Por Miguel Díaz Román
A tan solo días de que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico decida quién será el rector en propiedad del recinto de Ciencias Médicas (RCM), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Contralor (OC) recibieron sendas querellas que imputan actos de corrupción al rector interino de la institución, Carlos Ortiz Reyes, quien es uno de los tres candidatos que compiten para la posición actualmente.
Las querellas, que fueron presentadas ante la OEG y la OC el pasado 16 de agosto, están relacionadas con dos contratos concedidos por el Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) a una empresa que es propiedad de Ortiz Reyes durante los años 2019 y 2020, un periodo en el que funcionario se desempeñaba como un empleado del recinto.
Las querellas sostienen que Ortiz Reyes no presentó ni obtuvo una dispensa de la OEG para gestionar los contratos con el CCC. Según las querellas, la dispensa era necesaria debido a que, al momento de que fueron concedidos los contratos, Ortiz Reyes era un empleado del RCM mientras que el CCC es una unidad hospitalaria adscrita a la Universidad de Puerto Rico.
Además, de las querellas se desprende que tanto Ortiz Reyes como el CCC violentaron una disposición que figura en ambos contratos, la cláusula 23.2, la cual exige que al momento de la contratación ni la parte contratante y sus empleados tienen posiciones regulares o de confianza en el gobierno.
La citada cláusula también exige que al momento de la contratación ni la parte contratante ni sus empleados reciban una compensación por servicios regulares prestados a una entidad del gobierno o como resultado de un contrato con una entidad del gobierno.
La empresa de Ortiz Reyes es conocida como IT Group Solutions Puerto Rico Inc (ITGS), la cual fue incorporada en junio de 2010.
De hecho, en el certificado de incorporación de ITGS figura como vicepresidente Eliel Melón, quien actualmente es profesor asociado de la escuela de medicina dental del RCM. Al momento de la contratación de ITGS por el CCC durante los años 2019 y 2020, Melón laboraba en la escuela de profesiones de la salud del RCM.
En esos años Ortiz Reyes se desempeñaba como director de la oficina de Informática y recursos educativos de la escuela de profesiones de la salud del RCM, mientras simultáneamente ocupaba la posición de presidente de ITGS.
Imputan corrupción flagrante
Las querellas imputan de manera directa que los incumplimientos del CCC y Ortiz Reyes en relación con el alegado requisito de presentar una dispensa y con la cláusula 23.2 son “actuaciones contrarias a la ley y de corrupción flagrante”, que no han sido investigadas por las dependencias del gobierno que tienen esa responsabilidad.
Incluso, las querellas advierten que las actuaciones del CCC y Ortiz Reyes no han sido investigadas a pesar de que la información ha sido publicada en los medios de comunicación.
“Aun cuando estas claras actuaciones contrarias a la ley y de corrupción flagrante han sido denunciadas anteriormente, publicándose en los medios de comunicación, parece que las autoridades de fiscalización contra los desvíos a leyes y reglamentos en este caso no han sido advertidas o no han recibido la información de estos hechos, que deben ponerse en el escrutinio e investigación correspondiente”, sostienen ambas querellas.
Este periodista investigó los contratos de ITGS con el CCC y publicó por primera vez la información a finales del pasado mes de mayo en las redes sociales.
Los contratos en controversia fueron concedidos por el CCC a ITGS con el fin de que se diseñara una plataforma de aprendizaje para cursos en línea, incluyendo el diseño y producción de un curso en línea según fue descrito en una propuesta que acompaña los contratos.
El primer contrato se extendió por 15 días, del 14 de junio al 29 de junio de 2019, y por el que ITGS devengó $7,198.00. En representación del CCC, firmó el señor Luis A. Clavell Rodríguez, quien para entonces era el director ejecutivo interino de la institución. En representación de ITGS firmó Ortiz Reyes.
El segundo contrato se extendió por un año, entre el 1 de julio de 2020 hasta el 29 de junio de 2021. La compensación autorizada ascendió a $9,548.00 mensuales para un total de $114,576.00 durante la vigencia del contrato.
Mutis de Rodríguez Quilichini
En representación del CCC, firmó la doctora Marcia Cruz Correa, quien para entonces era la directora ejecutiva de la institución.
Actualmente la doctora Cruz Correa continúa en la posición directiva del CCC. En representación de ITGS firmó Ortiz Reyes.
Entre ambas contrataciones ITGS y Ortiz Reyes obtuvieron un ingreso de $121,774.00 en dos años, sin incluir el ingreso que el funcionario obtuvo por su posición de director del centro de informática de la escuela de profesiones de la salud del RCM.
El doctor Segundo Rodríguez Quillichini, quien para el periodo de la contratación de ITGS por el CCC, ocupaba la posición de rector del RCM, no respondió a la solicitud de entrevista que le comunicó este periodista el pasado mes de mayo.
