad Escolar de Alimentos también tuvo dificultades para recibir las entregas de jugo de china natural, que es una responsabilidad de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias.

Como resultado de ese incumplimiento el contrato entre la ADEA y la Autoridad Escolar de Alimentos fue cancelado.

Desde el mes de abril de 2023 ya se estaban haciendo denuncias a la Oficina del Contralor para investigar a FIDA por la participación de viajes al exterior donde la mayoría de los espacios eran ocupados por funcionarios de gobierno cuando debían ser para agricultores.

En mayo de 2023 a siete meses después del paso del huracán Fiona en septiembre de 2022 numerosos agricultores de toda la isla continuaban sin cobrar sus reclamaciones por los daños causados por el fenómeno, a pesar de que la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) había recibido una inyección de $12 millones de parte del Departamento de Hacienda con el fin de atender la insolvencia de la aseguradora pública. Muchos agricultores de distintos rincones del país preferían mantenerse en el anonimato por temor a que se tomaran represalias en su contra y perder sus reclamaciones.

Otros agricultores denunciaban que aún sus fincas no habían sido visitadas por los inspectores de la CSA para estimar los daños causados por Fiona. Ese mismo mes de mayo 2023 se reportó un incidente sin precedente en el DA. La sede del Departamento de Agricultura recibió en la madrugada del 9 de mayo una andanada de disparos los cuales se concentraron en el lado derecho de la estructura, junto a la también sede de la Autoridad de Tierras.

El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, confirmó que la sede de su agencia fue tiroteada, pero señaló que los disparos fueron realizados por delincuentes. El funcionario agregó que el acto delincuencial no guardaba relación con las actividades cotidianas del DA. Alegadamente, los disparos fueron realizados entre las 5:00 y 6:00 de la madrugada desde la avenida Fernádez Juncos. Al momento de los disparos se encontraba personal de seguridad en la sede de Agricultura.

No obstante, fuentes indicaron que los disparos se concentraron en el ala derecha del tercer piso de la estructura donde están ubicadas las oficinas del subsecretario de Agricultura, Jorge Campos, la oficina de Recursos Humanos y la oficina del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola.

En mayo 2023 también el Senado de Puerto Rico cito al Secretario González Beiró a una vista ejecutiva para pedir explicaciones de por qué no se ha concluido el llamado estudio económico exhaustivo de la industria lechera, que no se había realizado desde 2016, a pesar que por ley se debía efectuar cada cuatro años. Al concluir la vista los Senadores no estuvieron satisfechos con las respuestas del secretario.

No había una fecha para terminar el estudio y por eso estaban recibiendo asesoramiento legal para ver si podían ir con un recurso de mandamus para obligar al secretario que terminara el estudio. A esa fecha el secretario ocupaba la dirección de la ORIL de manera interina luego de que su pasado director ejecutivo, el licenciado Javier Lugo Rullán, renunciara al cargo y pasara a dirigir la Corporación de Seguros Agrícolas.

En el mes de mayo 2023 surge la polémica por el desplazamiento del 95% del plátano local de los restaurantes, cafeterías y los supermercados del país por un plátano sin cáscara importado que se vendía congelado en un empaque al vacío y que no tiene el sabor y la calidad del fruto local, según denunció Louis Meyer Comas, quien preside la Asociación de Productores de Plátanos del Sur.

Esta situación la creó en parte la ineficiencia del DA en importar plátano verde con cascara durante los meses de escasez después de la tormenta Fiona para mantener suplido el comercio. Debido a la escasez del producto, el comercio se vio en la necesidad de importar plátano mondado que no está regulado como el plátano con cascara.

En junio de 2023 surge un nuevo capítulo de la ORIL quitándole ingreso a ganaderos y favoreciendo a Indulac. En una decisión que afecto a decenas de ganaderos, la Oficina para la Reglamentación de la Industria lechera (ORIL) determinó que la planta de balance Indulac podría vender leche cruda excedente a 60 centavos el litro a las empresas productoras de queso, lo que representaba un precio menor al que vendían determinadas vaquerías su producto a esas empresas.

