Reaseguradores con peros a las pólizas que protegen por interrupciones del servicio eléctrico

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Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando el país aún sufre los estragos del masivo apagón que experimentó el pasado 31 de diciembre, ha trascendido que como resultado de las exigencias establecidas por los reaseguradores a las aseguradoras locales, las pólizas que ofrecen protección contra los efectos de las interrupciones del servicio eléctrico tienen un alto costo que podría ser prohibitivo para los pequeños comerciantes y a las microempresas. 

Esta realidad abarca las pólizas de rotura de maquinaria a causa de las interrupciones del servicio eléctrico que ocurren por los daños que enfrente un negocio por un evento catastrófico y el llamado endoso «off premises power», que atiende las reclamaciones provocadas por eventos fuera de la jurisdicción del negocio que provoquen la interrupción del servicio eléctrico.

Incluso, algunas aseguradoras han optado sencillamente por no ofrecer la póliza o el endoso, debido a la alta frecuencia de las interrupciones del servicio eléctrico que suelen ocurrir en Puerto Rico y las altas pérdidas que esto representa. 

El presidente de Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, sostuvo que el alto costo de las primas de este tipo de seguro es una exigencia de los reaseguradores.

Se protegen los reaseguradores

«El costo de reaseguro de pólizas de rotura de maquinaria es alto en Puerto Rico dado el problema de voltaje y el daño a los equipos. Para protegerse los reaseguradores nos exigen que aumentemos los deducibles o nos aumentan las primas que debemos cederles», dijo González Portilla. 

El ejecutivo explicó que la cubierta para comerciantes de interrupción de negocio por problemas del servicio eléctrico solo se activa por eventos catastróficos como el paso de un huracán, la ocurrencia de un fuego o de un terremoto, cuyos efectos afecten directamente el local comercial asegurado. 

«Si no ocurre un daño físico en el local asegurado y éste se queda sin servicio de electricidad porque simplemente lo que causó el apagón fue un “malfunction” del sistema eléctrico del país por sobrecarga en las líneas, la póliza no se activa», aclaró. 

Endoso con condiciones

González Portilla abundó sobre las características del endoso “off premises power”.

«Si se establece  que el apagón fue causado por un fuego en una planta de generación o se afectó una línea de distribución o transmisión que suple el negocio asegurado y el asegurado paga una prima y endosa su póliza con una cubierta llamada “off premises power”, entonces tendría cubierta para interrupción de negocio»,  sostuvo el ejecutivo.

No obstante, González Portilla desgranó las condiciones que la aseguradora Antilles Insurance Company exige para garantizar los beneficios del endoso “off premises power”.  

«Se ofrece sujeto a que el cliente prospecto o asegurado tenga un generador con la capacidad necesaria para correr la operación, que demuestre que tiene un contrato de mantenimiento para el generador y suficiente abastecimiento de diesel o gas natural», indicó.

María cambia el escenario

Por su parte, Alexis Sánchez Géigel, presidente de la aseguradora  Mapfre, indicó que la póliza de rotura de maquinaria aún está disponible en el mercado pero advirtió que, tras el paso del huracán María, muchas aseguradoras han desistido de ofrecer el endoso “off premises power”, debido a que representa una cubierta perdidosa ante la realidad de que la reanudación del servicio eléctrico en Puerto Rico suele acontecer mucho tiempo después de que se hayan terminado la reparación de los negocios afectados. 

«La póliza de rotura de maquinaria cubre daños dentro de los predios de tu negocio. Supongamos que dentro de los predios de tu negocio tienes una subestación (eléctrica) y esa subestación sufre daños y te quedas sin servicio aunque haya electricidad. Estos daños están cubiertos, pero existe una cubierta que cubre la interrupción del servicio eléctrico por situaciones que se dan fuera de los predios de tu negocio, esa cubierta es el endoso “off premises power”. Después de María muchas aseguradoras han dejado de proveerla. Quizás tu negocio no tuvo ningún tipo de daño pero la reparación de la líneas de transmisión fuera de los predios de tu negocio puede tardar meses en repararse y eso es muy perdidoso para las aseguradoras. Esa cubierta se vende también en Estados Unidos, pero allá en lo que reparas tu negocio ya probablemente fueron reparadas las líneas eléctricas. En Puerto Rico esa situación no se da, tú puedes reparar tu daño y todavía el tendido eléctrico está sin atenderse», indicó Sánchez Géigel.

El ejecutivo recordó que el grave problema de generación eléctrica que padece el país ha provocado que muchas empresas hayan adquirido sus propios sistemas alternativos, ya sea por medio de gas propano o por medio de paneles solares y baterías, para satisfacer sus necesidades de electricidad. 

Problema de cogeneración

«Tenemos un problema de cogeneración eléctrica que no ha sido atendido y lo sabemos hace más de 10 años atrás y sabemos que no podemos crecer económicamente con ese problema de cogeneración de energía y todavía no hemos sido capaces de insertar más fuentes de cogeneración al sistema y sobre todo, ante el hecho de que en el 2027 la cogeneradora AES dejará de producir energía con carbón. Eso será 400 megavatios menos. Tenemos esa necesidad apremiante y todavía esos contratos de cogeneración no han sido firmados. El sistema no es capaz de proveer luz a todo el mundo y cuando crece la demanda el sistema se protege y se cae el servicio de luz. Aquí no hay patriotas, nadie piensa en Puerto Rico. Debemos tener hasta 4,000 megavatios disponibles y estamos produciendo 3,100 megavatios. Hay que exigir que se hagan  los proyectos de cogeneración», indicó Sánchez Géigel.

Tras el masivo apagón del sistema eléctrico que sufrió el país el pasado 31 de diciembre, el presidente del Centro Unido de Detallistas, el doctor Ramón Barquín, reclamó a la gobernadora Jenniffer González,  decretar un estado de emergencia energética con el fin de que se atienda con prioridad la rehabilitación del sistema eléctrico.

Posible solución el seguro paramétrico

Barquín estimó que el apagón del sistema eléctrico ocurrido en la víspera de la despedida del año 2024 causó más de $100 millones en pérdidas en las pequeñas empresas y las microempresas que apoyan la industria turística. Sostuvo que decretar un estado de emergencia energética también facilita tener acceso a determinados fondos federales que podrían aminorar las pérdidas de los pequeños comerciantes y de las microempresas.

El presidente del CUD señaló que ante el alto costo de las primas para las pólizas de seguro que ofrecen protección por las pérdidas causadas por la interrupción del servicio eléctrico o ante la renuencia de la industrial de seguros para proveer ese tipo de cubierta, es necesario explorar la posibilidad de que existan otras alternativas de seguros como, por ejemplo, seguros paramétricos que garanticen una determinada compensación tras la interrupción del servicio eléctrico.

