La aseguradora MAPFRE lidera por tercer año consecutivo el ranking de empresas del IBEX 35 por su “firme compromiso con el colectivo sénior”, según la sexta edición del informe ‘Carrera y Talento Sénior 2023’, que analiza la gestión del talento sénior de las empresas del selectivo español.

La aseguradora ha obtenido la máxima puntuación del IBEX 35, con 24 puntos y sobresale por su reconocimiento hacia la diversidad generacional y eliminación de cualquier conducta excluyente o discriminatoria por razones como la edad.

Destaca, además, por contribuir a generar una cultura ‘proaging’, donde se fomente la convivencia y el impulso de equipos multigeneracionales como clave para la mejora de la competitividad e innovación de los proyectos, en los que según la compañía todos puedan aportar, permitiendo así una transferencia de conocimiento entre la experiencia de los empleados sénior y los más jóvenes.

El informe, elaborado por la Fundación Haz, analiza 15 indicadores sobre el talento sénior, como la diversidad generacional, el proceso de contratación y promoción del personal; el bienestar entre sus empleados, la participación en iniciativas multisectoriales; el porcentaje de equipos multigeneracionales y las medidas de acompañamiento que impulsan las compañías en el transcurso a la jubilación de sus empleados senior.

Proyecto ‘Ageing’, ejemplo de buena práctica

El informe destaca las mejores prácticas dirigidas a promover una sociedad más comprometida y justa con los profesionales sénior. Entre ellas, señala el proyecto ‘Ageing’ que MAPFRE desarrolla en España con el objetivo de consolidar un entorno laboral en el que se aproveche todo el talento disponible con independencia de la edad.

Actualmente, la iniciativa se lleva a cabo bajo tres líneas de actuación basadas en el impulso del talento sénior, acompañamiento en la transición a la jubilación y mayor flexibilidad laboral.

Bienestar del empleado

El informe ha incorporado como novedad un nuevo indicador que evalúa el clima sociolaboral de las empresas analizadas con una segmentación por grupos de edad, indicador en el que también destaca MAPFRE como compañía con los niveles más altos de compromiso a la hora de medir el bienestar de los empleados, tanto en los grupos de menor edad como en el colectivo sénior.

Talento sénior: profesionales muy experimentados

“Las organizaciones tenemos la responsabilidad de proveer un entorno laboral en el que todos los empleados puedan dar lo mejor de sí mismos durante toda su vida laboral. Sin duda, contar con el talento senior es una manera de aumentar la eficacia de las organizaciones, son profesionales altamente experimentados que han dedicado muchos años de su vida profesional a crear, gestionar, transformar y hacer crecer nuestras empresas, y que, claramente, son los que mejor transmiten la cultura y valores de la empresa”, asegura Anastasia de las Peñas, directora corporativa de Experiencia Empleado de MAPFRE.

Entorno multigeneracional

Actualmente, la compañía cuenta con una plantilla donde conviven hasta cinco generaciones diferentes y en la que trabajan 8.495 empleados mayores de 50 años, cifra que representa el 28% de la plantilla global.

Sus principales retos en este ámbito son seguir promoviendo una convivencia integradora, facilitar la transferencia de conocimiento entre generaciones; aprovechar las fortalezas y capacidades de todo el talento disponible con independencia de la edad, e implantar modelos de trabajo que respondan a las necesidades de los empleados, según el momento vital en el que se encuentran.

Por Miguel Díaz Román

Actualmente quedan en los tribunales del país unos 212 casos judiciales relacionados con los daños causados por los huracanes Irma y María en 2017, que involucran fundamentalmente impugnaciones en contra de Ia valorización de las pérdidas realizada por las aseguradoras o por los asegurados, y por discrepancias en Ia interpretación de Ia cubierta y la extensión de las pólizas de seguro.

Los 212 casos representan el 4.88 % de los 4,345 casos judiciales relacionados directamente con los daños causados por los huracanes Irma y María radicados entre 2017 y 2023 en los tribunales del país.

