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Puerto Rico
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Rompamos las cadenas del conformismo

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Por Carlos A Flores Ortega

Agrónomo y ex secretario de Agricultura

A menos de dos meses para un evento electoral en Puerto Rico, el que dictará nuestro futuro por los próximos cuatro años, se repite el escenario de políticos buscando desesperadamente el voto de sus constituyentes haciendo promesas de campaña a todo dar y de todos colores.

 Nada nuevo y no nos sorprende. Yo he estado durante cuatro años enviándole artículos publicados en periódicos y en los medios digitales a muchos políticos sobre problemas en la agricultura y para mi decepción nunca me comentaron o reaccionaron a los señalamientos.

 Sin embargo, en las últimas semanas comienzo a recibir sus mensajes de promoción para reelección o para que los apoyemos en su objetivo de representarnos en la búsqueda de soluciones a nuestros problemas.

Si no sirvieron para interesarse en lo que señalamos, para qué los necesitamos ahora. De hecho, ya he interactuado con algunos y los he sacado de mi lista de contactos. Demás está decir que no tendrán nuestro apoyo.

 Durante estos meses previos a unas elecciones se escribe la ruta que debemos aceptar antes de dar el voto a quienes nos representarán. Esto no debe ser un permiso a ciegas, debe ser un voto de confianza para atender lo que verdaderamente nos preocupa e interesa.

 Los partidos políticos le llaman programa de gobierno y compromisos programáticos que deben ser definidos y aprobados por sus juntas de partido y luego convencer a los constituyentes de que con estos planes Puerto Rico deberá mejorar.

 Estos planes los elaboran comités principalmente compuestos por servidores públicos y expertos del sector privado. Así lo hacen casi todos los partidos y requieren que estos comités consulten en reuniones con la gente sus ideas y reciban nuevas propuestas. Así se consulta al pueblo y se confecciona lo que será el mapa de ruta de los partidos.

 La dinámica debe ser de apertura y de amplia participación, pero esto no siempre ocurre así. Tenemos la dinámica del sector público donde se forman bandos enfocados más en alcanzar puestos y posiciones que en presentar ideas y soluciones. En casi todas las agencias están más interesados por quién va a dirigir la agencia que los cambios que van a presentar y esto dilata y corrompe el proceso.

 Por otro lado, en el sector privado la dinámica es asegurar que las ideas y compromisos puedan generar ganancias, contratos o beneficios a grupos específicos por solo el hecho de que participaron y apoyaron económicamente al partido.

 Dos escenarios con los que el nuevo gobernante tendrá que trabajar hábilmente para una vez alcanzada la meta de ganar unas elecciones filtrar bien toda esta “borra” que queda en la taza y que más adelante les ocasionarán problemas éticos y de ejecución.

Cuando un político se acerque lo primero que debemos preguntarle es si conoce su plan de gobierno o lo que su partido considera será la política pública. Muchos de ellos ni conocen esto. La mayoría de ellos nos dirán que el anterior no lo hizo, pero ellos sí resolverán los problemas que nos aquejan.

Ahí está la clave para romper el conformismo de escuchar clichés y jingles de campaña. Ahí es el momento de preguntarles cómo lo van a hacer. Es más importante el cómo que el qué y ahí escucharán algunos balbucear y decir que escucharán al pueblo que es soberano para buscar las soluciones.

 A este tipo de político de derecha y dígale adiós porque está perdido en las nubes y no hay seriedad ni compromiso para que nos represente.

La democracia es la herramienta más poderosa que tienen los países y mientras mayor participación se logre en los eventos electorales, mejor representada estará su ciudadanía. Esto les pone mayor presión a los políticos porque tienen que esbozar planes que atiendan a todos los sectores de la población.

 En nuestro caso el sector agrícola necesita de unas atenciones especiales que la mayoría de los políticos desconoce y que muy pocos se toman el tiempo de entender.

Un plan agrícola como mínimo debe incluir un análisis de la situación actual dentro del trasfondo histórico de nuestra Isla. Debe incluir un análisis de la aportación de la agricultura al Ingreso Bruto Agrícola y cómo este ha variado además de los cambios en los eslabones que este sector de producción primaria impacta como la industria de alimentos, la manufactura y el turismo.

Se debe estudiar el impacto de los incentivos y cómo estos promueven la sostenibilidad de las actividades agrícolas y su crecimiento. El retorno de inversión que estos generan y si es necesario hacer cambios a estos incentivos o subsidios agrícolas.

Es importante tener claro la necesidad del obrero agrícola y cómo se puede motivar a más puertorriqueños a entrar a esta fuerza laboral sin descartar la importación de mano de obra extranjera, recurso que están usando todos los países del mundo.

Ante la realidad de continuos recortes de presupuesto ordenados por la Junta de Supervisión Fiscal, los políticos tienen que entender bien claro la función normativa y fiscalizadora del Departamento de Agricultura (DA) y traer soluciones y cambios a la estructura organizacional para mejorar su efectividad.

Además, es necesario revisar los sueldos y condiciones de trabajo de los empleados gubernamentales que han aguantado las reducciones más grandes en la fuerza laboral continuando el trabajo como verdaderos servidores públicos.

A modo de ejemplo, para el año 2000 la plantilla de empleados del DA era de 2,200 empleados en la sombrilla y hoy escasamente alcanza unos 600 empleados. Esto está directamente relacionado con las asignaciones de presupuesto y cómo se establecen las prioridades en el modelo de servicio gubernamental en agricultura.

Los políticos deben entender que el DA no es una isla aparte y que necesita el apoyo de agencias estatales y federales para cumplir su misión. Son enfoques estratégicos que casi siempre están desarticulados y no tienen grandes logros. Son como fincas aparte y cada cual haciendo lo suyo por su lado con el mismo cliente.

Así tenemos el DA buscando ayuda de Educación, Recursos Naturales, la Universidad y por otro lado las agencias federales en lo suyo y los agricultores perdidos entre tantas oficinas y burocracia lo que le trae frustración y apatía al sistema de gobierno.

Durante esta época los políticos deben estar concentrados en establecer estrategias para mejorar la agilidad gubernamental. Cómo solicitar y recibir del DA las aprobaciones en un tiempo razonable. No como lo que hemos visto en los pasados cuatro años donde todavía no se sabe si se recibirán las ayudas que se prometieron.

