Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) ofreció devolver una cifra multimillonaria que podría ser menor a los $47.1 millones que el Tribunal de Primera Instancia le ordenó a la aseguradora reservar como aseguramiento de sentencia en el caso de clase que pretende compensar a miles de asegurados que fueron afectados por la aplicación ilegal de un descuento por concepto de depreciación a las piezas nuevas y originales.

La oferta fue realizada el pasado domingo 16 de junio por los abogados de la ASC y ayer lunes 17 de junio los abogados de la clase demandante radicaron una moción informativa en el Tribunal de Primera Instancia en la que solicitaron paralizar por 30 días la continuación de los trabajos en el caso.

“Ayer, 16 de junio, la ASC extendió una oferta transaccional que, si bien entendiblemente no constituye una admisión o renuncia a sus planteamientos legales de cara a la posible continuación del trámite, tiene el propósito manifiesto de disponer de la totalidad de este pleito”, indica la moción informativa, la cual no revela la cifra económica que involucra la oferta.

Fuentes de SN han indicado que es muy probable que la oferta presentada por la ASC involucre una cantidad menor a los $47.1 millones que el Tribunal de Primera Instancia ordenó reservar como aseguramiento de sentencia, probablemente como resultado de una reducción de los miembros de la clase demandante, a la luz de los criterios que surgen de la sentencia y de otros criterios que la aseguradora ha estado planteando.

Según indica la moción, la oferta de la ASC tiene como objetivo finiquitar el caso de clase, el cual ha trascendido en determinados medios de comunicación y ha generado un candente debate en la industria de seguros.  

El debate fue generado por las propias alegaciones de la ASC ante el Tribunal Supremo, en las que sostuvo que su dinero está comprometido y obligarla a cumplir con el pago de $47.1 millones causaría el impago de sus deudas, lo que la encaminaría hacia la insolvencia.

El pasado mes de mayo del 2024 el Tribunal Supremo emitió un segundo “no ha lugar” a una petición de certiorari presentada por la ASC para que la sentencia fuera revisada, tras lo cual la sentencia pasó a ser final y firme.

De acuerdo con la moción informativa, el periodo de 30 días tiene como objetivo permitir a los abogados de la clase demandante corroborar “cierta información” que la ASC hará disponible para su evaluación, la cual es parte integral de la oferta presentada o explica elementos importantes de esa oferta.

Clase demandante pide tiempo

“La deseabilidad y aceptabilidad de la oferta cursada depende de, entre otros extremos puntuales, la corroboración de cierta información, para lo cual la ASC ya manifestó disposición inmediata. En virtud de lo anterior, procurando cumplir cabalmente con el deber que le impone nuestro ordenamiento, los representantes de la Clase Demandante, con la anuencia expresa de la ASC, solicitan la paralización del trámite de autos por un periodo de treinta (30) días”, sostiene la moción.

El caso de clase involucra reclamaciones por accidentes de tránsito efectuadas por conductores cuyos autos fueron impactados por vehículos asegurados con el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), dentro del período entre el 21 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2019.

La parte demandante es representada por el conocido licenciado José Andréu Fuentes, del bufete Andreu & Sagardía y por los abogados Nelson Córdova Morales, Ricardo Prieto García, Angel Collazo Santiago y Emilio Vilá Carreras.

La ASC es representada por la licenciada Moraima Ríos Robles, del bufete Arroyo & Ríos Law Offices, y por la licenciada Rosa Irizarry Millán.

La sentencia contra la ASC fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de julio de 2023, y confirmada por el Tribunal de Apelaciones el pasado 3 de noviembre de 2023. La sentencia no definió un remedio monetario, pero sí estableció la responsabilidad legal de ASC en el uso ilegal de la depreciación.

No obstante, las abogadas de la ASC representaron ante el Tribunal de Primera Instancia que la sentencia exponía a la aseguradora a pagar más de $47.1 millones. Además, los abogados de la clase demandante revelaron una nota del informe financiero de la ASC de 2023, que reconoció que la exposición causada por el caso implicaba el desembolso de $47.1 millones.  