Esta decisión de la ORIL refrentaría una pérdida sustancial para decenas de vaquerías que vendían leche a las empresas elaboradoras de quesos a precios que oscilaban entre 70 y hasta 90 centavos el litro. El secretario de Agricultura, González Beiró, quien es el director ejecutivo interino de la ORIL se negó a comentar la orden del 1 de junio y en una escueta respuesta enviada por mensaje de texto sostuvo que “la orden es clara y no hay nada que explicar”.

Todas estas incongruencias de la ORIL llevaron a al Representante Hernández Montaner a radicar en el mes de junio 2023, la R. de la C. 530 para ordenar a la ORIL de inmediato culminar el estudio exhaustivo ordenado por la Ley Núm. 34. Para el mes de junio 2023 también se publicó una historia de seguimiento por investigaciones inconclusas de la Oficina de Ética Gubernamental contra secretario de Agricultura. El Periodista Miguel Díaz Román publicó la historia de seguimiento donde a pesar de que siete meses atrás la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) había recibido una querella que denunció la aprobación ilegal de un parque fotovoltaico en terrenos de una reserva agrícola protegida en el pueblo de Salinas.

La OEG aún no había determinado si el aval gubernamental al proyecto violó la ley. La OEG sostuvo que la investigación de la querella no ha culminado y rechazó que la investigación esté atrasada. A finales del mes de junio también surge otra noticia relacionada del periodista Miguel Díaz Román donde el Secretario González Beiró había intervenido indebidamente en las negociaciones de un agente de bienes raíces y ofreció incentivos agrícolas para impedir la venta de un terreno agrícola en el pueblo de Guayama, que colinda con la finca Agriart LLC, en la cual el Secretario es accionista y su hijo vicepresidente.

De acuerdo con la noticia el interés del secretario era adquirir para su empresa esta nueva finca para así ampliar la capacidad de generación del proyecto que ha querido hacer en los terrenos de Agriart LLC en contrato con la empresa Clean Flexible Solutions. En el seguimiento de esta noticia se corroboró que el agente de bienes raíces envuelto en la transacción firmó una declaración jurada sobre estos hechos y finalmente la finca fue adquirida por González Beiró.

El 31 de julio 2023 salió una noticia sin precedente sobre el carácter y trato del Secretario de Agricultura a los empleados del propio DA. Según las denuncias de aparentes maltratos por parte de González Beiró, llegaron a su punto máximo en una reunión el pasado 14 de julio con miembros de su “staff”, en la que se anunciaron cambios lo cual desató una polvareda que sacó ronchas. Esto ocasionó renuncias en masa de directores regionales y la petición de reunión de emergencia con la Secretaria de la Gobernación Noelia Garcia en la Fortaleza.

Aunque quedaron en investigar más a fondo la situación, se trató el asunto como falta de comunicación y lealtades. Los directores que renunciaron son PNP y cuando Ramón González Beiró llegó se quedaron en sus puestos y siempre los ha visto como leales a Carlos Flores (exsecretario de la agencia). Esto creó roces ya que el exsecretario Flores es reconocido por su experiencia en cómo correr la agencia y cumplir los reglamentos, cosa que González Beiró desconoce.

Otros asuntos que cuestionaron los funcionarios era las constantes presiones para que se hicieran cosas fuera de reglamento como el otorgar certificados bonafide a personas amigos del secretario que no cualificaban además del lenguaje soez, sexista e irrespetuoso imperante en las reuniones que debían ser de un alto nivel profesional y máximo cuando participan damas. A preguntas de la prensa al Gobernador Pedro Pierluisi Urruita, este recomendó que si algún empleado del Departamento de Agricultura se había sentido ofendido o acosado por el secretario Ramón González Beiró podía presentar una querella para que se realizara una investigación administrativa.

La querella no se elevó a nivel de gobierno, pero si a través de la Comisión de Consulta y Protección del Colegio de Agrónomos el cual a la fecha no ha publicado los resultados de la investigación.

Hace un año atrás, en julio de 2022 el secretario tomó notoriedad por expresiones no muy bien articuladas que hizo en momentos en que la docena de huevos importados llegaba a la isla a precios por debajo del costo de producción. Esto afectaba las ventas de los productores locales quienes tenían costos de producción más altos.

