Por Miguel Díaz Román
La Contralora Yasmín Valdivieso reveló que el informe sobre las operaciones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) que administra la Autoridad de Tierras está listo y anticipó que contendrá recomendaciones para que determinadas personas sean referidas al Departamento de Justicia.
En una entrevista con SN Valdivieso no indicó si los posibles referidos a Justicia serán funcionarios de la Autoridad de Tierras o personas vinculadas a las corporaciones sin fines de lucro que han recibido las asignaciones ordenadas por los legisladores de los fondos existentes en el FMM.
Valdivieso tampoco reveló si funcionarios de la legislatura vinculados a los legisladores que han avalado desembolsos del FMM podría también enfrentar referidos a Justicia.
“¿El informe del FMM tendrá recomendaciones de más referidos a Justicia?”, preguntó SN.
“Yo estoy segura que sí”, respondió Valdivieso, quien aclaró que no ha recibido el informe, aunque sí ha dialogado con los funcionarios que han estado trabajando en el documento.
Hasta el momento la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) designó tres fiscales especiales para investigar por una alegada malversación de fondos públicos contra la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural (PIR), Miguel Santiago Irizarry.
Los fiscales asignados al caso son Zulma Fuster, Ramón Mendoza y Fabiola Acarón.
No obstante, el pasado mes de abril la OFEI anunció que el caso estaba paralizado en espera de la indagación que estaba realizando la Oficina del Contralor.
Sobre este aspecto Valdivieso dijo que ya los funcionarios de su oficina se habían reunido con los fiscales de la OFEI.
Aún la OFEI no radica cargos
No obstante, dos años después de que la OFEI anunció la designación de fiscales para investigar a los ex funcionarios de la AT, aún no se han radicado cargos en los tribunales ni se ha celebrado una vista preliminar para determinar si hay causa para encaminar un juicio contra ellos.
El 17 de febrero del 2022 el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, destituyó a Rivera Martínez de su cargo como directora ejecutiva de la AT, luego de que ese día la funcionaria envió una carta a los senadores y representantes para reclamar un alto a las asignaciones de fondos del FMM.
En la misiva Rivera Martínez reveló que se había detectado un “patrón” en el flujo de fondos a determinadas corporaciones sin fines de lucro que se autorizaron por “cantidades considerables y con cierta frecuencia”. Más adelante González Beiró refirió a Justicia los hallazgos de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos del FMM a entidades sin fines de lucro.
Como resultado de ese referido, en septiembre del 2022 el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, recomendó a la OFEI designar un fiscal especial por una alegada malversación de fondos públicos contra los ex funcionarios.
Entidades sin fines de lucro en la lupa
La investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor de Justicia reveló que la exdirectora ejecutiva y la exdirectora de Finanzas autorizaron el desembolso de los fondos públicos a las entidades sin fines de lucro contrario a la ley. Además, la pesquisa indagó sobre que la exdirectora ejecutiva autorizó el uso ilegal de un vehículo oficial de la AT.
La asignación de fondos del FMM a entidades sin fines de lucro ha sido motivo de controversia prácticamente desde el 30 de diciembre del 2020, cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 2619, radicado por el ex representante Antonio Soto, que se convirtió en la ley 173.
Esta ley enmendó el Código de Rentas Internas para ordenar que los fondos acumulados en el FMM serían depositados en el Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras (AT). Este programa, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, tendría la responsabilidad de distribuir las asignaciones presentadas por los legisladores. El trámite requería la aprobación de la división de finanzas de la AT.
La ley 173 también estableció que el 50 % de los fondos acumulados en el FMM será distribuido proporcionalmente entre los ocho distritos senatoriales y el 50 % restante será distribuido entre los 40 distritos representativos.
De hecho, antes y después de la aprobación de la ley 173 de 2020, algunas corporaciones sin fines de lucro experimentaron una súbita conversión en sus certificados de incorporación para que, además, de ofrecer servicios a las comunidades de escasos recursos, también pudieran ofrecer servicios de construcción.
Estas enmiendas se intercalaron en los certificados sin que existiera evidencia de que esas corporaciones sin fines de lucro tenían experiencia previa en actividades tan complejas como la construcción de estructuras y de infraestructuras.
Algunos de las enmiendas a los certificados de incorporación ocurrieron en el 2019 y en alguna de esas entidades efectuaron los cambios semanas antes del 30 de diciembre del 2020.
Enmiendan certificados de incorporación
El 6 de diciembre del 2020, 24 días antes de que Vázquez Garced firmara la ley 173, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc (CCSF), enmendó su certificado de incorporación para añadir “los sectores marginados” y agregar la organización de “eventos recreativos y deportivos”.
La CCSF es una corporación sin fines de lucro ubicada en Bayamón que es presidida por Heriberto Andújar. La entidad ofrece servicios de educación a la familia y a las comunidades.
Luego, el 10 de diciembre se efectuó una segunda enmienda para incluir que CCSF también se dedicaría “a la construcción en general” y desarrollar “proyectos infraestructura agrícola”.
En un desglose obtenido en el sitio de internet de la Oficina del Contralor, CCSF ha obtenido $5.5 millones desde 2021 hasta 2022 en asignaciones del FMM.
El 14 de junio del 2021 recibió una asignación de $1.1 millón para realizar obras permanentes en la quebrada Margarita, ubicada en el pueblo de Guaynabo y que discurre desde la zona rural de Guaynabo, pasa por la urbanizacion Torrimar hasta el área de la avenida Roosevelt, cerca del centro comercial San Patricio Plaza.
