Por Miguel Díaz Román
La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) acudió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que se encuentre en desacato a la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) porque no ha pagado cientos de reclamaciones de la desaparecida aseguradora Real Legacy, lo que constituye, según alegó la entidad reguladora, una violación a dos órdenes que emitió para que se pagaran los reclamos y que la asociación no ha respetado.
La acción judicial de la OCS, realizada el pasado 28 de junio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, representa una disputa inédita contra la AG, que es un organismo creado por ley y que es regulada por el Código de Seguros, cuyo fin es lidiar con el pago de reclamaciones de determinados seguros, como resultado de la insolvencia de un asegurador.
En su petición la OCS le pide al Tribunal que le imponga un desacato a la AG por incumplir sus órdenes y además solicita permiso para transferir al organismo hasta $10.6 millones, incluyendo un pago inicial de $5.3 millones. En síntesis, la OCS sostiene que la AG se ha dilatado innecesariamente por más de cinco años en la resolución y pago de reclamaciones de Real Legacy.
La AG es dirigida por el licenciado Rafael Rocher (en la foto), mientras que el Comisionado de Seguros lo es el licenciado Alexander Adams Vega.
Por su parte, en una moción presentada el pasado 18 de julio, la AG ha solicitado al Tribunal que avale las transferencias de fondos y que rechace la solicitud de la OCS para que se le impute desacato.
La AG sostiene que la petición de desacato de la OCS no está justificada “ni como solución práctica ni como cuestión de derecho” y también ha planteado que el liquidador de Real Legacy, una posición que actualmente es ocupada por la licenciada Wilma Rosario, le ha entregado expedientes incompletos que han generado numerosos obstáculos para la solución rápida y satisfactoria de esas reclamaciones.
La AG también ha planteado que la liquidación de Real Legacy y de la aseguradora Integrand Assurance generó en conjunto una magnitud sin precedente de reclamaciones como nunca antes ha tenido que manejar la entidad, lo que no ha estado exento de dificultades debido a la falta de personal para resolver adecuadamente los reclamos.
De hecho, la liquidación de Real Legacy implicó el envío de más de 3,600 reclamaciones a la AG, de las cuales ha resuelto más de 3,000, según alega en su moción la entidad.
Antes de que la OCS y el liquidador acudieran al Tribunal, la AG había solicitado entablar un diálogo o una vista administrativa para dirimir las diferencias, pero tales opciones no fueron atendidas por el regulador.
Sorpresa por acción de la OCS
En cambio, sostiene la AG, la petición judicial de la OCS y el liquidador en realidad constituye un intento para que el Tribunal evalúe el desempeño de la AG durante el proceso de liquidación de Real Legacy y el grado de diligencia con que ha actuado por medio de indagar en cientos de expedientes de reclamaciones “un procedimiento para el cual no encontramos precedente, ni solución jurídicamente viable”.
En otras palabras, se espera que la OCS y la AG trabajen en armonía pues para intervenir un asegurador por insolvencia, el regulador debe nombrar un liquidador, el cual está bajo la supervisión del Tribunal, y en gran medida las responsabilidades de la AG dependen de que el liquidador y la OCS cumplan a cabalidad la amplia gestión que involucra una liquidación.
Entre estas, figura que el liquidador pueda recaudar un caudal suficiente de entre los activos del asegurador intervenido para pagar las reclamaciones de sus asegurados, que es la tarea que le corresponde a las AG.
De hecho, fuentes de la industria de seguros han expresado sorpresa ante la acción judicial debido a que tradicionalmente la AG ha mantenido un vínculo estrecho e indisoluble con la OCS. Incluso, las fuentes han indicado que la disputa es incomprensible porque en última instancia la finalidad legal de la OCS y de la AG es favorecer a los asegurados afectados por la insolvencia de un asegurador.
Dilación en aprobar el recobro
No obstante, esas mismas fuentes han planteado que sí por un lado la función de la AG se ha visto entorpecida porque ha recibido expedientes incompletos, por otro lado, la OCS ha demostrado una tardanza injustificada en la toma de decisiones, especialmente en aprobar el recobro de las derramas que son pagadas por los aseguradores activos en el mercado local.
Las fuentes han planteado que la dilación en aprobar el recobro de las derramas atenta contra la solvencia de los aseguradores activos. El recobro de las derramas se realiza por medio de aplicar determinadas alzas en las primas de seguros de propiedad que adquieren todos los asegurados del país.
En 2019 la OCS intervino a la aseguradora Real Legacy y en diciembre de ese año la AG impuso una derrama de $11 millones a los aseguradores activos en el mercado local. Hasta el presente, el liquidador de Real Legacy ha transferido a la AG $28 millones para el pago de reclamaciones, lo que junto a la derrama representa que la cantidad de dinero pagada en reclamaciones asciende a $39 millones.
De hecho, la AG estima que necesitará otros $15.9 millones para pagar determinadas reclamaciones que aún no se han pagado. La fecha límite para esto es el 31 de marzo de 2025. Además, la AG extiende que aún necesitará $21.6 millones para pagar las reclamaciones “con reservas entre $100,00 y $300,000”.