Conscientes que la función del DA es una normativa y no la de hacer o desplazar negocios, sino más bien un promotor de iniciativas privadas que se encarguen de la actividad agrícola. En los planes de los partidos es necesario preguntarles a los políticos qué están considerando en cuanto a la utilización de nuevas prácticas agrícolas, ciencia y tecnología de avanzada que nos lleve a una mayor producción.

Los planes de gobierno en la agricultura deben proveer ayudas tanto para el agricultor pequeño o artesanal como para el industrial exportador, esto se enmarca en políticas diferenciadas que atienden a cada cual en sus necesidades.

Incluso, los políticos deben incluir estrategias para promover cadenas agroalimentarias donde se establezcan acuerdos entre productores y empresas elaboradores, en diseños que permitan sacar nuevos productos del país elaborados al mercado y sustituir importaciones.

La promoción de la agroindustria y mercadeo deben tener un espacio importante en la planificación de la agricultura y reconocer la aportación que estos sectores proveen a la economía con nuestra materia prima al igual que el turismo con el disfrute de los campos y fincas para el disfrute de experiencias y escenarios únicos en la Isla.

La relación con el desarrollo y una mejor calidad de vida en las zonas rurales es patente y vital para nuestras comunidades aisladas. No por último es menos importante pero los políticos deben tener un compromiso de sangre con la protección de los terrenos agrícolas si quieren nuestro respaldo en la política.

Ya es demasiado estruendoso el silencio que muchos políticos han hecho en situaciones de riesgo de pérdida de terrenos agrícolas para luego con caras de lechuga venir a buscar el voto para representarnos. Si no pueden defender lo nuestro entonces para que los necesitamos. Aquel que ponga un pie al frente, estará bien respaldado.

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En el limbo nuevo código para rehabilitar edificios viejos y advierten que demolerlos sería alternativa frente al costo de renovarlos 

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Por Miguel Díaz Román

Al cumplirse un año de la primera reunión entre la industria de seguros y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) con miras a establecer un nuevo código que garantice la rehabilitación de miles de estructuras construidas hace más de 40 años, el proceso no ha logrado avances notables mientras surgen advertencias sobre que la demolición de edificios viejos sería una alternativa frente al alto costo que supondría renovarlos.

De hecho, el presidente de la empresa de bienes raíces Martinal Group, Alfredo Martínez Álvarez, sostuvo que no estaba en contra del nuevo código y su reglamento, pero advirtió que, si la nueva reglamentación es demasiado onerosa o contiene disposiciones de difícil cumplimiento, será letra muerta para los dueños de propiedades.

Incluso, el empresario indicó que es necesario que existan fondos para emprender la rehabilitación de propiedades y señaló que si los trabajos de renovación son muy costosos se configurará como una alternativa demoler las estructuras.

El pasado mes de agosto se cumplió un año de la citada reunión y ninguno de los objetivos esbozados en aquel momento para iniciar el proceso de poner en vigor el nuevo Código de Mantenimiento y su reglamento se han cumplido.

Entre estos objetivos figura realizar en los primeros meses del 2024 una vista técnica y una vista pública para traer a discusión los elementos del código y su reglamento que, en síntesis, pretenden viabilizar la vida útil de estructuras antiguas que no han recibido mantenimiento durante décadas y para manejar aquellos edificios que no son seguros debido a que no cumplen con las exigencias del Código de Mantenimiento.

Incluso, otro de los grandes retos que deberá atender el nuevo código y su reglamento es examinar la vida útil de estructuras ubicadas en las zonas costeras, que suelen ser zonas de gran atracción turística, debido a que podrían estar afectadas por la erosión marina.

Retrasos en plaga

De hecho, el proceso ha estado plagado de retrasos hasta el punto de que, en junio de 2023, tras cumplirse un año desde que la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 201 (RCC 201) fue firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, la OGPe solicitó una prórroga en la Legislatura porque no había podido encaminar el nuevo código de mantenimiento y su reglamento.

La RCC 201 ordena a la agencia acoger un código internacional de mantenimiento de estructuras y atemperarlo a las condiciones del país.

Además, el proceso se ha visto afectado por la renuncia del subsecretario auxiliar de OGPe, el ingeniero Carlos Oquendo, quien tenía entre sus responsabilidades gestionar el nuevo código de mantenimiento. Oquendo le confirmó a SN que renunció a OGPe a principios de 2024. No obstante, Oquendo sostuvo que la agencia continúa trabajando con la nueva reglamentación.

Hasta el próximo año el nuevo código

El ex presidente del Comité de Terremotos del Colegio de Ingenieros, ingeniero Félix Rivera Arroyo, quien ha promovido la adopción del código de mantenimiento, dijo que los trabajos continúan en OGPe para poner en vigor el nuevo código, pero reconoció que “hasta que no se complete el proceso se va a necesitar un tiempo adicional para trabajar con el código y no se espera que esos trabajos estén completados este año”.

Rivera Arroyo indicó que existe en la agencia un comité permanente que está trabajando en el código de mantenimiento y cuando se finalice el texto del reglamento se deberá cumplir con la celebración de la vista técnica, en la que participarán los sectores profesionales conocedores de los aspectos técnicos del código. 

En la vista pública se espera que comparezca la ciudadanía en general, incluyendo los dueños de propiedades y los sectores del país que entiendan que serán afectados por el nuevo código. Finalmente, el código y el reglamento requieren la aprobación de la legislatura para que puedan entrar en vigor.

Entre tres y cinco años para rehabilitar

El ingeniero reveló que de manera paralela el citado comité también realiza una revisión del Código de Construcción, cuya versión vigente es del 2018, para temperarlo a las nuevas disposiciones vigentes en 2024.

Rivera Arroyo sostuvo que el número de estructuras antiguas que podrían ser inspeccionadas oscilan entre 35,000 y 50,000. Indicó que los planes esbozados contemplan inspeccionar el universo de estructuras antiguas en un término de 10 años, comenzando con estructuras de 5,000 pies cuadrados como hospitales, escuelas y condominios y terminando con las estructuras más pequeñas.

Explicó que también se vislumbra decretar un periodo de dos años para educar los profesionales que tendrán a cargo las inspecciones y al país sobre las implicaciones de la nueva reglamentación.

Aquellas estructuras que tras la inspección reciban un señalamiento de rehabilitación tendrán un período de entre tres y cinco años para acometer la tarea y garantizar la seguridad de la edificación.

Sin fondos para renovar estructuras

El ingeniero reconoció que el nuevo código de mantenimiento no contempla proveer ayuda financiera a los dueños de propiedades que reciban señalamientos de rehabilitación. 