El Secretario González Beiró culpaba a los distribuidores de alimentos por arruinar los negocios locales. Lo cierto es que el DA no continuó con los acuerdos de la administración anterior donde se tenía que incluir en la caja de huevos la fecha de expiración para que el consumidor estuviera orientado a comprar siempre producto fresco lo que hacía que los distribuidores de alimentos no inundaran los mercados por miedo a perder mercancía por fecha.

Sin embargo, la salida del secretario ante las críticas fue explicar que el huevo era la proteína más barata que se podía consumir. Por eso, aunque el huevo local estuviera más caro se podía desayunar con dos huevos y dos rajas de pan por $1.00 en tu casa y la gente se quejaba. Esto le gano grandes críticas y burlas que quedaran para la historia como el secretario que desayuna con un peso.

En agosto 2023 el desempeño del Departamento de Agricultura como promotor y custodio de la actividad agrícola en el país salió mal parada según la evaluación efectuada por los propios agricultores locales, de acuerdo con los resultados del “Estudio sobre el Perfil del Agricultor Puertorriqueño” realizado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

Según el estudio, el 74 % de los agricultores que respondieron el cuestionario electrónico que se utilizó como fuente principal de información, sostuvieron que no habían recibido apoyo económico por parte del gobierno local. Mientras que el 85% indicó que no recibió apoyo de la empresa privada.

Un hallazgo significativo es que el estudio preguntó los métodos que utiliza el agricultor para vender o distribuir su producción, a lo que un 60% de los agricultores respondieron que venden o distribuyen directamente su producción al consumidor. Un 30% indicó vender o distribuir sus productos en otras fincas, un 29% indicó que utiliza una distribuidora de alimentos, un 21 % dijo vender directamente a los supermercados y un 9 % a determinadas empacadoras.

Según el estudio, el 53 % de los agricultores indicó que no recibió incentivos o apoyo económico del gobierno a causa de un desastre natural. El estudio se realizó entre el 30 de mayo y el 27 de junio de 2023. Fundamentalmente, las preguntas iban dirigidas a identificar los problemas enfrentados por los agricultores entre los años 2020 y 2021.

En agosto de 2023 el empresario José González Freyre, quien es el propietario de la empresa importadora y procesadora de granos Pan American Grain, sostuvo que las justificaciones económicas planteadas por el secretario de Agricultura para organizar una cooperativa de granos en Puerto Rico son erradas y advirtió que el proyecto agrícola podría tener un resultado adverso debido a que la historia de las cooperativas agrícolas en Puerto Rico es una de reiterados fracasos financieros.

De esta manera González Freyre reaccionó al anuncio realizado ayer por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, sobre la creación de una cooperativa de granos que estimularía la siembra de granos en Puerto Rico y además, adquiriría parte del producto en el mercado internacional para procesarlo aquí y suplir a los productores de leche, huevo, cerdo y pollos frescos. González Beiró dijo que el alto costo de los granos afecta el precio de los productos agrícolas locales y destacó que la iniciativa de la cooperativa agrícola tiene como objetivo ofrecer costos más competitivos a los agricultores y aumentar la producción agrícola. Actualmente en la isla operan tres empresas que importan y procesan granos: Pan American Grain, Molinos de Puerto Rico y la Federación de Asociaciones Pecuarias de PR, Inc (FAP).

Pero González Freyre dijo que los planes del secretario parten de premisas erradas porque el alto precio de los granos en la isla obedece a que las empresas locales se ven obligadas a traer ese producto desde países europeos y asiáticos, lo que representa destinos muy lejanos que implican una importación muy costosa, que se refleja en los precios a nivel de los agricultores en el mercado local.

En agosto 2023 tres dependencias gubernamentales fueron demandadas por aprobar en contra de varias leyes, un total de 16 proyectos de energía renovable a gran escala en terrenos que se deben usar exclusivamente para usos agrícolas.

La demanda presentada por seis organizaciones ambientalistas incluye un recurso judicial extraordinario, conocido como mandamus, para que el tribunal le ordene al Negociado de Energía y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) identificar aquellos lugares que son ideales para los proyectos sin que se afecten terrenos de alto valor agrícola y ecológicamente sensitivos, como se les ordena por ley.

