Por Miguel Díaz Román
En lo que representa una explosiva querella por despido injustificado, el exdirector ejecutivo del Fondo de Fomento de la Industria Lechera (FFIL), Orlando Fabré Laboy, sostuvo que fue despedido de manera injusta y en represalia por expresar su oposición a varios intentos de aprobar el “desembolso de dinero del presupuesto anual para beneficiar a los integrantes de la Junta de Directores sobre los demás ganaderos”.
En la querella Fabré Laboy sostuvo que fue expulsado de su cargo luego de expresar su posición en un procedimiento interno de la entidad y ante “la persona con autoridad” del FFIL.
La alegada persona con autoridad es el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien ocupa la posición de presidente interino de la Junta de Directores del FFIL.
El exdirector ejecutivo del FFIL, Orlando Fabré Laboy, junto al ex secretario de Educación, Eliezer Ramos.
Fabré Laboy denunció que fue despedido “por no avalar posturas de los miembros de la Junta que contravenían las Leyes y Reglamentos aplicables a la Industria Lechera”.
González Beiró y todos los miembros de la Junta de Directores del FFIL figuran como querellados en su carácter personal y como miembros del organismo, según se desprende de la querella radicada por Fabré Laboy.
Involucrado González Beiró
De hecho, la querella involucra directamente a González Beiró con el alegado intento de aprobar un desembolso del presupuesto anual de FFIL para beneficiar a determinados miembros de la Junta de Directores de la entidad.
En la querella Fabré Laboy no revela cuál fue la cantidad de dinero procedente del presupuesto de la entidad que González Beiró y la Junta de Directores de la FFIL querían aprobar para beneficiar a determinados integrantes de la Junta de Directores.
El documento tampoco identifica las razones que justificaban el citado desembolso presuntamente ilegal y quiénes serían los miembros de la Junta de Directores que serían beneficiados con el dinero.
En la querella también aparece como querellado el propio FFIL, a quien el documento identifica como “patrono querellado”.
Querella incluye junta de directores de FFIL
Además, figuran como imputados Manuel Enrique Martínez Arbona, quien es el vicepresidente de la Junta de Directores del FFIL; Orlando González Núñez, quien es el secretario de la Junta de Directores del FFIL y administrador de la planta procesadora Tres Monjitas y Wilfredo Román Delgado, quien es el tesorero de la Junta de Directores del FFIL.
Los restantes imputados son los oficiales de la Junta Directores del FFIL José Roberto Figueroa Lebrón; José Miguel Barletta Rodríguez; Manuel Efraín Robles Mendoza; Rosalyn Gaztambide Janer; Víctor Ruiz Arizmendi y Pablo Vallejo Ruiz, quien es el presidente de la planta procesadora Suiza Dairy.
El documento también incluye como querellada a una aseguradora que, alegadamente, emitió una póliza para cubrir las reclamaciones laborales presentadas contra el FFIL.
Debido a que no se conoce el nombre de la aseguradora, el documento la identifica como compañía aseguradora “ABC”. “Una vez se conozca la identidad de esta aseguradora, se sustituirá la misma con su verdadero nombre”, indica la querella.
“El patrono querellado despidió al obrero querellante en represalias por haberse expresado y ofrecer testimonio e información en un procedimiento interno establecido por la entidad, o ante personas con autoridad por el contenido de su testimonio y por no avalar posturas de los miembros de la Junta que contravenían las Leyes y Reglamentos aplicables a la Industria Lechera. Todo esto en violación a las disposiciones de la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como “Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonio”, sostuvo la querella del ex director ejecutivo del FFIL.
Despido ilegal
El pleito fue radicado el pasado 11 de octubre en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas por los abogados Sol Beatriz Concepción y Gabriel A. Ramos Vargas, quienes figuran como representantes legales de Fabré Laboy.
La querella sostiene que “la actuación intencional del patrono querellado” de despedir a Fabré Laboy fue “ilegal, arbitraria, caprichosa, irrazonable, sin justa causa y totalmente desvinculada del buen y normal funcionamiento de la empresa”.
El despido de Fabré Laboy, quien fue secretario de agricultura durante los primeros dos años de la administración de Aníbal Acevedo Vilá, aconteció el pasado 21 de febrero de 2024.
En aquel momento trascendió que el despido obedeció a que Fabré Laboy ordenó la importación de cerca de 20,000 litros de leche desde los Estados Unidos sin obtener el aval de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, de la que también es administrador interino González Beiró.
No obstante, la querella radicada no hace mención alguna de la alegada importación de leche que habría avalado Fabré Laboy.
La querella sostiene que Fabré Laboy o el “obrero querellante”, fue despedido mediante una misiva firmada por la Junta de Directores del FFIL, en la cual se aducen causas de despido que no están comprendidas en la Ley 80 del 30 de mayo de 1976, conocida como “Ley Sobre Despidos Injustificados” y son contrarias a la ley 115 del 20 de diciembre de 1961, conocida como “Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonio”.
La querella indica que Fabré Laboy fue despedido por ventilar su oposición a un acto ilegal, lo que viola la ley 115, que garantiza protecciones a los empleados que realizan denuncias.
Aplausos y despido fulminante
Incluso, la querella revela que el despido de Fabré Laboy se realizó luego de que, el 20 de febrero de 2024, en la junta ordinaria del FFIL, “auditores externos reconocieran y felicitaran a éste por presentar el mejor estado financiero de FFIL en los pasados diez años. A pesar de lo anterior, al día siguiente fue despedido de manera súbita, injustificada e ilegalmente”.
Según la querella, el salario más alto devengado por Fabre Laboy antes del despido fue de $90,000.00 anuales y actualmente el ex ejecutivo tiene derecho a recibir la suma aproximada de $31,153.86 por concepto de mesada, más el 25% por concepto de honorarios de abogados.
Como consecuencia del despido, alega la querella, los compromisos económicos de Fabré Laboy se han visto afectados y además, le han causado daños emocionales, ansiedad, tristeza, depresión y problemas para dormir. También se han afectado sus relaciones familiares e interpersonales.
Reclamos económicos
El documento reclama todos los salarios dejados de devengar desde la fecha el despido injustificado y también señala que como resultado de “los innumerables actos de represalias” sufridos por Fabré Laboy, aún continúa padeciendo daños económicos y emocionales que se estiman en “una cantidad de $200,000.00 más la penalidad que por ley corresponde”.
Alegadamente, Fabré Laboy ha enfrentado una gran dificultad para conseguir otra fuente de ingresos.
La querella solicita un embargo preventivo sobre los bienes del FFIL por la cantidad de $250,000.00 y reclama el amparo de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, que dispone un procedimiento especial de carácter sumario para su tramitación.
“En función de lo anterior, respetuosamente se solicita de este honorable Tribunal se sirva en emitir una orden de embargo contra el patrono querellado por una cantidad no menor de $250,000.00 y le ordene a divulgar aquellas cuentas que tengan fondos suficientes o identificar aquellos bienes muebles e inmuebles que sean suficientes para cubrir lo solicitado en esta querella más el 25% por concepto de honorarios de abogados”, finaliza el documento.
