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¿Qué pasó con la industria lechera?

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Por Carlos A Flores Ortega

Según nos relata el coleccionista José F. Molina Fernández en su libro titulado La Industria Lechera en Puerto Rico, la industria ganadera se inició en el año 1510 con la primera importación de ganado vacuno y caballar realizada por Don Juan Ponce de León, el primer gobernador de la Isla.

Los primeros animales vinieron de España a través de otras de sus posesiones coloniales en el Caribe, lo cual en principio no cumplía con las expectativas ya que la calidad del ganado se veía seriamente afectada por nuestro clima.

Al igual que otras actividades agrícolas, la ganadería no tuvo un crecimiento inicial ya que el auge y la protección que mantenía la corona española para la producción de caña de azúcar limitaban el uso de terreno para pastoreo de animales y a la pobre calidad de la leche que se producía.

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No fue sino hasta la primera década del Siglo 20 que luego del cambio de soberanía se comienza la importación de ganado de los Estados Unidos de Norteamérica adaptados a climas templados principalmente razas Holstein-Friesian, Jersey, Guernsey, Shorthorn y Ayrshire.

Desde sus comienzos, las vacas eran ordeñadas a mano y la leche se recogía en todo tipo de envase. Hay muchas historias, principalmente en los campos, donde los ganaderos llevaban las vacas por la calle y las ordeñaban frente a las casas de los consumidores porque aún no existían los puestos de leche. Ya para el 1926 había en San Juan 74 puestos de leche donde el consumidor llevaba el candungo o garrafa de metal y el dinero para que le sirvieran la leche deseada.

También se inició la entrega de leche a domicilio dando un depósito por la botella vacía al momento de la compra de una llena. La pasteurización de la leche comenzó para 1927, con la Porto Rico Dairy en Santurce y en el 1935 ya operaban cinco plantas pasteurizadoras en la Isla.

A medida que las ventas crecían la distribución de leche a domicilio fue liderada por Don Jaime Fonalledas en carros de caballo o en bicicleta como lo hizo Don Héctor Nevares. Según va creciendo la demanda por la leche comienzan a surgir problemas con su distribución y calidad.

Por ser un producto muy perecedero y delicado requería de una distribución rápida ante la falta de procesos y refrigeración. No existían las reglas que tenemos hoy día sino más bien la leche llegaba en tarros desde el campo a la ciudad, en ferrocarril, por camión o por carros muchas veces expuesta al calor y a los rayos del Sol.

Las botellas que se entregaban a domicilio quedaban expuestas fuera de la casa lo cual presentaba otros problemas de calidad, salubridad y de robo por los amigos de lo ajeno.

El subcomisionado de Agricultura, Dr. Jaime Bagué, reportó una reducción de la producción de leche por vaca de ocho litros en el 1882, a tres litros en el 1926, lo cual ponía de nuevo la industria en una situación crítica. Entre julio de 1946 y septiembre de 1947 se dieron de baja como negocios públicos en el Departamento de Salud un total de 451 puestos de leche, plantas de envase y vaquerías.

En marzo de 1947 había en la Isla 215 vaquerías de primera clase y 752 de segunda clase. En esa época la leche fresca costaba 19 centavos si era cruda y 22 centavos si era pasteurizada. La producción total de leche era de 240,000 litros diarios y para el 1947 ya existían nueve plantas pasteurizadoras; siete en San Juan, una en Central Aguirre de Salinas y otra en Mayagüez.

Con la ayuda de iniciativas de la esposa del entonces gobernador Tugwell, se estableció en 1944 un programa subsidiado con aportación del sector privado para la creación de un programa de alimentación gratuita de leche para niños y madres. Esta iniciativa años después pudo ser el modelo de lo que luego se convirtió en el Programa de Comedores Escolares del Departamento de Instrucción Pública de aquella época.

Ya para el 1944 se comienza la instalación de máquinas ordeñadoras en las vaquerías, lo cual eliminó el ordeño a mano, acortaba el tiempo de ordeño y mejoraba la higiene del producto.

En mayo de 1956, el Senado de Puerto Rico aprobó la resolución 77, con el propósito de realizar un estudio sobre la producción, elaboración y distribución de leche en Puerto Rico.