La información fue revelada hoy por la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) a petición de SN. La OAT informó que la información fue recopilada hoy por la oficina de estadísticas, ciencia de datos y planificación de la Rama Judicial.

Según los datos provistos por la OAT, al 14 de abril del 2024 los tribunales ya habían resuelto un total de 4,133 casos judiciales vinculados a los daños causados por los huracanes Irma y María, lo que implica que el 95.12 % de todos los casos radicados en los tribunales (4,345) ya habían sido sentenciados a habían logrado un acuerdo que disolvió la disputa.

No obstante, en un informe estadístico elaborado por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en 2024, se establece que, para el 31 de diciembre de 2023, el total de las reclamaciones causadas por los huracanes Irma y María ascendieron a 303,924.

En ese contexto, la cifra de 212 casos judiciales de reclamaciones impugnadas que permanecían en los tribunales al 14 de abril de 2024, constituye sólo el 0.07 % del universo total de reclamaciones informado por la OCS (303,924).

Resultas el 99.7 % de las reclamaciones

El informe de la OCS sostiene que al 31 de diciembre del 2023 el 99.7 % de las reclamaciones presentadas, es decir, 303,924 reclamaciones, ya habían sido resueltas por las aseguradoras y el total de dinero pagado ascendió a $7,441,225.2 millones.

A pesar de que solo quedan 212 casos en los tribunales de reclamaciones causadas por el huracán María y de que el 99.7 % de los reclamos fueron resueltos por las aseguradoras, el diario El Vocero sostuvo en una historia que permanecen sin solución 300,000 reclamaciones, lo que representa un caso claro de desinformación periodística.

Incluso, la representante Yashira Lebrón reveló hoy que presentará una medida para investigar porqué no han sido atendidas 300,000 reclamaciones, lo que demuestra que la legisladora es una víctima de la desinformación que difunde la prensa, como veremos más adelante.

Según el informe de la OCS, para el 31 de diciembre de 2023 ya se habían resuelto el 100 % de las reclamaciones por pérdidas en propiedades residenciales, en autos personales, en autos comerciales, en reclamaciones relacionadas con inundaciones y en reclamos presentados por el gobierno en su carácter de asegurado.

Las reclamaciones del gobierno incluyen a las agencias del gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas.

Sin resolver reclamaciones de propiedades comerciales

El informe de la OCS indica que por las reclamaciones relacionadas con propiedades residenciales las aseguradoras pagaron $970,539,508.2 millones en 200,419 reclamaciones; en autos personales se pagaron $80, 586012.5 millones en 39,247 reclamaciones; en autos comerciales $23,851,117.7 millones en 4,541 reclamaciones; en reclamos presentados por el gobierno se pagaron $1,074,814,014.9 millones en 2,474 reclamaciones y, en los reclamos relacionadas con inundaciones se pagó $39,082,003.3 millones en 6,021 reclamaciones.

Uno de los renglones en los que aún existen reclamaciones que no han obtenido una solución son los seguros de propiedades comerciales, que incluye comercios, industrias y condominios.

Los otros dos renglones en el que permanecen reclamaciones sin solución es el de seguros que ofrecen protección por los efectos de la interrupción en las operaciones de negocios y en otras líneas de seguros muy especializadas.

De hecho, el informe de la OCS indica que en estos tres renglones se han resuelto el 98 % de las reclamaciones, lo que implica que los reclamos sin una solución final es muy diminuta.

Según el informe, en los seguros de propiedades comerciales se han pagado $4,238,888,247.12 millones en 33,478 reclamaciones; en los seguros para la interrupción de negocios se han desembolsado $628,375,641.7 millones en 5,160 reclamaciones y en otras líneas de seguros se han pagado $385,114,699.3 millones en 12,584 reclamaciones.

Desinformación a la carta

A pesar de estas estadísticas contundentes emitidas por la OAT y por la OCS, el periódico El Vocero publicó una historia en la edición del pasado 8 de abril en la que sostuvo que “aún permanecen sin resolverse sobre 300 mil reclamaciones por daños del huracán María”.