En septiembre 2023 unas 20 mujeres profesionales habían sido objeto de la violencia machista en el Departamento de Agricultura, a través de un patrón alarmante de abusos ejercido por los directivos de la agencia que incluye decisiones arbitrarias, atropellos, hostigamiento sexual, humillaciones y lenguaje soez. En algunos casos se señala al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien es descrito por algunas de las perjudicadas como una persona que suele usar lenguaje soez y expresiones ofensivas en su desempeño cotidiano en la agencia.

Los señalamientos contra González Beiró y sus subalternos se retrotraen al inicio de su gestión en el DA a partir de 2021, cuando la agencia se estremeció por una serie de cambios en el ámbito administrativo y en varias de sus dependencias, que incluyó la remoción de las mujeres de sus puestos sin razón alguna, según alegan las perjudicadas. De hecho, la mayoría de estas mujeres solicitaron mantenerse en el anonimato porque aún trabajan en el DA y anticipan una nueva oleada de represalias de parte de González Beiró y la cúpula administrativa que lo rodea, si ellas aparecen citadas en un reportaje periodístico.

En septiembre de 2023 la credibilidad del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, vuelve a quedar en entredicho durante la celebración de una vista ejecutiva en el Senado que examina la Resolución Conjunta del Senado 333, que ordena a la ORIL cumplir con su responsabilidad de efectuar un Estudio Económico Exhaustivo (EEE) de la industria lechera, según lo dispone la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera.

En la vista el funcionario presentó un panorama halagador de la industria lechera y del funcionamiento de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, pero otros deponentes describieron un escenario marcado por los incumplimientos de la reglamentación, decisiones arbitrarias que no atienden la situación financiera de la industria y la toma de represalias contra los que sectores que se quejan.

De hecho, a comienzos de año ya se habían reportado la mayor cantidad de quiebras en la historia en vaquerías y un número aún indeterminado en vías de cierre. La vista pública careció de una amplia representación de los sectores que integran la industria lechera hasta el punto de que solo asistieron, además de González Beiró y la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruiz, el ganadero Carlos Benítez y la licenciada Janice Ramírez Vélez de la empresa Suiza Dairy.

Estuvieron ausentes los portavoces de las cerca de 200 vaquerías que existen en el país y los ejecutivos de la empresa Tres Monjitas y la planta de balance Indulac. Tampoco comparecieron los representantes del comercio detallista que mercadea la leche a nivel del consumidor y de los numerosos transportistas que distribuyen el producto en toda la isla.

En la vista pública González Beiró planteó que el sector ganadero experimenta uno de los mejores momentos de su historia porque gracias a su gestión el litro de leche cruda se paga a 90 centavos, mientras que a las plantas procesadoras se le concedió en 2022 la oportunidad de establecer el precio máximo de la leche fresca con el fin, según dijo, de estimular la libre competencia. Incluso, el secretario describió su gestión como administrador interino de la ORIL como “espectacular” debido a los beneficios e incentivos que ha logrado para el sector ganadero.

En el mes de octubre 2023 cuando era conocido que el secretario de Agricultura, González Beiró, ya era objeto de tres investigaciones que realizan organismos del gobierno local por irregularidades que podrían desencadenar graves consecuencias para él y su familia, el funcionario se agencio un contrato de “entrevistas y promociones” pagado con fondos públicos del Departamento de Agricultura (DA) que vencía el 31 de diciembre del 2023 y en el que participa activamente el periodista Rubén Sánchez, quien no suele cuestionar al funcionario.

En el mes de octubre de 2023 surge una acción legal de la administración del gobernador Pedro Pierluisi quien sostuvo que la reglamentación vigente permite la ubicación de proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas y que tales iniciativas no atentan contra la capacidad productiva de los terrenos y pueden coexistir en armonía con la actividad agrícola. La insistencia y los argumentos de la administración Pierluisi fueron planteados por sus representantes legales ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en una vista para examinar a fondo una petición de mandamus que exige se le ordene al gobierno no aprobar proyectos de energía renovable en áreas de reservas agrícolas.