 Con los resultados del estudio que estuvo a cargo de Eleuterio Vega, director de la Oficina de Gerencia Administrativa (equivalente hoy a OGP), la legislatura preparó un proyecto de Ley para crear una organización que reglamentara la Industria la cual tenía muchos problemas.

 Entre los principales problemas se destacaba la mala relación entre productores y elaboradores, los cuales utilizaban a conveniencia la escasez o abundancia cíclica de la producción de leche. En época de escasez, los ganaderos ponían sus condiciones para vender la leche; mientras que, en época de abundancia, los elaboradores ponían sus condiciones para comprar la leche.

 Los problemas llegaron a un nivel de agresividad y violencia tal que se reportaban robo de camiones y botaban la leche entre elaboradores competidores, piratería en las rutas de venta, destrucción de botellas y propiedad, entre otras estrategias depredadoras.

La competencia entre plantas era ruinosa ya que con tal de vender leche y desplazar a la competencia vendían la leche por debajo del costo de producción. Los productores nunca tenían acceso a la información con la cual se computaba su pago y nunca sabían la cantidad de excedente.

Tampoco existía un precio uniforme por la leche y menos un precio mínimo a la leche fluida o a los excedentes. La situación era tal que ellos mismos, productores y elaboradores pidieron que se reglamentara la Industria Lechera y que el gobernador Luis Muñoz Marín interviniera en el asunto.

Como resultado de la crítica situación de la Industria Lechera, el 28 de junio de 1956 se aprobó la Ley 106, más tarde derogada por la Ley 34, creando la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) y la creación de un Fondo para Fomento de la Industria Lechera (FFIL). El Licdo. Marcos Rigau, ayudante del gobernador Muñoz Marín, llamó al Dr. Eleuterio Vega para notificarle que el gobernador lo había nombrado administrador de la ORIL.

A esta solicitud el Dr. Vega le contesta que no debía aceptar el cargo ya que no era conocedor de la industria. El mensaje en respuesta del gobernador fue que eso era lo que quería precisamente el gobernador, alguien que no supiera nada para que no trajera ideas y prejuicios viejos a la nueva oficina.

Además, sí estaba capacitado porque la redacción del proyecto de ley y el estudio estuvo a su cargo. Durante esos primeros años, acompañaron al Dr. Vega en su encomienda de organizar la industria Don Oreste Ramos, padre, presidente de la Asociación de Agricultores, Don Rafael Nevares, de Suiza Dairy y Don Manuel González Quiñones, presidente de la Asociación de Productores de Leche.

Con el fin de procesar los excedentes de leche, en esa misma década de los 50, un grupo de productores y elaboradores del área metropolitana establecieron una empresa que se conoció como “Fábrica de Productos Lácteos”. Esta empresa fue un fracaso económico y fue posteriormente adquirida por el FFIL, para canalizar los excedentes de leche y así cumplir con uno de los objetivos establecidos en el Reglamento 1 de la nueva ley.

Dicha planta se conoció más adelante como Industria Lechera de Puerto Rico, Inc. (INDULAC), la cual operaba como una corporación privada y su misión principal era recibir para procesar todos los excedentes de leche generados en la industria lechera local.

La industria lechera comenzó a tomar un nuevo giro y para 1961 operaban 14 plantas elaboradoras. Un nuevo tropiezo se experimentó cuando en el 1967, el FDA determinó que la leche producida en Puerto Rico no cumplía con los requisitos de “Grado A” por lo que no podía distribuirse leche a ninguna instalación militar, instalaciones federales o líneas aéreas.

A principios de la década del 70 paulatinamente se va eliminando la venta de leche a domicilio que tanto auge tuvo en la década de los 40. Desde 1979 a 1985 la industria vuelve a pasar por una época muy difícil con el cierre de 6 plantas elaboradoras y 137 vaquerías como resultado de la baja calidad de la leche.