La historia, que fue escrita por el periodista Carlos Aponte Inostroza, fue encabezada por un titular contradictorio, pues mientras el titular principal alegaba que aún existen 300,000 reclamaciones sin solución, en un subtítulo se indicó de manera escueta que “según datos de la OCS, un 99.7% de los casos están completados y cerrados”.

El periódico no realizó gestión alguna para corregir la evidente contradicción.

Más aún, la historia sostiene falsamente que “del informe también se desprende que la cantidad total de reclamaciones entre todas las categorías que estaban pendientes era de 303,924, las cuales se dividen en los siguientes grupos: 200,419 en propiedad residencial; 33,478 en propiedad comercial; 39,247 en autos personales; 4,541 en autos comerciales; 5,160 en interrupción de negocios; 2,474 en gobierno; 6,021 en inundaciones (privadas), y 12,584 entre otros tipos de reclamaciones”.

El informe de la OCS utilizado por El Vocero es el mismo que recibió SN y en realidad, de la información que ofrece el documento, es imposible llegar a semejante conclusión.

Representante primera víctima

Quizás el caso más dramático de la desinformación promovida por el diario El Vocero es el de la representante Lebrón, quien hoy anunció que radicará una resolución “para investigar las razones por la cual todavía sobre 303,924 reclamaciones de seguro, asociadas al impacto del huracán María en septiembre de 2017, no han sido atendidas”.

La información fue publicada por el diario Metro.

En declaraciones escritas la legisladora sostuvo que ella y la ex representante Maricarmen Mas trabajaron el pasado cuatrienio “para que las aseguradoras cumplieran con los ciudadanos. Inclusive, fuimos los primeros en someter legislación para regular la práctica del ajustador público ante lo sucedido con el huracán María”.

Lebrón también se mostró alarmada porque “casi siete años después, el hecho de que 300,000 reclamaciones, la mayoría de estas relacionadas a complejos de vivienda horizontal, los condominios y ‘walkups’, estén pendiente nos preocupa mucho, más cuando se nos informa que esta temporada de huracanes será una muy activa”.

No está claro porqué la representante Lebrón, quien tiene acceso directo en las agencias del Ejecutivo y a la Rama Judicial, no solicitó información de primera mano sobre este asunto en la OAT y en la OCS, antes de anunciar una investigación sobre un hecho que no ha ocurrido como lo reseñó El Vocero.

Por Miguel Díaz Román

La liquidación de Integrand Assurance Company y Real Legacy Assurance Company en 2019 generó más de 11,300 reclamos y hasta el pasado 31 de marzo de 2024 se han pagado $78 millones en reclamaciones, de los cuales $26 millones son el producto de dos derramas que han pagado las aseguradoras activas en el mercado y quienes ya fueron autorizadas a recuperar ese dinero a través de las primas de los seguros que venden a los consumidores.

En otras palabras, la liquidación de Integrand y de Real Legacy ya le ha costado $26 millones a los consumidores de seguros del país y no se descarta que en el futuro sea necesario decretar una o más derramas para completar el pago de las reclamaciones generadas por los asegurados de esas dos aseguradoras, según reveló el licenciado Rafael Rocher, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AGSM).

Los $26 millones se desglosan en $11 millones para el pago de las reclamaciones de Real Legacy y $15 millones para Integrand. 

La AGSM es el organismo creado por la ley 72 de 1991 para identificar, investigar y pagar las reclamaciones generadas por cada asegurador intervenido y liquidado por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Independientemente de que la cantidad de dinero se haya estimado como una pérdida legítima experimentada por un asegurado, la AGSM está autorizada a pagar hasta $300,000 por cada reclamación.

El límite de $300,000 revela que los asegurados de Integrand o de Real Legacy que presentaron reclamaciones cuyo monto superó esa cantidad en realidad experimentaron una pérdida irrecuperable, la cual es consecuencia directa de la insolvencia de su aseguradora.

