Por Miguel Díaz Román
A pesar de que algunos sectores políticos alegan que a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le queda poco tiempo en Puerto Rico debido a que ya se han aprobado cuatro presupuestos balanceados, la realidad es que la presencia del organismo fiscal impuesto por el Congreso federal continuará hasta que se completen una serie de transformaciones en la administración y control de los recursos públicos, lo cual podría concluir en menos de una década, según sostuvo Juan Carlos Blanco Urrutia, quien es el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Juan Carlos Blanco Urrutia, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Blanco Urrutia sostuvo que la JSF y su ostensible intervención en el más mínimo detalle en la operación del gobierno no cesará y el organismo fiscal no abandonará el país hasta que no se logre la llamada reforma presupuestaria, una ambiciosa agenda que aspira a impartir coherencia en la elaboración y administración del presupuesto del gobierno.
Otra meta de la JSF es acabar de manera definitiva con los atrasos en la elaboración de los estados financieros del gobierno, un lastre de larga data que año tras año impide obtener información fidedigna sobre el estado real de las finanzas públicas.
Además, Blanco Urrutia señaló que la JSF no abandonará el país hasta que finalmente quede establecida una política de sana administración y de control de los recursos públicos, una meta abarcadora porque comprende a todas las agencias del gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas.
El funcionario también advirtió que la JSF no concluirá su operación en la isla hasta que no se logre el regreso de los bonos del gobierno a los mercados financieros con el aval de las agencias acreditadoras, lo que propiciará la disponibilidad de los inversionistas a comprar deuda del gobierno local a tasas de interés adecuadas, lo que facilita el repago de esos compromisos por el fondo general.
Los planteamientos del director de OGP fueron realizados durante un conversatorio sobre los retos que encara el gobierno local en el desarrollo y administración de su presupuesto y ante la presencia de la JSF, que la pasada semana celebró la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF).
El foro fue celebrado en el restaurante Antonio, ubicado en el Condado, a donde compareció una concurrencia selecta de economistas, empresarios, contables, miembros de la comunidad financiera y de la industria de seguros.
“¿Eso tardará una década (la salida de la JSF)?”, cuestionó SN.
“Yo creo que menos (de una década) ”, respondió Blanco Urrutia.
“Ocho años”, sugirió el doctor Juan Villeta Trigo, quien es el presidente de la Junta de Directores de APAF.
Gobierno post Promesa
De hecho, Blanco Urrutia indicó que proceso de transición entre la JSF y el gobierno “ya comenzó”, en el contexto de que la ley federal Promesa exige que ocurran dos requisitos fundamentales para culminar la intervención de la JSF: que el gobierno pueda tener acceso a los mercados de capital a través de intereses razonables y que la JSF certifique la aprobación de cuatro presupuestos balanceados o presupuestos que adjudican un gasto para el que existe un recaudo de ingresos certificado.
Según Blanco Urrutia, los pasados cuatro presupuestos fueron certificados por la JSF, lo que indica que estaban balanceados. El funcionario sostuvo que actualmente el gobierno local no necesita acudir a los mercados de capital a vender sus bonos debido a que las masivas asignaciones del gobierno federal tras los huracanes Irma y María, han llenado sus arcas.
De hecho, el director de OGP señaló que ya el gobierno local tiene acceso a los mercados capital debido a que actualmente los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se venden en el mercado de bonos de New York. La AAA es la única corporación pública que no figura en el proceso de quiebra que autorizó la ley Promesa.
Fondos federales a raudales
Blanco Urrutia explicó que entre las asignaciones para la reconstrucción del sistema eléctrico avaladas por el Congreso y las asignaciones de FEMA y otros fondos aprobados, el gobierno local tiene recursos económicos suficientes para que en los próximos años pueda realizar obras públicas y de infraestructura sin la necesidad de acudir a los mercados de capital.
No obstante, Blanco Urrutia indicó que será la propia JSF la que determinará si el gobierno local cumplió con los requisitos establecidos por la ley Promesa y cuándo finalizará sus funciones en Puerto Rico.
Falta de claridad en Promesa
Sostuvo que el estatuto federal no es lo suficientemente claro en cuánto a establecer un calendario definido para la salida de la JSF, luego de que el gobierno haya cumplido con los requisitos de lograr cuatro presupuestos balanceados y tener acceso a los mercados de capital.
“De nuevo, ellos (la JSF) son los que decidirán si se cumplió o no se cumplió por la manera como está escrita la ley (Promesa) en estos momentos. Yo preveo que eso será parte de la conversación activa que el gobierno tendrá con la JSF en los próximos cuatro años”, dijo Blanco Urrutia.
El funcionario indicó que el gobierno se ha preocupado en “estar al día” en aquellos elementos que están bajo su control, como lo son los estados financieros, un documento indispensable para que las agencias acreditadoras puedan evaluar las finanzas públicas y emitir una clasificación que le permita al gobierno regresar a los mercados de capital.
Indicó que los estados financieros del gobierno del año fiscal 2022-2023 se publicarán antes del próximo 31 de diciembre, aunque reconoció que ese tipo de documento debe estar accesible luego de que finaliza cada año fiscal.
