Por Miguel Díaz Román

El ex representante Antonio «Tony» Soto Torres, se ha convertido en «testigo del pueblo» en la investigación que sobre el Fondo de Mejoras Municipales (FMM) realiza la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), lo que representa un paso determinante para desentrañar las graves irregularidades en el manejo de fondos públicos que se han detectado en la Autoridad de Tierras.

En respuesta a la pregunta sobre si se le había concedido inmunidad al ex representante Soto Torres, la fiscal del OPFEI, Zulma Fuster Troche, le indicó a SN que «el ex legislador es testigo del pueblo. No puedo darle más información».

En síntesis, la fiscal Fuster Troche ni negó ni confirmó que Soto Torres se encuentre revestido de inmunidad en momentos cuando el pasado lunes la OPFEI radicó las primeras acusaciones relacionadas con la malversación de $1.2 millones que la legislatura asignó para efectuar unas mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo y nunca fueron realizadas.

No obstante, lo que sí está claro es que mientras la investigación sobre el escandaloso manejo de fondos públicos en el FMM avanza, la OPFEI cuenta con el testimonio del ex representante Soto Torres, quien tuvo un papel protagónico en la actividad legislativa que permitió que el FMM pasara a ser administrado por la Autoridad de Tierras.

De hecho, en febrero de este año Soto Torres fue notificado por la OPFEI de que era objeto de una investigación relacionada con la malversación de fondos públicos en el FMM y, específicamente, con la asignación de $1.2 millones para efectuar mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo.

Soto Torres como protagonista

El ex representante Soto Torres fue presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes durante el cuatrienio 2016 -2020 y fue el autor del Proyecto de la Cámara 2619, que proponía ,entre otros asuntos, enmendar el Código de Rentas Internas para que el control del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que estaba bajo el dominio del Departamento de Hacienda, pasara a manos del Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras.

En esta trama emerge como un importante coprotagonista la figura del ex funcionario legislativo, José Miguel Huertas Torres, quien ayer fue acusado en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón por el OPFEI de 15 cargos relacionados con la malversación de los $1.2 millones asignados a la quebrada Margarita. 

En la radicación de los cargos participaron los fiscales especiales independientes Zulma Fuster Troche, Fabiola Acarón Porrata Doria y Ramón Mendoza Rosario.

De acuerdo con los fiscales, Huertas Torres utilizó la  asignación millonaria de fondos públicos para su propio beneficio como pagar gastos personales, pagar tarjetas de crédito y otros tipos de desembolsos que no fueron especificados. Los cargos contra Huertas Torres incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros. 

En aprietos Huertas Torres

En ese contexto, es muy probable que Soto Torres figure como uno de los testigos que la OPFEI podría presentar para corroborar determinadas imputaciones contra Huertas Torres.

Huertas Torres laboró en la oficina de Soto Torres en la Cámara de Representantes y luego también laboró en la Autoridad de Tierras, tras el traslado del FMM a esa dependencia del Departamento de Agricultura.

El 30 de diciembre del 2020 el Proyecto Cámara 2619 fue convertido en la ley 173 por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, lo que dió paso a que el PIR, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, fuera responsable de distribuir los fondos públicos del FMM.

Como resultado de la ley 173, los legisladores de distrito fueron eximidos de radicar y lograr la aprobación de una resolución para asignar los fondos para obras permanentes o para beneficiar directamente a los ciudadanos. 

La nueva ley le permite a los legisladores redactar una sencilla notificación asignando los fondos, la cual es enviada al PIR de la Autoridad de Tierras y de inmediato se activa el proceso para realizar el desembolso. 

Escándalo mayúsculo

El trámite requiere la aprobación de la división de finanzas de la Autoridad de Tierras. El FMM se nutre de una porción del IVU que pertenece a los municipios y al año el fondo recibe cerca de $30 millones.