Rocher reveló que hasta el pasado 31 de marzo se han logrado resolver más de 9,100 reclamaciones o más del 80% de todos los reclamos producidos por la liquidación simultánea de estas dos aseguradoras.

En síntesis, Integrand y de Real Legacy fueron intervenidas por la OCS luego de que, tras el catastrófico huracán María, aflorara la insolvencia de ambas aseguradoras para afrontar la magnitud de pérdidas generadas por el fenómeno meteorólogico.

La insolvencia sacó a relucir un trasfondo sumamente preocupante que incluyó la insuficiencia de los contratos de reaseguro y los elevados descuentos en las primas para los seguros de propiedad concedidos estas dos aseguradoras.

Tanto el monto de las reclamaciones generadas tras la liquidación de Integrand y de Real Legacy y la cantidad de dinero ya pagado a los asegurados representan un hito histórico para procesos de esta naturaleza en Puerto Rico, según indicó Rocher.

La imposición de derramas por parte de la AGSM comprende que cada asegurador activo aportará una porción del monto total de la derrama, la que finalmente será recuperada por estas empresas a través de aumentos de primas a los asegurados. 

No se descartan más derramas

No obstante, el licenciado Rocher no descartó que en el futuro sea necesario imponer nuevas derramas para completar el pago de las reclamaciones de Integrand y Real Legacy, aunque señaló que en la actualidad es imposible determinar si será necesario tomar esa decisión.

“En este momento, aunque no debe descartarse la posibilidad de que la AGSM imponga derramas en el futuro, no se puede precisar cuándo, ni cuántas o por qué cantidad”, dijo el director ejecutivo de la AGSM.

Rocher mencionó que la imposición de derramas es el producto de un riguroso análisis por parte de la AGSM, debido a que los aseguradores autorizados a hacer negocios en Puerto Rico están facultados a recuperar de sus asegurados aquella cantidad de dinero que hayan desembolsado para cumplir con una derrama.

“La determinación sobre la necesidad de imponer una derrama se fundamenta en varios factores como las reclamaciones pendientes; la reserva de pérdida estimada; los planes para la resolución de reclamaciones que la AGSM; los recursos disponibles de la AGSM; el reembolso de los gastos de manejo y ajuste de las reclamaciones por parte de los aseguradores en liquidación; y la posibilidad de que los aseguradores en liquidación puedan adelantarle recursos económicos adicionales a la AGSM para el pago de reclamaciones y gastos de ajuste”, explicó el ejecutivo. 

La OCS autoriza dos recobros

De hecho, la OCS emitió dos cartas normativas para autorizar el recobro de las derramas por parte de las aseguradoras, la primera, la CN-2021-299-D, fue emitida el 18 de marzo de 2021 para recuperar los $11 millones que las aseguradoras pagaron para ayudar a pagar las reclamaciones de Real Legacy.

La segunda carta normativa, la CN-223-336–D, que fue emitida el 23 de mayo de 2023, tenía como objetivo recuperar los $15 millones pagados para ayudar a pagar las reclamaciones de Integrand. 

Rocher explicó que el total de $78 millones pagados en reclamaciones al 31 de marzo de 2024, se desglosan en $42.9 millones de Real Legacy y $35.1 millones para las reclamaciones relacionadas con Integrand.

 Según reveló Rocher, la reserva de pérdida para estas dos aseguradoras estimada por la AGSM asciende a $65.3 millones, de los cuales $34.2 millones corresponden a las reclamaciones relacionadas con Real Legacy y $31.1 millones para las reclamaciones relacionadas con Integrand. 

La AGSM estableció un sistema de resolución y pago de reclamaciones por fases que, además, se nutre de los recursos económicos propios del organismo, así como del dinero obtenido por medio del establecimiento de derramas.

Venta de activos para pagar reclamaciones

Otra fuente importante de dinero para pagar las reclamaciones es aquella que surge por el adelanto de dinero existente en las cuentas bancarias y en las reservas de los aseguradores en liquidación.

