Caribbean Adjusters International radica quiebra y evade pagar comisiones al licenciado  Jesús Del Valle

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Miguel Díaz Román
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Por Miguel Díaz Román 

El conocido abogado especializado en el campo de los seguros, licenciado  Jesús Del Valle Padilla, ha solicitado públicamente que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), investigue a Luis Esteves Selosse, quien es presidente de la firma de ajustadores públicos Caribbean Adjusters International (CAI), luego de que la empresa radicara una petición de quiebra en momentos que enfrentaba una orden de embargo que tenía el objetivo de resarcir al abogado por unas comisiones que nunca le fueron pagadas.

El pasado 15 de diciembre de 2025, la jueza Vanessa Pintado Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, emitió una orden para la ejecución de sentencia y embargo preventivo contra CAI por la cantidad de $568,330.70, una suma que corresponde a las comisiones adeudadas al licenciado Del Valle Padilla.

El 26 de diciembre de 2025, once días después de que la jueza Pintado Rodríguez emitiera la orden de embargo, CAI acudió al Tribunal Federal de Quiebra en San Juan y radicó una petición de quiebra bajo el capítulo 7 de liquidación, lo que implica que la empresa deberá identificar aquellos recursos económicos disponibles y vender los activos existentes con el fin de pagar a sus acreedores. 

Licenciado  Jesús Del Valle Padilla

El capítulo 7 también tiene el efecto de liberar al deudor de todas sus deudas no aseguradas y lo exime de establecer un plan de pago.

La orden de embargo y la posterior petición de quiebra de CAI son los últimos capítulos en la contenciosa relación entre CAI y Del Valle Padilla, quien ofrecía servicios legales a la empresa y , además, le refería clientes en su carácter de vendedor. 

CAI le pagaba a sus vendedores una comisión de 20 %. En el caso de que un cliente llegue a un vendedor referido por un tercero, la comisión se dividía entre el tercero y el vendedor.

Violación a deberes fiduciarios

En declaraciones escritas Del Valle Padilla sostuvo que la cantidad de dinero que CAI le adeuda corresponden exclusivamente a comisiones por concepto de referidos de clientes con reclamaciones derivadas del huracán María, «las cuales fueron debidamente ajustadas, cobradas y pagadas, sin que la empresa cumpliera con remitir (a Del Valle Padilla) el porcentaje contractual adeudado, conforme a los acuerdos vigentes y a la ley aplicable».

«Dichos fondos no constituían ingresos propios de la entidad, sino sumas que debían ser segregadas y transferidas, por lo que su retención y utilización para fines operacionales constituye una violación grave a los deberes fiduciarios que rigen la práctica de los ajustadores públicos», señaló Del Valle Padilla.

«A la luz de estos hechos, el Sr. Luis Esteves Selosse, en su carácter de principal socio y persona con control sobre Caribbean Adjusters International y Jensen Adjusters International, debe ser investigado por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico por el incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, la falta de controles adecuados y la retención de fondos que no le corresponden, todo ello en perjuicio de terceros y del interés público. La quiebra no extingue las obligaciones, ni puede servir como refugio para el incumplimiento contractual ni para la retención indebida de fondos ajenos», advirtió Del Valle Padilla.

El abogado dijo que continuará ejerciendo todos los remedios legales disponibles, tanto en Puerto Rico como en otras jurisdicciones «para recuperar las sumas adeudadas, incluyendo intereses, costas y honorarios, establecer responsabilidades y proteger la integridad del ejercicio profesional y del interés público».

Intereses pre y post sentenca

SN se comunicó al teléfono celular personal de Esteves Selosse y le dejó varios mensajes con el fin de obtener su reacción a las expresiones del licenciado Del Valle Padilla. Hasta el cierre de esta edición Esteves Selosse no había respondido.

Además de los $568,330.70 adeudados por CAI, la jueza Pintado Rodríguez  le impuso una penalidad diaria por incumplimiento de $147.92, que irá acumulándose hasta que finalmente se satisfaga la deuda. 

El monto principal de la deuda asciende a $398,548.64. A esa cantidad, por determinación de la jueza Pintado Rodríguez, le aplican intereses «pre sentencia» por la cantidad de $52,878.02. También le aplican intereses «post sentencia» por la cantidad de $116,904.00. La suma de los intereses con el principal generan los $568,330.70. 

Tras el paso del huracán María, Del Valle Padilla refirió a CAI numerosos clientes, especialmente condominios que resultaron afectados con el fenómeno meteorológico. En los primeros meses del año 2018, CAI decidió terminar su relación laboral con Del Valle Padilla. 

Más tarde, el 27 de agosto de 2018, el abogado radicó una demanda en cobro de dinero por las comisiones adeudadas contra CAI en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

En la demanda Del Valle Padilla incluyó como codemandados a Luis Esteves Selosse, en su carácter de socio principal y presidente de CAI, y a Luis Esteves Venegas, quien es el padre de Esteves Selosse, y figura como un ajustador público que labora para CAI.

Según la demanda, CAI es una corporación creada el 16 de octubre de 2017 y autorizada por la OCS para dedicarse al ajuste de reclamaciones de seguros. El documento alega que fue el licenciado Del Valle Padilla quien registró a CAI ante el Departamento de Estado y logró obtener las licencias para todos los ajustadores públicos que se nombraron tras el paso del huracán María.

Tribunal rechaza a Menonita

Entre los clientes referidos por Del Valle Padilla, según sostiene el documento, figuran Concordia Courts Apartments, Candina Sea Tower, Union Holdings, Inc. & Union de Inversiones, Inc., Action Cargo Transport, Inc. Nouvelle D’ Spa, Dores Development Corp., Colegio Nuestra Señora del Pilar, Parkville Realty, Inc., Condominio Lago Mar, Lagoon Villas, Caribbean Towers y Pasarella del Condado. 

Del Valle Padilla incluyó entre sus clientes referidos el sistema de hospitales Menonita.

El abogado también reclamó en su demanda que era socio de CAI y que tal vínculo le concede el derecho de participar de las ganancias netas de la empresa. Una participación que el abogado estimó en $6 millones y que era equivalente al 33% de las ganancias de la empresa.

Finalmente, Del Valle Padilla solicitó al Tribunal la imposición de costas, gastos, intereses y honorarios de abogado.

El 7 de febrero de 2019 CAI respondió a la demanda y solicitó que fuera desestimada debido a que no existe un contrato entre la empresa y Del Valle Padilla.

El 22 de agosto de 2024, el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón emitió una sentencia que le ordenó a CAI pagar a Del Valle Padilla la cantidad de $123,701.44 por comisiones relacionadas con el referido de clientes. 

Los clientes referidos por el abogado, según concluyó el fallo judicial, son Concordia Courts Apartments, Candina Sea Tower, Union Holdings, Inc. & Union de Inversiones, Inc., Action Cargo Transport, Inc., Nouvelle D’ Spa, Colegio Nuestra Señora del Pilar, Lagoon Villas, Caribbean Towers y Pasarella del Condado.

La sentencia descartó que Del Valle Padilla estuviese relacionado con el referido de Dores Development Corp. y Parkville View Realty. La sentencia también rechazó reconocer que el abogado fuera socio de CAI, por lo que fue descartada su participación en las ganancias netas. 

Otro aspecto polémico de la sentencia es que no reconoció que Del Valle Padilla tuviera derecho a una comisión por el alegado referido de los hospitales Menonita.

Apelativo revoca 

En respuesta, Del Valle Padilla presentó en el Tribunal Apelativo una impugnación contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia. La impugnación señaló varios errores y reiteró que Del Valle Padilla hizo el referido de  los hospitales Menonita a CAI.

El 13 de mayo de 2024 el Tribunal Apelativo revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y determinó que CAI debía pagar a Del Valle Padilla la comisión del 20% por el referido de los hospitales Menonita. 

El 10 de diciembre de 2025 y luego de que la sentencia del Tribunal Apelativo adviene final y firme, Del Valle Padilla solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón una órden para la ejecución de sentencia y embargo preventivo contra CAI. 