La malversación de los $1.2 millones asignados a la quebrada Margarita ya se perfila como un escándalo de proporciones mayúsculas con posibilidades de estremecer a la asamblea legislativa, pues la entidad a quien le fueron asignados los fondos, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc, llegó a recibir asignaciones legislativas por el monto de $7 millones sin que recibiera supervisión alguna de parte de la Autoridad de Tierras.

De hecho, ayer el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón encontró causa probable para arresto contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez.

Contra Rivera Martínez la OPFEI presentó un cargo por incumplimiento del deber debido a que la ex funcionaria, alegadamente, jamás fiscalizó si el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc, había realizado la mejoras a la quebrada Margarita con la asignación de $1.2 millones que recibió. 

Amplio incumplimiento

No obstante, la fiscal Fuster Troche sostuvo que el cargo por incumplimiento del deber contra Rivera Martínez también está relacionado directamente con el hecho de que la ex funcionaria avaló numerosas asignaciones al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc hasta alcanzar la cifra de $7 millones y nunca efectuó gestiones para corroborar si el uso de esos dineros se hizo según lo pactado en los contratos. 

La fiscal advirtió que los $1.2 millones para la quebrada Margarita fueron diligenciados a través de una asignación procedente directamente del Fondo General y no a través del FMM.Indicó que la asignación de los $7 millones, por medio de múltiples contratos, fueron tramitados en el FMM.

«Este es un caso de $1.2 millones, que es específico para la mejoras de la quebrada Margarita. Pero hay contratos que ascienden a $7 millones. Entonces, nuestra contención con la ex directora ejecutiva es ¿cómo una persona puede seguir asignando, asignando, asignando y asignando fondos sin ni tan siquiera darle la más mínima supervisión a si esa obra se está haciendo o no? Y esa negligencia de esa funcionaria creó un terreno fértil para la corrupción porque este señor (Huertas Torres)…tú te puedes apropiar de dinero si te lo dan y nadie te pregunta después para qué lo usaste. Este es el primer caso (el caso de la quebrada Margarita) de muchos casos que sé vamos a radicar», dijo la fiscal Fuster Troche.

La fiscal sostuvo que la investigación que realizan los fiscales ya ha permitido constatar que el comportamiento negligente que revelan las actuaciones de los funcionarios de la Autoridad de Tierras con la asignación para los trabajos en la quebrada Margarita se repiten en las asignaciones  encaminadas a través del FMM, que cuenta con cerca de $30 millones.

«Este es el principio de una investigación más abarcadora que está realizando el OPFEI y donde nosotros vamos a continuar siguiéndole el «traicing» (el rastro) a todas estas asignaciones de fondos», concluyó la fiscal Fuster Troche.

Por Miguel Díaz Román

El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón encontró causa probable para arresto contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, y contra José Huertas Torres, en relación con la desaparición de una asignación de fondos públicos ascendente a de $1.2 millones destinada a financiar unas mejoras permanentes en la quebrada Margarita en Guaynabo.

La decisión del Tribunal obedece a los cargos que hoy presentaron los fiscales de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI), en una vista para la determinación de causa probable para arresto, en relación con los hallazgos de una amplia investigación sobre las irregularidades y violaciones detectadas en el manejo del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que administra la Autoridad de Tierras.

Contra Rivera Martínez la OFEI presentó un cargo por incumplimiento del deber y contra Huertas Torres se radicaron 15 cargos, que incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros. 

También se radicaron los 15 cargos contra la corporación Tres T & General Contractors, que pertenecía a Huertas Torres. En la radicación de los cargos participaron los fiscales especiales independientes Zulma Fuster Troche, Fabiola Acarón Porrata-Doria y Ramón Mendoza Rosario.

Los $1.2 millones fueron asignados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia para la mejoras de la quebrada. De acuerdo a lo ventilado en el caso, la entidad sin fines lucrativos reclutó a Huertas Torres y su corporación Tres T & General Contractors para los trabajos en la quebrada Margarita. 