Ante esa información el pasado 31 de mayo el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden exigiendo a la ASC reservar los $47.1 millones como “aseguramiento de la sentencia”.  

Más exclusiones a la clase 

De hecho, en la confirmación de la sentencia que efectuó el Tribunal Apelativo se realizó una importante modificación porque la clase demandante fue limitada a toda persona natural o jurídica a la que la ASC le aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que a consecuencia de ello “tuvieron que pagar de su propio peculio más de la cantidad que correspondía”.

Es decir, que el universo de la clase demandante comprende aquellos conductores a los que se les aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que para reparar sus autos tuvieron que desembolsar dinero de su bolsillo.

Otra modificación que ha estado promoviendo la ASC en el Tribunal de Primera Instancia es separar de la clase demandante a los conductores que no sufrieron daño, a pesar de habérsele entregado un pago que incluyó el descuento por depreciación.

Esta distinción implica separar de la clase a los conductores que pudieron reparar sus autos con el pago que recibieron de la ASC, aun cuando el desembolso sufrió un descuento por depreciación.

La información sobre este tipo particular de conductor la estaría gestionando la ASC a través de los talleres de mecánica y de hojalatería y pintura con los que mantiene una vinculación.   

Los abogados de la clase demandante revelaron la información en las únicas expresiones escritas realizadas por ellos a SN hasta el momento.

En esas expresiones, difundidas el pasado 11 de junio en un comunicado de prensa, los abogados de la clase demandante sostuvieron que “la responsabilidad legal de la ASC ante los demandantes ya es irrevocable”.

ASC obtiene información en talleres

“La propia ASC le reconoció a su regulador, el Comisionado de Seguros, que se trata de aproximadamente $47,177,769.00”, indica el comunicado de prensa.

 “Es importante destacar que todavía se requieren unos pasos para concretar la instrumentación de la devolución a los demandantes. Ya la jueza que preside, honorable Valerie Concepción Cintrón, anticipó que celebrará una vista próximamente para darle oportunidad a la ASC de evidenciar si procede eliminar de la clase a alguna persona que, a pesar de habérsele entregado un pago descontado por depreciación, no sufrió daño”, indicaron los abogados.

“En concreto, se trata de una defensa de la ASC amparada en gestiones que realizaba directamente con los talleres dispuesta en sus guías de ajuste, con respecto a las cuales es sólo la ASC quien tiene los datos. Por tratarse de un pleito de clase, sus representantes y el Tribunal son garantes de los derechos de todos sus miembros y los desarrollos de cara a la devolución ordenada serán difundidos públicamente sin necesidad de gestión adicional por parte de los miembros clase”, finalizó el comunicado de prensa.

De hecho, aún persisten numerosas interrogantes sobre cuál será, finalmente, la cantidad de dinero que devolverá la ASC a la clase demandante, cómo se identificarán a los miembros de la clase, luego de aplicar las exclusiones avaladas por el tribunal, y cómo se computarán los pagos a ser devueltos y cuál será el monto que cobrarán los abogados que representa a la clase demandante. Además, otro asunto de vital importancia es definir cómo la clase demandante podrá respaldar o rechazar la oferta que ha propuesto la ASC.

Por Miguel Díaz Román

La medida que propiciaría la negociación colectiva de tarifas entre las aseguradoras y los proveedores de salud, que sin duda es el proyecto legislativo con posibilidades de causar grandes repercusiones en la industria de seguros de salud del país, fue convertido en ley por el gobernador Pedro Pierluisi.  

Con la firma del gobernador el Proyecto de la Cámara 1641, que propone posibilitar la negociación colectiva para propiciar un alza en las tarifas de los proveedores de servicios de salud y evitar el éxodo de médicos, ya es la Ley 78 de 2024.

La medida se había quedado estancada en un comité de conferencia en la pasada sesión legislativa, luego de que a última hora se introdujeron enmiendas en el Senado, las cuales no fueron aceptadas por los proponentes de la medida en la Cámara de Representantes.

No obstante, las diferencias fueron superadas y la medida finalmente fue avalada entre marzo y abril por ambos cuerpos. El PC 1641 fue enviado a Fortaleza el pasado 6 de mayo y el gobernador lo convirtió en ley el 16 de mayo.