Aparece “Héctor The Father”
De acuerdo con los contratos disponibles en la Oficina del Contralor, la corporación sin fines de lucro Fundación Azriel Corporation (FAC), recibió desde el inicio del 2021 hasta el 2022 $1.5 millón en asignaciones de los legisladores del FMM a través de la AT. La FAC es presidida por el excantante de reggaetón, Héctor Delgado, mejor conocido como “Héctor The Father”, quien en la actualidad es un pastor de la iglesia evangélica.
En 2019 los artículos de incorporación de la FAC fueron enmendados para eliminar el “carácter religioso” y transformarla en una de “servicios institucionales”.
Otra corporación sin fines de lucro que ha recibido asignaciones extraordinarias es la Fundación Deportiva del Oeste Inc. (FDO), que preside Héctor Vega Jiménez. A partir del 2021 hasta el 2022 la corporación sin fines de lucro dedicada a promover el deporte recibió asignaciones por $1.2 millones del FMM.
En 2019 sus artículos de incorporación de la FDO fueron enmendados para incluir el mantenimiento y reparación de facilidades y para ofrecer los servicios de arbitraje, venta de equipo deportivo y de mantenimiento de instalaciones deportivas.
De la información que surge del sitio de internet de la Oficina del Contralor se desprende que la CCSF, la FAC y FDO reciben asignaciones de fondos públicos de otras agencias en cantidades cuantiosas.
Ex empleados de la legislatura en la AT
Además, ha trascendido públicamente que un ex empleado del ex representante Soto, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, donde se elaboró el Proyecto 2619, pasaron a trabajar en la AT tras el cambio de gobierno en el 2021. Este es el caso de José Huertas Torres, quien fue contratado en la AT para que ayudara en los trámites del PIR con las asignaciones del FMM. Alegadamente, Huertas Torres mantuvo vínculos con la CCSF.
Huertas Torres no es el único exfuncionario de la pasada Legislatura contratado por la AT. También fue contratada Bernice Nieto, que laboró en la oficina del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, y Ramón Santiago, que trabajó con el representante Víctor Parés.
En realidad, el FMM es un depósito de millones de dólares en fondos públicos que los legisladores pueden asignar sin restricción alguna.
Debido a la ausencia de restricciones, los legisladores han asignado fondos a corporaciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de construcción y para la compra de enseres eléctricos, muebles, puertas y alimentos congelados o preparados, juguetes y muchos otros artículos de uso diario, que luego se distribuyen a determinados ciudadanos.
Fondos sin restricción
La ausencia de reglamentación para tramitar el desembolso de los fondos del FFM fue el detonante del escándalo del FMM que estalló en febrero del 2022, mientras los legisladores se quejaban porque sus asignaciones padecían graves retrasos.
De hecho, en la carta del 17 de febrero de 2022 enviada a los legisladores, Rivera Martínez sostuvo que los trámites de las asignaciones de los legisladores se autorizaron “con unas guías internas que estaban en proceso de revisión”.
La misiva también indica que las asignaciones autorizadas con esas “guías en proceso de revisión” pudieron sobrepasar el límite de recursos del FMM que se pueden destinar a servicios directos a la ciudadanía.
La ley 173 enmendó la sección 4050.09 del Código de Rentas Internas para establecer que los fondos del FMM se deben invertir en obras y mejoras permanentes en escuelas, en instalaciones deportivas, residenciales públicos y en viviendas de familias de escasos recursos.
También indica que el 15% de los recursos del FMM se podrá utilizar en servicios directos a la ciudadanía y en los llamados “servicios directos dirigidos a programas para mejorar la calidad de la vida de los residentes en comunidades desventajadas”.
Es precisamente esa disposición la que ha sido interpretada por los legisladores como un aval para la compra de enseres eléctricos, muebles, puertas y alimentos congelados o preparados, juguetes y muchos otros artículos de uso diario, los cuales son distribuidos por las corporaciones sin fines de lucro, quienes figuran como intermediarios entre los legisladores y la comunidad.
En el aire nuevo reglamento
Las mencionadas “guías internas que estaban en proceso de revisión”, surgen de los procedimientos dejados por la administración del ex secretario, Carlos Flores Ortega.
De una entrevista realizada en 2022 por este periodista surge que el ex secretario Flores Ortega explicó que la ley 173 fue aprobada en diciembre del 2020, por lo que no hubo tiempo para redactar un reglamento.
Agregó que las guías dejadas en la AT eran utilizadas para un desaparecido programa de infraestructura, que data desde 1970. El ex secretario agregó que esas guías no contienen disposiciones para cumplir con la limitación de gasto que establece la sección 4050.09 del Código de Rentas Internas.
En ese momento Flores Ortega cuestionó que González Beiró llevaba más de un año en el Departamento de Agricultura y aún no se había redactado un reglamento para tramitar el desembolso de los fondos del FFM. El ex secretario dijo que Rivera Martínez preparó un reglamento el cual fue rechazado por González Beiró.
Pero González Beiró negó esa última afirmación de Flores Ortega y responsabilizó a Rivera Martínez por la ausencia de un nuevo reglamento. El secretario explicó que fue él quien ordenó la redacción del nuevo reglamento del FMM.
Finalmente, Valdivieso sostuvo que tan pronto reciba el informe sobre las irregularidades en el FMM autorizará su difusión pública sin importar que es periodo eleccionario.
La Contralora anunció que, a partir de 1 de octubre hasta la celebración de las elecciones, el próximo 5 de noviembre, la Oficina del Contralor no publicará informes de auditoría contra alcaldes o contra funcionarios electos como resultado de una veda autoimpuesta en periodo de eleccionario que esa oficina ha respetado durante décadas.