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Presidente del CUD solicita decretar estado de emergencia energética

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Por Miguel Díaz Román

Tras el masivo apagón del sistema eléctrico que sufrió el país el pasado 31 de diciembre y las numerosas interrupciones del servicio eléctrico que han ocurrido durante el pasado año, las cuales han causado cuantiosas pérdidas a los pequeños comerciantes y a las microempresas, se hace necesario decretar en estado de emergencia energética, según sostuvo el doctor Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).

Barquín le recomendó a la gobernadora elegida Jenniffer González, quien mañana 2 de enero del 2025 toma posesión oficialmente del cargo, que decrete un estado de emergencia energética, lo cual sería un mecanismo para que tanto el  gobierno local, el gobierno federal, la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía se dediquen de lleno a encaminar la rehabilitación del sistema eléctrico.

El objetivo de activar la rehabilitación del sistema eléctrico sería garantizar un servicio estable y libre de interrupciones. 

El presidente del CUD indicó que ese esfuerzo requiere incrementar la generación de energía eléctrica y atender el estado real de todo el sistema de distribución y de los transformadores eléctricos que proveen directamente la energía a la ciudadanía, al comercio y la industria.

Barquín también sostuvo que decretar el estado de emergencia energética permitirá que tanto al  gobierno local, el gobierno federal, la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía se comprometan en la fiscalización de los fondos federales asignados a la rehabilitación del sistema eléctrico para que esos trabajos se realicen de manera efectiva y lo más rápido posible.

Barquín estimó que el apagón del sistema eléctrico que sufrió el país durante la víspera de la despedida del año 2024 causó más de $100 millones en pérdidas en las pequeñas empresas y las microempresas que apoyan la industria turística.

Decretar el estado de emergencia energética también facilitaría tener acceso a determinados fondos federales que podrían aminorar las sensibles pérdidas que han padecido miles de pequeños comerciantes y de microempresas a consecuencia de los frecuentes apagones que sufre el país.

El presidente del CUD señaló que ante el alto costo de las primas para las pólizas de seguro que ofrecen protección por las pérdidas causadas por la interrupción del servicio eléctrico o ante la renuencia de la industrial de seguros para proveer ese tipo de cubierta, es necesario explorar la posibilidad de que existan otras alternativas de seguros.

Específicamente mencionó  la posibilidad de que se provea un seguro paramétrico que garantice una compensación como protección a las pequeñas empresas y a las microempresas por las pérdidas que causen las interrupciones del servicio eléctrico. 

El seguro paramétrico garantiza una compensación al asegurado de acuerdo a la ocurrencia de determinados factores previamente definidos como la intensidad de un evento o el monto de la pérdida.

Barquín también propuso que el gobierno facilite una adecuada subvención para que la banca privada y las cooperativas provean financiamiento a las pequeñas empresas y a las microempresas con el fin de que puedan adquirir a costos asumibles sistema de generación eléctrica alternativos como generadores eléctricos activados con gas propano o con paneles solares.

Otra propuesta de Barquín es que se le conceda a las pequeñas empresas y a las microempresas una deducción contributiva » peso a peso» que estimule la adquisición de sistemas alternativos de energía eléctrica.

Incluso, Barquín advirtió que para hacer atractiva esa deducción contributiva y generar una mayor actividad económica asociada a ella, el gobierno debería ampliar la deducción a un 200 % de su valor original durante dos años, lo cual causaría una masiva inversión que tendría un efecto positivo en cadena en la economía del país.  

Actualmente el CUD tiene más de 5,000 socios que son propietarios de pequeñas empresas. Además, en el país existen más de 170,000 microempresas. 

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De Alepo a Damasco un paso es

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Por Carlos Ernesto Severino Valdez

La guerra que comenzó en Siria en 2011 nunca terminó. Ese conflicto empezó como una guerra civil cuando sectores desafectos del Ejército Árabe Sirio desertaron y comenzaron una rebelión contra el gobierno de Bashar al-Assad. 

Más tarde, en 2014, el Estado Islámico en Irak y Siria (conocido también por sus siglas en inglés ISIS: the Islamic State of Iraq and Syria) lanzan una cruenta ofensiva contra los ejércitos de Siria e Irak conjuntamente. 

Tanto el Estado Islámico como su agrupación predecesora Estado islámico de Irak y el Levante (EIIL) son organizaciones declaradas como terroristas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ambas se inscriben en lo que se denomina el islam político suní de corte extremista. 

Ese sunismo extremista desplaza del escenario al nacionalismo árabe secularista que durante décadas dominó los movimientos de liberación y descolonización en toda la región del suroeste asiático y norte de África. La caída del gobierno de Bashar al-Assad pone final a toda una era de movimientos políticos nacionalistas, panarabistas y ante todo secularistas que tuvieron en figuras tales como Gamal Abdel Nasser, el rey Faisal I de Irak y Muammar Gaddafi su máxima expresión.

Al entrar el Estado Islámico (EI) en el escenario sirio, lo que fue en un inicio una guerra civil se convierte en un complejo conflicto regional de implicaciones globales. Desde entonces, fueron entrando diferentes fuerzas militares que afirmaban sus intereses particulares en el geoestratégico país levantino. 

El objetivo supremo del EI y de otros grupos del mismo trazo salafista y takfirista es el de crear un califato universal en la sociedad pos al-Assad. El concepto salafismo se basa en la búsqueda de la lectura más fiel y remota del Corán, mientras que el takfirismo (takfir) se refiere a la acusación de apostasía contra una persona musulmana. 

En la  interpretación salafista el chiísmo es tildado de apóstata. De ahí, que el EI y grupos salafistas como Al Qaeda, Frente Al Nusra y otros tantos hayan sido enemigos resueltos de la revolución islámica iraní, así como del chiismo en general y en particular del alauismo sirio, que es una minoría dentro de la minoría chií. 

El alauismo representa aproximadamente un 15% de la población siria. La presencia en Siria de los grupos paramilitares extremistas islámicos, resultó en la puerta de entrada a muchos otros poderes fácticos regionales al ruedo de la guerra tales como Turquía, Irán, Hezbolá, los Estados Unidos, Rusia e Israel. 

Algunos de esos actores político-militares llegaron con el objetivo de derrotar al EI y sus aliados. Otros llegaron para apoyar el gobierno de al-Assad. Pero detrás de esos objetivos había otras agendas particulares. En función de las agendas, los diversos actores establecieron alianzas regionales muy extrañas y hasta insólitas.

El dirigente del principal movimiento islámico extremista en Irak y Siria lo fue el mítico Abu Bakral-Bagdadí, fundador del Estado Islámico en Irak y Siria. Ya hacia 2015 las fuerzas armadas de al- Assad se habían debilitado considerablemente.

En ese momento, el presidente al-Assad hace un llamado a sus más cercanos aliados para que le ayuden a sostener su gobierno al borde del derrocamiento. 