“Por décadas, las posibilidades de negociaciones entre aseguradores y proveedores han resultado inexistentes e inalcanzables toda vez que éstas últimas han establecido unilateralmente los términos contractuales y las tarifas a pagar a los proveedores, resultando en falta de procesos colaborativos en la relación entre proveedores y aseguradores de planes médicos que experimentamos hoy en la isla” sostuvo el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

El proyecto fue radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y la representante Sol Higgins Cuadrado, ambos del PPD, y los representantes, Carlos Méndez Núñez y José Hernández Concepción, quienes pertenecen al PNP.

La medida fue patrocinada desde su origen por el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Carlos Díaz, y por Adams Vega.

 Negociación colectiva sería obligatoria 

La ley 78 considera a toda la isla como una sola área geográfica, lo que eliminaría las once áreas geográficas reconocidas por la regla 91 de la OCS. La medida dispone que el proceso de negociación colectiva sea obligatorio y además, propone aumentar de un 20% a 40% el número de proveedores que se pueden unir para negociar con las aseguradoras.

La negociación colectiva figura como un mecanismo para que las aseguradoras y los proveedores acuerden el monto de las tarifas desde 2008, cuando se aprobó la ley 203.

El estatuto añadió el capítulo 31 al Código de Seguros, pero se convirtió en uno inoperante a consecuencia de las excesivas disposiciones de la regla 91. Pero la ley 78 enmienda la ley 203 y la regla 91, con el objetivo de convertir la negociación colectiva en un mecanismo viable.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) ha sostenido que la negociación colectiva podría crear un monopolio en la negociación de tarifas a nivel de toda la Isla, integrado por los proveedores, que aumentará las primas de los seguros de salud privados y los públicos y podría causar un aumento en el número de personas no aseguradas.

Acodese sostuvo que los médicos que no participen de las negociaciones colectivas reclamarán trato igual, según las tarifas acordadas por aquellos grupos que negociaron con las aseguradoras, lo que causaría que las tarifas negociadas quedarían vigentes en toda la isla.

Por Miguel Díaz Román

En medio del vendaval que azota a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), luego de que un fallo judicial la obliga a devolver más de $47.1 millones a miles de asegurados por la aplicación ilegal de una depreciación en piezas nuevas, surgen opiniones sobre la obsolescencia de la entidad, debido a que perdió su razón de ser tras la entrada de más aseguradoras a mercadear el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO).

El presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, sostuvo que al interior de la ASC se desarrolla una compleja relación entre las aseguradoras que la integran, quienes venden el SRO, y el ente administrativo de la entidad, que es en realidad otra aseguradora más que vende el SRO y compite abiertamente con recursos multimillonarios contra sus propios socios miembros.

“El conflicto de interés es tan grande que los socios miembros no pueden formar parte del comité de publicidad de la ASC, donde se decide usar millones de dólares en campañas publicitarias para competir contra sus propios socios. La ASC les hace competencia y los socios miembros no pueden hacer nada, no pueden controlarla”, sostuvo González Portilla, quien también es el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico.

El ejecutivo indicó que ha conocido información de manera extraoficial sobre aseguradoras que venden el SRO pero no son socios miembros de la ASC y de aseguradoras que si son socios miembros, quienes albergan la convicción que la entidad debe desaparecer como aseguradora y quizás, permanecer como una empresa administrativa dedicada a recibir y distribuir las primas de SRO, las cuales pagan los conductores al renovar el marbete todos los años. La prima del SRO es de $99 para autos privados y $148 para vehículos comerciales.

“La información que tengo es que, si se hiciera una asamblea, los socios miembros votarían por eliminar la ASC como aseguradora”, dijo González Portilla.

ASC ya cumplió su cometido

El presidente de Antilles Insurance indicó que la ASC cumplió un cometido importante desde los inicios del establecimiento de SRO en 1995, cuando era necesario tener una entidad que atendiera todos los aspectos administrativos de un seguro universal de responsabilidad pública para más de un 1 millón de unidades que transitaban las vías públicas sin un seguro contra daños por accidentes.