Cinco días después, el 15 de diciembre de 2025, la jueza Pintado Rodríguez emitió la órden para la ejecución de sentencia y embargo contra CAI.

Condominio Ponciana en la mirilla

En reacción a la orden de la jueza Pintado Rodríguez, CAI acudió al Tribunal Federal de Quiebra en San Juan el 26 de diciembre de 2025 y radicó una petición de quiebra bajo el capítulo 7 de liquidación.

Tras la orden de embargo la representación legal de Del Valle Padilla comenzó a diligenciar notificaciones de embargo en aquellas entidades en las que CAI tuviera cuentas por cobrar.

Entre estos figura el Condomio Ponciana, ubicado en Ponce, que sufrió graves daños estructurales durante el terremoto ocurrido el 7 de enero de 2020. CAI fue contratada por el Consejo de Titulares del condominio. 

La aseguradora Multinational Insurance Company ha retenido el pago de $4.9 millones en espera que se dilucide una disputa legal entre titulares. CAI reclama que tiene derecho a recibir $496,280.24, que es equivalente al 10% de la compensación.

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Nominados para DACO, Agricultura y PRIT ante el Senado  

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Miguel Díaz Román
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Por Prensa Senado

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que preside el líder senatorial, Thomas Rivera Schatz, realizó una vista pública hoy para evaluar las designaciones de las jefaturas del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Departamento de Agricultura y del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

Los nombramientos, realizados por la Gobernadora en receso legislativo, consisten en el licenciado Hiram Torres Montalvo como secretario del DACO, el agrónomo Irving Yoel Rodríguez Torres como secretario de Agricultura y Poincaré Díaz Peña como principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico y director ejecutivo de PRITS.

Durante la vista, Torres Montalvo, presentó un plan de trabajo enfocado en la modernización de la agencia, la eficiencia administrativa y una fiscalización efectiva en beneficio de los consumidores. El secretario del DACO afirmó que su enfoque es claro: “defender al consumidor con firmeza, pero sin asfixiar al pequeño y mediano comerciante, y transformar al DACO en una agencia moderna, ágil y presente en la calle”.

De igual forma, explicó que sus “metas para el Departamento son lograr implementar de manera más efectiva el plan de desreglamentación y eficiencia, alcanzar una reducción de más de un 50 por ciento en el número de querellas pendientes y eliminar de una vez los trámites en papel ante el DACO”. Asimismo, reiteró su compromiso de fortalecer el recurso humano de la agencia mediante la incorporación de más inspectores y jueces administrativos para cumplir con su misión.

Entre los detalles de mayor relevancia, ante las preguntas al secretario del DACO sobre la orden administrativa de la pasada secretaria que eliminaba los cargos como el “Promoter Fee”, Torres Montalvo aseguró que determinó aplazar dicha orden, que entraba en vigor el 1 de enero, hasta el próximo 1 de julio, mientras realiza un análisis más profundo para tomar una decisión final. “Quiero que el Departamento tenga el tiempo de hacer un análisis más concienzudo”, sentenció.

Por ello, Rivera Schatz auscultó la legalidad de este tipo de cargos añadidos a los boletos, a lo que el secretario aseguró que estos cargos son legales siempre que se muestren y sean visibles al hacer la compra de un boleto, como así lo explica la Ley 209-2016 conocida como la Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra, aunque contiene lagunas en su lenguaje. Del mismo modo, a preguntas del presidente senatorial, Torres Montalvo sentenció que no hay ninguna querella en el Departamento sobre el “Promoter Fee”.

En cuanto al Departamento de Agricultura, el agrónomo Irving Y. Rodríguez Torres, expuso una agenda dirigida a atender la dependencia alimentaria de la isla y a fortalecer la producción local. Durante su ponencia destacó que “Puerto Rico importa aproximadamente 85% de los alimentos que consumimos”, por lo que subrayó la urgencia de ejecutar políticas públicas que permitan producir más alimentos localmente y reducir las importaciones.

Rodríguez Torres explicó que su gestión se articulará en prioridades estratégicas, enfatizando que su compromiso es “pasar de diagnósticos de problemas a soluciones mediante acuerdos ejecutables, con personal responsable, calendarios definidos y métricas verificables”. Además, sostuvo que su enfoque será trabajar con método y no improvisación, asegurando que se enfocará en “implementar las ideas de los agricultores, junto con los peritos técnicos de cada región”.

En términos de promover a los jóvenes de la isla en adentrarse en la agricultura, el presidente senatorial sugirió crear algún tipo de credencial de agricultor a los jóvenes con algún tipo de incentivo para de alguna forma lograr crecer este sector.

Por otro lado, el designado a PRITS, Poincaré Díaz Peña, destacó los avances logrados en materia de ciberseguridad y transformación digital del Gobierno. Díaz Peña indicó que lideró el desarrollo del primer Plan de Ciberseguridad de Puerto Rico, lo que permitió fortalecer la postura de seguridad del Gobierno central y municipal.

A su vez, subrayó que la tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía, señalando que “se trata de poner la tecnología al servicio del Pueblo, utilizada de forma responsable y estratégica, para ofrecer servicios públicos de manera directa, reducir barreras administrativas y agilizar gestiones”. También, destacó proyectos como la licencia digital móvil y la plataforma CARE para el manejo de refugios en emergencias, los cuales permiten una respuesta más ágil y basada en datos en tiempo real.

Sin embargo, Díaz Peña se negó a emitir comentarios ante preguntas de la senadora Jamie Barlucea sobre si favorece que las funciones de PRITS regresen a la jurisprudencia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), así como sobre un posible retiro del Departamento de Educación de PRITS. De igual forma, se mostró en contra del Proyecto del Senado 746, presentado por Rivera Schatz, que crea una Junta Adjudicativa de Tecnología para que sea esta la que apruebe, proyectos, contrataciones y compras, argumentando que ya existe una base regulatoria.

El presidente del Senado adelantó que tendrá los informes listos de los nominados y serán considerados ante el pleno del Alto Cuerpo en el inicio de la tercera sesión ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa el próximo lunes, 12 de enero.

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Cabilderos y aportaciones políticas dominan selección de corredores 

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Miguel Díaz Román
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Por Miguel Díaz Román 

A pesar de que los corredores de seguros seleccionados para manejar los riesgos de gobierno deben firmar un documento en el que certifiquen que no han utilizado los servicios de cabilderos para ejercer influencia en el proceso de selección, la realidad es que la figura del cabildero  es tan indispensable para los corredores como el oxígeno lo es a la vida.

Y aunque la presencia del cabildero es casi inseparable de la operación del gobierno, en la administración de la gobernadora Jenniffer González Cólón esta figura ha tenido un protagonismo significativo quizás porque el secretario de la gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech, era un connotado cabildero de la firma Politank, antes de asumir ambas posiciones públicas. 

De hecho, la figura del cabildero está tan consolidada en la estructura gubernamental que ya se le considera «la llave» para que los intereses privados puedan acceder a los contratos públicos.

En ese contexto, parece una contradicción insalvable que se le exija a los corredores que declaren no haber utilizado los servicios de un cabildero cuando en realidad los intereses privados necesitan de los cabilderos para transitar por la selva  del gobierno de Puerto Rico, que suele ocultar engorrosas amenazas burocráticas y los reclamos de los actores políticos de la administración de turno.

Algunas fuentes aseguran que el asesor en comunicaciones Carlos Bermúdez, el ex gobernador Luis Fortuño y el licenciado Oriol Campos, quien fue tesorero de la campaña a la gobernación de Jenniffer González Colón, han estado al servicio de determinados corredores o de agencias de agentes generales para, alegadamente, garantizar sus contratos en Seguros Públicos, que es la división del Departamento de Hacienda a cargo de la selección de los corredores del gobierno. 

SN ha entrevistado a determinados corredores quienes han identificado al licenciado Oriol Campos como la persona que los llamó para solicitar aportaciones económicas para la campaña de la gobernadora González Colón.  