Debido a que Rodríguez Quillichini el rector de RCM, recaía en él la responsabilidad de esclarecer la legalidad y conveniencia de que uno de sus subalternos presidiera una corporación con fines de lucro que se convirtió en contratista de otra entidad de la UPR, mientras laboraba a tiempo completo en el RCM.
Rodríguez Quillichini debió examinar el contenido de la cláusula 23.2 de los contratos y determinar si Ortiz Reyes estaba obligado a cumplir con determinados requisitos o si por el contrario, el funcionario está exento de observar las claras prohibiciones que dispone la citada cláusula.
Además, se desconoce si Rodríguez Quillichini hurgó en la legalidad y conveniencia de que otros de sus subalternos, Eliel Melón, ocupara la posición de tesorero de ITGS.
CCC alega responsabilidad del contratista
Sobre las interrogantes relacionadas con los contratos y la cláusula 23.2, la relacionista público, Vivian Rivera Colón, en representación del CCC, sostuvo que “los expedientes de contratación de IT Group Solutions no incluyen dispensa. Existen muchas situaciones en las que es requerido, la Ley de Ética Gubernamental establece las circunstancias en las que es requerida”.
Las expresiones de la CCC también aclaran que es responsabilidad del contratista proveer la dispensa, “pero solo en aquellos casos que lo requiera la ley”.
Las expresiones oficiales del CCC sostienen que “la corporación ITGS por conducto de su presidente, Carlos Ortiz Reyes, certificaron que no existía incompatibilidad entre los contratos con el CCC y cualquier otro contrato que pudiera tener la empresa o sus empleados con otra entidad gubernamental”.
A través de su portavoz para la prensa, Jennifer Rodríguez, la OEG indicó que la contratación de la empresa ITGS por parte de CCC, es completamente legal que una entidad del gobierno contrate determinados servicios con una empresa privada.
Rodríguez indicó que Ortiz Reyes no necesitaba solicitar una dispensa de la OEG para tener responsabilidades adicionales, contratos y compensación adicional.
OEG invoca Ley 100
La funcionaria también dijo que la entidad para la cual trabajaba Ortiz Reyes, en este caso el RCM, “es a quien le corresponde dar ese consentimiento sobre responsabilidades adicionales, contratos y compensación adicional, según lo establece la Ley de Contrataciones de Empleados Públicos de la Universidad de Puerto Rico, mejor conocida como la ley 100 de 1956”.
La ley 100 le permite a la UPR contratar funcionarios públicos de otras dependencias públicas y también autoriza a la institución a contratar a su propio personal para determinadas responsabilidades, fuera de sus horas laborales y previo el consentimiento escrito del organismo o agencia el cual trabaja.
Sobre la aplicabilidad de la cláusula 23.2 que contienen los contratos, Rodríguez señaló: “Cada servidor público de la UPR debe referirse a su autoridad nominadora para obtener el consentimiento de acuerdo a la Ley 100 que los cobija”, dijo Rodríguez.
Además de Ortiz Reyes, compiten para ocupar la plaza de rector en propiedad del RCM, el oftalmólogo Natalio Izquierdo Encarnación, y la ex rectora de RCM, la doctora Ilka Ríos Reyes.
Guerra entre liberales y conservadores
La selección del rector en propiedad ha generado una enconada controversia en la UPR, especialmente porque ha sacado a relucir el enfrentamiento que acontece entre los sectores liberales que apoyan a Ortiz Reyes y la posición más conservadora, inclinada a velar por el prestigio institucional, que favorece a la doctora Ríos Reyes.
Sobre la candidatura de Ortiz Reyes han surgido serios cuestionamientos sobre sus credenciales académicas porque no es doctor en medicina.
El “curriculum vitae” de Ortiz Reyes indica que posee un bachillerato del RCM obtenido en 1986, una maestría de Phoenix University en el año 2,000 y estudios conducentes a grado doctoral en Nova Southeastern University.
Recientemente, la prensa del país publicó varias historias sobre que el RCM establecerá una oficina de diversidad, equidad e inclusión, una iniciativa liderada por el Consejo de Estudiantes de la UPR, pero que Ortiz Reyes se ha querido atribuir para obtener más respaldo de la comunidad universitaria, según varios observadores.
De hecho, la necesidad de atender los temas de diversidad, equidad e inclusión en la UPR es un requerimiento de la Middle States Commission on Higher Education.
Se espera que el martes 22 de agosto la Junta de Gobierno de la UPR decida quién será el rector del RCM. Ha trascendido que el presidente de la UPR, el doctor Luis A. Ferrao, recomendó para el cargo a la doctora Ríos Reyes.