Además, la AGSM puede contar con el dinero que ha logrado recuperar el liquidador nombrado por la OCS para ambas aseguradoras, el cual se vale de la venta de activos de estas empresas para generar fondos con el fin de pagar reclamaciones.

Entre estos activos también figuran la redención de inversiones y la venta de bonos, acciones y otro tipo de inversiones especulativas, edificios, terrenos, autos y obras de arte, entre otros.

De hecho, el liquidador de Real Legacy e Integrand deben presentar ante el Tribunal de Primera Instancia, que figura como Tribunal Supervisor de cada liquidación, un informe sobre el estado de situación de cada asegurador y los reportes sobre ingresos y gastos.  

La liquidación de un asegurador implica un proceso sumamente complejo, que incluye que la AGSM se haga cargo de los casos legales relacionados con la impugnación de reclamaciones o de reclamos del asegurador contra un asegurado, y que figuraban como casos activos en los tribunales en el momento en que el asegurador fue intervenido por la OCS.  

Para estos casos legales la AGSM se ve obligada a incurrir en gastos legales y para la contratación de peritos, los cuales se denominan como gastos de ajuste. Estos gastos también son reembolsados a la AGSM con los fondos que logra recuperar el liquidador del asegurador intervenido.

Por Miguel Díaz Román

One Alliance Insurance Corporation (OAIC) ha demandado al ajustador independiente Benjamín Acosta LLC por, alegadamente, recomendar que la aseguradora pagara a la empresa de inversiones en bienes raíces PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC (PAPRI), la cantidad de $834,312.25 como compensación por los daños causados por el huracán María en una propiedad que no fue afectada por el fenómeno meteorológico.

Incluso, OAIC sostiene que el ajustador independiente Benjamín Acosta hizo la recomendación de pago por los daños a la citada propiedad, a pesar de que no inspeccionó la estructura y de que nunca realizó el ajuste de la citada reclamación.

La propiedad en controversia está ubicada en la avenida José Mercado del barrio Cañaboncito, en Caguas.

Las graves imputaciones de OAIC contra el ajustador independiente figuran en una demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el pasado 15 de marzo por el bufete Morales Boscio Law Offices, quien es el representante legal de OAIC.

“Acosta (el ajustador independiente Benjamín Acosta), en un acto de crasa negligencia e incumplimiento no solo de sus obligaciones contractuales, sino como ajustador independiente, recomendó el pago de $834,312.25, de una propiedad que no sólo no sufrió los daños alegados, sino y peor aún, que no fue inspeccionada y ajustada por éstos en claro y manifiesto incumplimiento contractual con la parte demandante”, alega la demanda.

Reclamaciones “duplicadas”

En la petición judicial OAIC reclama el pago de daños y perjuicios por el alegado incumplimiento de contrato y actuación negligente de parte de Benjamín Acosta. También sostiene que la acciones “negligentes y culposas” del ajustador independiente, al recomendar el pago por daños “sobreestimados e inexistentes” de la propiedad ubicada en Caguas, “provocaron que OAIC haya sido víctima de este cobro indebido, nulo, fraudulento y duplicado por PRAPI”. 

Incluso, la alegación sobre que OAIC fue objeto de una reclamación “duplicada” obedecen, según la demanda, a que Benjamín Acosta recomendó el pago por la cantidad de $834,312.25 por la propiedad en Caguas, a pesar de que esa estructura había recibido una compensación por los mismos daños de parte de la aseguradora Triple S Propiedad.

SN se comunicó con las oficinas del ajustador independiente en busca de una reacción sobre las graves imputaciones señaladas en la demanda, pero al cierre de esa edición no se había recibido reacción alguna de parte de Benjamín Acosta.

En la demanda OAIC reclama una compensación por daños que excede más de $1 millón que incluye una petición de pago de $250,000, que corresponden a los gastos, costas y honorarios de abogado incurridos por la aseguradora.