No fue hasta que, en junio de 1978 bajo la Gobernación de Carlos Romero Barceló, el Secretario de Agricultura Agro. Heriberto Martinez le encomendó al Administrador de ORIL, Dr. Luis Talavera la creación de un Programa de Calidad de Leche en el cual se contrataron 12 agrónomos para cubrir toda la Isla con el fin de atender el principal problema de la industria.

El Reglamento 1 fue enmendado en 1984 para que la ORIL estableciera una forma universal de liquidación de leche y crear un Fondo de Estabilización de Precio. La fórmula original establecida en 1984 garantizaba al productor un precio fijo de $.49 de su cuota y $.17 por cuartillo de leche producido en exceso de su cuota.

Los elaboradores a su vez pagaban su leche al precio reglamentario de $.52875 por cuartillo y $.205 por cuartillo en excedente. La diferencia entre el precio que recibían los productores y la que pagaban los elaboradores la asumió el Fondo de Estabilización de Precios, el cual mantenía la garantía de precios y a la vez un abasto de leche a todos los niveles.

En 1985 el secretario de Agricultura, Antonio González Chapel, nombró al agrónomo Luis Fullana como administrador de la ORIL, y la industria continúa levantándose a ritmo acelerado y con buena organización. Se creó el Fondo de estabilización de precios y la integración del Servicio de Extensión Agrícola al Programa de Calidad de Leche, lo que logró un aumento en la calidad y estabilidad económica de la industria.

Esto facilitó la implantación del Reglamento 5, para la producción de leche de alta calidad. Este programa contaba con inspectores de campo que eran agrónomos, y un laboratorio de análisis de leche que suplementaba la función del laboratorio de calidad de leche del Departamento de Salud, que tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento con los parámetros federales del USDA para “Grado A” y la reglamentación que se exige a todos los estados y territorios.

Todos estos esfuerzos lograron que en el año 1991 el gobierno federal certificara como “Grado A” la leche producida en la Isla, permitiendo vender leche fresca en los comedores escolares, líneas aéreas y bases militares. Esto además mejoró mucho la imagen de la industria ante el consumidor.

Ese mismo año el gobernador Rafael Hernández Colón hacía entrega de las primeras neveras para los comedores escolares en las escuelas públicas, logrando no solo aumentar las ventas de leche, sino también capturar el paladar de los niños por el rico sabor de la leche fría.

Esos niños luego se convertirían en consumidores de por vida de este producto alimenticio. Aproximadamente durante los diez años siguientes, la industria mostró crecimiento y estabilidad, pero también comenzaba a acumular otra serie de problemas que se convertirían en su talón de Aquiles en el futuro.

Un programa de gobierno que benefició grandemente a los ganaderos fue el de Incentivos por Inversión, creado durante la administración del gobernador Pedro Rosselló y el secretario de Agricultura Neftalí Soto, el cual fue ampliamente utilizado por el sector ganadero para solidificar sus operaciones y recuperarse de los daños causados por el Huracán Georges en 1998.

Además, de los programas de calidad de leche, incentivos por producción y programa de inversiones, existía una organización balanceada a través de la junta administrativa del FFIL, presidida por el administrador de la ORIL, que permitía una estabilidad en la industria. En el año 2000 se aprobó la Ley Núm. 301 mejor conocida como “Ley del Registro de Transacciones de Cuotas de Producción de la Industria Lechera”, a fin de crear un registro de cuotas de producción de los productores de leche de Puerto Rico en la ORIL y así regular de manera uniforme todas las transacciones relacionadas con las cuotas de producción de leche.

Estas cuotas se habían convertido en un bien mueble de extraordinario valor que le permitía a los productores obtener crédito y otros beneficios financieros en la banca privada y en las instituciones financieras agrícolas. Poco a poco la Industria Lechera vuelve a caer en una situación de crisis.

En los años 60 existían un promedio de 2 cuerdas por vaca disponibles para pastoreo. Esto fue reduciéndose por el aumento del ganado y en el año 2011 ya se estimó en menos de una cuerda (0.77) por vaca. Para el año 2018 el estimado fue de media cuerda por vaca (0.53), lo que ha obligado al ganadero a suplementar la dieta del ganado con alimento, lo que elevó los costos de producción.