El SRO es producto de la ley 253 de 1995, la cual fue patrocinada por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) durante la incumbencia del desaparecido ex Comisionado de Seguros, Juan García.

Indicó que ante la realidad de que “el mercado del SRO se abrió a la libre competencia en 2014, la ASC perdió su razón de ser”.

Además de la ASC, las aseguradoras que actualmente venden el SRO son Guardian Insurance, Point Guard, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, Universal, MAPFRE Praico Insurance Company, Multinational Insurance Company y Triple-S Propiedad.

No obstante, para ser miembros de la ASC, las aseguradoras que participan del negocio de seguros para vehículos deben tener una participación en el mercado sobre el 1 % del total de las primas suscritas. Esto implica que, aunque existen aseguradoras que venden el SRO no todas son miembros de la ASC porque incumplen con la participación de mercado requerida, como es el caso de Guardian Insurance.

Cuestionada la dualidad corporativa 

González Portilla sostuvo que como resultado de la apertura del mercado del SRO, las aseguradoras miembros de la ASC venden el SRO y compiten directamente contra la ASC.  Incluso, el ejecutivo explicó que la dualidad corporativa de la ASC como entidad administradora del SRO y como aseguradora que compite en el mercado, ha sido motivo de discusión y de incomodidad entre los miembros de la ASC.

“Yo personalmente creo que la ASC debió haber desaparecido hace tiempo, desde que comenzó la libre competencia la ASC debió haber desaparecido. No había razón para mantener la ASC. Se debió quedar como un ente administrador, pero nunca debió ser una competencia para otras aseguradoras”, advirtió el presidente de Antilles Insurance.

“La ASC ya no es factible y debe desaparecer. Las aseguradoras ya hacen todo el trabajo sin la ASC. Mi opinión es que la ASC debe desaparecer, esa siempre ha sido mí opinión”, insistió.

Sostuvo que es posible que no se haya articulado una iniciativa para anular la gestión de la ASC como aseguradora debido a la complicación que representa radicar un proyecto de ley que enmiende el artículo 6 de la ley 253, que contiene todo lo relacionado con la función de la ASC.

Dividendos sí, reserva no

González Portilla también indicó que otro factor que pudo actuar a favor de no alterar las funciones de la ASC es que las aseguradoras miembros han estado recibiendo dividendos de las ganancias que genera la entidad.  De acuerdo con el Informe Financiero de la ASC del 2023, los socios miembros recibieron un dividendo ordinario por un monto de $3.4 millones ese año.

En el año 2022 no hubo distribuciones ordinarias, pero sí un dividendo extraordinario de $50 millones autorizado por la Ley 207 de 2022, que tuvo como objetivo compensar la pérdida de ingresos que experimentó el gobierno como resultado de la suspensión temporal del impuesto a la gasolina y al diesel.

La ley también avaló imponer una contribución especial del 50% al dividendo extraordinario, que representó un pago de $25 millones de parte de la ASC a favor del Departamento de Hacienda y un pago adicional por $1.4 millones en nombre de sus socios miembros.  

Según el informe, el monto restante del dividendo extraordinario ascendió a $23.2 millones, los cuales se habrían pagado a los socios miembros en dos desembolsos de $11.7 millones, uno en 2023 y otro en 2024.

Continúa el gasto publicitario

Sobre este aspecto, González Portilla cuestionó que la ASC estuviera declarando dividendos y no se hubiera establecido una reserva para lidiar con el pleito legal que culminó con un fallo que obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones.

De hecho, González Portilla se mostró alarmado ante el hecho inescapable de que el citado caso judicial comenzó en 2017 y durante ocho años los auditores de la ASC no recomendaron crear una reserva para acumular fondos suficientes para enfrentar un reclamo económico que tuviera éxito en los tribunales.

Incluso, el ejecutivo planteó que, a pesar de que el caso judicial se inclinaba en contra de la ASC, la administración de la aseguradora continuó avalando inversiones significativas en publicidad televisiva y en otros medios a un costo multimillonario.