Dos órdenes
En esencia, la disputa comprende dos órdenes, la primera de las cuales le exigen a la AG que resuelva en 30 días y bajo apercibimiento de desacato, 414 reclamaciones de hasta $30,000.00 que no se encuentran en un proceso judicial.
De hecho, de esas reclamaciones hay 126 que ya fueron resueltas y existen otras 288 que se encuentran en distintas etapas para lograr su resolución, lo que implica, según ha planteado la AG, que el término de 30 días establecido por la OCS y el liquidador “no es algo que resultaba operacionalmente factible”. El término de 30 días establecido en la orden, venció el pasado 17 de junio de 2024.
En la segunda petición la OCS y el liquidador le solicitan al Tribunal que ordene a la AG, bajo apercibimiento de desacato, el ajuste y pago de “todas las reclamaciones con reservas de hasta $100,000, no más tarde del 31 de diciembre de 2024”.
Sobre esta petición la AS sostiene que ni la OCS ni el liquidador no la habían exigido antes y que la única orden que habían recibido fue presentar un plan de trabajo para resolver las reclamaciones mayores de $30,000 que no se encontraban en un trámite judicial.
“Una reclamación de seguros se puede considerar “resuelta” con meramente cerrarla o denegarla. Sin embargo, el liquidador es partidario de que la AG proceda a “cerrar” o simplemente “denegar” reclamaciones, sin que se intente llegar a un acuerdo con el asegurado”, sostuvo la AS en su moción.
Pero la OCS y el liquidador alegan que la AG solicitó que se le conceda hasta el 30 de septiembre de 2024, para someter un informe de progreso sobre esas reclamaciones, lo que catalogado como “improcedente e inaceptable” porque viola el plan de operaciones para el pago de reclamaciones aprobado desde enero de 2022.
Sin atención los intereses de los asegurados
“Más aún cuando, según ha sido informado por la AG, entre las reclamaciones pendientes antes referidas hay 208 que ya fueron ajustadas. De dichas reclamaciones, 109 casos han sido identificados para cierre sin pago y en 30 casos la oferta de pago que la AG notificó a cada reclamante no ha sido contestada. Además, existen 37 reclamaciones en las que se rindió informe de ajuste y lo que está pendiente es determinar si procede el pago. La AG no ha demostrado causa que justifique que luego de haber transcurrido más de dos años de haberse aprobado el plan de operaciones, aún no se hayan resuelto en su totalidad las reclamaciones no judiciales de menos de $30,000.00”, argumentó la OCS en su petición al Tribunal.
Y más adelante agrega que “la conducta de la AG de no resolver en un tiempo razonable las reclamaciones no judiciales de menor cuantía opera en contra de los mejores intereses de los asegurados, reclamantes, acreedores de Real Legacy en liquidación y la industria de seguros en general”.
Incluso, la OCS sostuvo que el plan de trabajo propuesto por la AG para las reclamaciones con reservas de hasta $100,000 contempla finalizar su pago el 31 de marzo de 2025, lo que también fue rechazado por el liquidador, quien describió la propuesta como “desmesurada e irrazonable”.
AG apuesta por el diálogo
“Se trata de reclamaciones que en su mayoría no son judiciales y su ajuste solo depende del esfuerzo y trabajo de la AG. Por consiguiente, el liquidador solicita respetuosamente de este honorable Tribunal que le ordene a la AG que ajuste y pague, bajo apercibimiento de desacato, las reclamaciones con reservas de hasta $100,000 no más tarde del 31 de diciembre de 2024”, reclama la moción de la OCS.
Por su parte, la AG llamó la atención sobre las alegadas exigencias irrazonables de la OCS y del liquidador como, por ejemplo, aquella que solita en detalle los gastos facturados para reclamar a los reaseguradores el reembolso de los gastos por póliza. “Nunca antes la AG había estado involucrada en las reclamaciones a los reaseguradores”, sostuvo la AG en su moción.
De hecho, la AG considera necesario establecer un diálogo con la OCS y el liquidador para acelerar la resolución de las reclamaciones pendientes y con ese fin solicitó al Tribunal que emita una directriz para propiciar el diálogo entre las partes.
“La AGSM no encuentra justificación ni conveniencia alguna para repentinamente tornar la relación con el liquidador en una adversativa, siendo la meta de ambas partes culminar con el proceso de liquidación de Real Legacy con la mayor prontitud posible. El liquidador tiene conocimiento de que la AG no está exenta de las dificultades que existen en el mercado laboral actual para el reclutamiento de empleos técnicos en el área de ajuste y administración de reclamaciones, algo que concierne tanto a la liquidación de Real Legacy como a la de Integrand Assurance; dos insolvencias simultáneas de magnitud sin precedente, provocadas en gran medida por desastres naturales que tampoco encuentran precedente en lo que concierne a las funciones de la AG y de la industria de seguros de Puerto Rico. Si a estos procesos le inyectamos súbitamente requerimientos de compilación de datos que exigen la atención inmediata del personal de la AG, se desvía y detiene la labor de resolver reclamaciones”, sostuvo la AG en su moción.
El caso aún se encuentra en espera de una determinación por parte del Tribunal.