Ahí es cuando entran al escenario, la guardia revolucionaria iraní, milicias irregulares iraquíes e iraníes, las fuerzas armadas rusas y Hezbolá. Y como si fuera poco, a esto le sumamos la invasión turca al noroeste de Siria. El objetivo turco era detener cualquier posibilidad de soberanía de los kurdos sirios, quienes han gozado de un sólido apoyo estadounidense.

Curiosamente en el terreno sirio ambos países combaten propósitos antagónicos a pesar de ser miembros de la OTAN. Es precisamente en la región kurda de Siria donde se localizan una parte significativa del petróleo y gas natural sirio.

Bajo la supremacía aérea rusa y la poderosa y resuelta milicia Hezbolá, los militantes extremistas islámicos (terroristas) no tuvieron opción. Al Qaeda en Siria y el Levante fue casi exterminada y el Estado Islámico corrió una suerte semejante. 

A eso del 2013 Abu Mohammed al-Golani, lugarteniente de al-Bagdadi, se separa de su agrupación original Al Qaeda y funda el terrible Frente Al- Nusra al Sham como una facción autónoma. Como cuestión de hecho, contra al-Golani pesa aún una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. 

Esto a pesar de que sorpresivamente en muchas coberturas mediáticas se le tilda de “líder rebelde” y no terrorista. Tal y como es típico de estos movimientos extremistas, el Frente al-Nusra nuevamente se transforma. El 28 de enero de 2017 se convierte en el hoy muy conocido Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una amplia diversidad de agrupaciones que al-Golani logra consolidar a pesar de las más variopintas diferencias. 

El HTC se compone de dos grandes grupos, que a su vez se subdividen en múltiples agrupaciones afiliadas, que suman las fuerzas de HTS. Estos son: el Ejército Nacional Sirio (ENS) y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). El ENS constituye un enjambre de grupos extremistas (terroristas) aliados de los turcos. 

Su objetivo histórico fue combatir el Estado Islámico, pero en realidad su objetivo real ha sido siempre el de neutralizar las aspiraciones políticas de los kurdos en Siria. Por el contrario, el FDS declara objetivo luchar contra la ocupación turca del norte de Siria. Como podemos apreciar, el HTS es una alianza que tiene diversos intereses encontrados entre sí.

La poderosa alianza que reclutó al-Assad para sostener su gobierno logró debilitar considerablemente a sus enemigos y hacerlos replegarse hacia el norte entre el 2018 y el 2020. Pero no fueron derrotados, el conflicto se congeló. Es conocido que los rusos, luego de sus intensos bombardeos, se dedicaron a lograr acuerdos con los insurrectos en el norte, el este y el sur para pacificar la situación en general y consolidar nuevamente el gobierno de al-Assad. 

De esa manera se produjo el conocido acuerdo con la coalición de tribus rebeldes drusas de nombre Sala de Operaciones del Sur (SOS), quienes fueron los primeros en lograr el sitio de Damasco que provocó la salida de al-Assad. Los drusos son otra importante minoría religiosa (3%) dentro de la diversidad confesional siria.

El centro de operaciones del HTS había sido Idlib, donde según diferentes reportes, llevaron a cabo una administración pública impecable con financiamiento turco y ucraniano según se dice por algunas fuentes. 

Así, con un aura de buenos y tolerantes administradores, iniciaron su operativo desde Idlib hacia Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria. Desde Alepo avanzaron por la autopista M5 sin resistencia alguna como si pudiésemos decir que de Alepo a Damasco un paso es.

Severino Valdez es ex rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y se desempeña como profesor de geografía política en esa universidad.

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MMM Holdings LLC acuerda pagar $15.2 millones por esquema de sobornos 

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La corporación MMM Holdings LLC, que provee en Puerto Rico las cubiertas de seguros de salud Medicare Advantage y Medicaid, aceptó pagar $15.2 millones para poner punto final a unas alegaciones  presentadas por la Fiscalía Federal de San Juan, que le imputó a la empresa haber establecido un esquema de sobornos entre el 2018 y el 2022 con el fin de sumar suscriptores para la cubierta Medicare Advantage. 

A través de un comunicado de prensa distribuido hoy lunes 23 de diciembre,  la Fiscalía Federal indicó que el esquema de sobornos consistió en que la corporación MMM Holdings LLC repartió tarjetas de regalos entre los asistentes administrativos de los proveedores de salud para que estos refirieran a sus clientes al plan de salud Medicare Advantage provisto por la aseguradora, la cual se conoce en el mercado local como «MMM».

El esquema de sobornos implicó violaciones al Estatuto Antisoborno y la Ley de Reclamos Falsos, según reveló la Fiscalía Federal y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

La Fiscalía Federal sostuvo que el esquema de sobornos le permitió a MMM Holdings LLC obtener ganancias de $6 millones. 

El acuerdo negociado con MMM Holdings LLC tomó en consideración los esfuerzos realizados por la aseguradora para cooperar con la pesquiza y para implementar controles internos que eviten las gestiones comerciales que podrían violar las disposiciones de ley que prohíben el soborno.

El acuerdo con la Fiscalía Federal comprende también que la aseguradora aceptó firmar un Acuerdo de Integridad Corporativa con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

Este último acuerdo implica que la aseguradora deberá poner en vigor durante cinco años  procedimientos diseñados para garantizar que los acuerdos comerciales existentes o cualquier nuevo acuerdo comercial que se logre en el futuro no viole la ley antisoborno.

MMM también debe contratar a una organización de revisión independiente para que revise los sistemas que la aseguradora tiene implementados con el objetivo de identificar los acuerdos existentes o aquellos que se firmen en los próximos años y garantizar que no violen las disposiciones federales antisoborno.  

“Las investigaciones de fraude en el cuidado de salud son una prioridad para el Departamento de Justicia. Agradecemos la cooperación de MMM durante la investigación y su disposición para negociar una solución rápida”, señaló el fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.

MMM Holdings LLC opera en Puerto Rico bajo la corporación Anthem, Inc., una compañía de servicios de salud que posee 118 millones de suscriptores en los Estados Unidos.

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Suiza Dairy rechaza secretario de Agricultura promueva la compraventa de la empresa 

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Por Miguel Díaz Román

La empresa Suiza Dairy ha rechazado las actuaciones del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien recientemente ha efectuado numerosas exhortaciones a favor de que los activos de la planta procesadora sean adquiridos por otras empresas, una gestión que se asemeja más a la que efectuaría un agente de bienes raíces y que el funcionario ha realizado sin que Suiza Dairy lo haya solicitado o autorizado.

Incluso, González Beiró se ha expresado a favor de que la próxima administración del gobierno que regirá la gobernadora elegida, Jenniffer González,  expropie los activos de Suiza Dairy.