La fiscal Fuster Troche le indicó a SN que la vista preliminar fue pautada para el 18 de noviembre. La fiscal también indicó que los acusados, que se encontraban en el interior del Tribunal de Bayamón realizando los acuerdos para obtener una fianza, deberán comparecer mañana a las oficinas del OFEI para el proceso de fichaje en relación con los cargos imputados. 

Fuster Troche sostuvo que el abultado paquete de cargos que la OFEI radicó contra Huertas Torres surge porque el imputado se apropió de los $1.2 millones procedentes de fondos públicos asignados para las mejoras de quebrada Margarita y los utilizó para su beneficio personal. 

«Ese $1.2 millones de dólares él los fue pasando a distintas corporaciones y a distintas cuentas bancarias. Nosotros le hicimos tres órdenes de allanamiento en este caso a cuentas de distintas corporaciones de él y pudimos ver cómo el dinero iba saliendo para distintas cosas. Pagos de tarjetas de crédito, hizo transferencias a cuentas privadas de él. Pudimos identificar que tenía 12 cuentas bancarias fuera de Puerto Rico. Mucho dinero fue a esas cuentas y otro dinero fue retirado en efectivo. Él fue la persona que se apropió del dinero», dijo Fuster Troche.

Sobre el cargo de incumplimiento del deber contra Rivera Martúnez, la fiscal Fuster Troche indicó que la ex funcionaria de la Autoridad de Tierras fue negligente porque no fiscalizó que el uso de los fondos públicos se hubiera hecho conforme a lo pactado en el contrato.

«Le estamos imputando negligencia a la señora Dorally Rivera porque cuando ella era la directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras en realidad no siguió el deber de supervisión y diligencia en relación a qué pasó con este dinero. Ella no exigió los informes que el contrato que ella firmó con el Centro Comunitario de Servicios a la Familia exigía.  Ella no hizo el más mínimo deber de diligencia porque el que va allí el día de hoy, a la quebrada Margarita, se da cuenta que no se ha hecho nada. Si hubiese hecho la más mínima diligencia como custodia de esos fondos y como la persona que firmó ese contrato, se hubiese dado cuenta que no se hizo nada, que no se puso ni una piedra», señaló la fiscal.

La licenciada Cándida Sellés, representante legal de Rivera Martínez, sostuvo que confía en que su cliente saldrá favorecida.

“Respetamos la decisión del Tribunal pero entendemos que el Tribunal erró. Hicimos unos planteamientos de derecho que entendemos que proceden y vamos a continuar con la defensa y los vamos a plantear más adelante, en la próxima etapa (vista preliminar). Estamos confiados de que Dorally es inocente y vamos a prosperar en el Tribunal en su día”, dijo la licenciada Sellés.

El 17 de febrero del 2022 el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, destituyó a Rivera Martínez de su cargo como directora ejecutiva de la AT por presuntas irregularidades en el manejo de FMM. 

Más adelante González Beiró refirió a Justicia los hallazgos de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos del FMM a entidades sin fines de lucro. 

Como resultado de ese referido, en septiembre del 2022 el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, recomendó a la OFEI designar un fiscal especial por una alegada malversación de fondos públicos contra Rivera Martínez y otros ex funcionarios de la Autoridad de Tierras.

Por Miguel Díaz Román 

En lo que representa una nueva ronda de cambios sorpresivos en su gabinete, la gobernadora, Jenniffer González Colón, anunció hoy el traslado del secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, al Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico (BDE).

Con el cambio Rivera Castro deja de fungir como secretario de Agricultura y pasar a ser el presidente ejecutivo del BDE. No está claro cuándo entrará en vigor la nueva designación.