Para el año 2000 había en operación unas 375 vaquerías con licencia y se producía unos 3.5 millones de cuartillos de leche que retenían las dos plantas que quedaban, Tres Monjitas y Suiza Dairy. Los excedentes se dirigían a la planta de balance INDULAC que operaba parte del año para asegurar espacio para la época de sobreabundancia de leche y así mantener estabilidad en los precios al ganadero.

Los precios al consumidor comenzaron a subir y de $0.88/ctllo ya había alcanzado $1.62/ctllo de leche fresca en el 2017. Debido a la accesibilidad de crédito, muchos ganaderos adquirieron deudas mayores a la capacidad del negocio. Para lidiar con la situación, muchos vendieron sus cuotas mientras operaban con deficiencias al no poder renovar las vacas viejas y realizar mejoras a las fincas.

Hay una realidad, la producción de leche por vaca en Estados Unidos promedia unos 35 cuartillos diarios por las condiciones de clima fresco y la genética de las vacas adaptadas al frío. Esta misma genética que se ha importado a Puerto Rico en promedio produce 14 cuartillos de leche diarios debido al extremo calor y humedad que sufren los animales en el trópico.

Una nueva época de crisis se avecinaba cuando el secretario de Agricultura, Fernando Toledo, reconocido por sus posturas en la Asociación de Agricultores en contra de los elaboradores de leche, en el año 2002 impulsó la aprobación de la Ley 278, que enmendó la ley 34 de 11 de junio de 1957, a fin de reestructurar la junta administrativa del FFIL y eliminar la aportación económica de los elaboradores a dicho fondo.

Por los pasados 45 años, los creadores de la Ley 34 habían mantenido muy claro que la colaboración entre los productores y los elaboradores era necesaria para la estabilidad de la industria. Los productores y los elaboradores elegían a cuatro miembros, dos productores y dos

elaboradores, respectivamente. De esa manera la junta administrativa del FFIL mantenía un justo balance para la toma de decisiones.

Con los cambios impulsados por Toledo se redujo de cuatro miembros a un miembro por elaborador de leche hasta un máximo de dos miembros; mientras que se añadieron dos miembros que serán ciudadanos particulares seleccionados por el secretario de Agricultura.

Además, se aumentó de cuatro a cinco los miembros que representan al sector de los productores. Obviamente, con la aprobación de una mayoría de productores en la junta administrativa se permitió la toma por asalto de la dirección del organismo y la toma de decisiones parcializadas para beneficiar a ese sector.

Esas decisiones provocaron las demandas judiciales de los elaboradores en el tribunal federal, con el fin de hacer valer sus derechos y reclamar sus pérdidas. Eran muchos los reclamos de los elaboradores entre los que destacaban errores en la estimación de costos de elaboración para la fijación de precios, competencia desleal de INDULAC al adquirir leche a menor precio de los ganaderos para elaborar leche UHT y competir con las dos plantas elaboradoras.

Así las cosas, en el año 2013, el juez federal Daniel Domínguez ratificó un acuerdo al que llegaron las plantas procesadoras Vaquería Tres Monjitas y Suiza Dairy con el gobernador Alejandro García Padilla y la secretaria de Agricultura, Myrna Comas. El acuerdo puso punto final al pleito iniciado en el 2004 a consecuencia de los cambios en el FFIL, donde los elaboradores no podían resolver sus problemas debido a que constituían una minoría en la junta administrativa.

El pacto también eliminó la posibilidad de un nuevo aumento en el precio de la leche, que estaba programado para entrar en vigor ese año, y lo pospuso para el próximo cuatrienio. Esto ocasionó la renuncia del administrador de la ORIL, José Pantojas, quien no estuvo de acuerdo con lo acordado. En ese momento hubo una gran controversia porque se cuestionó la capacidad del gobierno para cumplir con la responsabilidad económica que contrajo con las plantas procesadoras por conducto del acuerdo.

El acuerdo contempló pasar $58.8 millones del Fondo General al Fondo Especial para Eficiencia de la Industria Lechera con el fin de pasarlo a las plantas de Tres Monjitas y Suiza para remodelar las instalaciones físicas.