Además, el secretario ha revelado que se ha reunido con posibles compradores de los activos de Suiza Dairy, los cuales, según ha mencionado el funcionario, incluyen una empresa local de distribución, otra de la industria lechera y una corporación de la industria lechera del este de Estados Unidos. 

El funcionario ha hecho los anuncios en las vistas del Comité de Transición, en programas de radio y televisión y recientemente en el periódico El Nuevo Día. En algunos de estos medios González Beiró ha declarado que el Grupo Gloria, corporación matriz de Suiza Dairy, se propone abandonar el mercado local.

Alegadamente, según reveló el secretario de durante la vistas del Comité de Transición, algunas de las empresas que han mostrado interés en adquirir a Suiza Dairy y “ya están haciendo los números”.

Sorprendida Suiza Dairy

En unas declaraciones escritas la empresa Suiza Dairy sostuvo que «nos sorprenden las recientes declaraciones del secretario de Agricultura, quien en su doble función como Administrador Interino de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), se ha pronunciado sobre la disposición de los activos de Suiza Dairy Corp».

«Es importante aclarar que hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión sobre los activos de Suiza Dairy Corp. en Puerto Rico. Por lo tanto, las declaraciones del Sr. González Beiró carecen de fundamento y son inapropiadas, dado que no posee capacidad legal para hablar en nombre de la compañía», indicó la empresa.

En las expresiones escritas la empresa también planteó una serie de interrogantes: «¿Con qué atribuciones el Sr. Ramón González Beiró hace declaraciones sobre la disposición de los activos de Suiza Dairy Corp.? ¿Acaso se considera el propietario de dichos activos?¿Cómo puede afirmar que Gloria abandona Puerto Rico? ¿Es eso lo que él pretende? ¿Tiene la autoridad para decidir sobre la disposición de los activos o determinar el futuro de las operaciones de Suiza Dairy Corp.? ¿Quién le otorgó el derecho para reunirse con interesados en los activos de Suiza Dairy Corp.? ¿No es esto una muestra de abuso de poder y prepotencia?».

De hecho, en las vistas del Comité de Transición el secretario anticipó que la salida del mercado de la planta de Suiza Dairy en Aguadilla y en San Juan causará una nueva oleada de decomisos de leche  a partir de las próximas semanas, debido a que las bajas temperaturas ya han comenzado a estimular un alza en la producción de leche en las vaquerías del país.

Falta de capacidad legal

El funcionario explicó que el alza en la producción causará un caudal de leche de tal magnitud que no podría ser manejado por las planta de Indulac y Tres Monjitas, lo que provocará inevitablemente que se ordene el decomiso de los excedentes. En ese contexto, González Beiró indicó que la entrada de un “nuevo operador” de los activos de Suiza Dairy podría evitar los decomisos.

En las vistas del Comité de Transición el secretario llegó al extremo de declarar que la posible transacción se podría concretar antes de que finalice el presente año, lo que evitaría los decomisos de leche.

Los decomisos de leche causarían un golpe adicional al sector ganadero, que ya ha sido afectado por los altos costos de producción y la baja en el consumo de leche, dos eventos adversos que están relacionados con la alta incidencia de quiebras de vaquerías registradas en 2024.

Llama la atención que el gerente general de Suiza Dairy, Pablo Vallejo, no ha emitido expresiones sobre la posibilidad de que existan empresas interesadas en comprar los activos de la Suiza Dairy o de que se hayan presentado  ofertas de compra en las pasadas semanas.

En las expresiones escritas Suiza Dairy también cuestionó la falta de capacidad legal de secretario para favorecer la compraventa de la empresa, lo que catalogó como una prueba de la “inseguridad jurídica” que ha experimentado durante la gestión de González Beiró como secretario de Agricultura y administrador interino de la ORIL.

Piden a la nueva administración

«Durante la vista de transición celebrada en la primera semana de diciembre, el Sr. González Beiró también se refirió a Suiza Dairy Corp. con expresiones que sugerían que él tenía la capacidad legal para decidir sobre los activos de la empresa, lo cual es completamente inapropiado. Este comportamiento es una evidencia más de la “inseguridad jurídica” que Suiza Dairy Corp. ha denunciado reiteradamente. Estas prácticas no solo afectan a la industria lechera local, sino que también desalientan a empresas extranjeras de realizar nuevas inversiones en Puerto Rico», sostuvo la empresa.

«Instamos a la administración entrante a tomar medidas estructurales para corregir de manera definitiva las actuaciones del Regulador, que han afectado no solo a muchos actores de la industria lechera en Puerto Rico, sino también a cientos de miles de familias puertorriqueñas, quienes se han visto privadas de contar con los productos de su preferencia y confianza, así como de recibir el servicio con la calidad que Suiza siempre ha ofrecido”, finalizó expresando la empresa.

Las expresiones del secretario también han ocurrido en momentos cuando en el Tribunal Federal de San Juan se ventila una demanda radicada por Suiza Dairy  que reclama que se declare a González Beiró y a la ORIL en desacato por incumplir un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013. El citado acuerdo obliga a la entidad reglamentadora a garantizar una ganancia adecuada a los componentes de la industria lechera. Suiza Dairy alega en la demanda que ha perdido $172 millones por los incumplimientos de la ORIL.

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Teresita Fuentes asume presidencia de las Juntas de Directores de las aseguradoras y subsidiarias del grupo MAPFRE 

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EL grupo asegurador de MAPFRE PUERTO RICO informa que, a partir del 17 de enero de 2025, la presidencia de las Juntas de Directores de todas las aseguradoras y subsidiarias del grupo, será asumida por Teresita Fuentes, en sucesión de Joaquín A. Castrillo, quien ha presidido las Juntas durante los últimos siete años con dedicación y visión estratégica.

Joaquín A. Castrillo, ha desempeñado un papel clave en el crecimiento y consolidación del grupo MAPFRE PUERTO RICO como un referente en el sector de seguros en Puerto Rico y en tiempos que MAPFRE reformula su gobernanza a nivel global y se fortalece financieramente frente a tiempos durante los que se atendieron eventos catastróficos históricos. 

Antes de asumir la presidencia de las Juntas de Directores en el 2017, Joaquín A. Castrillo ha sido miembro de las Juntas de Directores desde el 2000 y luego de varias posiciones ejecutivas en el grupo, ocupó los cargos de CEO y Presidente Ejecutivo de la compañía desde 2013 hasta 2017, liderando iniciativas que impulsaron el desarrollo sostenible y fortalecieron la posición competitiva de MAPFRE. 

Durante su tiempo en la Junta, su liderazgo fomentó una cultura de innovación y colaboración que continuará guiando la empresa en el futuro.

“Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a Joaquín A. Castrillo por su compromiso y contribuciones a la empresa durante más de dos décadas. Su visión y liderazgo han dejado una huella imborrable en nuestra organización y estamos seguros de que su legado seguirá inspirándonos en los años venideros”, declaró Alexis Sanchez Geigel, CEO y Presidente de MAPFRE.