Una convicción que emerge cuando se conversa con los corredores que han participado en el proceso de selección es que las decisiones sobre quién o quiénes integran la privilegiada terna de contratos por servicios profesionales para los corredores del gobierno no se toman en Seguros Públicos. 

Se ha comentado con insistencia que la determinación final sobre quiénes serán los corredores del gobierno las toma Francisco Domenech. 

Formalismo procesal

Incluso, los corredores están convencidos de que los numerosos requisitos de cualificación que exige Seguros Públicos son un mero formalismo procesal y que el cumplimiento con tales exigencias tiene un efecto neutral en la selección final. Alegadamente, el elemento de mayor peso es el monto de las aportaciones económicas que el corredor está dispuesto a dar para las campañas políticas, sostienen algunos corredores entrevistados por SN.  

Y es que los corredores de seguros del gobierno y las agencias generales de seguros  se han convertido en una fuente de financiamiento estratégico de los partidos políticos, hasta el extremo de que alrededor del 30% de las comisiones que reciben son invertidos en fundraisings, en la compra de taquillas para cumpleaños, para inauguraciones de comités políticos,  y para todo tipo de festejos organizados con el único fin de recaudar fondos para los partidos o para sus candidatos  políticos. 

Y en numerosas ocasiones, según alegan las fuentes, esas aportaciones excedían los límites legales.

La comisión promedio de los corredores del gobierno supera los $200,000 anuales e incluso, puede alcanzar el $1 millón de dólares anuales en aquellos corredores que manejan riesgos que incluyen infraestructuras complejas y de muy alto valor económico, las cuales requieren seguros con primas de alto costo. 

Esa atmósfera opaca en la que se conducen las aportaciones políticas es la más controvertible de la realidad que le toca enfrentar a los corredores de seguros que acceden a ofrecer sus servicios al gobierno.   

Es la más controvertible y la más ignorada por las autoridades federales y locales en los pasados 30 años, a pesar de que en numerosas ocasiones la prensa ha reseñado las denuncias sobre una presunta corrupción en el proceso de selección, posibles conflictos de intereses y favoritismo. 

De hecho, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) ha imputado violaciones al Código de Seguros contra determinados corredores por compartir comisiones ilegalmente. 

No obstante, tales eventos no han sido suficientes como para estimular la curiosidad de la asamblea legislativa,  que jamás ha investigado los señalamientos de corrupción y favoritismo que se ha señalado contra el proceso de  selección y contratación de los corredores del gobierno.

De hecho, el pasado año en la Cámara de Representantes se consideró una medida, el Proyecto 341, que ha sido un esfuerzo tímido para inyectar coherencia a la selección de los corredores al promover el uso de la subasta pública. La medida imponía un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores y eximía del cargo a los corredores seleccionados a través de subasta pública. La medida fue engavetada por la mayoría del Partido Nuevo Progresista a pesar de que la Comisión de Banca y Seguros emitió un informe positivo.

Querella destapa esquemas

 La primera vez que surge en un documento público una denuncia sobre la presunta solicitud de donativos políticos a corredores de seguros a cambio de garantizar una participación en los seguros del gobierno, aconteció el 22 de febrero de 2016 en la Oficina de Contralor Electoral (OCE).

Ese día la OCE recibió una querella de parte de una entidad denominada como Ciudadanos Pro Campañas Libres de Corrupción, cuyos integrantes no estaban identificados en el documento.

La querella anónima denunció siete esquemas de presuntas violaciones en la recaudación de donativos de parte del Comité de Campaña del entonces Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, quien competía contra Ricardo Rosselló por la posición de candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.

El esquema 4, caso 2, de la querella anónima, sostiene que “el empresario Andrés Guillemard Noble, solicitó y recibió donativos en efectivo a favor de la campaña de Pedro Pierluisi proveniente de múltiples comerciantes de la industria de los seguros. Esto, bajo la promesa de asistirlos a asegurar una participación de los negocios que ofrece para esta industria al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Sr. Guillemard recolectó los fondos, algunos en cheque y otros en efectivo, algunos informados conforme con la ley y otros informados y utilizados de forma fraudulenta en beneficio de la Campaña de Pierluisi”. 

Cabilderos pueden afectar beneficios

Sobre esta querella la OCE concluyó que no se pudo “corroborar en los informes radicados a la OCE, las personas involucradas en este alegado esquema dado a que no proveyeron los nombres o alguna otra información corroborable”.

El comité de campaña de Pierluisi sostuvo que las alegaciones del recibo de donativos a cambio de promesas de participación en el negocio de seguros carece de detalles específicos mientras que Guillemard Noble negó las imputaciones a través de una declaración jurada.

Una fuente conocedora de los trámites que realiza la división de Seguros Públicos sostuvo que la intromisión de los cabilderos puede afectar adversamente los beneficios que puede obtener el gobierno si se seleccionan corredores con amplio conocimiento y experiencia en el negocio de seguros. 

De hecho, la fuente indicó que si los criterios de selección consideran más la lealtad política de los «amigos de la casa», y el monto de «las aportaciones económicas para el partido», serían derrotados  los objetivos de obtener primas razonables por una cubierta adecuada de parte de aseguradoras con una situación financiera saludable y con la participación de reaseguradores cualificados.

Uno de los aspectos preocupantes es que aunque la reglamentación de la división de Seguros Públicos establece que los profesionales que tendrán a cargo las pólizas de seguros del gobierno son exclusivamente los corredores autorizados por la OCS,  en la selección realizada este año se ha permitido que participe un representante autorizado. 

Es necesario advertir que los corredores de seguros representan el interés de los asegurados mientras que los representantes autorizados – que es la nueva denominación para los agentes de seguros – representan el interés de las aseguradoras. 

Específicamente, Seguros Públicos ha seleccionado al ex comisionados de seguros, Javier Rivera Ríos, quien es un representante autorizado de aseguradoras especializadas en seguros de vida, para que maneje las pólizas de seguros del gobierno, cuyos mayores riesgos están relacionados con propiedades e infraestructuras públicas.

SN se comunicó con Rivera Ríos para obtener su reacción pero el ex comisionado no respondió.

 Pólizas de errores y omisiones 

Una fuente conocedora de los trámites que realiza Seguros Públicos sostuvo que la contratación de representantes autorizados para que desempeñen como corredores puede dejar al gobierno desprotegido en caso de que se cometan errores en el manejo de los riesgos del gobierno. 

La fuente indicó que los representantes autorizados o los corredores sin experiencia, carecen del personal especializado en la tarea de asegurar propiedades públicas, lo que puede causar que se cometan errores cuyas repercusiones pueden afectar a las agencias y a las corporaciones públicas. 

Un aspecto importante es que las pólizas de errores y omisiones de estos representantes autorizados o corredores sin experiencia – un requisito para los corredores del gobierno – podrían contener límites insuficientes para ofrecer una  justa compensación a las entidades públicas perjudicadas por pérdidas financieras causadas por negligencia, errores, faltas o por incumplimiento del deber en sus servicios. 

Corredores y aseguradoras insolventes 

Incluyendo la selección de aseguradoras con una situación financiera débil o con contratos de reaseguro insuficientes, lo cual coloca a estas empresas a enfrentar una insolvencia si ocurriera una catástrofe de grandes proporciones. Una situación como la descrita anteriormente ya ocurrió en la aseguradora Real Legacy tras el paso del huracán María en 2017. Real Legacy  fue intervenida por la OCS en 2019 por su alarmante estado de insolvencia. 

Entre los asegurados que figuran en los contratos de reaseguro de Real Legacy se encuentran entidades del gobierno con numerosas y costosas propiedades como la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Educación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Autoridad de Carreteras, la Administración de Instituciones Juveniles, el Centro de Convenciones y la Autoridad de Edificios Públicos. También figuran numerosos municipios. 

Se desconoce si Seguros Públicos tomó acción en contra del corredor o de los corredores que condujeron a estas entidades públicas al cuestionable estatus de asegurados de una aseguradora insolvente. 