Para algunos sectores agrícolas el traslado de Rivera Castro al BDE no es una sorpresa pues desde hace un tiempo se rumoraba que el funcionario abandonaría el cargo de secretario del Departamento de Agricultura (DA) porque no daba el grado para dirigir la agencia.

Además, por su vinculación con la actividad económica por medio de su gestión el pasado cuatrienio en la agencia federal de Pequeños Negocios, la Fortaleza evaluaba colocar al funcionario en una posición más coherente con su experiencia.

De hecho, la designación de la ex presidenta del BDE, Carmen Vega Fournier, como nueva Contralora, fue el detonante para que la gobernadora pudiera ejecutar el cambio que ya era anhelado por muchos sectores agrícolas.

Incluso, de acuerdo con algunas fuentes, el propio Rivera Castro, quien no es agrónomo ni agricultor, esperaba con ansias el surgimiento de una oportunidad que le permitiera salir de manera honrosa de la dirección del DA.

Como resultado del cambio el agrónomo Irving Rodríguez Torres, actual subsecretario de Agricultura, ocupará la posición de secretario interino de la agencia.

La designación interina de Rodríguez Torres como secretario de Agricultura encara otros retos para la Fortaleza pues determinadas acciones del funcionario durante su gestión como director ejecutivo de la Autoridad de Tierras el pasado cuatrienio, han sido cuestionadas y algunas son objeto de auditorías y de investigaciones por parte de la Oficina del Contralor.

“Durante los pasados diez meses, Josué Rivera ha liderado una transformación en el Departamento de Agricultura, implementando nuestra política pública con visión, eficacia y sentido de urgencia. Su gestión ha sido clave para fortalecer el sector agrícola, impulsar la innovación y garantizar mayor transparencia y eficiencia en el uso de fondos federales”, expresó la gobernadora.

“Recibo con humildad y compromiso esta nueva encomienda de liderar el Banco de Desarrollo Económico, una institución clave para continuar apalancando el desarrollo económico de Puerto Rico. Mi experiencia en el Departamento de Agricultura, en la SBA durante la pandemia, y en el USDA, me ha preparado para asumir este reto con responsabilidad y visión”, expresó Rivera Castro.

La gobernadora también anunció varias designaciones en el Departamento de Justicia, la Judicatura y distintas juntas directivas del gobierno.

Entre las nominaciones sometidas al Senado se encuentran Ángel Velázquez Feliciano como Procurador de Asuntos de Menores, Héctor Crespo Correa y Melitza Osorio Santiago como fiscales auxiliares en ascenso, y Adria Cruz Cruz como jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia.

También fueron designados a la Junta de Directores de la Autoridad de Puertos de Ponce José Reyes Feliciano, Maruja Santiago Vélez —en consenso con la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre—, Javier Bustillo González y Fernando Rodríguez Quiñones.

Entre los nombramientos directos figuran Yolanda Rodríguez Rodríguez a la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis Martínez Román al Fondo para el Acceso a la Justicia, e Inés Rivera Colón a la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social.

“Estos nombramientos reflejan nuestra visión de fortalecer las instituciones públicas con servidores comprometidos con la justicia, la transparencia y el bienestar de nuestro pueblo”, concluyó la gobernadora.

Por Miguel Díaz Román 

Con el fin de impedir un aumento en el precio del café a nivel del consumidor, la administración de Jenniffer González Colón ha decidido subsidiar el precio del grano que importa la Administración de Empresas Agropecuarias (ADEA) y que luego le vende a los torrefactores, para no trasladar a esas empresas los aumentos de precio que ha experimentando ese producto en el mercado internacional.

El subsidio implica que la ADEA absorberá el incremento en costo que el café importado ha experimentado, para poder vender el grano a los torrefactores a un precio que no altere la estructura de costos de esas empresas y no sea necesario aumentar el precio del café a nivel del consumidor. 

La información fue confirmada por el secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, quien indicó que «la política pública de la gobernadora es evitar que el consumidor se vea afectado por un aumento en el precio en el café».