La nueva presidente de las Juntas de Directores, Teresita Fuentes, aporta una destacada trayectoria profesional que promete enriquecer y fortalecer la estrategia de MAPFRE. 

Con más de 40 años de experiencia en el sector financiero, Teresita Fuentes ha ocupado roles de alta jerarquía en las principales firmas de auditoría y contabilidad de Puerto Rico, tanto locales como las que poseen presencia internacional, destacándose en el alto rigor técnico en su área de expertise, contribuciones y transacciones financieras para el sector empresarial y del sector financiero.

Teresita Fuentes es licenciada en Administración de Empresas y Contabilidad y Contadora Pública Certificada. Ella se integró a las Juntas de Directores de las compañías de seguros del grupo en el 2020 y presidió sus Comités de Auditoría como directora externa. 

Antes de su integración a las de Juntas de Directores ocupó cargos como Secretaria del Departamento de Hacienda de Puerto Rico y como Socia de la firma Ernst and Young (E&Y), dirigiendo el mercado de asuntos contributivos. 

Como líder de dicho equipo, brindó consultoría y supervisión de aspectos técnicos de cumplimiento financiero y asesorando sobre transacciones locales e internacionales en complejas transacciones, tales como el diseño de alternativas de reestructuración corporativa, incentivos contributivos y diligencias en el escenario de adquisiciones y fusiones. 

Por su experiencia, Teresita Fuentes aporta una visión en diversas perspectivas entendiendo la visión gubernamental, la regulatoria y la del sector financiero y privado dentro de la complejidad en la cual participa MAPFRE en el sector asegurador.

“Estoy profundamente honrada por la oportunidad de presidir las Juntas Directivas de las subsidiarias del grupo MAPFRE Puerto Rico en esta nueva etapa. Mi objetivo es continuar construyendo sobre los sólidos cimientos promovidos por Joaquín A. Castrillo y guiar a la empresa hacia nuevas metas de innovación, sostenibilidad y excelencia. A la vez, es esencial que siga manteniendo su fortaleza financiera proveyendo la capacidad que necesita Puerto Rico a la ciudadanía, al sector empresarial, el industrial y del gobierno de Puerto Rico”, señaló Teresita Fuentes.

Con este cambio, MAPFRE Puerto Rico refuerza su compromiso con un liderazgo sólido y una visión estratégica que garantiza su crecimiento continuo y su impacto positivo en el sector de seguros a beneficio y al servicio de Puerto Rico.

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¿Por qué ganó Donald Trump?

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Por doctor Carlos Severino Valdez

En realidad, el triunfo de Donald Trump no fue una sorpresa. Lo que sí sorprendió fue el abrupto y tardío cambio de candidatura en el Partido Demócrata (PD). Kamala Harris, una ex fiscal a quien en algunos círculos de San Francisco apodaban sin mayor gentileza “Kamala the Cop”, logró sacar inicialmente el PD de una derrota asegurada y encaminar una lucha -cuerpo a cuerpo- por el favor popular en la recta final de la contienda electoral. Sin embargo, la luna de miel con los medios de Kamala Harris duró relativamente poco tiempo. Pasadas las semanas era evidente que su flamante, perfumada y bien dotada campaña se fue precipitando en caída libre frente a su atípico adversario. Su poco dominio de los grandes temas internos del país y mucho menos del escenario internacional, delataban su fragilidad, la cual los periodistas captaron rápidamente.

Lo que también fue una piedra que Kamala no pudo saltar fue su enajenación mal calculada respecto a ciertos grupos de la población estadounidense que habían manifestado enfáticamente su desacuerdo con el genocidio en Gaza y con la complicidad de su gobierno. Otro elemento que jugó en contra de Kamala Harris fue su alineamiento absoluto con la continuidad de la guerra en Ucrania y la sangría de dinero público para respaldarla. El costo de la guerra, como barril sin fondo, es cifrado por algunas entidades en más de 203,000 millones de dólares y una parte significativa de ese gasto procede de las arcas de los Estados Unidos[1].

Los demócratas volvieron a usar el viejo truco gatopardista: hay que cambiarlo todo para que todo continúe igual. Kamala aceptó una candidatura con un libreto político impuesto por los poderes financieros que han acorralado al PD y no pudo alterarlo para traer de vuelta a distintos sectores sociopolíticos disgustados con los cuatro años de desasosiego de Biden que rompieron récords de desaprobación.

El odiado por muchos, pero sin dudas hábil e inescrupuloso negociante Donald Trump y su equipo, supieron capitalizar las debilidades de su oponente y sobreponerse incluso a una vistosa derrota en el único debate televisado en el que Kamala lo venció y lo puso contra las cuerdas. Y es que la geografía electoral de los Estados Unidos es muy clara. Los republicanos dominan el paisaje electoral desde las ciudades medianas hasta los entornos rurales. La entidad del elefante azul tiene una fuerte base de apoyo en la mayoría de los estados y en consecuencia en el Senado. Los demócratas, por otro lado, dominan las grandes y populosas aglomeraciones urbanas, como Nueva York, Chicago y California. Así, la campaña política de un país que se proyecta como portaestandarte y promotor mundial de la democracia liberal representativa, se limitó esencialmente a tan solo siete estados de los que se conocen como swing states o estados pendulares, por su mayor susceptibilidad a cambiar de un partido a otro coyunturalmente.

Lo que trae Trump al plató político estadounidense no es ni nuevo ni sorpresivo tampoco. Los observadores más acuciosos notan las similitudes entre el empresario y el presidente número siete de la nación norteamericana, Andrew Jackson, quien tuvo una vocación ideológica inscrita en el prototipo del nacionalismo cristiano y en el proteccionismo económico. El propio Trump se ha descrito en reiteradas ocasiones como “jacksoniano”, quien también no ocultó su aversión por el estado profundo de entonces. De ahí, la dificultad de muchos analistas y observadores/as para descifrar y calibrar certeramente las ideas de este personaje políticamente tan extraño. A Trump no se le puede entender usando como referencia el espectro ideológico demócrata volcado actualmente en la cultura Woke, de la que se dice ha sido promovida, auspiciada y financiada mayormente por el magnate George Soros. Pero tampoco se puede usar como marco de referencia las vertientes tradicionales de los republicanos, ni tan siquiera de su versión más a la derecha llamada Tea Party. ¿Trae Trump entonces al ruedo la teoría política jacksoniana tal y como asegura uno de los observadores políticos más seguidos en el mundo, el francés Thierry Meyssan?[2].