La petición de mandamus radicada por organizaciones comunitarias, agrícolas y ambientales reclama que los proyectos de energía renovable se ubiquen en terrenos previamente contaminados, impactados o en los techos de las casas o de otras estructuras.

Los abogados del gobierno solicitaron la desestimación de la petición de mandamus debido a que el Reglamento Conjunto de 2023, que ordena el proceso para conceder permisos de construcción, avala la ubicación de unos 18 proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas y esta era la política pública del gobierno.

En octubre de 2023 fiel a su conducta de permanecer involucrado en controversias que levantan dudas sobre su gestión pública, el secretario de Agricultura, González Beiró, le impuso una multa de $2,500 a un ganadero que denunció en una vista ejecutiva en el Senado los presuntos falsos testimonios del funcionario, sus incumplimientos a la reglamentación, las decisiones arbitrarias y la toma de represalias contra los que sectores que se quejan contra sus decisiones.

La multa obedeció a unas presuntas violaciones a la reglamentación de la ORIL cometidas por la vaquería Empresas Benítez Toledo Inc, de la cual Benítez es presidente. Las alegadas violaciones acontecieron tres años atrás, específicamente en mayo de 2020. Ante esta acción intimidatoria el periodista Miguel Díaz Román quien estuvo presente en la vista le envió el siguiente mensaje de texto al secretario: “Hola secretario.

El 27 de septiembre usted impuso una multa contra el ganadero Carlos Benítez por hechos ocurridos tres años atrás. Usted impuso la multa el mismo día que Benítez compareció ante la Comisión de Agricultura del Senado y denunció los incumplimientos de la ORIL y de su parte, como administrador interino. Benítez alega que la multa fue en represalia por sus denuncias ante la Comisión. Es inescapable pensar que la multa responde a un acto de represalia. ¿Cuál es su explicación para esta multa impuesta el mismo día en que fue celebrada la vista ejecutiva en el Senado?”.

A minutos después de enviar el mensaje González Beiró respondió con la siguiente expresión: “Eres una rata. No me escribas jamás”. También en octubre 2023 con el objetivo de incentivar la mano de obra agrícola, el Departamento de Agricultura anunció que subsidiaria hasta el 50% del pago del salario de los trabajadores agrícolas, incluyendo a los trabajadores temporales con visa H2-A a través del Programa de Subsidio Salarial Agrícola Este programa funciona por reembolso al empleador de horas certificadas trabajadas, en este caso el agricultor.

Esta noticia ocasionó verdadera preocupación en el sector agrícola ya que durante los pasados tres años los agricultores no han recibido este subsidio según se alega por falta de fondos lo cual no hace sentido que ahora se incluya a los trabajadores inmigrantes temporeros a menos que se reciba una asignación de al menos $15 millones adicionales en el presupuesto de la agencia.

En noviembre de 2023 los continuos decomisos de leche cruda en determinadas vaquerías que no cumplían con los nuevos parámetros de calidad establecidos de manera unilateral por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), los cuales exceden los requisitos de leche grado A que impone el gobierno federal, generaron un gran descontento entre el sector de los ganaderos que amenaza con causar un cisma en la industria lechera.

El ex presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores, Luis “Tata” Cordero, se expresó alarmado por la cantidad de vaquerías afectadas por los decomisos de leche cruda debido a que no cumplían con los nuevos parámetros de calidad establecidos por la ORIL. Cordero sostuvo que el objetivo de mejorar la calidad de la leche fresca no puede provocar la quiebra de determinados ganaderos, por lo que le solicitó una reunión urgente con el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

En noviembre de 2023lLa Universidad de Puerto Rico (UPR) anuncio que realizará un estudio sobre las opciones que se pueden desarrollar como “actividad agrícola” en proyectos de gran escala con placas solares, aunque expertos en el tema de energía entienden que ya hay suficiente información para afirmar que es muy poco lo que se puede cultivar debajo de estas instalaciones.