“Las personas van a tener que sufragar ese gasto”, dijo Rivera Arroyo. Pero aclaró que eventualmente se podría negociar con el gobierno para ofrecer a los dueños de propiedades una exención contributiva u otro tipo de beneficio.

Sobre este aspecto el presidente de la empresa de bienes raíces Martinal Group, Alfredo Martínez Álvarez, señaló que “hay que mirar propiedad por propiedad. El proyecto no puede ser aplicar el reglamento a todas las propiedades. Y que haya una inversión, tú puedes determinar lo que sea, pero si no hay una inversión ¿con qué vas a renovar?”.

“Hay que ver cuáles son los edificios que hay que renovar y cuáles son los costos de esa renovación. Puede ser que los costos de la renovación de esos edificios sean demasiado altos y es mejor tumbarlos y hacerlos nuevos. Hacerlos más eficientes con energía renovable. Muchas de esas propiedades no cumplen con los códigos de construcción y te cuesta mucho más arreglar esas propiedades que están en desuso que tumbarlas y hacerlas nuevas. Y si pones ese reglamento demasiado oneroso o con demasiadas trabas va a ser letra muerta”, advirtió Martínez Álvarez.

El empresario también recomendó que, antes de poner en vigor el nuevo código de mantenimiento y su reglamento, se mida cuáles son las tendencias de la gente, de los comercios y de las industrias.  

“Tiene que ser un reglamento que sea efectivo y que mida las necesidades de la población, de los comercios y de las industrias. Hay edificios que tienen más de 50 años y hay edificios que tienen más de 500 años y ¿Qué vas a hacer con esos edificios que no cumplen con ningún código, no cumplen con energía renovable y no son eficientes? Yo no estoy en contra de ese reglamento. Yo no he visto ese reglamento. Lo que sí yo digo es que si se va a hacer una cosa como esa hay que mirar edificio por edificio”, insistió el empresario.

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República Dominicana vendería electricidad a Puerto Rico por medio de un cable submarino

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Por Miguel Díaz Román

El gobierno de la República Dominicana vendería electricidad a Puerto Rico por medio de un cable submarino cuando logre un sustancial excedente en la generación de energía, una meta cuyo logro está pautado para el 2027, según publicó ayer el periódico dominicano Diario Libre.

De acuerdo con la edición de Estados Unidos de ayer 4 de septiembre del periódico Diario Libre, el presidente Luis Abinader sostuvo que el objetivo del gobierno es crear un excedente en la generación eléctrica para el año 2027 suficiente para vender energía a Puerto Rico a través de un cable submarino.

El mandatario dominicano hizo las expresiones durante su participación en la Conferencia sobre Inversión en Infraestructura en América Latina y el Caribe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Financial Times, que se celebra en la ciudad de Nueva York.

Abinader dijo que la República Dominicana necesitará invertir alrededor de $5,400 millones en los próximos años para mejorar el sistema eléctrico en materia de generación, transmisión y distribución.

«Nuestro objetivo es lograr una reserva fría para el año 2027, creando un excedente que nos permita tender un cable submarino para vender electricidad a Puerto Rico. Otro objetivo es alcanzar el 30% de generación renovable para 2030», expresó.

El anuncio del presidente dominicano acontece en momentos cuando Puerto Rico enfrenta una grave crisis energética que se ha caracterizado por las continuas interrupciones en el suplido de energía eléctrica debido a la fragilidad de la red de distribución y a la obsolescencia de la flota de plantas de generación que pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica.

Hasta el presente la privatización de la red de distribución de electricidad a la empresa LUMA y de las plantas de generación a la empresa Genera PR no ha logrado estabilizar el suplido de electricidad, lo que ha provocado graves tribulaciones a la ciudadanía y a la economía local.

De hecho, la crisis energética del país se ha posicionado como el principal tema de la presente campaña política.

La empresa Caribbean Transmission Development Company (CTDC), que es presidida por el puertorriqueño Rafael Vélez, ha informado que persigue la meta de obtener un permiso del presidente de los Estados Unidos para instalar un cable submarino que permita transportar energía eléctrica desde la República Dominicana hacía Puerto Rico.

 CTDC se ha propuesto poner en vigor el llamado Proyecto Hostos, denominado así en honor al histórico intelectual puertorriqueño Eugenio María de Hostos, que pretende añadir 500 megavatios de energía al sistema eléctrico de Puerto Rico. 

El cable para lograr la transmisión de energía eléctrica discurriría por aproximadamente 160 kilómetros, que es la distancia que separa a Puerto Rico de la República Dominicana.

El pasado mes de marzo, según informó el periódico Diario Libre, Vélez reveló que ha realizado reuniones informales con determinadas figuras del gobierno dominicano y con figuras del sector privado para presentar el Proyecto Hostos.

En el citado foro el presidente Abinader también anunció que se propone expandir las operaciones mineras en la República Dominicana, enfocadas en la búsqueda de tierras raras, que son de alta demanda por las industrias de alta tecnología.

El mandatario indicó que actualmente están explorando esta posibilidad con la ayuda del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, para lo cual estarían respetando «los estándares internacionales establecidos para la minería por la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)».

Abinader indicó que en las últimas décadas la economía dominicana ha experimentado un crecimiento económico promedio anual de alrededor del 5 %, mientras el producto interno bruto de la República Dominicana ha logrado alcanzar $130 mil millones, lo que la convierte en la séptima economía más grande en América Latina y el Caribe.

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Presidente Colegio de Médicos alega que MMAPA busca que la OCS responda a sus intereses 

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Por Miguel Díaz Román 

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMC), Carlos Díaz Vélez, respaldó la gestión realizada por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, y lamentó el veto impartido por el gobernador Pedro Pierluisi a una medida que concedía a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el poder de adjudicar de manera sumaria y expedita el pago de facturas a los proveedores de servicios de salud.

En unas breves expresiones escritas Díaz Vélez implicó que el sector de las aseguradoras de salud está detrás del veto emitido por el gobernador al Proyecto del Senado 1349.

Díaz Vélez acusó directamente a la Asociación de Productos de Medicare y Medicare Advantage (MMAPA) de intentar “eliminar a la OCS para que volviese a ser una decorativa al servicio de sus intereses. Por eso acosan al Comisionado Alexander con demandas frívolas”.

En las escuetas declaraciones Díaz Vélez no identificó las “demandas frívolas” que MMAPA ha radicado contra la OCS.