Donald Trump es un negociador nato y su estilo es claramente bilateralista, como se dice que lo fue Jackson, aunque Jackson ciertamente no vivió en la era de la globalización. Por tal razón, se opone a negociaciones en el marco de estructuras multilaterales tan arraigadas en siglo 21. Trump prefiere ablandar a sus “colegas dignatarios” e imponer su agenda particular a base de mensajes descabellados por la Red X (antes Twitter) esperando el regateo tal cual cualquier vendedor o vendedora ambulante en la plaza del mercado. De inicio, lo ha dejado claro en su noción de futuro acerca del Tratado de Libre Comercio (TLC). El TLC que debe ser revalidado en 2026, pero que su futuro hoy luce incierto. La intención trompista de cobrar aranceles unilaterales a sus países “socios” no es un buen presagio. Sostener políticas proteccionistas en una estructura supraestatal de libre comercio no puede dejar de pensarse como un absoluto contrasentido. Trump se dirige hacia una ruptura con el proyecto globalista que iniciara Bill Clinton, el mismo que sus adversarios demócratas defiende a muerte y al que diferentes gobiernos republicanos también apoyaron.

Por mucho tiempo no pocos han planteado que la política en los Estados Unidos se ejerce de facto desde un solo partido que tiene dos filiales. Pero, en este momento, eso ha dejado de describir la realidad política al interior de ese país. Hay dos visiones distantes y contrastadas sobre qué tipo de capitalismo se impondrá a la postre. Cada una tendrá diferentes pero significativas repercusiones alrededor del mundo. De ahí quizás, la atención tan acuciosa e inusual que tuvo en prácticamente todos los rincones del planeta en saber cómo finalmente se dirimiría la contienda electoral en los Estados Unidos. Es obvio que los grandes multimillonarios se han tirado abiertamente al ruedo político a defender sus intereses particulares. Y de hecho están divididos. La mejor muestra de eso es el apoyo de un sector de multimillonarios y grandes empresarios que apoyaron a Trump, encabezados por el engreído magnate Elon Musk. Mientras que, del otro lado económico globalista, George Soros lidera las huestes multimillonarias. Es inevitable comentar la tendencia -cada vez más clara- de que la democracia en los Estados Unidos transita a pasos raudos hacia una plutocracia frente a los ojos “desatentos” de la mayoría de su población.

El fin de la globalización o desglobalización está en progreso no solo por el debilitamiento del TLC. Trump muestra sin reparos su desacuerdo con la Unión Europea (UE), relacionándose de cerca con las figuras más sobresalientes del euroescepticismo[3]. En el pasado fue un claro defensor del Brexit británico que marcó un duro golpe a la integridad territorial y política de la UE. Tampoco disimula su antipatía con la Organización del Atlántico Norte (OTAN). Trump critica abiertamente el alto costo que pagan los Estados Unidos por esa organización militar a la que muchos de los otros miembros europeos contribuyen muy poco. Europa, bajo Trump, se enfrenta quizás al escenario extremo a futuro de verse en la necesidad de construir un proyecto propio de defensa y seguridad. Eso es un golpe al atlantismo europeo (entusiasta promotor de la guerra en Ucrania) que ha comprometido de facto la soberanía europea al liderato estadounidense de manera crasa y delirante. Esta idea del ejército europeo lleva ya un tiempo flotando en las imaginaciones de los más perspicaces líderes del continente como Angela Merkel y el reminiscente napoleónico Macron.

El liderato europeo atlantista-globalista cometió, además, el error estratégico de no disimular su apoyo resuelto a los demócratas y su candidata Harris. De esa manera se inmolaron. Ahora, enfrentarán probablemente el desprecio revanchista que sabemos ha caracterizado al susceptible Trump. Los líderes atlantistas-globalistas lucen en este momento desamparados y desubicados. Viktor Orban, figura despreciada y maltratada por ese liderato ahora ha emergido como ministro “at large” de Trump en Europa y así se está comportando ante los ojos atónitos de sus antiguos detractores.

Otro cambio anticipado de 180 grados con la nueva llegada de Trump al poder es el tema de la guerra de Ucrania. Trump nunca ha simpatizado con esa guerra y remarca su postura, según él, heredada del anti-belicismo que profesaba Andrew Jackson, pero ciertamente por razones muy diferentes a las de su connotado admirador. Ha generado muchas ansiedades saber cómo operacionalmente lograría su objetivo de terminar con esa guerra en 24 horas. Pero Trump parece indefenso con uno de los cambios más importantes que ha precipitado ese conflicto ucraniano: la fracturación geoeconómica de los mercados mundiales y el reagrupamiento de países del sur-global con el BRICS+ como nueva organización insignia. La multipolaridad aparece con un hecho irrefutable que se impone a pasos agigantados.

Los rusos técnicamente ya han ganado esa infame guerra en el frente de batalla y avanzan raudos y veloces incluso en frentes territoriales no incorporados a Rusia. Pero lo que los rusos no han podido ganar aún es la paz. Mientras más se dilate esta guerra ilógica e insensata peor será para el futuro de la derrotada Ucrania. La hostilidad hacia Rusia -piedra angular de la política exterior de los demócratas- ahora se extingue no sin dejar muestras de su agresividad aún en las postrimerías del mandato del derrotado y ahora Lame Duck, Joe Biden. El nuevo-viejo enemigo y principal adversario en los Estados Unidos de Donald Trump ahora será la República Popular de China. La guerra económica 2.0 contra China ya ha comenzado.

Solo el tiempo nos dará certeza de cómo se desempeñará Donald Trump en su intento de traer al siglo 21 los principios políticos y económicos de Andrew Jackson y articular su famoso dictum de “Make America Great Again” (MAGA). Sin embargo, ya conocemos el viejo aforismo hegeliano cuando afirmaba que los grandes personajes de la historia se repiten, por decirlo así, dos veces a lo cual Marx asintió con perspicacia: la primera vez como tragedia y la segunda como farsa.

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Los retos de la inteligencia artificial en Puerto Rico

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Por doctor Edgar León

En un mundo cada vez más influenciado por la inteligencia artificial (IA), Puerto Rico enfrenta un reto monumental: adaptarse a una revolución tecnológica que está transformando todos los aspectos de la sociedad. Desde los empleos y la educación, hasta la medicina y la gestión gubernamental, la IA promete grandes avances, pero también exige cambios fundamentales en la manera en que nos preparamos para el futuro. 

Sin embargo, nuestra isla parece atrapada en un ciclo de ignorancia colectiva, distraída por los medios de entretenimiento y una dependencia crónica en los políticos y las ayudas federales.

Los efectos de la IA en diversos sectores

Empleos y automatización:

La IA está reemplazando trabajos repetitivos y basados en datos, como el servicio al cliente, las tareas de oficina y el papeleo gubernamental. Sistemas avanzados ya son capaces de analizar burocracias, identificar ineficiencias y proponer soluciones que reducirían significativamente los costos operativos. Esto plantea una pregunta urgente: ¿Estamos listos para un mercado laboral que exige habilidades tecnológicas y creativas en lugar de tareas manuales y administrativas?