También se desconoce si Seguros Públicos reclamó a la póliza de errores y omisiones del corredor o de los corredores, por la negligencia de recomendar la contratación de una aseguradora que, según las fuentes, presentaba una situación financiera cuestionable mucho antes del paso del huracán María.

Más gastos que ingresos

Las serias interrogantes que han surgido sobre los criterios para la selección de los corredores del gobierno acontecen en momentos cuando el Departamento de Hacienda ha continuado con una posición hermética, en la que no se ofrece información sobre el proceso que culminó con la designación de 13 nuevos corredores. 

Estos se unen al grupo de 19 corredores que estuvieron en los pasados años y que el Departamento de Hacienda ha decidido mantener como corredores del gobierno. En total el gobierno tendrá 33 corredores, según aseguran fuentes de SN.

No obstante, se sabe que esa cifra se redujo a 32 debido a que el corredor Owners Risk Insurance Management declinó integrar la privilegiada lista de los corredores del gobierno. La decisión obedeció, según indicó una fuente,  a que el monto de la fianza que se le exigió indicaba que la cuentas que les serían asignadas generarían una comisión de $8,000 anuales, mientras que los costos de atender esas cuentas superan los $20,000 anuales.

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Nuevo escollo impide que trabajadores agrícolas reciban bono navideño

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Los trabajadores agrícolas enfrentan un nuevo retraso para recibir el bono navideño que distribuye el Departamento de Agricultura (DA) , luego de que el designado secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, ordenó detener el pago directo a las cuentas bancarias de los trabajadores  y exigió que estos presenten una carta de sus patronos certificando que tienen derecho a recibir la ayuda.

Se desconocen las razones que han incidido para que el secretario designado de Agricultura haya detenido el pago directo del bono navideño, lo que en realidad representa un nuevo escollo que le impedirá a cientos de trabajadores agrícolas recibir el bono navideño. 

Una ayuda que tradicionalmente era recibida durante el mes de noviembre, pero que bajo tutela de Rodríguez Torres no fue distribuida ni en noviembre ni en diciembre, y para que finalmente se concrete el pago los trabajadores agrícolas deberán cumplir con un nuevo requisito procesal que los obligará a espera a que en algún momento en los primeros meses del 2026 el DA pague. 

Rodríguez Torres tomó la decisión la pasada semana y la comunicó de manera verbal a sus subalternos, lo que implica que todos los trabajadores  deberán acudir a las regiones agrícolas con la carta de su patrono para recibir el bono navideño.

La determinación del designado secretario de Agricultura representa un cambio en relación con el anuncio que el funcionario realizó el 26 de diciembre de 2025, en un comunicado de prensa.  

En ese comunicado Rodríguez Torres sostuvo que «los trabajadores que optaron por depósito directo deben ver reflejado el incentivo en sus cuentas durante el próximo día laborable. Aquellos que seleccionaron pago por cheque deberán visitar la Región Agrícola correspondiente con una identificación con foto para recoger su pago». 

De hecho, en ese comunicado de prensa Rodríguez Torres hizo el falso reclamo sobre que 6,721 obreros agrícolas y recogedores de café ya habían recibido el bono.

Más adelante, en el mismo comunicado de prensa, el funcionario desmintió su afirmación inicial al sostener que los trabajadores que optaron por depósito directo recibirán el pago en sus cuentas bancarias mientras que aquellos que prefirieron recibir el pago en un cheque deberán visitar la su región agrícola.

De acuerdo con una fuente del DA vinculada a las regiones agrícolas, la desición de Rodríguez Torres constituye un cambio  de última hora del funcionaro, quien, alegadamente, es una persona desorganizada que recurre con frecuencia a la improvisación.

«Ahora este cambio se ha convertido en un escollo adicional para que no reciban el bono navideño cientos de trabajadores agrícolas, muchos de ellos viejitos que pasaron la navidad sin chavos», sostuvo la fuente.

SN supo que determinados trabajadores que solicitaron pago directo recibieron la ayuda en sus cuentas bancarias, mientras que otros que también solicitaron pago directo aún no habían recibido el depósito del bono en sus cuentas bancarias, lo que sugiere que el DA podría estar experimentando dificultades para distribuir los pagos a través del mecanismo de pago directo. 

El nuevo escollo para que se concrete el pago del bono navideño acontece un día antes de que la Comisión de Nombramientos del Senado celebre una vista pública para evaluar el nombramiento de Rodríguez Torres al cargo de secretario de Agricultura.  

Mañana también serán evaluados  los nombramientos de Hirám Torres Montalvo, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor,  y de Pointcaré Díaz Peña, como director del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico.

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Trump afirma que Estados Unidos va a dirigir Venezuela hasta que haya una «transición segura»

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“Vamos a controlar Venezuela hasta que haya una transición justa y ordenada”, ha asegurado el presidente, Donald Trump, en su primera conferencia de prensa tras la captura de Nicolás Maduro.

Trump ha sostenido que las compañías estadounidenses se harán cargo de la industria petrolera del país y ha amenazado  con una segunda oleada de ataques si el chavismo opone resistencia.

En una operación militar sorprendente realizada hoy sábado 3 de enero de 2026, el ejército de los Estados Unidos ha realizado una  intervención en la capital de Venezuela, la ciudad de Caracas, y ha extraído fuera del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. 

En la conferencia de prensa, celebrada en la residencia personal del presidente en Mar a Lago en Florida, Trump ha afirmado que Estados Unidos va a dirigir Venezuela hasta que haya una “transición segura, adecuada y sensata».

«No queremos que nadie más tome el poder. Nos encontramos en la misma situación que hemos tenido durante los últimos años. Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata; tiene que ser sensata, porque ese es nuestro objetivo”, ha declarado el presidente estadounidense.

 Trump también ha dicho que Maduro va de camino a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico. Maduro y su esposa están siendo trasladados a Nueva York en un barco estadounidense para ser juzgados por delitos de narcotráfico y posesión de armas. Los cargos fueron radicados en 2020 por la fiscalía del gobierno estadounidense en el distrito judicial de Nueva York.

De manera sorpresiva Trump no ofreció un respaldo indiscutible para una transición política en Venezuela a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Trump dijo que analizará si respalda a Machado, quien ha declarado en las redes sociales que “estamos preparados para tomar el poder”. 

Machado ha prometido que Maduro responderá por sus “atroces” crímenes y que Washington ha “cumplido la promesa de hacer valer la ley” ante la negativa de Maduro a “aceptar una salida negociada”. 

Trump también amenazó al remanente liderato del chavismo que permanece en dominio del gobierno de Venezuela que Estados Unidos podría realizar una segunda oleada de ataques si hay resistencia.  

“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no sea la primera, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacerlo”, ha declarado Trump.

“Habíamos supuesto que sería necesaria una segunda oleada, pero ahora, probablemente, no se trate de la primera oleada; si se quiere llamar así al primer ataque, que fue tan exitoso, probablemente no tengamos que lanzar una segunda, pero estamos preparados para hacerlo, una oleada mucho mayor, de hecho”, ha advertido.

“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano; no vamos a permitir que eso suceda, después de décadas de sufrimiento”, ha insistido Trump. El presidente ha declarado abiertamente que las empresas petroleras estadounidenses recuperarán el negocio petrolero en Venezuela, el país con las mayores reservas de crudo del mundo. 

“Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total, durante mucho tiempo. Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber extraído y lo que podría haber sucedido. Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera, que está en muy mal estado, y comenzar a generar ingresos para el país”, expresó Trump.

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Estados Unidos captura a Maduro y lo saca de Venezuela

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En una operación militar sorprendente el ejercito de los Estados Unidos ha realizado una intervención en la capital de Venezuela, la ciudad de Caracas, y ha extraído fuera del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según ha comunicado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social, “el presidente venezolano, Nicolás Maduro ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”.

El periódico El País de España ha sostenido que en el mismo mensaje Trump ha confirmado la espectacular intervención militar después de que se hayan registrado explosiones en zonas civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas.