Además, la demanda sostiene que Benjamín Acosta es responsable de compensar a la aseguradora por la cantidad de $834,312.25, debido a que otra sala del Tribunal de Primera Instancia ya le ordenó a OAIC pagar esa suma a PAPRI.

“OAIC ha realizado múltiples gestiones con Acosta para que asuma su responsabilidad ante el error y negligencia de recomendar para pago los alegados daños de una propiedad que no sufrió los daños alegados, y que no fue inspeccionada por éstos en incumplimiento con sus obligaciones frente a esta parte. No obstante, Acosta se ha negado a cooperar y a asumir su responsabilidad como tampoco ha sometido copia de su póliza de errores y omisiones solicitada por OAIC en múltiples ocasiones. Ante dicho comportamiento, altamente temerario y contumaz por parte de Acosta, OAIC no ha tenido otra alternativa que someter la presente acción judicial por incumplimiento y daños. OAIC no tiene a su alcance otro remedio adecuado en ley para proteger sus intereses”, sostiene el documento.

Demanda con trasfondo 

Las imputaciones de parte de OAIC contra Benjamín Acosta están enmarcadas en una controvertible denuncia que la aseguradora radicó en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) contra PAPRI, el ajustador público Affiliated Adjustment Group y el conocido bufete de abogados O’Neill & Borges.

La denuncia ante la OCS sostiene que estas empresas actuaron en común acuerdo para establecer un patrón de fraude organizado en seguros de propiedad en contra de OAIC.

La denuncia fue presentada el pasado 12 de diciembre del 2023 por el licenciado Jesús Del Valle, quien es el representante legal de OAIC en este caso.

En la querella el licenciado Del Valle imputa a las dos empresas y al bufete de abogados O’Neill & Borges incurrir en acciones compatibles con el delito federal de extorsión (racketeering) que se introdujo en el código penal estadounidense en 1970 para perseguir a las organizaciones mafiosas y que se define como el acto de adquirir un negocio a través de una actividad ilegal o utilizar un negocio para cometer actos ilegales.

La grave denuncia relata diversas instancias en las que OAIC asegura que PAPRI presentó reclamaciones por daños causados por el huracán María en 2017 en determinadas propiedades de las cuales no eran dueños y cuyos pagos no fueron informados ni entregados a los verdaderos propietarios registrales.

 Se trata de unas 300 propiedades residenciales y comerciales que PAPRI adquirió en una transacción con el Banco Popular en 2011. Alegadamente, los préstamos hipotecarios de las propiedades se encontraban en morosidad y una cantidad indeterminada de los dueños de esos préstamos aún estaban residiendo en esas propiedades durante el paso del huracán María.

De hecho, la propiedad incluida en la demanda contra Benjamín Acosta también figura en la denuncia ante la OCS presentada por OAIC.

Por Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) 

Tras un análisis exhaustivo de la regla final de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) sobre las tarifas de Medicare Advantage (MA) que entrarán en vigor para el 2025, los comités técnicos de MMAPA concluyeron que la disparidad en las tarifas base de pago de MA para Puerto Rico empeorará para el 2025, lo cual implica una reducción en los fondos disponibles que impacta a beneficiarios y proveedores.

Los pagos base promedio de todo el programa serán 65% superiores a los aplicables a Puerto Rico ($1,130 promedio, $684 PR), lo cual es más del doble que la distancia que existía para el año 2011, cuando los pagos promedio de todo Estados Unidos eran 32% más que los aplicables a los beneficiarios residentes de la isla ($787en promedio, $595 en PR).

Además, se prevé que la inflación anual de los costos de los servicios de salud será de alrededor del 6%, mientras que los ajustes en las políticas de pago de CMS del 2024 a 2025 impactarán con un recorte estimado para Puerto Rico de negativo -1.55%.

En resumen, entrando al 2025 el programa experimentará un déficit de sobre $400 millones en Puerto Rico como resultado de los recortes en los pagos y la inflación de los costos en los servicios de salud, que incluye aumentos en los precios de los medicamentos.