“¿Dónde están los auditores, donde están los miembros de la Junta de Directores de la ASC? ¿Cómo es posible que no se haya creado una reserva para éste caso, que no es nuevo porque ya llevaba un tiempo. ¿Cómo es posible que se hayan declarado dividendos y no se haya creado una reserva para este caso?”, cuestionó a viva voz el ejecutivo.

Posible intervención por insolvencia 

Señaló que existe una posibilidad real de que la ASC enfrente una intervención por insolvencia de parte de la OCS. El ejecutivo sostuvo que ante la realidad de que el capital de la ASC asciende a $31.9 millones y el fallo judicial obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones, será necesario que la entidad decrete una derrama entre las aseguradoras que la integran para recaudar $15 millones adicionales.

En el Informe Financiero de la ASC del 2023 se indica que la entidad posee entre dinero en efectivo e inversiones en vehículos financieros, $101.2 millones, pero sus compromisos económicos ascienden a $75.1 millones. El informe también contiene una nota que comenta el caso judicial enfrentado por la ASC y señala que “la exposición máxima de ASC según la sentencia en reconsideración es de aproximadamente $47,000,000.00”.

González Portilla sostuvo que también existe la posibilidad de que a su debido tiempo algunos de los socios miembros cuestionen las acciones o inacciones de la Junta de Directores que consta de siete miembros, cuatro que representan el interés público y tres al sector de la industria de seguros.

“Aquí hay una exposición a la cubierta de errores y omisiones contra la Junta de Directores por los socios miembros de la ASC, pienso yo. Porque ahora le van a imponer una derrama. ¿Y si los socios miembros deciden que no van a pagar la derrama y que lo mejor es liquidarla?  Entonces habrá que liquidar a la ASC”, dijo.

Recordó que resultaría contraproducente solicitar una derrama “cuando estuviste declarando dividendos en los pasados años”. Advirtió que, si las aseguradoras que integran la ASC se resisten a pagar la derrama, será inminente una intervención por insolvencia de parte de la OCS.

De hecho, González Portilla planteó que para las aseguradoras que son socios miembros es más conveniente la liquidación de la ASC. Explicó que, tras la liquidación, estas aseguradoras se beneficiarán porque absorberán a todos los asegurados que antes suscribían sus pólizas del SRO con la ASC. 

Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) le solicitó al Tribunal de Apelaciones que revoque una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que exige a la entidad crear una reserva de $47.1 millones como aseguramiento de sentencia, para compensar a miles de asegurados que fueron afectados por la aplicación ilegal de un descuento por concepto de depreciación a las piezas nuevas y originales.

La ASC sostuvo que el dinero existente en sus arcas está comprometido y obligarla a reservar $41.7 millones, según dispone la orden del Tribunal de Primera Instancia, causará que la aseguradora no pueda pagar sus deudas, lo que la encaminaría irremediablemente a la insolvencia.

La ASC le dijo al Tribunal de Apelaciones que para cumplir con la orden de aseguramiento de sentencia deberá utilizar $15 millones que están comprometidos, lo que causará que la aseguradora incumpla sus obligaciones y como resultado, se active una posible intervención de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) contra la aseguradora por insolvencia.

La ASC también señaló que para emitir la resolución que ordena reservar $47.1 millones, el Tribunal de Primera Instancia se negó a realizar una vista evidenciaría para escuchar las explicaciones de la ASC y basó su decisión para fijar dicha cantidad de dinero como aseguramiento de sentencia, en una interpretación incorrecta de los informes financieros de la entidad. 

La reserva de $47.1 millones tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de un histórico fallo judicial en un caso de clase que involucra reclamaciones por accidentes de tránsito efectuadas por conductores cuyos autos fueron impactados por vehículos asegurados con el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), dentro del período entre el 21 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2019.

El caso se ha estado ventilando en la sala de la jueza superior Valerie Concepción Cintrón, en el Centro Judicial de San Juan.

La parte demandante es representada por el conocido licenciado José Andréu Fuentes, del bufete Andreu & Sagardía y por los abogados Nelson Córdova Morales, Ricardo Prieto García, Angel Collazo Santiago y Emilio Vilá Carreras.