La importación de café por el ADEA es el resultado de una exención concedida por el Congreso, que le permite al gobierno local importar café sin pagar un arancel federal. La importación de café se ve como un mal necesario debido a que la producción local no alcanza para satisfacer el consumo desde 1998.

ADEA pierde fondos

La operación para subsidiar a los torrefactores comprende que la ADEA  adquiere cada quintal (100 libras)  de café importado en más de $450, pero se lo vende a los torrefactores a $375, lo que implica que el gobierno está perdiendo más de $75 por cada 100 libras de café importado que vende, según denunció el caficultor Miguel López Hernández, quien es el presidente de la Asociación de Beneficiados de Puerto Rico.

López Hernández agregó que esta operación ya ha resultado en un vaciado sustancial de los ingresos generados por la venta de café, porque la ADEA paga el aumento del café importado pero no recupera el dinero a través de sus ventas a los torrefactores.

Sostuvo que la activación del subsidio ha comenzado a afectar el pago de incentivos a los caficultores. Explicó que parte de los ingresos que genera ADEA por la venta de café importado es orientado en ayudas y estímulos al sector de los caficultores y de otros sectores agrícolas.

Menos incentivos

«Ya no están dando menos abono, hay menos chavos para el incentivo salarial y el incentivo por la compra de maquinaria y equipos se redujo de 50 % a 25 %. Todo esto comenzó a suceder  desde inicios del 2025, cuando el precio del café importado aumentó», dijo López Hdernández.

Pero el ex secretario de Agricultura, Ramón Gonzáldez Beiró, sostuvo que Rivera Castro debe exigir el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)  emita una órden para aumentar el precio del café importado y de esta manera se evita la sangría de fondos que experimenta  la ADEA.

Incluso, Gonzáldez Beiró advirtió que  la pérdida de fondos en ADEA es tal magnitud que asciende a más de $1 millón de dólares mensuales. El ex secretario indicó que si la pérdida de fondos no es detenida el Departamento de Agricultura (DA) enfrenta el peligro real de sucumbir en la quiebra.

A la quiebra Agricultura

«El DA tiene que exigir al DACO un aumento al precio de venta sin más demora. Desde febrero está generando pérdidas mensuales de más de un millón de dólares. Los ingresos propios de ADEA son los que permiten otorgar incentivos a los agricultores. La venta de café importado es la mayor fuente de ingresos propios y además, ese café no paga el arancel que pagarían los torrefactores si lo importan ellos. El precio mundial está en niveles históricos y aquí por motivos políticos no aumentan lo necesario. Esto va a desembocar en la quiebra del Departamento», dijo González Beiró.

Fuentes conocedoras de la situación que enfrenta ADEA relataron que el sector de los torrefactores no favorece una intervención de DACO para decretar un aumento en el precio del café importado y un alza al café cosechado en la isla. La fuente indicó que los torrefactores han dejado saber que cualquier aumentó se reflejará  en el precio del café a nivel del consumidor.

López Hernández favoreció la intervención de DACO para que se aumente el precio del café de cosecha local «para hacerle justicia al caficultor del país».

En el pasado López Hernández ha señalado que el café local ha sufrido un desplazamiento en la medida que el precio del café importado es bajo.

Competencia desleal

Además, el caficultor ha denunciado que desde el sector de los torrefactores se ha gestionado una competencia desleal porque el café importado se ha estado empacando y vendiendo como café del país, mientras el grano local de alta calidad se queda en los almacenes.

Además, para el DA la importación de café se ha convertido en un lucrativo negocio cuyos ingresos superan los $20 millones anuales. 

En la medida que el precio del café importado es bajo, ADEA puede venderlo a los torrefactores locales a un precio aceptable (el precio reglamentado por DACO), en comparación con el café cosechado en el país, y obtener un jugoso ingreso.

