Por Miguel Díaz Román

La empresa de inversiones en bienes raíces PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC (PAPRI), el ajustador público Affiliated Adjustment Group y el conocido bufete de abogados O’Neill & Borges LLC, han sido imputados de actuar en común acuerdo para establecer un patrón de fraude organizado en seguros de propiedad en contra la aseguradora One Alliance Insurance Corporation (OAIC).

La información se desprende de una denuncia de 10 páginas oficialmente radicada ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el pasado 12 de diciembre del 2023 por el licenciado Jesús Del Valle, quien es el representante legal de OAIC.

En la querella el licenciado Del Valle imputa a las dos empresas y al bufete de abogados O’Neill & Borges incurrir en acciones compatibles con el delito federal de extorsión (racketeering) que se introdujo en el código penal estadounidense en 1970 para perseguir a las organizaciones mafiosas y que se define como el acto de adquirir un negocio a través de una actividad ilegal o utilizar un negocio para cometer actos ilegales.

La grave denuncia relata diversas instancias en las que OAIC asegura que PAPRI presentó reclamaciones por daños causados por el huracán María en 2017 en determinadas propiedades de las cuales no eran dueños y cuyos pagos no fueron informados ni entregados a los verdaderos propietarios registrales.

 Se trata de unas 300 propiedades residenciales y comerciales que PAPRI adquirió en una transacción con el Banco Popular en 2011. Alegadamente, los préstamos hipotecarios de las propiedades se encontraban en morosidad y una cantidad indeterminada de los dueños de esos préstamos aún estaban residiendo en esas propiedades durante el paso del huracán María.

Como parte de la transacción con el Banco Popular, según indicó el licenciado Del Valle, PAPRI adquirió pólizas de seguro contra daños catastróficos para todas las propiedades. El abogado sostuvo que la adquisición de la póliza es un requisito del gobierno federal.

Cuestionado el interés asegurable

OAIC sostiene que PAPRI ocultó a los verdaderos propietarios la existencia de una cubierta de seguro que ofrecía protección para los daños catastróficos que pudieran enfrentar esas estructuras.

De hecho, la querella sostiene que PAPRI había vendido la mayoría de las propiedades, lo cual, según los argumentos de OAIC, causó la desaparición automática del interés asegurable que la empresa pudiera tener sobre esas propiedades. No obstante, PAPRI presentó ante OAIC reclamaciones por los presuntos daños que el huracán María provocó en esas propiedades.

Tras el paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017, PAPRI presentó una enorme cantidad de reclamaciones en OAIC el 6 de octubre de ese año. Las reclamaciones abarcaron el portafolio total de propiedades de PAPRI, tras lo cual la aseguradora dividió los reclamos en dos paquetes.

Alegadamente, según indica OAIC en la querella, PAPRI presentó reclamaciones duplicadas tanto en la aseguradora Triple S y en OAIC por las mismas propiedades afectadas por María.

Incluso, OAIC alega que Triple S pagó esas reclamaciones duplicadas. Además, OAIC señaló que estas acciones fueron ejecutadas por PAPRI a pesar de que sostuvo bajo juramento que no existían otras pólizas de seguros para cubrir daños en sus propiedades.

Además, la querella reveló que PAPRI cobró $817,431,23 o el 38.5 % del primer paquete de reclamaciones presentada en OAIC por un grupo de propiedades ubicadas en Caguas “a sabiendas que no repararían las mismas, porque no les pertenecían”.  

Reclamaciones sin daños verificables

Según el documento, el dinero “ya fue cobrado, sin corresponder el mismo”. Incluso, la querella revela que los ejecutivos de PAPRI “admitieron bajo juramento que no repararon y que no repararían (las propiedades)”. 

 El documento indica que en el segundo paquete de reclamaciones de PAPRI incluyó los presuntos daños experimentados por unas 29 propiedades ubicadas en Caguas, los cuales ascendieron a $1,493,856,59. La querella señala que PAPRI presentó esas reclamaciones “a sabiendas que no habrían de reparar, toda vez que las propiedades no les pertenecían. Lo reclamado por reparaciones, que a sabiendas no han realizado, ni realizarían, asciende a $575,134,78”. 

También señala que PAPRI presentó en OAIC una reclamación ascendente a $834,312,25 por una propiedad en Caguas, la cual es catalogada en la querella como una reclamación duplicada porque, alegadamente, la empresa ya la había presentado ante la aseguradora Triple S Propiedad.