El acuerdo otorga $1.9 millones a la UPR de los fondos disponibles desde el 2017 para el adiestramiento a agencias de gobierno y vence el 31 de mayo de 2024, aunque se puede extender si las partes lo aprueban. El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Agricultura Ramón González Beiró hicieron el anuncio ayer y defendieron la aprobación de proyectos de fincas solares en terrenos que están designados en el Plan de Usos de Terrenos (PUT) como suelos rústicos protegidos y que se supone que solo se dediquen a la siembra por ser tierras fértiles.

Según el gobernador, el terreno agrícola se puede utilizar para placas solares y no hay que elegir entre estos y el desarrollo de la agricultura, sino que ambas “pueden complementarse”. “Solamente se han impactado hasta el momento menos de 3% de los terrenos agrícolas, de la Autoridad (de Tierras), que no son los únicos terrenos agrícolas que tenemos en Puerto Rico. Si lo miras a base de todos los terrenos agrícolas que tenemos, en lo que andamos es por el 1%. Siempre que el porcentaje sea bien bajo… Recuerda que hay muchísimo terreno agrícola que no se está utilizando”, afirmó en un aparte con medios luego de hacer el anuncio del acuerdo en conferencia de prensa.

Sostuvo además que una vez se culminen todos los tramos de proyectos de energía renovable se habrán impactado alrededor de 5% de los terrenos agrícolas y habrá sido “por un bien mayor que es tener energía confiable al mejor y menor costo posible”. González Beiró, por su parte, dijo que en el 1998 se trabajaban cerca de 800 mil cuerdas agrícolas y hoy hay disponibles 500 mil de esas cuerdas “que no se están trabajando” por lo que no es correcto “levantar una alarma” en torno a que se va a afectar la seguridad alimentaria por establecer fincas solares en terrenos agrícolas.

En noviembre de 2023 el DA vuelve a errar al someter enmiendas al reglamento del Programa de Subsidio Salarial Agrícola (PSSA) y omitir información al Departamento de Estado. Entre las enmiendas al reglamento del PSSA figura que por primera vez se permitirá que las empresas agrícolas reciban el beneficio por los trabajadores extranjeros que laboren sus fincas – que pueden entrar al país con la visa H2A que provee el gobierno federal – una medida que podría beneficiar a numerosas empresas que operan en el cultivo de café y de hortalizas.

Del Análisis de Flexibilidad entregado por el DA, se desprende que nunca se mencionó que por primera vez el reglamento del PSSA fue enmendado para permitir que las empresas agrícolas reciban el beneficio por los trabajadores extranjeros que laboren sus fincas. El DA tampoco explicó cómo la inclusión de esos trabajadores afectaría el presupuesto existente PSSA que tiene como objetivo garantizar un subsidio de 50 % para los salarios de los trabajadores agrícolas.

En sus respuestas el DA no explicó que los trabajadores extranjeros reciben un salario agrícola de hasta $9.50 por hora, el cual es sustancialmente más alto que el salario agrícola reconocido en el reglamento, que asciende a $5.25 por hora. En ese escenario, el subsidio avalado por el reglamento es de $2.72 por hora para el trabajador agrícola. Esas diferencias salariales no son explicadas en las respuestas ofrecidas por el DA. Tampoco se explicó cómo se concilian esas diferencias.

Es decir, si el incentivo salarial para los trabajadores extranjeros será de $4.75 o una cantidad menor y si el incentivo identificado en el reglamento para los trabajadores locales será modificado con el fin de equiparar su cantidad al incentivo que podrían recibir los trabajadores extranjeros. Otro ángulo que el DA no reveló en sus respuestas al Análisis de Flexibilidad es que, de los $20 millones que están asignados al programa, $ 2 millones están destinados para pagar el llamado bono agrícola, lo que reduce la partida para el pago del incentivo salarial a $18 millones.

Además, existen aproximadamente $7 millones que se destinan para el llamado incentivo por producción, el cual va dirigido a las empresas de ganado de leche, pollos parrilleros y huevos. Los ganaderos reciben 22 centavos por cada cuartillo de leche, los productores de pollos $5.55 por cada mil libras y los productores de huevos $1.40 por cada 30 docenas de huevos. Como resultado de esas partidas, los fondos para el incentivo salarial agrícola se reducen a $11 millones para un año, el cual se divide en cuatro trimestres. Esto implica que por cada trimestre el PSSA contará con $2.75 millones. Además, el DA no reveló si los fondos disponibles serán suficientes para incentivar los salarios de los cerca de 1,300 trabajadores locales y los 400 trabajadores extranjeros.