La ASC es representada por la licenciada Moraima Ríos Robles, del bufete Arroyo & Ríos Law Offices, y por la licenciada Rosa Irizarry Millán.

Tribunal utilizó documentos irrelevantes

Incluso, la ASC sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia fundamentó su decisión de fijar la cantidad de $47.1 millones en “documentos e información irrelevantes” y en información “fraccionada en una sola línea aislada y descontextualizada de un documento voluminoso y técnico sin la debida interpretación”.

Además, la ASC sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia no entiende el concepto “efectivo e inversiones”, y de manera errada concluyó que la entidad cuenta con $101.2 millones de libre disposición e ignoró que las deudas ascienden a $75.1 millones.

De hecho, la ASC cuestionó abiertamente que se haya fijado en $47.1 millones el monto a pagar en este caso, debido a que la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de julio de 2023, y confirmada por el Tribunal de Apelaciones el pasado 3 de noviembre de 2023, no definió un remedio monetario, aunque sí estableció la responsabilidad legal de ASC.

La confirmación de la sentencia realizada por el Tribunal de Apelaciones fue impugnada por la ASC en el Tribunal Supremo, que se negó a revisar la decisión y en dos ocasiones emitió un «no ha lugar». Tras la determinación del Tribunal Supremo la sentencia que responsabiliza a la ASC por la aplicación ilegal de un descuento por concepto de depreciación pasó a ser final y firme.

En su petición al Tribunal de Apelaciones la ASC sostuvo que, aunque las abogadas de la ASC representaron ante el Tribunal de Primera Instancia que la sentencia exponía a la aseguradora a pagar más de $47.1 millones, tales expresiones no constituyen una admisión de deuda y no se deben considerar como prueba y no pueden sustituir la evidencia que se debería considerar para establecer el monto económico que en realidad representa la sentencia.

Monto a pagar afectado por Tribunal Apelativo 

Incluso, la ASC sostuvo que el monto económico que finalmente se establezca como compensación también estará afectado por la confirmación de la sentencia que realizó el Tribunal Apelativo, debido a que en esa decisión ese Tribunal modificó la sentencia emitida el 26 de julio de 2023 y limitó la clase demandante a toda persona natural o jurídica a la que la ASC le aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que a consecuencia de ello “tuvieron que pagar de su propio peculio más de la cantidad que correspondía”.

En otras palabras, la posición de la ASC es que hasta que no se determine el universo de reclamantes a los que se les aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que para reparar sus autos tuvieron que desembolsar dinero de su bolsillo, será imposible determinar la cantidad de dinero que representa la sentencia.

La petición de la ASC al Tribunal Apelativo fue radicada el pasado 4 de junio, luego de que el Tribunal de Primera Instancia emitiera el pasado 31 de mayo una orden provisional exigiendo reservar los $47.1 millones, en lo que se denominó un “aseguramiento de la sentencia”.  

La orden del Tribunal de Primera Instancia instruyó a la ASC a crear la reserva para el pasado viernes 7 de junio, tras una petición presentada por los abogados de los demandantes dirigida a “instrumentar el remedio concedido a la clase demandante”. 

La acción del Tribunal de Primera Instancia fue en reacción a una moción informativa radicada por la clase demandante el pasado 22 de mayo, en la que se expuso la situación financiera de la ASC según los informes financieros de la aseguradora presentados ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) durante los años 2022 y 2023.

Tribunal desconoce deuda de $75 millones

En el informe de 2023 la ASC reconoció que el pago de la sentencia de la demanda de clase significa el desembolso de aproximadamente $47.1 millones. La moción también indica que en el informe de 2023 la ASC estimó su ingreso bruto por concepto de las primas cobradas en $69.3 millones y, además, tenía a su disposición $101.2 millones entre su cartera de inversiones y dinero en efectivo.

De hecho, la ASC sostiene que la vista evidenciaria se debió celebrar el 22 de mayo de 2024, pero nunca se recibió un señalamiento para celebrar la citada vista. En cambio, luego de que el 22 de mayo la clase demandante radicara la moción informativa, nueve días después, el 31 de mayo, el Tribunal de Primera Instancia emitió la orden provisional exigiendo reservar los $47.1 millones.