El mensaje de Trump, que se registró a las 4:21 de la madrugada, descibe la intervención militar como «brillante» y promete ofrecer más detalles en una conferencia de prensa que será celebrada hoy al medio día en su residencia personal en Mar a Lago en Florida.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ha afirmado que el gobierno no conoce el paradero del presidente, Nicolás Maduro, y ha pedido “pruebas de vida”.

Trump dio luz verde a los ataques hace días, de acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por la cadena CBS. Según esta versión, altos mandos militares de Estados Unidos barajaron la posibilidad de atacar el día de Navidad, pero decidieron priorizar las operaciones militares en Nigeria contra el Estado Islámico.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ha calificado el ataque como “ruin y cobarde” y ha comunicado que están buscando posibles heridos o muertos. “Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, ha dicho Padrino en un vídeo. “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, ha añadido.

El gobierno de Venezuela ha denunciado que las explosiones de esta madrugada son una “gravísima agresión militar” estadounidense. Además, ha decretado el estado de emergencia y ha llamado a sus ciudadanos a defender el país.

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Secretario designado de Agricultura hace falso reclamo sobre bono navideño

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Por Miguel Díaz Román 

A pesar de que en años anteriores el bono navideño agrícola que distribuye  el Departamento de Agricultura (DA) llegaba a las manos de los trabajadores agrícolas durante el mes de noviembre, este año la repartición del incentivo, por medio de pago directo, se comenzó a registrar en las cuentas bancarias a partir del pasado martes, 30 de diciembre, lo que representa un atraso de un mes que le ha impedido a los trabajadores afrontar adecuadamente los gastos de la temporada navideña.

Además, los trabajadores agrícolas que recibirán el bono en un cheque – la mayoría de trabajadores están registrados en pago directo – deberán esperar hasta que se reanuden las tareas en las regiones agrícolas, para poder reclamar su bono.

El atraso en la distribución del bono representa una desmentida sonora contra las alegaciones realizadas por el designado secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, sobre que 6,721 obreros agrícolas y recogedores de café ya habían recibido el bono.

Rodríguez Torres hizo el falso reclamo  en un comunicado de prensa emitido el pasado viernes  26 de diciembre, el cual fue en respuesta a una historia publicada por SN el 24 de diciembre.  

En esa historia SN reveló que cientos de trabajadores agrícolas no habían recibido el bono agrícola y como resultado del atraso el cuadro telefónico del DA se había inundado de llamadas realizadas por trabajadores enojados, quienes reclamaban el pago del bono.

En el comunicado Rodríguez Torres sostuvo «que un total de 6,721 obreros agrícolas y recogedores de café recibieron el Bono de Navidad 2025, luego de completarse el desembolso por parte de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), por una cuantía total de $1,378,585.84».

No obstante, más adelante el comunicado se encarga de desmentir la afirmación inicial sobre que «los trabajadores recibieron el Bono de Navidad», al sostener que «los trabajadores que optaron por depósito directo deben ver reflejado el incentivo en sus cuentas durante el próximo día laborable. Aquellos que seleccionaron pago por cheque deberán visitar la Región Agrícola correspondiente con una identificación con foto para recoger su pago».

Es decir, que los trabajadores que solicitaron «pago directo» deberán esperar que el desembolso del bono se registre en sus cuentas bancarias, y aquellos que prefirieron recibir el bono en un cheque, deberán esperar la reanudación de las actividades en las regiones agrícolas para hacer el reclamo. 

De hecho, SN supo que determinados trabajadores que solicitaron «pago directo» en el DA aún no han recibido el depósito del bono en sus cuentas bancarias.

Incluso, numerosos mensajes con quejas explícitas sobre el atraso en el pago del bono acompañan una copia del citado comunicado de prensa que se colocó en la página de Facebook de DA. 

En los mensajes los trabajadores agrícolas no tienen reparos en expresar abiertamente su frustración porque no han recibido el bono navideño del 2025 y en algunos de los mensajes los quejosos alegan que tampoco recibieron el bono en 2024.

Las quejas por el impago del bono continúan aflorando a pesar de que los subalternos de Rodríguez Torres han estado realizando gestiones apresuradas para que los bonos lleguen a manos de los trabajadores. 

Esas gestiones, según alegan fuentes de SN, pretenden acallar el descontento de los trabajadores agrícolas antes del 8 de enero, que es el día en que la Comisión de Nombramientos del Senado celebrará una vista pública para evaluar el nombramiento de Rodríguez Torres al cargo de secretario de Agricultura.  

Ese día también serán evaluados  los nombramientos de Hirám Torres Montalvo, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor,  y de Pointcaré Díaz Peña, como director del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico.

Una fuente conocedora de las elucubraciones que se manejan en el grupo legislativo del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático sostuvo que Rodríguez Torres no enfrentará oposición en la vista pública de la Comisión de Nombramientos del Senado. 

Esto a pesar de que existen sectores en ambos partidos convencidos de que Rodríguez Torres no es el mejor candidato para secretario de Agricultura debido a que el pasado cuatrienio, cuando se desempeñó  como director ejecutivo de la Autoridad de Tierras (AT), aprobó el desembolso de $267,000.00 a la entidad Zafra PR Inc, en la que el chofer del ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, era el tesorero.

Los fondos, que provinieron del controvertible Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que está bajo la administración de la Oficina de Infraestructura Rural de la AT, fueron invertidos en restaurar la entrada del barrio Aguirre en el municipio de Salinas con la plantación de 200 palmas reales.

Alegadamente, los dineros del FMM se deben emplear para realizar mejoras permanentes, lo que implica que la compra y siembra de las palmas reales no se considera una mejora permanente.

A Rodríguez Torres también se le imputa no haber actuado contra la morosidad de parte de arrendatarios que no pagan sus canon de alquiler por el uso de tierras agrícolas durante el pasado cuatrienio, cuando ocupaba la posición de director ejecutivo de la AT. 

Otro señalamiento originado por personas vinculadas a la AT que, alegadamente, descalifican a Rodríguez Torres para ocupar la secretaría de Agricultura es que avaló la venta de terrenos agrícolas para proyectos privados de vivienda y de otra naturaleza, y que en algunas ocasiones han favorecido al conocido desarrollador Federico Stubbe. 

También se le imputa haber utilizado un vehículo oficial para fines personales según lo señaló una determinación de la Oficina de Ética Gubernamental.

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Triste Navidad para cientos de trabajadores agrícolas

Por
Miguel Díaz Román
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Por Clara Vale Sotomayor

Cientos de trabajadores agrícolas no recibirán esta Navidad el bono agrícola que tradicionalmente distribuye  el Departamento de Agricultura (DA), a causa de un alegado atraso en el desembolso de esta ayuda como resultado de una falta de previsión administrativa, lo que ha provocado que un importante segmento de este grupo trabajador no podrá afrontar adecuadamente los gastos de la temporada navideña.

De  hecho, para muchos de estos trabajadores agrícolas el bono navideño que distribuye el DA es el único ingreso que reciben durante la temporada navideña, cuando los gastos familiares suelen incrementarse. 

En este contexto, los trabajadores agrícolas esperan con urgencia el pago de su bono agrícola para poder cubrir necesidades básicas y compromisos propios de la temporada navideña.

De acuerdo con fuentes del DA, en los pasados días el cuadro telefónico de la agencia se ha visto inundado de numerosas llamadas de trabajadores agrícolas, quienes se quejan del alegado atraso en el pago del citado bono y reclaman una respuesta rápida por parte del secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres. 

Según sostienen las fuentes, el pago del bono agrícola no ha sido atendido como una prioridad por el secretario Rodríguez Torres, quien ha tenido numerosas apariciones en los medios de comunicación, un comportamiento inusual para un funcionario que no lleva dos meses en el cargo, pues la gobernadora Jenniffer González Colón  lo nombró el pasado 22 de noviembre.

De acuerdo con las fuentes, los trabajadores del sector han expresado su descontento públicamente a través de las redes sociales y de determinados medios de comunicación regionales, en los que han señalado que el secretario Rodríguez Torres  ha dedicado gran parte de su tiempo en las últimas semanas del 2025 a realizar una campaña para acicalar su imagen pública en un  intento de  lograr que el Senado confirme su nominación al cargo.