En diciembre 2023 en lo que representa una nueva derrota judicial para la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), el Tribunal Apelativo revocó y declaró nulas tres determinaciones administrativas emitidas por esa oficina, una de las cuales cambió la definición de la leche fresca para permitir la llamada leche fresca de larga duración, lo que propició que la planta procesadora Tres Monjitas, que elabora ese producto, aumentara su partición en el mercado.

Como resultado de esa orden administrativa, la producción de la leche fresca de larga duración fue considerada también como parte de la producción de leche fresca, que es el principal segmento de la industria lechera, lo que propició un aumento en la participación de mercado de Tres Monjitas.

Las órdenes administrativas fueron emitidas el 7, 17 y 24 de agosto del 2023 y fueron firmadas por el administrador interino de la ORIL, Ramón González Beiró, quien también es el secretario de Agricultura. En su determinación el Tribunal Apelativo acogió los planteamientos de Suiza Dairy y concluyó que la ORIL emitió las tres órdenes administrativas en violación a la LPAU y sin más, procedió a revocarlas y declararlas nulas.

En diciembre 2023 a pesar de que desde 2016 la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) no ha cumplido su obligación en ley de realizar y publicar cada cuatro años el Estudio Económico Exhaustivo (EEE) de la industria lechera, resulta que en 2023 el citado estudio no ha sido concluido porque determinadas vaquerías que integran la muestra no han cooperado ofreciendo sus datos financieros. En una comunicación emitida el 21 de diciembre, el presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores (AA), Manuel Enrique Martínez Arbona, culpó a un grupo indeterminado de ganaderos porque aún no se ha culminado el EEE.

En diciembre de 2023 seis organizaciones presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Primera Instancia por desestimar el recurso de Mandamus aludiendo que el Negociado de Energía tiene jurisdicción exclusiva para identificar si deben establecerse los proyectos industriales de energía renovable en la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico. Plantearon que, en la jurisprudencia, el Tribunal Supremo no ha reconocido jurisdicción exclusiva a una agencia y tampoco ha reconocido un recurso adecuado en ley ante una agencia que niega tener jurisdicción y peritaje sobre ese aspecto.

De manera que el recurso presentado es el único remedio disponible para requerir al Negociado que cumpla con su deber ministerial e identifique los lugares aptos para viabilizar la integración de la energía renovable y aplicar el Plan de Uso de Terrenos (PUT).

“El Negociado ha insistido y ha determinado consistentemente que no tiene jurisdicción ni peritaje sobre la materia, es decir, que no tiene peritaje ni jurisdicción para aplicar la política de uso de suelos, el ambiente, ni la agricultura al integrar la energía renovable. La sentencia es irrazonable porque desestimó el Mandamus sin mencionar ni discutir la postura del Negociado, ni sus resoluciones anteriores declarándose sin jurisdicción ni peritaje sobre la materia”, esbozaron los demandantes.

“La sentencia constituye un fracaso de la justicia. Tiene el efecto de dejar a las aquí comparecientes (partes demandantes) sin un foro, impedir una adjudicación en los méritos, y también, permitir la violación continua con el Plan de Uso de Terrenos y la pérdida de miles de tierras agrícolas catalogadas por ley como “imprescindibles”.

Los demandantes añadieron que el incumplimiento continuo con la Ley 6-2014 del Plan de Uso de Terrenos, la magnitud de sus efectos, y a través de casi todos los proyectos ante el Negociado, conlleva e implica una violación reiterada al Plan de Uso de Terrenos y a la Constitución de Puerto Rico sobre la cual el Tribunal tiene jurisdicción.

El escrito de apelación presentado fue acompañado con un estudio, el cual fue presentado ante el proceso judicial en el Tribunal de Primera Instancia, que concluyó que los 17 proyectos tienen un impacto combinado sobre 5,961.16 cuerdas de terreno, de las cuales el 85% se encuentran en terrenos de protegidos identificados por el Plan de Uso de Terrenos.

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