Por otra parte, para el año 2023 los planes de salud en el segmento de Medicare Advantage de Puerto Rico acaban de reportar una pérdida agregada sin precedentes de más de $500 millones, según reportado en los informes requeridos por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés).

“MMAPA tenía la esperanza de que los CMS tomaran medidas administrativas para mitigar la creciente brecha de pago para los beneficiarios que viven en Puerto Rico, tal como lo hicieron en 2011, especialmente después de que el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) solicitara información adicional el 14 de marzo, dando a los planes un plazo hasta el 22 de marzo, justo antes de la fecha programada para la publicación de las tarifas del programa de MA para 2025. En un esfuerzo sin precedentes, la asociación y un gran grupo de partes interesadas -más de 60 funcionarios gubernamentales y organizaciones comunitarias privadas y de salud- destacaron las circunstancias especiales que rodean al programa en Puerto Rico y suministraron nuevos datos y análisis concretos para respaldar una acción afirmativa de parte de HHS. Causa decepción en toda la comunidad que, luego de presentar nuevos datos contundentes sobre la inequidad de fondos y las anomalías históricas en las fórmulas de pago que nos aplican a Puerto Rico, el Departamento de Salud federal y CMS no hayan hecho los ajustes administrativos justos y necesarios para todos los ciudadanos estadounidenses de la tercera edad que viven bajo el nivel federal de pobreza en nuestra isla”, dijo el presidente de MMAPA, Roberto Pando.

Los componentes importantes que distinguen la situación de Puerto Rico son los siguientes:

Con el 24% de la población mayor de 65 años, Puerto Rico tiene el mayor porcentaje de adultos mayores en los EE. UU., y el 38% de sus residentes viven por debajo del nivel federal de pobreza federal, que es cuatro veces más alta que el promedio nacional en los Estados Unidos.

De los 657,000 beneficiarios en la isla cubiertos por Medicare Advantage, más de 300,000 son beneficiarios con doble elegibilidad que reciben cubierta de Medicaid por vía del programa integrado, Medicare Platino.

Solo el 5% de todos los beneficiarios elegibles continúan recibiendo sus beneficios de Medicare Tradicional de las Partes A y B, mientras que el 95% restante ha seleccionado Medicare Advantage.

En Puerto Rico, solo el 9% de los participantes del Medicare Tradicional pagan y se inscriben en un plan independiente de farmacia (Parte D), en contraste con el 70% de los beneficiarios en todos los Estados Unidos.

Los beneficiarios de Medicare de bajos ingresos en Puerto Rico no son elegibles para recibir más de $2,100 en beneficios y asistencia mensual debido a exclusiones de los programas de Medicare, Medicaid y del Seguro Social que aplican exclusivamente a ciudadanos que residen en Puerto Rico. MA ha estado subsidiando estas brechas.

En resumen, los elementos únicos en la situación del beneficiario de Medicare Advantage en Puerto Rico incluyen estos dos factores claves, según presentados a HHS y CMS:

Medicare Original FFS No Funciona Igual en PR – Las fórmulas de pago estándar en Medicare, incluida la de MA, han producido resultados atípicos debido a anomalías en los datos y diferencias reglamentarias durante décadas.

El Departamento de Salud federal y los CMS tienen autoridad administrativa para rectificar anomalías, dado este historial, y elevar las tasas de MA para Puerto Rico como mínimo al mismo nivel que se le paga a las Islas Vírgenes Americanas (USVI).

Las tarifas de MA en las USVI son 26% más altas que las de Puerto Rico, pero las tarifas de la Parte A y la Parte B están en niveles similares en Puerto Rico, en comparación con las USVI y Florida, que tienen parámetros de MA de un 65% por encima de Puerto Rico.

Nivel de Pobreza y Exclusiones de Beneficios Únicamente en PR – Puerto Rico tiene una combinación irreplicable de exclusiones en Medicare, Medicaid y otros programas federales de asistencia, pobreza y alto costo de vida.