De hecho, SN solicitó a MMAPA una reacción sobre las expresiones de Díaz Vélez y Ana María Santiago, agente de prensa de la organización, indicó que “MMAPA no va a reaccionar”.

Durante el pasado fin de semana trascendió que el gobernador vetó el PS 1349, el cual concedía a la OCS la facultad de adjudicar por medio de un procedimiento rápido de hasta 30 días, la cantidad de dinero que debería recibir un proveedor de servicios de salud de parte de una aseguradora en una reclamación en disputa.

Las reclamaciones que serían atendidas en el proceso rápido serían aquellas que no han logrado superar favorablemente el periodo de reconciliación de diferencias dispuesto en el Código de Seguros y que deben implantar las aseguradoras de salud. 

El PS 1349 fue ampliamente respaldado por el sector de los proveedores de servicios de salud, entre los que figuran los médicos, la industria de hospitales, las farmacias y los laboratorios.

La medida también establecía que a las deudas consideradas en el proceso rápido se le impondrán intereses legales, los cuales serán determinados por la OCS y pagaderos a favor de los proveedores de servicios de salud. Además, la medida ordenaba al Tribunal Apelativo y al Tribunal Supremo resolver en 10 días los recursos de revisión que presente alguna de las partes.

En sus expresiones Díaz Vélez indicó que el CMC continuará ofreciendo su apoyo a Adams Vega, cuyo término como Comisionado de Seguros finaliza el próximo 31 de diciembre de 2024.

“Nosotros sabemos que el agente devastador del ecosistema de salud es el oligopolio de las aseguradoras. Ellos tienen un sindicato MAPPA que quisieran eliminar la OCS y que volviese a ser una decorativa al servicio de sus intereses. Por eso acosan al Comisionado Alexander con demandas frívolas. El Colegio seguirá apoyando sus honestas gestiones”, sostuvo Díaz Vélez.

“Seguimos trabajando y defendiendo los derechos de los profesionales de la salud y de los pacientes frente a la embestida y la gula de las aseguradoras que han arrastrado el sistema de salud. Se trata de una batalla desigual pero no disminuiremos la combatividad, ni la denuncia de los abusos”, afirmó el presidente de CMC, quien agradeció a quienes apoyaron la aprobación en la Cámara y en el Senado del PS 1349.

La Fortaleza informó que el proyecto fue vetado porque el capítulo 30 del Código de Seguros ya tiene un proceso expedito de pagos a las aseguradoras.

Pero Adams Vega había sostenido en la Legislatura que la medida era necesaria porque en el Código de Seguros no existe un proceso expedito para resolver disputas sobre reclamaciones en 30 días.

De hecho, la OCS había indicado que los proveedores de servicios de salud albergan el temor de que las aseguradoras tomen represalias si impugna los atrasos en los pagos de reclamaciones y por esa razón se ha registrado una cantidad pequeña de reclamaciones de parte de los proveedores ante la OCS.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico había señalado que el nuevo poder que el PS 1349 concedía a la OCS amenazaba con convertir a la entidad reguladora en juez y parte de las controversias relacionadas con el pago de reclamaciones.

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Veto de bolsillo a medida que permitía a la OCS adjudicar facturas de proveedores

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Por Miguel Díaz Román

El gobernador Pedro Pierluisi ha impartido un veto de bolsillo a una controvertible medida que le concedía a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el poder de adjudicar de manera sumaria y expedita el pago de facturas a los proveedores de servicios de salud, la cual fue favorecida por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, y por el sector de los proveedores de servicios de salud, entre los que figuran los médicos, la industria de hospitales, las farmacias y los laboratorios.

El veto de bolsillo se configura cuando han pasado 30 días desde que la legislatura envió a la Fortaleza una medida aprobada y el gobernador no actúa sobre ella. Además, el veto de bolsillo tiene la característica de que el Primer Ejecutivo no tiene que ofrecer explicaciones sobre por qué no avaló la medida.

No obstante, la Fortaleza informó que el proyecto fue vetado porque el capítulo 30 del Código de Seguros ya tiene un proceso expedito de pagos a las aseguradoras. De hecho, la Fortaleza coincidió con los planteamientos de La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), que había hecho sonar las alarmas debido a que el nuevo poder que el PS 1349 concedía a la OCS amenazaba con convertir a la entidad reguladora en juez y parte de las controversias relacionadas con el pago de reclamaciones.

El Proyecto del Senado 1349 fue enviado al gobernador el pasado 31 de julio, lo que implica que el pasado viernes 30 de agosto, se cumplieron los 30 días reglamentarios desde que la Fortaleza recibió la medida. De hecho, entre las medidas convertidas en ley en los pasados días no figura el PS 1349.

La conversión en ley de la medida por el gobernador prometía un enfrentamiento legal con la industria de seguros de salud, que ya había dado señales inequívocas que se impugnarían el estatuto en los tribunales.

La medida fue radicada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y por el senador Ramón Ruiz Nieves, el 13 de octubre de 2023.

Ayer ni el presidente del Senado ni el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, que había respaldado el PS 1349, no estuvieron disponibles para reaccionar al veto de bolsillo emitido por el gobernador.

La directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraelia Pernas, había sostenido que la medida era “peligrosa” debido a que las discrepancias sobre el monto que corresponde pagar por una reclamación es un asunto que siempre se ha dilucidado en los tribunales y no en la OCS, que es el regulador de la industria de seguros.

“Por la diversidad y complejidad de las reclamaciones que pueden envolver estos casos, no se trata de asuntos susceptibles de una adjudicación sumaria. Se trata de controversias que deben juzgarse por un tribunal, no por el regulador de la industria de seguros. De esa manera, se resuelven los casos, salvaguardando el debido proceso de ley de ambas partes”, dijo Pernas.

La medida dispone que la OCS deberá adjudicar una controversia sobre una cuantía de pago a un proveedor por medio de un procedimiento sumario, que es un proceso rápido que debería prescindir de algunas formalidades del juicio ordinario, en aquellas reclamaciones que no hayan logrado superar favorablemente el periodo de reconciliación de diferencias dispuesto en el Código de Seguros.  

Además, la medida establece que a las deudas que atienda la OCS a través del proceso expedito se le impondrán intereses legales, los cuales serán determinados por la OCS y pagaderos a favor de los proveedores de servicios de salud. La medida también ordena al Tribunal Apelativo y al Tribunal Supremo resolver en 10 días los recursos de revisión que presente alguna de las partes.