La vista pública de confirmación de Rodríguez Torres se realizará el 8 de enero del 2026, según anunció el presidente del Senado Tomás Rivera Schatz.  

Ese día también serán evaluados  los nombramientos de Hirám Torres Montalvo, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, y de Pointcaré Díaz Peña, como director del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico.

Alegadamente, según alegan las fuentes, en ese empeño Rodríguez Torres ha desplazado a segundo plano la tranquilidad económica de los trabajadores agrícolas. De hecho, las fuentes sostienen que los trabajadores agrícolas están convencidos de que bajo la dirección de Rodríguez Torres su bienestar no será una prioridad en el DA. 

Alegadamente, una fuente vinculada a la dirección administrativa del DA reveló que los trabajadores que han recibido el  bono agrícola son aquellos que en los registros del DA tienen consignado que pueden recibir sus pagos por medio del depósito directo en sus cuentas de banco o en sus cuentas en cooperativas. 

Aquellos trabajadores que no figuren en esos registros no recibirán bono pues el DA descartó tramitar los desembolsos por medio de cheques enviados por correo.

La fuente indicó que una falta de previsión administrativa en el DA impidió que se estableciera un mecanismo para hacer llegar el bono a los trabajadores agrícolas que no poseen una cuenta bancaria o que no figuran en el listado de depósito directo. 

El pago del bono agrícola está atrasado en todas las regiones agrícolas del país, según aseguró la fuente. El DA dedica entre $3 a $4 millones para el pago del bono agrícola. Estos fondos están consignados en el presupuesto para ese propósito y no se puede usar para otra cosa, según advirtió la fuente. 

No está claro cuántos trabajadores agrícolas se benefician del citado bono, pues es un  sector cuya matrícula ha padecido fluctuaciones, especialmente después del paso del huracán María en 2017. 

No obstante, en su mejor momento existían entre 5,000 a 6,000 obreros registrados a nivel de toda la Isla. 

Las fuentes sostienen que los trabajadores agrícolas han reclamado el pago del bono, enfatizando que este ingreso representa un alivio necesario para enfrentar la difícil situación económica que atraviesa la Isla. 

Señalan, además, que su labor es fundamental para la seguridad alimentaria del país y que merecen una respuesta inmediata.

Mientras se acercan las celebraciones navideñas, el reclamo continúa en espera de acción concreta por parte del DA, en un momento en que el tiempo y los recursos apremian para cientos de familias del sector agrícola.

SN envió un mensaje de texto al secretario Rodríguez Torres para que emitiera una reacción. A pesar de que el funcionario pudo leer el mensaje optó por no responder.

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Vázquez Quintana acusa al Supremo de convertir una «mentira científica en una verdad jurídica”

Por
Miguel Díaz Román
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El ex secretario de Salud, Enrique Vázquez Quintana, ha solicitado al Tribunal Supremo mediante una moción informativa, presentada el pasado 16 de septiembre, que anule una sentencia emitida en su contra, en la cual ese tribunal determinó que el experimentado cirujano le causó demencia a una paciente.

A pesar de la sentencia, emitida el 11 de junio de 2015, la Junta de Licenciatura y Disciplina Médicas (JLDM), que es la institución con autoridad para conceder licencia a los médicos y para separarlos de la práçtica en casos de negligencia, exoneró a Vázquez Quintana de toda culpa en el manejo del paciente.

En este ocasión SN publica la moción informativa radicada por Vázquez Quintans con el fin de mantener informados a nuestros lectores sobre los avances de esta controversia.

MOCION INFORMATIVA

Honorables Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico:

Comparece ante ustedes respetuosamente y por derecho propio el Doctor Enrique Vázquez
Quintana, cirujano general retirado, con el propósito de presentarle una moción informativa
para aclarar la sentencia, no opinión, emitida en mi contra por este honorable tribunal en el
caso CC-2012-0982.

Esta moción servirá para dejar evidencia pública ante este honorable tribunal que esa
sentencia se basó en un fraude procesal y contradice las conclusiones de las autoridades
médicas especializadas.

BREVE EXPOSICIÓN DEL CASO:

En junio de 2000 operé una señora de 53 años que presentaba un nódulo en el lóbulo izquierdo
del tiroides, el calcio alto y una masa no funcional en la adrenal derecha. Tenía historial de
depresión y era tratada por un psiquiatra. Depresión es uno de los primeros síntomas de
Alzheimer.

Tras la operación resultó con el calcio bajo, una complicación inherente a ese procedimiento,
que ocurre en 3-5% de los casos y no está relacionada con la experiencia del cirujano. Para
ese tiempo yo había realizado más de 10,000 operaciones de tiroides y sobre 750 de
paratiroides con resultados muy satisfactorios. La paciente debía tomar calcio y vitamina D.

En el 2001 la paciente y su esposo me demandaron por la complicación del calcio bajo. En el 2005
la paciente desarrolló demencia y fue tratada en un Centro de Salud de Levittown con Aricept y
Namenda, medicamentos utilizados exclusivamente para la demencia. El caso tardó diez años en
llegar al Tribunal de Instancia de San Juan, intervinieron cinco jueces y el caso no progresó,
sino hasta el 2011.

Los demandantes trajeron un perito norteamericano, el doctor Stephen A. Falk, especialista en Oídos, Nariz y Garganta quien certificó que el calcio bajo le causó pérdida de memoria a la paciente. Mi abogado le preguntó si poseía evidencia científica para respaldar su testimonio y contestó que no la tenía. No la tenía porque no existe en la literatura médica.

Su testimonio fue fraudulento, un engaño. Mi perito, el doctor Carlos Isales testificó que una
baja drástica en calcio pudiese causar desorientación o pérdida de memoria transitoria.
Sin embargo, bajo ninguna circunstancias, el calcio bajo causa demencia. En aquellos casos
donde el calcio baja, sencillamente se le administra calcio y vitamina D y los y los síntomas
revierten y los pacientes no desarrollan demencia.

Durante mi testimonio el abogado demandante me preguntó si yo había demandado a una
abogada. Aunque esa pregunta no era pertinente al caso, mi abogado no objetó. Por tanto, yo
tuve que contestar y declaré que, aunque inusual, yo había prevalecido sobre una demanda
frívola que presentó una abogada en mi contra.

A pesar de que mis argumentos prevalecieron, la abogada nunca pagó la compensación impuesta por el tribunal por daños económicos y emocionales. Eventualmente, a esa abogada la restituyeron a la práctica legal luego que a todas luces sus argumentos ante el Tribunal Supremo no coincidían con la verdad.

Le reclamé esa acción a la Hon. Presidenta Maite Oronoz, pero, como a los jueces no se les puede
escribir, un ayudante me informó que esa decisión era final y firme.

La jueza del Tribunal Superior de San Juan Gloria M. Soto Burgos decidió que yo le causé
demencia a la paciente y que debía pagar $180,000 a la paciente y a su esposo y $184,000 por
rebeldía porque el caso tardó diez años en llegar al Tribunal de Instancia. Considero que fui
víctima otra vez pues, aunque la razón de la tardanza había sido por ineficiencia del sistema, la
multa fue impuesta a mí.

La juez alegó que el testimonio del perito norteamericano era veraz, real y lo que se acostumbraba a hacer en la medicina. No mencionó en absoluto el testimonio de mi perito doctor Carlos Isales. Acudimos al Tribunal Apelativo y en un documento plagado de errores ratificaron al Tribunal de Instancia y me impusieron una multa de $6,000 porque el Tribunal consideró que la apelación era frívola.

Acudimos ante este honorable Tribunal y el 11 de junio de 2015 en votación de 5 a 4 emitieron una sentencia en mi contra concluyendo que yo le causé demencia a la paciente.