Educación:

La IA tiene el potencial de transformar la enseñanza, desde personalizar el aprendizaje para cada estudiante hasta reentrenar a los desplazados laborales. Sin embargo, nuestras escuelas y universidades aún operan bajo modelos obsoletos, diseñados más como centros de cuidado que como incubadoras de innovación. Si no adaptamos nuestros currículos y métodos de enseñanza, corremos el riesgo de dejar a nuestra población atrás en un mundo impulsado por la tecnología.

Medicina y vida cotidiana:

Desde diagnósticos médicos más precisos hasta la gestión de recursos en hospitales, la IA está revolucionando la atención médica. En la vida cotidiana, permite la optimización del consumo de energía, la seguridad en el hogar y la organización personal. Estas herramientas ya están disponibles, pero su adopción masiva requiere educación y una mentalidad abierta al cambio.

Investigación y predicción:

La IA puede analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y predecir problemas futuros, desde cambios climáticos hasta crisis económicas. Esta capacidad podría ser utilizada para prevenir desastres en lugar de simplemente reaccionar a ellos. Sin embargo, esto exige una sociedad que valore la planificación estratégica sobre el cortoplacismo.

Los desafíos únicos de Puerto Rico

En Puerto Rico, enfrentamos barreras significativas que dificultan la integración de la IA:

Una legislatura y burocracia sobredimensionadas: En un país pequeño, no se justifica una estructura gubernamental tan compleja. Muchas agencias carecen de personal para atender al público, pero mantienen estructuras infladas que fomentan la ineficiencia.

Falta de aplicación de leyes y recursos: A pesar de tener un marco legal extenso, la falta de policías y el abandono ciudadano limitan su efectividad.

Dependencia en ayudas externas: La comodidad que brindan las ayudas federales y las promesas políticas desalientan la auto-suficiencia y el desarrollo de habilidades relevantes para el futuro.

Un llamado a la acción

Es imperativo que Puerto Rico reoriente sus prioridades. Necesitamos:

Rediseñar la educación: Incorporar la IA en las aulas desde K-12 hasta las universidades, no sólo como tema de estudio, sino como herramienta para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

Preparar a la fuerza laboral: Ofrecer programas de reentrenamiento para adultos desplazados por la automatización y fomentar carreras en tecnología y análisis de datos.

Reestructurar el gobierno: Usar la IA para auditar y optimizar las agencias públicas, eliminando redundancias y asegurando un uso eficiente de los recursos.

Adoptar una mentalidad innovadora: Cultivar en la población una visión de futuro que priorice la autosuficiencia y la preparación frente a la dependencia.

Conclusión

El avance de la inteligencia artificial no es un fenómeno distante; ya está afectando nuestras vidas y continuará haciéndolo a un ritmo acelerado. Puerto Rico tiene la oportunidad de liderar el cambio en lugar de ser arrastrado por él. Pero esto requiere visión, planificación y acción inmediata. No podemos permitir que la distracción y la inercia política nos condenen a la irrelevancia en un mundo que avanza sin pausa. Es hora de mirar al futuro con determinación y adaptarnos a un mundo donde la inteligencia artificial será protagonista.

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Engañada la Autoridad de Carreteras por ajustador público sin licencia con $180 millones en reclamos inflados

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Por Miguel Díaz Román

Un ajustador público que no tenía licencia para operar en Puerto Rico logró presentar reclamaciones fraudulentas por un valor de $180 millones por daños causados por el huracán María en representación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), según se desprende de una demanda radicada por la aseguradora MAPFRE en el Tribunal Federal en San Juan.

La demanda, que fue presentada el pasado 4 de diciembre, sostiene que la ACT fue engañada por el farsante ajustador público quien, sin una investigación adecuada, realizó estimaciones de daños en puentes, semáforos y otras infraestructuras, algunos de los cuales eran en realidad daños preexistentes que no estuvieron relacionados con los efectos del huracán María.

Puente atirantado Jesús Izcoa Moure en Naranjito.

De acuerdo con conocedores de la industria local de seguros, los resultados de este caso podrían establecer un precedente para imponer transparencia y severas responsabilidades a los ajustadores públicos que pretendan ofrecer sus servicios sin estar debidamente licenciados por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).  

Las entidades demandadas por Mapfre son Edward C. Reynolds, 411 Claims PR LLC y 411 Claims LLC. 

Según la demanda, Reynolds y sus socios modificaron de manera fraudulenta sus credenciales y operaron sin licencias válidas de tasadores públicos en el mercado local hasta lograr que la ACT los contratara para gestionar las reclamaciones tras el paso del huracán María en 2017.

En la demanda, que se ventila en la sala del juez federal Jay A. García-Gregory, Mapfre reclama $800,000 en daños y perjuicios. El pleito ha sido reseñado por la prensa especializada en negocios y seguros en los Estados Unidos.

La demanda sostiene que la presentación de reclamaciones falsas de parte de los demandados retrasó la resolución de las reclamaciones y obligaron a la aseguradora a incurrir en importantes gastos legales y de investigación. 

De hecho, según la demanda, una de las reclamaciones presentadas por los demandados consistió en daños en determinados puentes, los cuales eran en realidad defectos preexistentes en las estructuras que ya habían sido catalogados como daños no elegibles por las autoridades federales. 

La estimación de daños en esta reclamación fraudulenta ascendió a más de $1 millón, según sostuvo Mapfre. La demanda también señala que los contratos con ajustadores públicos sin licencia son nulos.

La investigación de MAPFRE determinó que los daños provocados por María en las propiedades de la ACT ascendían a $3.3 millones.

No obstante, luego de cuatro años de litigio, en noviembre de 2023 la ACT llegó a un acuerdo con MAPFRE y aceptó una compensación por los daños por valor de $10.3 millones, una cantidad que es muy inferior a la reclamada por los demandados, la cual alcanzó $47.9 millones, que es realidad el límite de póliza de la corporación pública.

La demanda de MAPFRE revela los riesgos que representan los ajustadores sin licencia y coloca como un asunto de alta prioridad para los asegurados la necesidad de verificar ampliamente las credenciales de estas entidades antes de llegar a un acuerdo de representación, luego de la ocurrencia de un evento catastrófico.

En julio de 2023, la OCS sancionó a Reynolds y 411 Claims PR LLC por la presentación de credenciales de licencia fraudulentas y le prohibió operar como ajustadores públicos en la isla. Según se desprende de la demanda, a Reynolds también le revocaron permanentemente su licencia de ajustador de seguros en Massachusetts.

En 2019 la OCS también le imputó fraude a la empresa de ajustadores públicos, Scott M. Favre Public Adjuster (SEPA), por inflar reclamaciones tras el paso del huracán María.