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, había avalado la medida porque no existe un proceso expedito para resolver disputas sobre reclamaciones en 30 días en el Código de Seguros. De hecho, la OCS había indicado que la División de Investigaciones de Servicios al Consumidor de la OCS, resolvió en 2022 alrededor 325 investigaciones de pago puntual, las cuales constituyen “una cantidad minúscula de reclamaciones”.

Adams Vega aseguró que la poca cantidad de reclamaciones obedece a que los proveedores tienen temor a represalias y han optado por no impugnar las dilaciones en el proceso de pago puntual. Como resultado de esa conducta “quedan inmersos en un proceso de reconciliación de cuentas”.

Otra medida que sí fue avalada por el Primer Ejecutivo fue el Proyecto de la Cámara 303, que regula la figura de los “terceros administradores” en el Código de Seguros de Puerto Rico. La medida añade el Capítulo 32 al Código de Seguros el cual estará dedicado exclusivamente al asunto de los terceros administradores.

Sobre esta medida ACODESE no respaldó su aprobación porque representaba una duplicidad de funciones y obligaciones que ya se encuentran en el Código de Seguros.

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Calle 5 de la Barriada Clausells, Ponce Puerto Rico

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Por Enrique Vázquez Quintana, MD

Es interesante las cosas extrañas que ocurren en la vida. Continuamente te tienes que sorprender de los eventos sin explicación que ocurren en nuestras vidas.

Les relataré uno de esos eventos fortuitos que ocurrieron en la calle 5 de la Barriada Clausells de Ponce, Puerto Rico. La Barriada Clausells se desarrolló en los terrenos del señor Pedro Clausells localizados en el área oeste de la ciudad de Ponce.

Hay que pasar el Hospital de Distrito de Ponce de la calle Victoria que fue construido en el 1929. Si se sigue por la calle Victoria se llega a la fábrica de cemento y luego se llega al Barrio Corral Viejo o el Recreo de Ponce.

Yo nací en ese Hospital de Distrito el 21 de octubre de 1937, el parto lo atendió el doctor Luis Bartolomei. Estudié el primer grado en la Escuela Pedro Clausells localizado en la Calle 5. El sexto grado lo completé en la Escuela Pujals localizada cerca del antiguo parque de béisbol Charles H. Terry. El séptimo lo cursé en la Escuela McKinley cerca de la Escuela Superior de Ponce.

Luego me trasladé a Guayanilla y me gradué de la Escuela Superior Arístides Cales Quirós en el 1955. Luego completé mi Bachillerato en Ciencias en el Recinto de Rio Piedras de la UPR del 1955-58 y luego obtuve el Doctorado en Medicina del 1958 al 1962. Del 1962 al 1968 hice el internado y me adiestré en cirugía General en el programa de la Escuela de Medicina de UPR.

Luego ingresé al ejército norteamericano y en el 1969 fui asignado a la República de Vietnam. El 10 de agosto de 1969 recibimos múltiples pacientes heridos de bala y fragmentos de granada. Entre los heridos me tocó operar al soldado Luis Martínez de una herida de bala que le laceró la arteria femoral derecha. Le reparé la laceración y le coloqué un injerto venoso. Estaba recuperando bien, pero al tercer día fue evacuado a Japón.

Nunca más supe de él. Lo sorprendente es que el soldado Martínez era de la Calle 5, Número 71 de la Barriada Clausells de Ponce. El soldado Martínez estaba asignado a eliminar a los vietnamitas que no eran sus enemigos, en una guerra que no era la suya.

En el 1998 visité la Barriada Clausells tratando de localizar a Luis Martínez, pero nadie sabía de él o lo estaban protegiendo. Desconozco si aún vive. Lo curioso es que dos vecinos de la misma calle de la misma urbanización se encontraran en un lugar tan distante al mismo tiempo y que uno, el cirujano tratara de salvar al herido que, sí era su compatriota y del mismo barrio, involucrados en una guerra que no era de ninguno de los dos.

Mi padre era chofer de carro público en Ponce. Tengo un recuerdo vago que en una ocasión estaba con mi padre en la casa de la Calle 5 cuando pasó otro señor que también era chofer de carro público que llevaba un hijo pequeño para matricularlo en el Jardín de Infantes (kínder) en el Colegio Santa Teresita de Jesús, al lado del Hospital de Distrito.

El nombre del señor nunca los supe. Pero con ese niño pequeño sí que interaccioné más tarde en la vida. En el 1993 el gobernador Pedro Rosselló me designó secretario de Salud. Un tiempo después nombré él doctor Néstor Galarza Díaz como director de la unidad ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción).

Sorpresa, el doctor Galarza Díaz era aquel niño que pasó frente a mi casa en la Calle 5 de la Barriada Clausells. El nació en la calle 5 pero con comadrona. Su padre además de chofer poseía un pequeño colmado y su situación económica era más holgada que la nuestra. Pero esas relaciones sorpresivas, de amistad oculta también conllevan penas en común.

El 15 de septiembre de 1993 fui removido del cargo de secretario de Salud, el secretario de la gobernación Alvaro Cifuentes (QDEP) envió al señor Alberto Goachet (QDEP) como Mensajero de los Dioses a entregarme la carta de despido al Departamento de Salud.

La afinidad de los dos niños de la Calle 5 de la Barriada Clausells finalmente les causó daño. Mi sucesora la doctora Carmen Feliciano de Melecio (QEPD) desautorizaba mucho al doctor Galarza Díaz. Varios meses después de mi despido como secretario de Salud, el Lcdo. Álvaro Cifuentes recomendaba la destitución del doctor Néstor Galarza Díaz. Este fue separado de su cargo en abril de 1994. Este servidor volvió a su cátedra en el Departamento de Cirugía hasta su retiro el 31 de diciembre de 1998.

El doctor Galarza Díaz regresó a su puesto de psiquiatra en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico. Allí el doctor Galarza Diaz trataría a los dos veteranos de la Calle 5, del barrio, ya que se sabe que los veteranos padecen depresión, adicciones y suicido más que la población general.

De esta forma se armonizaría la labor que le asignó el destino a realizar durante su vida profesional, a los tres vecinos de la Calle5, de la Barriada Clausells. El político designador de puestos de salud pretendió aplanar la salud de los pobres, pero en realidad mejoró la salud de los veteranos.