De acuerdo con la querella, el dueño registral de esta propiedad era Plom Electric mientras que el acreedor hipotecario registrado en la póliza lo es PRAPI. Por los daños a esa propiedad Triple S Propiedad adjudicó y fueron aceptados $360,282,80, incluyendo los daños a otras dos propiedades del mismo deudor.

Los cheques para el pago de estas tres propiedades fueron englobados en un cheque único que se emitió a nombre de Plom Electric y de PRAPI. Según la querella, PAPRI aceptó el cheque y lo depositó en su cuenta. Pero ante OAIC, PRAPI negó la existencia de la póliza de Triple S Propiedad y negó haber recibido el pago por los daños a la propiedad de Plom Electric.

En la denuncia OAIC sostiene que la reclamación sobre dicha propiedad fue realizada por PAPRI a pesar de que la citada estructura “no sufrió daños y si sufrió alguno, no excedieron los límites del deducible”. 

“Ahora PRAPI pretende cobrar unos $1, 513,920,87 por daños a una estructura (Plom Electric) que éstos sabían que no sufrió dichos daños y por los cuales ya cobró de Triple S.  Esta actuación de PRAPI, junto a sus ajustadores públicos, y bajo el conocimiento y consentimiento de sus abogados, constituye una actuación de fraude y debe sancionada por este regulador”, expresó el licenciado Del Valle en la querella.

Fondo Buitre en patrón de fraude

El licenciado Del Valle dijo que el caso involucra alrededor de 250 propiedades residenciales o familias que fueron afectadas por las acciones fraudulentas de PAPRI.

“Esa empresa reclamó para sí un 38.5 % para gastos de reparación de esas propiedades y no repararon ninguna. Ese dinero se pudo usar para reparar las propiedades para beneficio de los deudores o se pudo usar ese dinero para mitigar la deuda que se tenían y evitar que esos deudores perdieran esas propiedades. Ese no es el único problema que tiene este caso, aparte de reclamos improcedentes sobre propiedades que no eran de ellos, reclamaciones duplicadas y reclamaciones sobre daños que no ocurrieron”, dijo el abogado de OAIC.

“Es un patrón de fraude cometido por una entidad de fondos buitres que vino a Puerto Rico a comprar préstamos morosos a cinco centavos por cada dólar y quitarle esas propiedades a los puertorriqueños y ese es el problema”, indicó el licenciado Del Valle en referencia a PAPRI, que es esencialmente una corporación que adquiere propiedades cuyos préstamos hipotecarios se encuentran en morosidad para luego presentar esas estructuras en el mercado de bienes raíces a precios lucrativos.

“En los 40 años que llevo en la industria de seguros nunca había visto un caso de fraude como este”, dijo el licenciado Del Valle, quien agregó que ya han pasado más de dos meses desde que radicó la querella en la OCS y hasta el momento no ha recibido notificación alguna de que esa oficina comenzó a indagar sus denuncias.

13 demandas por $11 millones

La querella radicada ante la OCS por el licenciado Del Valle en representación de OAIC ocurre en el contexto de que PAPRI ha radicado en los tribunales del país 13 demandas contra la aseguradora en la que fundamentalmente reclama incumplimiento de contrato y exige el pago de más de $11 millones.  

SN cuestionó en qué consiste la alegación de fraude contra el bufete de abogados O’Neill & Borges y el abogado respondió: “ellos saben lo que estaba sucediendo y ciertamente es su responsabilidad decir la verdad en el tribunal”.

De hecho, en la denuncia el abogado sostiene que sus alegaciones tienen un alto interés público debido a las consecuencias catastróficas que podría representar para OAIC y sus asegurados.

“Se requiere la inmediata intervención de la OCS para evitar, lo que a nuestro juicio, es el esquema de fraude más grande perpetrado contra un asegurador en la Jurisdicción de Puerto Rico”, expresa la denuncia.

Además, el documento recomienda a la OCS referir el caso de PRAPI, sus ajustadores públicos y el bufete de abogados O’Neill & Borges a las autoridades locales y federales “por existir un patrón de extorsión (pattern of racketeering) sancionable bajo las leyes federales”. La querella también exige que la OCS realice una investigación por fraude contra las tres entidades al amparo del artículo 27.250 del Código de Seguros.

SN realizó gestiones para obtener una reacción de PAPRI o de su representante legal en los casos  radicados en los tribunales, el bufete Saldaña, Carvajal & Vélez Ribé. En ese bufete se informó que la persona a llamar era el licenciado Antonio Roig, del bufete O’Neill & Borges.