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Posibles cargos criminales relacionados con el FMM.

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Por Miguel Díaz Román

Tras la divulgación del informe de una investigación sobre la operaciones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), auditores de la Oficina del Contralor estuvieron reunidos la pasada semana con personal del Departamento de Justicia, en lo que representa un nuevo desarrollo que podría involucrar la radicación de cargos criminales relacionados con la controvertible fondo cuyo desembolso de dineros públicos lo determinan los legisladores.

En entrevista con SN, la contralora, Yesmín Valdivieso, reveló que tan temprano como el pasado viernes, un día después de que la Oficina del Contralor publicara el informe del FMM, auditores de esa oficina se reunieron con personal del Departamento de Justicia.

Valdivieso indicó que la conversaciones tenían como objetivo dialogar sobre los hallazgos publicados y sobre otros aspectos de la investigación que no figuran en el informe.

La funcionaria indicó que las conversaciones podrían conducir a la radicación de cargos criminales, una determinación que la Contralora reconoció le corresponde a Justicia.

La funcionaria hizo las expresiones en el contexto de que SN publicó un artículo el pasado viernes en que sostuvo que la investigación sobre el FMM «no satisfizo las expectativas que levantó, debido a que el informe no hace referidos directos al Departamento de Justicia ni a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, a pesar de que entre sus hallazgos figura el desembolso de los fondos públicos a las entidades sin fines de lucro contrario a la ley».

El artículo de SN señaló que la investigación de la Oficina del Contralor concluyó que el FMM es inconstitucional porque son los legisladores y no el Ejecutivo, quienes deciden cómo se emplearán los fondos públicos, y no está claro si esa oficina tiene la discreción para determinar lo que es y no es constitucional.

Investigación con fallas

Los legisladores asignan los fondos a través de encomiendas que ponen en vigor el Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras (AT).

El artículo denunció que la investigación no atendió las entidades sin fines de lucro que, sin poseer experiencia alguna en proyectos de construcción y de infraestructura, recibieron asignaciones millonarias para realizar ese tipo de encomienda.

La investigación tampoco abundó sobre la fiscalización que la AT pudo realizar sobre las asignaciones para la compra y entrega a la ciudadanía de equipos médicos, deportivos, equipos del hogar como neveras, estufas, acondicionadores de aire, cisternas, microondas, televisores, alimentos y artículos de primera necesidad.

El informe de investigación cubre desde el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022, un periodo en el que la AT formalizó 722 contratos por valor de $23 millones del FMM.

Las asignaciones iban dirigidas a municipios, entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.

Contralora disiente

Valdivieso disintió de las conclusiones del artículo y reveló que existen aspectos de la investigación que no fueron revelados en el informe, en obvia referencia a que la investigación ha producido más hallazgos que los divulgados públicamente.

La funcionaria también indicó que antes del pasado viernes ya los auditores de la Oficina del Contralor habían sostenido conversaciones con personal del Departamento de Justicia.

«Respetuosamente difiero de tu apreciación. En los informes de investigación no podemos dar muchos detalles, pero esta misma mañana mis auditores estuvieron reunidos con Justicia. Ya durante la investigación nos habíamos estado reuniendo con ellos», sostuvo Valdivieso durante la entrevista realizada el pasado viernes.

La Contralora fue parca en sus expresiones y aunque no está del todo claro por qué en los informes «no podemos dar muchos detalles», es comprensible que durante una investigación existan aspectos que requieran una mayor corroboración o una indagación más profunda, lo que impide que sean divulgados públicamente.

Posibles delitos criminales

Valdivieso también indicó que parte de la discusión con Justicia giró en torno a la posibilidad de que parte de los hallazgos impliquen posibles delitos criminales.

«En unos casos nosotros entendemos que sí, que hay delito (criminal). Pero eso lo determinan ellos (Justicia), si hay suficiente evidencia o si es más fácil por el lado administrativo y no es necesario esperar hasta cuatro años por una decisión o por un jurado. Justicia es la entidad que determina si existen delitos criminales. Si nos dijera que son (casos) administrativos y que ellos no van a hacer nada, los referiría entonces a la entidad que sea necesaria», explicó la funcionaria.

Valdivieso insistió en que el hallazgo más importante de la investigación es que el FMM es inconstitucional porque son los legisladores quienes determinan la manera cómo se emplearán los fondos públicos, la cual es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.

Destacó que la manera «poco transparente» cómo los legisladores asignan los fondos es el aspecto más preocupante del FMM.

«Si nosotros queremos recobrar la confianza del pueblo en el servicio público se tiene que ser transparente. En la medida que estas haciendo asignaciones de dinero público sin saber a quién, ¿qué es lo que se va a pensar?, que estás haciendo un chanchullo. Eso para mí es lo más importante. Si el Tribunal Supremo encontró que el barrilito era inconstitucional, y esos eran fondos que se asignaban por resoluciones, ¿cómo no va a encontrar inconstitucional un fondo que no tiene transparencia?», dijo Valdivieso.

Sin evidencia uso político

Sostuvo que la evidencia recopilada hasta el presente no demuestra que haya habido legisladores que asignaran fondos esperando una aportación política de los recipientes de las ayudas. «Yo me imagino, que al momento de asignar los fondos los legisladores piensen ‘yo espero que tú me pagues para atrás votando por mí’. Ese tipo de círculo de corrupción no lo hemos encontrado», indicó.

Explicó que las deficiencias del FMM son más parecidas a los señalamientos que la Oficina del Contralor ha imputado a la Comisión de Donativos Legislativos, la cual no corroboraba el uso realizado por la entidades que recibían los fondos públicos asignados.

Hasta el momento los únicos funcionarios señalados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) por, alegadamente, haber cometido malversación de fondos públicos relacionados con el FMM, son la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural (PIR), Miguel Santiago Irizarry.

Caso paralizado

El pasado mes de abril la OFEI anunció que el caso estaba paralizado en espera de la investigación que la Oficina del Contralor divulgó la pasada semana.Los fiscales asignados al caso son Zulma Fuster, Ramón Mendoza y Fabiola Acarón.

El 17 de febrero del 2022 el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, destituyó a Rivera Martínez de su cargo como directora ejecutiva de la AT, luego de que ese día la funcionaria envió una carta a los senadores y representantes para reclamar un alto a las asignaciones de fondos del FMM.

En la misiva Rivera Martínez reveló que se había detectado un “patrón” en el flujo de fondos a determinadas corporaciones sin fines de lucro que se autorizaron por “cantidades considerables y con cierta frecuencia”.

Más adelante González Beiró refirió a Justicia los hallazgos de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos del FMM a entidades sin fines de lucro. Como resultado de ese referido, en septiembre del 2022 el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, recomendó a la OFEI designar un fiscal especial por una alegada malversación de fondos públicos contra los ex funcionarios.

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