Además, anualmente se pagarían $15 millones por los próximos tres años. Se dispuso que los ganaderos recibirán $8 millones para comprar alimento y que ganarían al menos 80 centavos por litro de leche, aunque ya con este acuerdo estaban perdiendo 14 centavos por cuartillo. La realidad es que nada de esto ocurrió y estas deudas todavía están pendientes y saldrán del bolsillo del ciudadano tome o no tome leche de Puerto Rico.

Para empeorar la situación, el 9 de febrero de 2006 se incorporó en Puerto Rico la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico, (COOPLE), quienes asumieron el control de INDULAC, tras firmar un acuerdo con ese objetivo en febrero de 2016.

Esta movida atropellada y unilateral de un grupo de ganaderos para convertir a INDULAC en otra planta que compitiera con las dos plantas elaboradoras existentes, generó mucha polémica y la oposición del sector elaborador y del gobierno.

Una vez más retrocedimos a la década de los 50, cuando el sector productor y elaborador imponían su fuerza cada uno tratando de dominar al otro. El administrador de la ORIL, Carlos Aponte Rivera, había emitido una orden de paralización de estos acuerdos ya que había violaciones a las funciones fiduciarias entre las Juntas del FFIL, COOPLE e INDULAC. 

El funcionario también planteó que no existía un estudio de valorización que precisara el costo de INDULAC y COOPLE carecía de capacidad económica para esa adquisición.

En el 2017, después de varios intentos de paralización y estrategias legales en contra del gobierno y las elaboradoras, COOPLE “adquirió” el control de INDULAC, lo que implicó que la planta procesadora abandonó su función como planta de balance de la industria lechera.

Esta transacción ha ocasionado más división en la industria, pues, además, de las disputas entre productores y elaboradores, también existen diferencias entre productores que son parte de COOPLE y otros que no quieren asociarse a la cooperativa.

En septiembre de 2017 la naturaleza se encarga de crear nuevos problemas a los ya existentes, pero también surgió la oportunidad de reconstrucción y modernización de muchas vaquerías que fueron seriamente afectadas con los huracanes Irma y María. La primera industria agrícola en beneficiarse de fondos federales fue la industria lechera para el alimento de animales y luego para la reconstrucción de facilidades.

La recuperación fue bastante rápida, pero el problema de consumo del producto se agravó con una marcada reducción poblacional, el cierre de las escuelas públicas y cambios en las preferencias del consumidor por otros productos similares. Es durante esta época que el administrador de ORIL, Jorge Campos, cambia el sistema de liquidación de leche de cuatro niveles a dos niveles.

La decisión de Campos, que fue contraria a lo ordenado por el secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, implicó que los ganaderos obtendrían una mejor remuneración si producían más leche, lo que, sin duda alguna, ha representado otro grave problema, debido a que, desde la década de 90, el consumo de leche venía reduciéndose.

Después de los huracanes, la industria lechera se benefició de una extraordinaria inyección de fondos federales y estatales para mantener con vida sus animales y recuperación de sus facilidades. Se invirtieron millones de dólares en el programa de inversiones de ADEA y préstamos del FIDA para compra de novillas, se realizó una inversión millonaria en placas solares en más de 50 vaquerías y la creación de un programa de mejoramiento genético de vacas pelonas adaptadas al trópico en la Estación Experimental Agrícola. 

Se logró inaugurar la primera vaquería robótica para bajar costos de operación y dejar tres más aprobadas. Se mantuvo íntegra la garantía del subsidio al precio después del acuerdo de García Padilla y las elaboradoras y se garantizó el pago de los 22 centavos de incentivo de producción por cuartillo de leche al productor.

Además, se creó un acuerdo con Veterinaria Federal para administrar vacunas contra la garrapata en toda la Isla. Durante el periodo de la pandemia del COVID- 19, de nuevo la industria lechera se beneficia de ayudas millonarias con fondos federales principalmente por la interrupción de negocios y perdida de leche tras el cierre de puntos de venta.