López Hernández ha sostenido que es necesario considerar que se imponga una prohibición que impida  que el café importado se empaque y se venda como café del país. El caficultor ha señalado que la prohibición debería incluir el café “gourmet” elaborado con café importado, y que en su etiqueta se identifica como café cosechado en Puerto Rico.

Por Miguel Dúaz Román

Con el pretexto de que el consumidor puertorriqueño que vive en Puerto Rico como aquel que reside en los Estados Unidos podrían pensar que la marca “Delpaís”, que es es exclusiva para productos agrícolas locales, promueve productos importados de otros países latinoamericanos, el secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, favoreció finiquitar la marca y sustituirla por una nueva. 

La confusión que, alegadamente, padecen los consumidores en la Isla, los integrantes de la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos y otros miembros de la comunidad hispana que reside en ese país, es la base racional del Proyecto del Senado 335, radicado por el polémico senador novoprogresista, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. 

Según sostiene la medida, la confusión se origina en que esos consumidores podrían pensar que la marca “DelPaís” incluye productos importados de otros países latinoamericanos. 

Por esta razón la medida propone una enmienda a la ley 195 de 2016, conocida como “Ley para el Uso de la Marca Delpaís”, para eliminar la marca “DelPaís» e introducir una nueva marca que se conocería como “Cosechas Puertorriqueñas”.

Objeciones a nueva marca

En una ponencia escrita y enviada a la Comisión de Agricultura del Senado, el secretario de agricultura Rivera Castro expresó algunas preocupaciones sobre la propuesta de la medida, de las cuales una de las principales  es que objetó al uso de la marca “Cosechas Puertorriqueñas”.

De acuerdo con lo expresado por Rivera Castro, la marca  “Cosechas Puertorriqueñas” solo alude a productos obtenidos mediante el cultivo y excluye otras actividades agrícolas que producen numerosos productos. 

El funcionario también propuso que se verifique en el Departamento de Estado si la marca “Cosechas Puertorriqueñas” ya fue registrada anteriormente y solicitó que se asigne un presupuesto  con el fin de realizar un estudio «para determinar qué nombre de marca pudiera ser más factible». 

La marca «DelPaís» fue registrada en el Departamento de Estado por el Departamento de Agricultura (DA) el 7 de septiembre de 2002 para mercadear y fomentar la actividad agrícola local. El Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), que es una dependencia del DA, es la entidad autorizada a regular y supervisar la marca «Delpaís». 

Actualmente, existen 51 agricultores autorizados a utilizar la marca, los cuales mercadean más de 100 productos.

Finalmente, Rivera Castro condicionó su apoyo a la medida a que se incorporen en el texto final sus recomendaciones.

No existen estudios

No obstante, Rivera Castro no cuestionó las afirmaciones que el PS 335 realiza sobre la alegada confusión de los consumidores, las cuales no están respaldadas por un estudio que evalúe los patrones de comportamiento de los consumidores en el mercado local ni del llamado mercado hispano en los Estados Unidos. 

En la totalidad del texto de la medida  no se menciona ni se cita un estudio que avale la propuesta de eliminar la marca “DelPaís”. 

De hecho, de la exposición de motivos surge claramente que la iniciativa está respaldada únicamente por una conjetura:

 «Lamentablemente, muchos consumidores puertorriqueños desconocen que “DelPaís” es una marca que identifica al producto como uno local; de igual manera, podrían pensar que la marca “Delpaís” se refiere a un producto que es importado de cualquier otro país hispano. Expuesto lo anterior, se entiende necesario precisar con mayor especificidad que el origen del producto agrícola es Puerto Rico y no cualquier otro país».

Sin fundamentos científicos

Es decir, que el senador Sánchez Álvarez ha insertado como elemento principal del PS 335 una conjetura que no ha sido probada. 

La medida carece de fundamentos científicos desde la perspectiva de la mercadotecnia y la publicidad para justificar su drástica propuesta de eliminar del mercado la marca «DelPaís», que ya tiene 23 años de existencia.