La ASC sostiene que, a consecuencia de no celebrar la vista evidenciaria, el Tribunal determinó “erradamente” que la aseguradora cuenta con un capital de $101.2 millones, una cifra identificada en el informe financiero de 2023 como dinero en efectivo y dinero invertido en vehículos financieros.  

“En su desconocimiento, el Tribunal de Primera Instancia equiparó el efectivo e inversiones de ASC con su capital disponible, ignorando así por completo que las obligaciones totales de ASC reconocidas en sus libros al 31 de diciembre de 2023 ascendieron a $75.1 millones. Bajo su incorrecta interpretación de lo que significa en la contabilidad estatutaria el concepto “efectivo e inversiones” el Tribunal de Primera Instancia estableció de forma descontextualizada y errada que un aseguramiento de sentencia por $47.1 millones es la medida que menos inconvenientes causa a ASC”, advierte la petición de revisión (certiorari) presentada por la ASC en el Tribunal Apelativo.

“Esta conclusión ignora que el capital de ASC, con el que esta sí cuenta, es de $31.9 millones, según su informe anual al 31 de diciembre de 2023. De manera que la resolución requiere que ASC reserve en exceso de $15 millones de activos sobre los cuales no tiene libre disposición, en detrimento de terceros que son las que tienen derecho a esos fondos, según las normas estatutarias que le aplican a ASC. Surge de ello, por tanto, que la medida en aseguramiento de sentencia emitida por el Tribunal afecta irremediablemente las operaciones de ASC, poniéndola en riesgo de incumplir con sus obligaciones estatutarias y de enfrentar intervención de la OCS por insolvencia”, sostiene el documento.

ASC atisba posible insolvencia

La posibilidad de que la ASC enfrente una intervención por insolvencia de parte de la OCS fue planteada la pasada semana por Jaime González Portilla, quien es el presidente de la aseguradora Antilles Insurance. En una entrevista en el programa Informe Semanal el ejecutivo sostuvo que ante la realidad de que el capital de la ASC asciende a $31.9 millones y el fallo judicial obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones, será necesario que la entidad decrete una derrama entre las aseguradoras que la integran para recaudar $15 millones adicionales.

González Portilla sostuvo que existe la posibilidad de que las aseguradoras que integran la ASC se resistan a pagar la derrama, lo que causaría una intervención de la OCS por insolvencia.

Obsoleta la ASC

De hecho, el ejecutivo planteó que la ASC es un organismo obsoleto que tuvo su razón de ser en los comienzos del SRO en 1995 y cuya función fue establecer el citado seguro para un universo de automóviles sin seguro privado que superó más del 1 millón de unidades. Pero ante la realidad de que “el mercado se abrió a la libre competencia en 2014, la ASC perdió su razón de ser”, dijo González Portilla.

Como resultado de ese cambio las aseguradoras miembros de la ASC también venden el SRO y compiten directamente contra la ASC.  Incluso, González Portilla sostuvo que, debido a que las aseguradoras miembros compiten directamente contra la ASC, sus representantes en la aseguradora no pueden integrar el comité de publicidad para evitar que conozcan las estrategias publicitarias.  

Ayer SN le solicitó sin éxito a la licenciada Nereida Carrero, presidenta de ASC, que reaccionara a los planteamientos de González Portilla.

MAPFRE ha superado todos los objetivos de reducción que se había propuesto para reducir la huella de carbono que genera con su actividad. La aseguradora ha disminuido su huella de carbono global un 25% respecto a 2019, lo que representa 17 puntos y medio por encima del reto marcado para 2023 (7,5%).

Este descenso se debe al esfuerzo que realiza el Grupo para seguir avanzando hacia la descarbonización de la economía, no solo a través de la inversión y la suscripción, sino también con medidas para reducir la huella de su operación directa.

Entre ellas, destaca la restricción de combustibles fósiles y electricidad, la utilización de fuentes de energía renovables, como la solar, la sustitución de su flota de vehículos convencionales por híbridos o eléctricos, y la reducción de los viajes de negocio y los desplazamientos de sus empleados a los centros de trabajo.