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Crisis en la Comisión Estatal de Elecciones: Un Reloj sin Manecillas

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Por Dr. Edgar León

La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) se enfrenta a una crisis sin precedentes mientras se acercan las elecciones, con múltiples factores que ponen en riesgo la integridad y la eficiencia del proceso electoral. La falta de una presidenta titular en la comisión, sustituida por una presidenta alterna que ha demostrado ser lenta en la toma de decisiones, es solo la punta del iceberg de una situación preocupante.

 Los miembros de la Junta Estatal de Elecciones, particularmente aquellos representando a otros partidos, han expresado su frustración por la falta de acceso a información crítica para la toma de decisiones. Sin datos completos, las decisiones necesarias para garantizar un proceso electoral transparente y eficaz se ven comprometidas, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza.

 Uno de los problemas más graves es el retraso en la impresión de las papeletas de votación. Hasta la fecha, no se han enviado a imprimir, lo que impide las pruebas esenciales de las máquinas de votación y del papel utilizado. La falta de estas pruebas no solo pone en duda la funcionalidad de los equipos, sino que también abre la puerta a posibles fallos técnicos el día de las elecciones.

 Además, existe una preocupante falta de información sobre las condiciones de los colegios de votación. No se sabe cuántos de ellos están en condiciones óptimas en cuanto a energía eléctrica, conexión a internet y planta física.

 El hecho de que haya menos colegios disponibles para votar este año agrava aún más la situación, dificultando la logística y aumentando el riesgo de largas filas y caos el día de las elecciones.

 El problema se extiende a la distribución de papeletas para el voto adelantado, un proceso crucial para personas envejecientes y encamadas. A estas alturas, muchas de estas papeletas aún no se han distribuido, dejando a una población vulnerable en un limbo electoral.

Finalmente, la situación se agrava con la presencia de aproximadamente 40,000 personas fallecidas aún registradas en las listas de votantes. Esta cifra alarmante pone en duda la precisión del padrón electoral y la capacidad de la CEE para depurarlo adecuadamente antes de las elecciones.

 La caricatura de la situación es evidente: el sistema electoral de Puerto Rico parece un reloj sin manecillas, donde los ancianos que lleguen a votar podrían encontrarse con un caos difícil de sortear. La falta de decisiones rápidas y la inacción podrían llevar a un desastre electoral que afectará la confianza pública en el proceso democrático.

Según la prensa local, ha surgido un caso donde un representante del PNP buscó papeletas de inscripción en la junta estatal, las repartió en hogares de ancianos, y luego las entrego a la junta para ser contadas. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

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Triple S Salud denuncia ante Tribunal Supremo que OCS emite «cese y desista» sin celebrar vista evidenciaria

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Por Miguel Díaz Román

Ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico se encuentra una importante petición de revisión radicada por la aseguradora Triple S Salud que sostiene que el Tribunal de Apelaciones validó una serie de actuaciones de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) que excedieron los límites de la ley al negarle a la aseguradora el derecho de una vista evidenciaria y porque emitió una resolución administrativa que, alegadamente, incluyó asuntos que no estaban en la controversia original y que no fueron notificados debidamente.

 De hecho, en su petición de revisión Triple S Salud le advierte al Tribunal Supremo que su caso le brinda la oportunidad de aclarar la norma sobre la utilización de una orden de «cese y desista», debido a que la OCS usó dicha orden como un mecanismo para imponer multas y prohibir determinados procesos y ordenar que se atemperen otros, según lo dispone la Ley 19 de 2002 o ley para el Pago Puntual, sin la celebración de una vista administrativa previa.

En su petición la aseguradora sostiene que es necesaria la intervención del Tribunal Supremo en esta controversia por el efecto adverso que pudiera tener la utilización de las órdenes de “cese y desista» tanto para las operaciones de las aseguradoras del país como para los derechos de los litigantes ante la OCS.

 “La interpretación de este Tribunal sobre dicha disposición legal es necesaria para dejar claro, tanto al Comisionado (y sus oficiales examinadores) como a los litigantes en general, que es requisito de ley celebrar una vista administrativa previo a emitir una resolución final con relación a la orden que incluya el cese y desista. Además, es necesaria la intervención del Tribunal para reiterar el derecho de los litigantes ante la OCS de ser notificados de las imputaciones en su contra. Este caso brinda la oportunidad al Tribunal de pautar la norma en cuanto a que los oficiales examinadores de la OCS no pueden excederse en sus facultades adjudicando asuntos que no formaron parte de la orden o pliego de imputaciones y que nunca fueron debidamente notificadas a la parte afectada”, argumenta la petición de revisión que fue radicada en el Tribunal Supremo el pasado 16 de agosto.

La OCS emite cese y desista y multa de $50,000

 En una síntesis apretada los hechos de la controversia comenzaron el 2 de noviembre de 2022, cuando el Centro Médico del Turabo (CMT) solicitó a la OCS una investigación sobre el llamado foro apelativo de Triple-S Salud, que atiende las quejas de los proveedores, en relación con unas apelaciones de ciertas denegatorias de reclamaciones de 2018, luego de un proceso de reconciliación realizado por la aseguradora.

Tras varios requerimientos de información contra la aseguradora, el 2 de junio de 2023 la OCS emitió una orden en contra de Triple S Salud, que impuso una multa de $50,000.00 por alegadas violaciones al Código de Seguros y al artículo 12 de la Regla 73, al procesar 3,186 líneas de servicio presentadas para pago durante los años 2018, 2019 y 2020, las cuales fueron, alegadamente, sometidas a procesos contrarios a la ley.

La OCS también emitió un cese y desista contra Triple S Salud que le impide aplicar los procesos de reconsideración y apelación a las disputas presentadas por los proveedores y ordenó «atemperar» sus procesos de trámite de reclamaciones a los términos de la Ley de Pago Puntual. 

 El 22 de junio de 2023, Triple S Salud solicitó la celebración de una vista administrativa pero el 30 de junio, la OCS ignoró la petición de vista administrativa y presentó una solicitud de resolución sumaria para confirmar la orden contra la aseguradora emitida el 2 de junio.

Resolución sumaria sin vista administrativa

 El 21 de julio de 2023, Triple S Salud se opuso a la solicitud de resolución sumaria. No obstante, el 17 de agosto de 2023, el oficial examinador de la OCS emitió la resolución sumaria sin la celebración de una vista administrativa.

 La citada resolución estableció que el proceso de pago puntual de Triple S Salud limita las querellas de pago puntual a solamente seis circunstancias, cuando la Ley de Pago Puntual no establece límite alguno. Además, la resolución sostuvo que el manual de proveedores no establece el procedimiento interno que regula la Regla 73, ni habla de la creación del comité que va a atender las querellas de pago puntual como lo requiere la Ley de Pago Puntual.