Gobierno listo para controlar presupuesto
“¿Qué quiere decir esto? Para nosotros el gobierno post promesa ya comenzó. No podemos esperar a que la JSF se vaya para empezar a pensar cómo vamos a hacer esto. Nosotros tenemos que hacer una transición ordenada, lógica, bien pensada. Donde se den las transferencias de conocimiento, donde se pongan los recursos en los sitios correctos porque la JSF no va decir un día “cumplieron con la ley Promesa, nos vamos”. El gobierno tiene que estar listo para asumir el control pleno de todo y particularmente del presupuesto. Desde que se dio el plan de ajuste de la deuda, comenzamos a preparar el gobierno post Promesa”, dijo Blanco Urrutia.
Sostuvo que la gestión del gobierno post Promesa requiere de tres factores fundamentales: tener los recursos humanos con el talento capacitado y salarios adecuados; ejercer una revisión de los sistemas y procesos del gobierno y poseer los datos correctos para ejercer una adecuada planificación.
Blanco Urrutia reveló que actualmente el gobierno trabaja un ambicioso proyecto que aspira a establecer un nuevo sistema que integre todo el gobierno en una misma fuente de información, la cual incluirá la contabilidad de las agencias, sus finanzas internas, los datos sobre los recursos humanos y las compras.
Sistemas sin integración
“Aquí lo que buscamos es que la información esté en un solo sitio”, dijo el director de OGP, en alusión a que el objetivo del nuevo sistema es que toda la información de las agencias esté disponible y conectado con el sistema de contabilidad del Departamento de Hacienda, que básicamente es la agencia que administra los recursos del gobierno central y maneja la nómina de más de 100,000 empleados públicos.
El funcionario indicó que la falta de integración de los sistemas que operan en las agencias es una plaga que le impide agilidad y eficiencia al gobierno. De hecho, Blanco Urrutia dijo que, en el Departamento de Educación, la agencia más grande del gobierno con un presupuesto de más de $5,000 millones anuales, existen 14 sistemas de información independientes.
“Existen 14 sistemas de información que no se hablan entre sí. El sistema de asistencia no está conectado con el sistema de nómina”, dijo Blanco Urrutia. Incluso, el funcionario avaló la necesidad urgente de que el DE sea reestructurado para que opere según el número de estudiantes que asiste a las aulas, lo que siempre genera resistencia al cambio en la comunidad y en la propia agencia.
Indicó que es necesario ofrecer la información a la comunidad para que la gente sepa que, por ejemplo, el mantenimiento de una escuela cuesta más de $1 millón al año. Señaló que en la propia agencia existen reservas al cambio cuando se establecen los diálogos para establecer el presupuesto.
Sin justificaciones Educación
“El problema principal que ustedes tienen para justificar su presupuesto es que han perdido más del 20 % de su clientela”, dijo Blanco Urrutia que la ha dicho a los funcionarios del DE sobre la reducción dramática de estudiantes que han enfrentado las escuelas públicas mientras el DE recibe la mayor tajada del presupuesto de gobierno central.
Explicó que, aunque los recaudos del gobierno han tenido en un crecimiento sostenido de 10 % anual en los pasados cuatro años, el cual atribuyó a las obras de reconstrucción que han sido financiadas con fondos federales, el funcionario indicó que el país enfrenta el llamado reto demográfico, que es la reducción de la población joven y productiva por el efecto de la migración a los Estados Unidos y la baja tasa de natalidad.
Argumentó que el reto demográfico también ha causado una merma en la tasa de participación laboral, que mide la proporción de la población que está trabajando o buscando empleo.
Blanco Urrutia indicó que es necesario finalizar la reestructuración de la deuda de la AEE para eliminar la incertidumbre que impide el desarrollo de más y nuevos proyectos de generación eléctrica debido a que esas empresas no pueden hacer modelos financieros porque es imposible proyectar cuánta gente estará conectada al sistema eléctrico.
Nueva política de ingresos
Incluso, el director de OGP vaticinó que el mayor peso que tendrá el cargo legado que contempla la reestructuración de la deuda diseñada por la JSF no será el pago a los acreedores, sino la partida para aportar al sistema de retiro de los empleados de la corporación pública.
Blanco Urrutia favoreció lo que llamó una nueva política de ingresos del gobierno, que no obstaculice el desarrollo económico y presentó como ejemplo la necesidad urgente de eliminar el impuesto al inventario, que representa más de $200 millones para los municipios. Sostuvo que ese impuesto representa una mácula contra la evolución económica de la empresa privada.
También se inclinó en la necesidad de reformar las ayudas del gobierno central a los municipios para eliminar el uso discrecional de los alcaldes. Favoreció que esas ayudas sean destinadas a financiar objetivos y obras públicas predeterminadas.
El funcionario favoreció que se apruebe una moratoria en la aprobación de medidas que tienen impacto durante la consideración del presupuesto y sin recursos económicos identificados, lo que obligaría a los legisladores a incluir ese tipo de medida dentro del presupuesto.