La secretaria del licenciado Roig indicó que él no podría atender la llamada porque se encontraba en una reunión. Aunque la secretaria indicó que el licenciado Roig respondería más adelante hasta el cierre de esta edición no se ha recibido una llamada ni del bufete O’Neill & Borges o del citado abogado. Tampoco fue posible identificar el representante del ajustador público Affiliated Adjustment Group.

Por Miguel Díaz Román 

La Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA, por sus siglas en inglés) sostuvo que la demanda que radicó contra la Oficina del Comisionado de Seguros la pasada semana en el Tribunal Federal de San Juan no pretende evitar que sus miembros sean fiscalizados, sino aclarar que las acciones del regulador del gobierno local son inaplicables debido a que los planes de salud Medicare Advantage ya son regulados por las leyes y reglamentos federales.

“La demanda incoada no pretende evitar ser fiscalizados, al contrario. La demanda establece claramente que ya el programa de Medicare Advantage es altamente regulado por el gobierno federal. Existen reglas y políticas específicas para la aprobación y administración de beneficios, servicios, red de proveedores y otros elementos que el gobierno federal directamente monitorea, fiscaliza y administra continuamente al detalle”, sostuvo MMAPA a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con la demanda, que fue radicada el pasado 23 de febrero, las acciones fiscalizadoras de la OCS exigen que los planes de salud paguen ciertos reembolsos para ciertos procedimientos en contra de las acuerdos contractuales y le prohíben emplear la autorización previa para ciertos procedimientos, a pesar de que esa medida está contemplada en los contratos firmados por los proveedores.

Dichos contratos han sido avalados por los Centros de Servicio de Medicaid y Medicare (CMS, por sus siglas en inglés) que es la autoridad federal que regula los planes de Medicare Advantage.

La demanda también alega que la OCS pretende prohibirles la aplicación de ajustes a mitad del contrato en el pago de reembolsos a pesar de que dichos cambios están contemplados en los términos contractuales.

MMAPA alega, además, que la agencia reguladora les ha exigido establecer calendarios particulares para los pagos de reclamaciones.

“La naturaleza regulatoria federal del programa de salud hacen inaplicables la intención de la OCS de imponer a los planes de Medicare Advantage estándares regulatorios diferentes a los requeridos por las leyes y reglamentos federales que ya aplican al programa”, expresó MMAPA en la demanda.

Según MMAPA los contratos de los proveedores incluyen un calendario de reembolsos para los productos y servicios cubiertos y establecen que el horario puede cambiar durante la vigencia del contrato.

Los contratos hablan

También señala que en los contratos se dispone de manera clara que los proveedores aceptan que se les reembolsará los productos y servicios cubiertos según el cronograma que esté vigente al momento de iniciar como proveedor.

Otro de los argumentos es que al firmar los contratos con los miembros de MMAPA, los proveedores acuerdan cumplir con todos los requisitos y procedimientos administrativos requeridos, incluidos los requisitos para la autorización previa. Los contratos de proveedores también describen la lista de productos y servicios que requieren autorización previa y que pueden cambiar durante la vigencia del contrato.

Según MMAPA, la OCS ha actuado por la presión de las asociaciones comerciales que representan los intereses de los proveedores de servicios de salud, “a quienes no les gustan las tarifas o los requisitos administrativos de las aseguradoras de salud y quienes no están obligados a unirse a la red de servicios”. MMAPA sostiene que la OCS ha expresado que se propone hacer cumplir las disposiciones del Código de Seguros y de la Regla 73 mediante la imposición de multas.

La demanda alega que las acciones de la OCS tienen como resultado introducir una interferencia en los términos contractuales y en el modelo comercial estándar de las aseguradoras de salud de la cubierta Medicare Advantage.

Limitada la intervención de los estados

Incluso, la demanda indica que la ley federal Medicare Modernization Act of 2003 dispone que los campos de acción de las regulaciones estatales en relación con aseguradoras que proveen los planes de salud Medicare Advantage se deben limitar a la concesión de licencias y a la observancia de la solvencia financiera de estas empresas, dos áreas que no figuran en las intervenciones realizadas por la OCS en los pasados meses.

Según MMAPA, el objetivo de esa limitación es garantizar uniformidad y evitar desigualdades e ineficiencias que podrían surgir si cada estado impusiera su propia regulación. Alegadamente, al presentar la demanda MMAPA se une a otras aseguradoras que han impugnado exitosamente reclamos similares en otros estados de Estados Unidos. 