Como dato curiosamente irónico, debo enfatizar que la madre de la Juez Anabelle Rodríguez Rodríguez murió de Alzheimer a la edad 84 en el 2012. Entiendo que la Juez Rodríguez Rodríguez estaba moral, ética y legalmente obligada a orientar al cuerpo colegiado del Tribunal Supremo sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer, desconozco si tal orientación se realizó.

Además, su madre no se había operado del cuello ni tenía el calcio bajo. Sin embargo, a pesar de conocer esa realidad, la Juez Rodríguez Rodríguez votó en mi contra afirmando que yo le causé demencia a la paciente. No puedo negar mi sorpresa y decepción por tal decisión sin fundamentos científicos de la Juez Anabelle Rodríguez Rodríguez.

FRAUDE PROCESAL:

Es evidente que la sentencia en mi contra en este caso está basada en un fraude procesal.
Este honorable tribunal convirtió una “Mentira científica en una verdad jurídica” por medio de
una aberración judicial.

Esa sentencia no puede ser ratificada bajo ningunas otras circunstancias. Es una sentencia, no acumula jurisprudencia. Ya que se aplica únicamente a mi, la consecuencia de ello es, que yo pasaría a ser el único cirujano en la historia mundial de la medicina, que puede causar demencia, moriré con esa dudosa distinción.

Esto, causado por una decisión impuesta por un Tribunal, que no solo carece de conocimientos médicos, sino que también, fue parte de un proceso en el cual se vertió información falsa por un perito no cualificado.

Ante tales hechos, no puedo evitar la lamentable impresión de que esa sentencia se impuso como una especie de castigo por haber prevalecido en una demanda en contra de una abogada cuyas normas éticas fueron muy por debajo de lo que esperamos de nuestros letrados.

En un esfuerzo para corregir los errores, me vi forzado a demandar al perito doctor Falk en la
Corte Federal de San Juan. El juez Jay García Gregory desestimó el caso con perjuicio a favor
del perito. Acudí al Tribunal de Apelaciones de Boston y ordenaron que tratáramos una
negociación.

Negociamos y el doctor Falk tuvo que pagarme una cantidad confidencial para salirse del caso, cantidad que es inferior a los $170,000 que tuve que pagar por el exceso de mi póliza de $100,000. Evidencia que su testimonio era fraudulento.

Posteriormente, la Junta de Licenciatura y Disciplina Médicas (JLDM), cumpliendo fielmente
con sus responsabilidades institucionales, evaluó el caso y emitió una Resolución Núm. 2020-
70 el 20 de abril de 2023 exonerándome de toda culpa en el manejo de la paciente en cuestión.

Un tribuno expresó que este caso representaba un fracaso de la justicia. (1) La JLDM es la
dependencia del ejecutivo que le otorga la licencia a los médicos, los evalúa, los disciplina y los
remueve de su práctica.

A través de los años la JLDM se ha caracterizado por llevar a cabo todos los esfuerzos para
establecer la verdad científica médica. La JLDM representa la máxima autoridad en Puerto Rico.

Triple S Seguros pagó la totalidad de $280,000 que me impuso este honorable tribunal, por lo
que tuve que restituirle a Triple S Seguros $170,000 por el exceso de mi póliza de $100,000.
Triple S Seguros le envió un comunicado al National Practitioner Data Bank el 4 de enero de
2016 (2) donde indican que no le causé daño alguno a la paciente, la única molestia es que tiene que tomar calcio y vitamina D como todas las señoras mayores de 50 años para evitar la
osteoporosis.

Es sumamente importante recalcar que la American Alzheimer Research Foundation indicó
que no hay una relación causal entre el calcio bajo y la enfermedad de Alzheimer. (3)

La sentencia en mi contra de este honorable tribunal no está escrita en piedra. El Tribunal
Supremo Federal ha revocado 241 decisiones de ese mismo tribunal, desde el 1837 al 2020; la última fue Roe v Wade. Una acción similar por parte de este honorable tribunal sería más que
honorable. Pero las reglas de los tribunales son inflexibles y rígidas.

Ante la imposibilidad de conseguir representación legal acudí en dos ocasiones al Tribunal
Supremo Federal, pero en ambas ocasiones declinaron aceptar ver el caso. En la última
petición de reconsideración les solicité que adoptaran la doctrina de menor daño posible
expresada en el libro Supreme Hubris del profesor Aaron Tang. (4)

El doctor José Carlo, prominente neurólogo puertorriqueño y pasado Rector del Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico certificó el 23 de noviembre de 2021, que
no hay evidencia científica que indique que el calcio bajo puede causar la demencia de
Alzheimer. (5)

PETICIÓN:

La Junta de Licenciatura y Disciplinas Médicas me restituyó mi prestigio y credibilidad ante mis
colegas y pacientes. Sin embargo, la sentencia emitida por este honorable tribunal al que más
perjudica a la dignidad, prestigio y reputación del más alto tribunal de nuestro país.

Si no se anula esa sentencia permanecerá en los archivos de este alto tribunal la evidencia errática, injusta, con maledicencia, equivalente a prevaricación judicial en el sistema legal español.

Sugiero que los tres últimos jueces asociados, Hon. Angel Colón Pérez, Hon. Camille Rivera
Pérez y el Hon. Raúl A. Candelario López que llegaron luego de la sentencia en la que los
jueces encontraron la causa de las demencias se tomen la molestia de revisar este caso y
emitir una opinión al respecto pues sería injusto que su nombre sea asociado con esa
aberración judicial.

La anulación de esa sentencia no altera la inmunidad, impunidad e infalibilidad de los jueces obtenida al resolver casos estatutarios, casos resueltos para beneficio de los propios jueces.

Ya la Junta de Licenciatura y Disciplinas Médicas me restituyó mi prestigio y credibilidad ante la
sociedad. Compete a este honorable tribunal restituirse a sí mismo el honor, prestigio, estima,
honra y distinción ante el pueblo de Puerto Rico. Eso solo se logra anulando esa sentencia que
estuvo basada en fraude procesal y con la intención de castigar a este ciudadano que le ha
servido bien a su pueblo desde la academia educando a estudiantes de medicina y adiestrando
cirujanos generales para nuestro país.
Respetuosamente sometido,

Enrique Vázquez Quintana MD

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Con cuestionable expediente corredores del gobierno seleccionados por Hacienda 

Por
Miguel Díaz Román
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Por Miguel Díaz Román 

Al menos dos de los 13 nuevos corredores de seguros seleccionados para manejar los riesgos de gobierno han provocado serias interrogantes sobre los criterios de selección utilizados por el Departamento de Hacienda, pues uno de ellos arrastra graves cuestionamientos sobre su probidad para ejecutar la encomienda mientras que el otro es un contratistas del gobierno, en la que una de sus empresas presentan un cuadro de irregularidades en la asignación de fondos públicos. 

El primero de ellos es el ex comisionado de seguros Javier Rivera Ríos, a quien el Departamento de Hacienda seleccionó para integrar el grupo de corredores que manejarán los riesgos de las agencias del gobierno central y de las corporaciones públicas.

De acuerdo con fuentes de SN, Rivera Ríos es un agente de seguros especializado en seguros de vida que no cuenta con la experiencia necesaria y una estructura para manejar carteras de propiedad y contingencia, que son, en gran medida, la mayoría de los riesgos del gobierno.

Otro factor que ha levantado serios cuestionamientos sobre su capacidad para ejecutar la encomienda es que durante su incumbencia como Comisionado de Seguros durante la administración fallida de el ex gobernador Ricardo Rosselló, Rivera Ríos cargaba un cuadro de morosidad alarmante que habían causado que el Banco Popular y el desaparecido Scotiabank radicaran contra él tres demandas para recuperar $290,238.00 relacionadas con el impago de dos hipotecas y una línea de crédito.

Una situación que representó un grave conflicto de interés para Rivera Ríos, pues esas entidades bancarias operaban agencias generales de seguros que son fiscalizadas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). 

De hecho, la morosidad de Rivera Ríos llegó al extremo que su vehículo Mercedes Benz fue incautado por falta de pago en el estacionamiento dedicado a los empleados de la OCS, cuyas oficinas, en aquel momento, estaban ubicadas en un edificio de oficinas en la calle Tabonuco en el sector San Patricio en Guaynabo.

