Por Miguel Díaz Román
Un informe del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico (CAPR) que recomendó no solicitar que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, sea investigado por maltratar a un grupo de agrónomos con lenguaje soez y otras expresiones reprochables, podría abrir la puerta para que los miembros descontentos de la institución busquen la descolegiación a través de los tribunales.
El citado informe concluyó que no es responsabilidad del CAPR solicitar que González Beiró sea investigado por el Departamento de Justicia o la Oficina de Ética Gubernamental debido a que el funcionario no es agrónomo. Del informe se desprende que González Beiró y el ex director de Recursos Humanos del Departamento de Agricultura (DA), Noel Toro, no respondieron a las citaciones de los investigadores de CAPR.
De hecho, la agrónoma Ana Esther Maldonado, ex directora de la región agrícola de Naranjito, quien radicó en el CAPR la querella por los atropellos y el uso de lenguaje soez por parte de González Beiró, le indicó a SN que tras la difusión del informe que recomienda no actuar contra el funcionario porque no es agrónomo, se propone iniciar los pasos para abandonar la institución.
“Es sumamente frustrante y voy a hacer las gestiones para descolegiarme del CAPR. ¿Para qué está el Colegio, para que me cobre una cuota de $125.00 todos los años? ¿Para eso es lo que sirve, para hacer un compartir y la bebe lata? La defensa de la clase profesional es una de sus principales obligaciones. ¿Para qué yo voy a participar de una entidad que no me representa?”, dijo Maldonado.
Posible descolegiación
“No estoy satisfecha con el trabajo que hicieron y me propongo solicitar la descolegiación. Voy a buscar asesoría y orientarme bien como se ha hecho esto en otras instituciones y lograr mi descolegiación”, agregó Maldonado.
Fuentes de SN indicaron que, si Maldonado tiene éxito en su objetivo de abandonar el CAPR, otros agrónomos insatisfechos con las conclusiones del informe podrían también optar por la descolegiación.
Los hechos que relata la querella de Maldonado ocurrieron en una explosiva reunión con los agrónomos regionales del DA, realizada el pasado 14 de julio de 2023. En esa reunión González Beiró ordenó una serie de traslados unilaterales porque, alegadamente, se estaban efectuando acciones contrarias a la ley en la aprobación de los certificados de agricultor bonafide.
El secretario también mencionó que los agrónomos habían incurrido en un supuesto “desgaste” en sus funciones porque “llevaban 6 años y medio” en el cargo.
Pero según se denunció en aquel momento, en la reunión hubo oposición de parte de determinados agrónomos contra unas nuevas directrices avaladas por González Beiró para regir la concesión de los certificados de agricultor bonafide porque, alegadamente, promueven que los directores regionales aprueben certificados a personas que tienen terrenos que no están dedicados a la actividad agrícola.
Fortaleza no escucha a los agrónomos
Otra queja esgrimida fue que el secretario y otros funcionarios promueven la aprobación de certificados a personas allegadas o que no cumplen con los requisitos establecidos.
De hecho, las agrónomas Maldonado y Maricarmen Martínez, directora de la región agrícola de Arecibo, se quejaron en la Fortaleza por los atropellos y el uso de lenguaje soez por parte del secretario González Beiró sin obtener éxito alguno.
El citado informe del CAPR, que se distingue por su brevedad y redacción escueta y carente de detalles relevantes, no hace mención de las palabras soeces y otras expresiones despectivas utilizadas por González Beiró durante la reunión, según el relato de los testigos, y no describe los contextos argumentativos que dieron paso para que el secretario hablará de la forma grosera denunciada.
El informe, que fue presentado en enero de 2024, también menciona que el cargo de secretario de agricultura debe ser ocupado por un agrónomo, un señalamiento que ya ha realizado el CAPR en el pasado.
Presidente no descarta descolegiación
SN se comunicó con el presidente del CAPR, Mariano Ramis, quien defendió el controvertible informe, pero no descartó que eventualmente el CAPR enfrente una demanda reclamando en los tribunales la anulación de la colegiación obligatoria como le ha ocurrido al Colegio de Abogados y al Colegio de Médicos Cirujanos. En ambos casos la colegiación obligatoria fue declarada inconstitucional.
“Cada cual tiene su criterio y su pensar. El CAPR no está de acuerdo con que cualquier jefe o secretario maltrate a sus empleados. Y eso debe quedar claro. Hubo unos hallazgos en la Comisión que investigó y en estos casos siempre hay unos que ganan y otros pierden. Tuvimos una serie de complicaciones en este asunto y finalmente la Comisión se activó y se hizo la investigación”, sostuvo Ramis.
“Los colegiados que no están a gusto con la decisión hay otros foros donde pueden llevar sus casos, el foro judicial o Ética Gubernamental. Si no están a gusto pues la decisión la pueden tomar ellos. Sabemos de la descolegiación, como ha ocurrido con el Colegio de Abogados. Esperemos que nunca pase, pero se ve a la vuelta de la esquina. Si son más los que critican al Colegio que los que favorecen al Colegio pues claro que sí que puede pasar (la descolegiación)”, sostuvo el presidente del CAPR.
Más críticas contra el CAPR
Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, quien también es agrónomo, rechazó el contenido del informe y criticó que el CAPR no defienda a los colegiados.
“O sea que la Comisión de Protección del CAPR no puede hacer referidos éticos a personas que ataquen o abusen de agrónomos si estos no son agrónomos. ¿Solo se ven casos de agrónomos contra agrónomos? Nunca había experimentado tal frustración por el CAPR y la mediocridad al atender asuntos serios de alto perfil contra funcionarios de gobierno, sean o no agrónomos en contra de colegas colegiados”, indicó Flores Ortega.
“Cuando el problema es entre colegas constituye una situación ética y se trabaja en otro comité. Cuando un ingeniero, abogado, agricultor o cualquiera abuse de un agrónomo, es función del CAPR defenderlo y someter las querellas a los organismos que correspondan; Ética gubernamental, recursos humanos, Justicia, Oficina del Gobernador, Tribunales, etc. El CAPR perdió una gran oportunidad de crecerse y demostrar su defensa a la clase profesional. Yo no pienso volver al colegio si no me representa. Lo que está mal está mal”, concluyó el ex secretario de Agricultura.