Aún así la medida fue avalada en el Senado con 23 votos a favor y 5 en contra.

Y de parte del poder ejecutivo, el secretario de Agricultura, Rivera Castro, y el DA en su carácter institucional, también respaldaron la medida. 

«Luego de evaluar el Proyecto, concordamos con la inquietud del Legislador de que la marca puede crear confusión y que los consumidores, en especial a aquellos fuera de la Isla, no puedan identificar que  dichos productos sean de Puerto Rico. Esta preocupación debe ser atendida, más ahora que se aprobó la Ley 87 de 8 de agosto de 2023, la cual enmendó la Ley 195 de 2016 para facultar a promocionar la marca y mercadearla internacionalmente», sostiene la ponencia escrita del DA, la cual exhibe la firma del secretario Rivera Castro. 

El documento de tres páginas fue emitido el pasado 7 de abril de 2025 y enviado al senador Jeison Rosa Ramos, quien es el presidente Comisión de Agricultura Senado. 

Impacto económico

De hecho, en la ponencia Rivera Castro comenta que el proyecto no dispone de un término para implantar los cambios y advierte «que FIDA tendría que invertir tiempo y dinero en el diseño y registro de una nueva marca, además de ajustar sus campañas publicitarias y educativas para adaptarlas a la nueva marca». 

Incluso, el secretario Rivera Castro también menciona que la falta de un término para implantar los cambios causaría un impacto adverso entre los agricultores y productores autorizados a usar la marca «DelPaís». 

Según argumentó el  secretario, los agricultores tendrían que «hacer cambios en sus etiquetas y en los métodos de mercadeo para ajustarse a la nueva marca, lo que tomará tiempo para que puedan acabar su inventario y ajustarse a los cambios de mercado sin impactarle negativamente».

A pesar de que el propio secretario de Agricultura reconoció que la medida tendría un impacto económico en el FIDA , el informe positivo de la medida que elaboró la Comisión de Agricultura del Senado señala falsamente que «de aprobarse el Proyecto del Senado 335, no representaría costos fiscales significativos sobre el presupuesto de la corporación pública «

Sobre el efecto económico que tendría entre los agricultores que utilizan la marca «Del País» para mercadear sus productos, el informe positivo de la Comisión de Agricultura del Senado no realizó comentario alguno.

Premisa equivocada

De hecho, sin presentar evidencia alguna el informe positivo afirma que «la falta de despunte de la marca “Delpaís” a nivel internacional ocurre porque la misma no establece con claridad que se trata de un producto hecho en Puerto Rico». 

Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, señaló que el PS 335 parte de una premisa equivocada y arrastra errores que se cometieron en el 2016 al enmendarse la ley de los “Productos del País, Puerto Rico” y por error se le cambió el nombre a “La Marca del País”, «algo que no existe». 

«El registro oficial en el Departamento de Estado desde el 2002 es “Productos Del País, Puerto Rico”. Así aparece en el logo de la marca registrada. FIDA que es la oficina del DA que administra este “brand name”. Para los productos locales FIDA cuenta con un reglamento que especifica cada detalle y los colores oficiales para su uso y reproducción», comentó Flores Ortega. 

«Por tantos años, excepto en el cuatrienio del secretario Javier Rivera Aquino, donde se utilizó una nueva promoción de “cosecha y crianza” sin derogar la ley de Productos Del País, Puerto Rico; siempre se ha usado esta última y ya tiene aceptación y fidelidad en toda la cadena de distribución y mercadeo, en el consumidor puertorriqueño y en el exterior. Tratar de cambiar esto sería un error estratégico y pérdida de identidad que cuesta mucho tiempo y dinero levantar según los expertos de mercadeo. A veces pienso que la intención de cambiarlo es más político que estratégico y eso no está bien», concluyó el ex secretario.