Donde estamos hoy es el resultado de las malas decisiones y la falta de integración entre componentes de una misma industria. Con un total de 230 vaquerías en operación, con cuotas de más de 3 millones de cuartillo al año (no todos producen el máximo de su cuota), donde se producen 230 millones de cuartillos de leche y las plantas retienen para venta de leche fresca tan solo 140 millones de cuartillos.

Con un excedente de más de 90 millones de cuartillos de los cuales INDULAC solo puede elaborar unos 20 a 22 millones de cuartillos (para leche UHT y queso) y lo demás botarlo en las fincas porque no tiene uso. Con dos plantas elaboradoras que apenas están entregando leche a los establecimientos y han tenido serias dificultades desde energéticas después de los huracanes y ahora por efectos del COVID-19.

Con una ORIL que no ha sido eficiente en implantar los estudios de costos y fijación de precios que dicta la ley y los reglamentos que administra para los ganaderos desde el 2012. Con una gran cantidad de ganaderos acogiéndose al capítulo 12 de la Ley de Quiebras Federal, por no poder con sus responsabilidades económicas y las exigencias de la ORIL, que los obliga a incurrir en más gastos para mejorar la ya buena calidad de la leche.

Con la retórica de cuentos de camino apostando en que la producción de subproductos lácteos será la solución y no se ha invertido ni un centavo en lograrlo por años. Con estrategias de exportación de leche a la República Dominicana, donde los productores de ese país ya denuncian prácticas de “dumping”, porque la leche producida en Puerto Rico se vende allá por debajo de su costo de producción.

Donde se decide regalar la leche de excedente al Banco de Alimentos, sabiendo que esa estrategia reducirá la compra de leche en góndola. Donde la ORIL administra con presuntas prácticas de ilegalidad sus reglamentos y hasta interfiere con ganaderos cobijados bajo la ley de quiebras para protección de sus bienes, y donde ha intentado despojarlos de sus cuotas.

Sin duda alguna hemos retrocedido sesenta y seis años y parece que estamos repitiendo la historia. Y todavía se preguntan ¿qué pasó con la Industria Lechera?

 A continuación presento una serie de recomendaciones a la Asamblea Legislativa:

 1. Enmendar la Ley 34 y reponer el justo balance de miembros del FFIL como estuvo desde su comienzo la Ley.

2. Realizar una auditoría forense a Indulac y Coople para conocer los detalles de presuntos negocios con la República Dominicana y el manejo de acciones entre estos a espaldas de los ganaderos.

 3. Reestablecer el método de liquidación que se establece en la Ley de Multiniveles y que así cada ganadero decida cuánta leche debe producir evitando el exceso de producción.

 4. Revisar los reglamentos de la ORIL que le otorgan poderes cuasi judiciales y los cuales interfieren con la LPAU y la Ley de Procedimientos Uniformes en el Gobierno. Esta oficina debe tener funciones normativas y no punitivas. Para eso están los tribunales. En sus reglamentos el Administrador puede suspender el recogido de leche, suspender licencias y poner multas con sólo alegar “presuntas violaciones” sin conceder un proceso justo al ganadero.

 5. Ordenar a la ORIL el cumplimiento del Reglamento 12 y realizar cada cuatro años un estudio exhaustivo para fijar los precios de la leche a todos los niveles.

 6. Mudar la ORIL de su actual sede en Indulac a las Oficinas del Departamento de Agricultura, donde están todas las oficinas de reglamentación de agricultura.

 7. Revisar los descuentos reglamentarios y otros descuentos para creación de fondos y programas de calidad que no son necesarios y exceden la reglamentación Federal del PMO en detrimento de los ganaderos.

 8. Continuar con los programas de vacunación contra la garrapata, programa de inversión en placas solares, vaquerías robóticas, programa de préstamos a través de FIDA para adquisición de novillas de reemplazo y transferencia de razas tradicionales a razas de vacas pelonas adaptadas al trópico para bajar costos de producción y mejorar el rendimiento de la operación.

 9. Ordenar a Indulac el desarrollo de nuevos productos lácteos como dicta en la Ley su función de ser, para procesar los excedentes y el mejor pago al ganadero.

 10. Promover la venta de leche en vaquería a los queseros artesanales fomentando más ventas y la generación de nuevos productos y empleos.

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