 Menos combustibles fósiles

En 2023 el Grupo adquirió el 67% de la electricidad con certificados de garantías de origen 100% renovable, gracias a los contratos de compra de electricidad verde con los que actualmente cuentan países como España, Alemania y Paraguay (100%), Portugal (99%), Brasil (80%), Turquía (48%), Italia (48%), Perú (43%) y EE.UU (23%), y que implica que todos ellos hagan mayor uso de energías limpias y que requieren menor quema de combustibles fósiles en la generación de dicha electricidad.

En este sentido, cabe destacar que la compañía se ha comprometido a que el 100% del consumo eléctrico para 2030 provenga de energías limpias.  La compañía, ha reducido, además, un 31% la huella de carbono vinculada principalmente al consumo de combustibles, superando ampliamente el objetivo marcado del 3%, en mayor medida debido a la sustitución progresiva de la flota propia de vehículos, con motores de combustión convencional por vehículos híbridos o eléctricos, que en 2023 representaron el 22% y que aspira al 100% para 2030. Ha influido, además, el uso de calefacción sostenible que ha permitido a la entidad reemplazar calderas de gasóleo y gas natural por bombas de calor eléctricas. 

Movilidad: menos viajes de negocio 

La huella de carbono indirecta, asociada principalmente a la movilidad de los empleados, también se ha reducido, en concreto un 19% frente a 2019, un dato que excede ampliamente el objetivo fijado (7% para este año) y que implica un avance importante en este sentido, ya que tanto los viajes de negocio como los desplazamientos diarios al centro de trabajo, más conocido como ‘commuting’, representan más del 68% de las emisiones totales.

En este descenso ha influido la nueva política de viajes que la compañía aprobó a finales del año 2022 y que persigue eliminar los desplazamientos innecesarios y fomentar el uso de transporte sostenible, como por ejemplo el uso del tren de alta velocidad frente al avión.

Ambas medidas han contribuido a que la huella de carbono procedente de los viajes de negocio en 2023 se haya reducido un 58% respecto a 2019, lo que supera de forma significativa el objetivo previsto del 4% para el año 2023. Los países que más la han reducido se encuentran Venezuela (97%), Paraguay (95%), Honduras (94%), Ecuador (91%) y Colombia (90%).

Durante el 2023 continúan afianzándose los modelos de trabajo híbrido (presencial y en remoto) en el Grupo, la huella de carbono del ‘commuting’ en dicho año ha disminuido un 3% respecto a 2019, una cifra que es inferior al objetivo marcado del 8% fijado para el año 2023. 

Un 22% menos de energía

En 2023, el consumo energético del Grupo MAPFRE, vinculado al consumo de energía de los edificios y la flota de vehículos, se redujo un 22% respecto a 2019, lo que supera ampliamente el objetivo previsto para 2023 del 11%. Dicha reducción se debe sobre todo a la implantación de modelos híbridos de trabajo, optimización de espacios de trabajo, inversiones de eficiencia energética y renovación de flotas de automóviles a motores ECO y más eficientes. Los países que han contribuido a esta reducción son Brasil (70%), Guatemala (64%), Turquía (47%), Colombia (45%) y EE.UU (35%).

Más placas solares

Actualmente, el consumo eléctrico representa más del 68% del consumo energético del Grupo. En 2023, la energía eléctrica adquirida total se ha reducido en 21 GWh, lo que supone un 19% menos respecto a 2019. Los países que mayor esfuerzo han hecho para reducir el consumo eléctrico son Brasil (57%), Turquía (51%), EE.UU (50%), Colombia (47%), Alemania (46%) y Ecuador (35%).

Cabe destacar el impacto de la instalación de paneles solares en España, con 4.700 placas fotovoltaicas, que generaron 1,6 GWh en la sede central de la entidad en 2023. A la generación de energía solar total en España, que alcanzó los 3,27 GWh en 2023, se han sumado otros países como México, República Dominicana, Italia y Perú, que generan ya 0,25 GWh entre los cuatro países.