 La resolución también concluyó que los procesos apelativos internos de la aseguradora violentan y dilatan los términos establecidos en la Ley de Pago Puntual y que los procesos apelativos internos no están contemplados en la Ley de Pago Puntual y violan el Código de Seguros.

 Como resultado de esas conclusiones el oficial examinador confirmó la multa de $50,000 y también modificó la orden de cese y desista para impedir que se aplique el mecanismo de resolución de disputas de la aseguradora. Finalmente, mantuvo la orden para que la aseguradora atempere sus procesos a los términos de la Ley de Pago Puntual y presente prueba de ello en 20 días.

Apelativo falla contra aseguradora

 Luego, Triple S Salud presentó una moción de reconsideración que no fue atendida, tras lo cual acudió al Tribunal de Apelaciones para que se revocara la citada determinación porque incluye asuntos que nunca fueron contenidos en la orden del 2 de junio y, además, porque la resolución incluye una orden de cese y desista que se emitió sin realizar una vista.

Otro argumento es que procesalmente no procedía resolver de forma sumaria y que la resolución ignora hechos adicionales que contradicen la determinación de la OCS. Los argumentos de Triple S Salud no lograron persuadir al Tribunal de Apelaciones, que confirmó el dictamen de la OCS. Triple S Salud presentó una moción de reconsideración que también fue denegada.

En su petición al Tribunal Supremo Triple S Salud alega que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la resolución sumaria porque que fue emitida sin la celebración de vista evidenciaria y porque la resolución adjudica asuntos que no fueron notificados en el pliego de imputaciones, en violación al debido proceso de ley de TSS. Un tercer argumento es que la resolución es incorrecta y contraria a derecho debido a que aún existen controversias que impiden resolver la controversia sin la celebración de una vista evidenciaria.

Con discreción la OCS para una vista administrativa

De hecho, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no procede la celebración de una vista evidenciaria debido a que el Código de Seguros dispone que el factor determinante para evaluar la necesidad de celebrar una vista administrativa es que existan controversias sustanciales. Es decir, que la OCS tiene discreción para determinar que no es necesaria una vista administrativa cuando determina que no existen controversias sustanciales.

La posición de Triple S Salud es que el artículo 2.150 del Código de Seguros, regula las órdenes de cese y desista y exige que se celebre una vista antes o después de emitida la orden para que la misma tenga eficacia jurídica. La aseguradora también indicó que el Tribunal de Apelaciones obvia lo resuelto por este Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de las vistas evidenciarias cuando las mismas son requeridas por «disposición de este Código».

En su petición al Tribunal Supremo la aseguradora alegó que procede la celebración de una vista evidenciaria que permita a Triple S Salud presentar la totalidad de la prueba documental y testifical que apoya su posición, explicar el proceso apelativo interno y confrontar la prueba de la OCS.

Ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo determine que no procede la vista administrativa, el Triple S Salud favoreció que se revoque la resolución de la OCS de forma parcial “de modo que se eliminen las determinaciones relacionadas a los procesos internos para atender las querellas de pago puntual, incluyendo lo relacionado al comité de pago puntual, las circunstancias esbozadas para recurrir al mismo y el alcance general de estos procedimientos”. 

Al cierre de esta edición la OCS aún no había presentado sus argumentos ante el Tribunal Supremo.

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Aseguradoras y bancos presentan campaña de orientación “Asegúrate que estés asegurado”

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La Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) y la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) presentaron hoy un esfuerzo conjunto de orientación al consumidor sobre la importancia de conocer las cubiertas de seguro que protegen su vivienda, así como si los límites de cubierta son los adecuados.

 La iniciativa “Asegúrate que estés asegurado” surge como respuesta a las preocupaciones y preguntas recibidas tras el paso de la tormenta Ernesto, en particular un aumento en las consultas relacionadas a los límites del seguro que protege su vivienda al realizar una reclamación.

 La ABPR y ACODESE trabajan individualmente en la orientación de sus clientes y del público en general sobre temas relacionados con la protección de sus finanzas y su propiedad. En esta ocasión, y en el tiempo más activo de la temporada de huracanes, esta alianza colaborativa tiene el propósito de reforzar la concienciación sobre la importancia de contar con seguros adecuados y, en particular, sobre la necesidad de que los asegurados conozcan y mantengan límites de cubierta apropiados para evitar la subvaloración de sus propiedades.

 Zoimé Álvarez Rubio, presidenta y CEO de la ABPR expresó que, “para la Asociación de Bancos de Puerto Rico es fundamental que los consumidores sepan y entiendan que tener una póliza que protege tu vivienda con límites insuficientes puede resultar en una compensación inadecuada en caso de pérdidas, lo que podría poner en riesgo la capacidad de reparar o reponer daños a su vivienda.

Álvarez añadió que “siempre es posible revisar y ajustar los límites de cobertura, excepto cuando el mercado se cierra debido a un fenómeno atmosférico. Es por esto que exhortamos a todos a que tomen el tiempo para evaluar y revisar las pólizas que protegen tu vivienda con anticipación y así prevenir situaciones inesperadas ante una emergencia”.

 El esfuerzo educativo “Asegúrate que estés asegurado” también enfatiza que un aspecto esencial de la planificación financiera es la protección de nuestros activos. Los seguros desempeñan un papel crucial ante riesgos e imprevistos como accidentes, enfermedades o pérdidas materiales. Es por esto que seleccionar los seguros adecuados y revisar las cubiertas y límites asegurados regularmente es crucial a la hora de enfrentar un evento inesperado.

 Por su parte, Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE señaló que “es imperativo que los clientes que tienen seguros para la protección de su vivienda se aseguren de contar con las cubiertas que mejor se ajusten a sus necesidades y, más importante aún, que verifiquen los límites de esas cubiertas.

 En el caso del seguro de propiedad que protege tu vivienda, hay que ser aún más rigurosos en ver que esos límites sean los correctos, considerando los efectos de la inflación que ha causado aumentos en los costos. Esto puede hacer la diferencia al adjudicar el pago de una reclamación. Por ejemplo, si se hacen cambios estructurales a una vivienda y no se revisa la cubierta para incluirlos, automáticamente cambia la cuantía a reclamar y no queremos que las personas estén desprotegidas”.