En respuesta a estas circunstancias, el programa MA está ofreciendo mayores beneficios suplementarios en Puerto Rico, ya que está cubriendo beneficios esenciales que la población de bajos ingresos recibe mediante otros programas en los estados.

 La mayor parte del dinero de los beneficios suplementarios de MA se utiliza para ayudar a las personas a cubrir sus primas de la Parte B y la Parte D, así como sus deducibles y coaseguros de las Partes A y B.

El alto costo de los beneficios suplementarios de MA en Puerto Rico refleja necesidades únicas existentes y son la razón por la que muchos beneficiarios tienen acceso a los beneficios esenciales de Medicare, no lo contrario.

Por otra parte, cabe destacar que el programa MA ofrece beneficios que atienden los determinantes sociales de la salud en todo los Estados Unidos. Estos beneficios son parte de la política pública del Departamento de Salud federal y la Casa Blanca para atender de manera prioritaria las necesidades sociales relacionadas a la salud de la persona.

En el programa MA el gobierno los ha implantado por vía de dos iniciativas específicas establecidas por los CMS: Beneficios Suplementarios Especiales para Enfermos Crónicos (SSBCI, por sus siglas en inglés) y Diseño de Seguros Basados en Valor (VBID, por sus siglas en inglés).

Los planes en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos incluyen beneficios como alimentos y compra de comestibles, reparaciones en el hogar, asistencia en el hogar, entre otros que forman parte de guías específicas y de listas de beneficios publicadas por CMS.

Además, existe un proceso formal por el cual CMS siempre revisa y aprueba estos beneficios que se ofrecen en Puerto Rico y en otros lugares de acuerdo con la política pública federal.

Pando agregó que “todos los planes de MA en Puerto Rico respondieron a la solicitud de información adicional del Secretario del HHS. MMAPA también presentó una carta en la que se resumían algunos de los principales aspectos a base de un análisis a nivel de segmento realizado por una empresa técnica externa.  Lamentablemente, las circunstancias particulares de pobreza de Puerto Rico y la política pública que guía a MA a cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios parecen estar obstaculizando los esfuerzos para eliminar las disparidades en los pagos básicos”.

El presidente de MMAPA sostuvo que “instamos a la Administración Biden, así como a los líderes de la Administración y del Congreso, a buscar una manera de tomar medidas significativas. En Puerto Rico, todos los participantes están inscritos en planes de cuatro (4) estrellas o más. Los proveedores y los sistemas de servicios de salud han aumentado progresivamente la calidad, pero ninguna comunidad o mercado en los EE. UU. Puede mantener la incongruencia que hay en Puerto Rico: tarifas a proveedores de Medicare Original al mismo nivel que Florida (Parte B), mientras que los pagos base de Medicare Advantage son al otro extremo, equivalente a solo 61% del nivel de pagos de MA aplicables en Florida. Tener un mínimo en los pagos base de MA, al menos al nivel de las Islas Vírgenes, es crucial para el desarrollo balanceado del programa entre cubrir necesidades críticas de nuestros adultos mayores, y seguir apoyando avances en la compensación a proveedores.”

¿Qué es lo próximo?

“Estamos comprometidos con toda la comunidad para seguir trabajando por una oportunidad justa a los beneficiarios y a los programas Medicare Advantage, Parte D y Medicaid de Puerto Rico. Esperamos con mucho interés la oportunidad de continuar comunicaciones activas con el Departamento de Salud federal, para buscar e implantar soluciones a corto plazo. También continuaremos los esfuerzos para educar y buscar el apoyo de los congresistas a fin de encontrar el proceso que logre aprobar propuestas que atiendan la inequidad de fondos para los beneficiarios de Medicare Advantage. Agradecemos a todos los funcionarios gubernamentales y organizaciones que continúan involucrados en este llamado. Estamos convencidos de que se tomarán medidas para cerrar estas disparidades porque creemos que es el curso de acción moral y humanamente correcto para los beneficiarios de Medicare, y también la mejor decisión para el programa Medicare Advantage desde la perspectiva nacional.” concluyó el presidente de MMAPA.