Pero quizás el asunto más grave es que durante la gestión de Rivera Ríos como Comisionado de Seguros la OCS perdió la acreditación que concede la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) debido a la aprobación de una transacción en la que una aseguradora recién instalada en el Centro Internacional de Seguros en San Juan intentó anular sus contratos de reaseguro para recuperar $2,700 millones, lo que habría dejado sin protección a miles de asegurados en Estados Unidos.

Responsable de evaluación deficiente

La deficiente evaluación de la transacción y sus consecuencias posteriores ocurrieron entre 2017 y 2020. De hecho, el 27 de julio de 2020, la NAIC suspendió la acreditación de la OCS. No obstante, los efectos de aquella deficiente evaluación han continuado causando dificultades a la OCS hasta el punto que actualmente la acreditación se encuentra nuevamente en entredicho por parte de la NAIC.

La Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, viajará esta semana a la ciudad de Holywood en Florida donde se celebrará la reunión nacional de otoño de la NAIC, para defender la permanencia de la acreditación, luego de la aprobación de la ley 130 de 2025, que impone nuevas regulaciones y requisitos financieros a las aseguradoras internacionales instaladas en el Centro Internacional de Seguros. 

De hecho, Del Valle Lecároz ha reclutado los servicios del ex gobernador Luis Fortuño, quien representará a la OCS ante los directivos de la NAIC.

El 22 de enero de 2020 Rivera Ríos presentó su carta de renuncia a petición de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien en realidad lo despidió de manera fulminante.

Hacienda premia a Rivera Ríos

A pesar de todo lo dicho anteriormente, el Departamento de Hacienda no tan sólo seleccionó a Rivera Ríos como uno de los nuevos corredores del gobierno sino que, alegadamente, le otorgó el manejo de una póliza de incapacidad para los empleados públicos a través del Sistema de Retiro que, además, permite el pago de una lucrativa comisión. 

Fuentes de SN sostienen que el trato favorable concedido a Rivera Ríos obedece a su función como recaudador financiero para la campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón. 

En comunicación con SN Rivera Ríos confirmó que integra el grupo de los nuevos corredores del gobierno y señaló que no conoce las agencias que le serán asignadas. No obstante, fuentes de SN aseguran que la división de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda, que administra el programa de corredores del gobierno, ya comenzó a repartir las agencias y corporaciones públicas que manejarán los corredores seleccionados.

Cuando se le preguntó por la póliza de incapacidad para los empleados públicos que el Departamento de Hacienda también le asignó el excomisionado de seguros sostuvo que no podía continuar respondiendo a las preguntas de sn porque «tengo gente al frente que debo atender». 

El segundo caso trata del agente de seguros César Vargas Velázquez, quien tiene oficinas en el pueblo de Moca. Aunque este agente de seguros nunca había integrado el grupo de corredores del gobierno, su figura es conocida en el Departamento de Educación (DE) pues es propietario de la empresa LS Innovative Education Center Inc, que posee una escuela en Moca para niños de educación especial.

Según trascendió el 12 de septiembre de 2024 en una vista pública de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial, LS Innovative Education Center Inc obtuvo un polémico contrato con el DE de $10.5 millones para atender 16 estudiantes de educación especial.

Enmiendas lucrativas

Esto implica que el costo por estudiante ascendió a la insólita cantidad de $656,250.

El contrato fue concedido originalmente el 1 de octubre de 2023 por la cantidad de $4.6 millones para atender siete estudiantes, lo que implica que el costo por estudiante ascendió  a $657,142.

El documento fue firmado por la entonces secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, y el agente de seguros César Vargas Velázquez.

En enero de 2024 el contrato fue enmendado para inyectarle $2 millones, lo que aumentó el pago global por  la cantidad de $6.8 millones. Luego, en agosto de 2024, el contrato fue enmendado por segunda ocasión para agregar $3.7 millones, lo que elevó a $10.5 millones la cantidad total acordada. Además, se avaló aumentar a 16 la cantidad de estudiantes que podría atender el colegio.

La senadora María de Lourdes Santiago,  quien presidió la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial, cuestionó ampliamente el contrato y sus enmiendas. 

De hecho, en la vista pública, según reseñó el periódico digital Noticel, funcionarios del DE sostuvieron que no estaba justificada la cuantiosa cantidad de dinero que involucra el contrato. También se planteó que las facilidades del colegio en Moca no acreditaban semejante desembolso de fondos públicos.

En la citada vista pública la senadora Santiago señaló que el cuantioso contrato de LS Innovative Education Center Inc. es un claro ejemplo de la disparidad en los costos de los proveedores de servicios en el DE. Según se dijo en la vista, no existe un estudio de gastos que estandarice los precios que debe pagar el DE a los proveedores, lo que provoca que «sus propuestas se aprueben sin poner en duda si vale lo que se está solicitando».

Una visita a la página en Facebook de LS Innovative Education Center Inc. demuestra las buenas relaciones que César Vargas Velázquez mantiene con la presente administración de la gobernadora González Colón, pues existe una foto del secretario educación, Eliezer Ramos Parés, quien realizó una visita a la escuela el pasado 29 de noviembre.

Empresa familiar

En realidad LS Innovative Education Center Inc. es una empresa familiar con ingresos multimillonarios en la que la hija de César Vargas Velázquez, Ilianetsie Vargas,  es la segunda en mando en la empresa, mientras que la esposa de César Vargas, Lillian Salas, es la secretaria.

SN ha intentado establecer comunicación con César Vargas Velázquez o con sus oficinas en Moca sin obtener éxito.

Además del ex comisionado de seguros, Javier Rivera Ríos, y del agente de seguros, César Vargas Velázquez, el Departamento de Hacienda seleccionó a las siguientes empresas o corredores: Enrique Pavial; la empresa AEGIS; Rafael Amador; José Carrión III y su empresa LAT 18; la empresa MAPS, vinculada a Nelson Santiago; la empresa Myriad, que según fuentes de SN ha estado relacionada con seguros de salud; René Fernández; Eduardo Martí; la empresa SHIELD, la cual está relacionada con Ricardo López Cepero, quien fue ex alcalde interino de Culebra y las empresas Vidal & Rodríguez y Owners Risk Insurance Management.

Hacienda sigue hermética

Las serias interrogantes que han surgido sobre los criterios de selección que utilizó el Departamento de Hacienda acontecen en momentos cuando la agencia ha continuado con una posición hermética, en la que no se ofrece información sobre el proceso que culminó con la designación de 13 nuevos corredores. 

Estos se unen al grupo de 19 corredores que estuvieron en los pasados años y que el Departamento de Hacienda ha decidido mantener como corredores del gobierno. En total el gobierno tendrá 33 corredores, según aseguran fuentes de SN.

Incluso, los corredores que presentaron propuestas para integrar el grupo de corredores del gobierno han criticado la tardanza y la falta de información sobre el proceso de selección de parte del Departamento de Hacienda.

Sobre este particular la agencia desestimó los señalamientos sobre atrasos y falta de información al sostener que el proceso de selección realizado en 2025 es similar al que se hizo en 2021, que fue la última vez que la agencia evaluó y seleccionó a los corredores de seguros del gobierno.

“Actualmente, el Departamento de Hacienda está en la etapa final del proceso de contratación de los productores de seguros para el año fiscal 25-26. Este proceso de evaluación de propuestas es el mismo que el Departamento llevó a cabo en el año 2021, cuando se adjudicaron los contratos al finalizar el año. Desde ese año, el Departamento no había realizado un proceso de esta naturaleza para la selección de productores de seguros», sostuvo la agencia en unas declaraciones escritas enviadas a SN.

En el 2020 el ex secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, decidió consultar a las agencias en torno a si los servicios ofrecidos por los corredores de seguros fueron satisfactorios. Tras la consulta, que favoreció a los corredores,  Parés Alicea decidió extender la vigencia de los contratos de todos los corredores durante los años 2022, 2023 y 2024.

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