 La ABPR y la ACODESE invitan a los consumidores a informarse y tomar acción para asegurarse de que están adecuadamente protegidos. Al hacerlo, no solo velarán por su presente, sino también por su futuro.

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Informe machorro del Colegio de Agrónomos podría abrir la puerta a la descolegiación

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Por Miguel Díaz Román

Un informe del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico (CAPR) que recomendó no solicitar que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, sea investigado por maltratar a un grupo de agrónomos con lenguaje soez y otras expresiones reprochables, podría abrir la puerta para que los miembros descontentos de la institución busquen la descolegiación a través de los tribunales.

El citado informe concluyó que no es responsabilidad del CAPR solicitar que González Beiró sea investigado por el Departamento de Justicia o la Oficina de Ética Gubernamental debido a que el funcionario no es agrónomo. Del informe se desprende que González Beiró y el ex director de Recursos Humanos del Departamento de Agricultura (DA), Noel Toro, no respondieron a las citaciones de los investigadores de CAPR.

De hecho, la agrónoma Ana Esther Maldonado, ex directora de la región agrícola de Naranjito, quien radicó en el CAPR la querella por los atropellos y el uso de lenguaje soez por parte de González Beiró, le indicó a SN que tras la difusión del informe que recomienda no actuar contra el funcionario porque no es agrónomo, se propone iniciar los pasos para abandonar la institución.  

“Es sumamente frustrante y voy a hacer las gestiones para descolegiarme del CAPR. ¿Para qué está el Colegio, para que me cobre una cuota de $125.00 todos los años? ¿Para eso es lo que sirve, para hacer un compartir y la bebe lata? La defensa de la clase profesional es una de sus principales obligaciones. ¿Para qué yo voy a participar de una entidad que no me representa?”, dijo Maldonado.

Posible descolegiación

“No estoy satisfecha con el trabajo que hicieron y me propongo solicitar la descolegiación. Voy a buscar asesoría y orientarme bien como se ha hecho esto en otras instituciones y lograr mi descolegiación”, agregó Maldonado.

Fuentes de SN indicaron que, si Maldonado tiene éxito en su objetivo de abandonar el CAPR, otros agrónomos insatisfechos con las conclusiones del informe podrían también optar por la descolegiación.

Los hechos que relata la querella de Maldonado ocurrieron en una explosiva reunión con los agrónomos regionales del DA, realizada el pasado 14 de julio de 2023. En esa reunión González Beiró ordenó una serie de traslados unilaterales porque, alegadamente, se estaban efectuando acciones contrarias a la ley en la aprobación de los certificados de agricultor bonafide.

El secretario también mencionó que los agrónomos habían incurrido en un supuesto “desgaste” en sus funciones porque “llevaban 6 años y medio” en el cargo.

Pero según se denunció en aquel momento, en la reunión hubo oposición de parte de determinados agrónomos contra unas nuevas directrices avaladas por González Beiró para regir la concesión de los certificados de agricultor bonafide porque, alegadamente, promueven que los directores regionales aprueben certificados a personas que tienen terrenos que no están dedicados a la actividad agrícola.

Fortaleza no escucha a los agrónomos

Otra queja esgrimida fue que el secretario y otros funcionarios promueven la aprobación de certificados a personas allegadas o que no cumplen con los requisitos establecidos.

De hecho, las agrónomas Maldonado y Maricarmen Martínez, directora de la región agrícola de Arecibo, se quejaron en la Fortaleza por los atropellos y el uso de lenguaje soez por parte del secretario González Beiró sin obtener éxito alguno.

El citado informe del CAPR, que se distingue por su brevedad y redacción escueta y carente de detalles relevantes, no hace mención de las palabras soeces y otras expresiones despectivas utilizadas por González Beiró durante la reunión, según el relato de los testigos, y no describe los contextos argumentativos que dieron paso para que el secretario hablará de la forma grosera denunciada.

El informe, que fue presentado en enero de 2024, también menciona que el cargo de secretario de agricultura debe ser ocupado por un agrónomo, un señalamiento que ya ha realizado el CAPR en el pasado.

Presidente no descarta descolegiación

SN se comunicó con el presidente del CAPR, Mariano Ramis, quien defendió el controvertible informe, pero no descartó que eventualmente el CAPR enfrente una demanda reclamando en los tribunales la anulación de la colegiación obligatoria como le ha ocurrido al Colegio de Abogados y al Colegio de Médicos Cirujanos. En ambos casos la colegiación obligatoria fue declarada inconstitucional.

“Cada cual tiene su criterio y su pensar. El CAPR no está de acuerdo con que cualquier jefe o secretario maltrate a sus empleados. Y eso debe quedar claro.  Hubo unos hallazgos en la Comisión que investigó y en estos casos siempre hay unos que ganan y otros pierden. Tuvimos una serie de complicaciones en este asunto y finalmente la Comisión se activó y se hizo la investigación”, sostuvo Ramis.

“Los colegiados que no están a gusto con la decisión hay otros foros donde pueden llevar sus casos, el foro judicial o Ética Gubernamental. Si no están a gusto pues la decisión la pueden tomar ellos. Sabemos de la descolegiación, como ha ocurrido con el Colegio de Abogados. Esperemos que nunca pase, pero se ve a la vuelta de la esquina. Si son más los que critican al Colegio que los que favorecen al Colegio pues claro que sí que puede pasar (la descolegiación)”, sostuvo el presidente del CAPR.

Más críticas contra el CAPR

Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, quien  también es agrónomo, rechazó el contenido del informe y criticó que el CAPR no defienda a los colegiados.

“O sea que la Comisión de Protección del CAPR no puede hacer referidos éticos a personas que ataquen o abusen de agrónomos si estos no son agrónomos. ¿Solo se ven casos de agrónomos contra agrónomos? Nunca había experimentado tal frustración por el CAPR y la mediocridad al atender asuntos serios de alto perfil contra funcionarios de gobierno, sean o no agrónomos en contra de colegas colegiados”, indicó Flores Ortega.

“Cuando el problema es entre colegas constituye una situación ética y se trabaja en otro comité. Cuando un ingeniero, abogado, agricultor o cualquiera abuse de un agrónomo, es función del CAPR defenderlo y someter las querellas a los organismos que correspondan; Ética gubernamental, recursos humanos, Justicia, Oficina del Gobernador, Tribunales, etc. El CAPR perdió una gran oportunidad de crecerse y demostrar su defensa a la clase profesional. Yo no pienso volver al colegio si no me representa. Lo que está mal está mal”, concluyó el ex secretario de Agricultura.

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