Entre los remedios solicitados por MMAPA figura que el Tribunal Federal le prohíba a la OCS hacer cumplir o invocar el Capítulo 30 del Código de Seguros, la Regla 73 o cualquier otra ley o política pública del gobierno local para regular las tasas de reembolso o las medidas para recuperar los pagos desembolsados en exceso.

Exige, además, que el Tribunal impida que la OCS intervenga en los términos del contrato relacionados con los cronogramas para el procesamiento de reclamaciones de la cubierta Medicare Advantage.

Tribunal ya invalidó tres leyes locales

Otro reclamo es que se prohíba permanentemente a la OCS y a sus representantes y empleados limitar o anular las tasas de reembolso de los proveedores y los términos del contrato relacionados con los cronogramas para el procesamiento de reclamaciones.

Finalmente, la demanda solicita al Tribunal que imponga aquella reparación adicional que considere justa y adecuada.

“La OCS intenta imponer regulaciones estatales sobre los estatutos federales que rigen el programa Medicare Advantage, acción claramente prohibida por regulación federal aplicable.  Debemos recordar que del cumplimiento con la regulación federal aplicable a los planes Medicare Advantage dependen millones de dólares en fondos federales para el cuidado de sobre 655,000 adultos mayores de 65 años en Puerto Rico, quienes han optado por recibir sus beneficios de medicare a través del programa Medicare Advantage”, sostuvo la entidad. 

En el pasado MMAPA ha acudido al Tribunal Federal para solicitar la invalidez de leyes locales que han resultado en contradicción con la política de campo ocupado establecida por la ley Medicare Modernization Act of 2003.

En los casos más recientes el Tribunal Federal de San Juan dejó sin efecto la ley 90 de 2019, la cual prohibía a las aseguradoras del programa Medicare Advantage pagar a los proveedores de salud una tarifa menor a la establecida por los CMS.

Luego el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston sostuvo la invalidación de la Ley 90 y dejó claro que el programa de Medicare Advantage es un programa financiado por el gobierno federal y cuyas regulaciones devienen de un campo ocupado por la ley federal.

En otro caso el Tribunal Federal invalidó las Ley 138 de 2020, conocida como la ley de Pago Puntual, la cual establecía un período de 30 días a partir del recibo de la reclamación para realizar el pago al proveedor. Otro estatuto invalidado por el Tribunal Federal es la ley 142 de 2020, la cual prohibió que una aseguradora pueda alterar el criterio médico. 

Por Miguel Díaz Román

Cinco días después de que el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley una medida que respalda totalmente al Centro Internacional de Seguros (CIS), el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, emitió una carta normativa que impone nuevos requisitos a las aseguradoras y reaseguradoras internacionales, la cual ha sido catalogada como un nuevo intento del funcionario para destruir la institución y un desafío a la autoridad del Primer Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa.

La nueva carta normativa emitida por Adams Vega el pasado viernes 23 de septiembre, la CN-2024-348-CIS, ordena a las aseguradoras y reaseguradoras instaladas en el CIS entregar un informe detallado sobre todas las transacciones que pretendan realizar con otras aseguradoras o clientes en el negocio de seguros en un estado o territorio de los Estados Unidos, o en otro país del orbe internacional.

Adams Vega impuso estos nuevos requisitos de información a las aseguradoras instaladas en el CIS que desean suscribir riesgos en los Estados Unidos, a pesar de que el pasado martes 21 de febrero la Fortaleza informó que el gobernador Pierluisi impartió su firma al Proyecto del Senado 1352, el cual propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el CIS podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.

Tras la firma del Primer Ejecutivo, el PS 1352 se convirtió en la ley 49 de 2024.

La acción del gobernador representó un fuerte varapalo contra Adams Vega, quien el 7 de diciembre de 2022 emitió la carta circular 2022-2007, la cual impuso a las aseguradoras instaladas en el CIS que deseaban suscribir riesgos en Estados Unidos la obligación de cumplir con varios requisitos que se les exige a las aseguradoras tradicionales que operan en el mercado local. 

Las aseguradoras instaladas en el CIS no ofrecen sus servicios el mercado local sino en jurisdicciones en los Estados Unidos y en países extranjeros.  Adams Vega derogó la carta circular 2022-2007 luego de que el martes 16 de enero de 2024, la Cámara de Representantes aprobó con el voto casi unánime de los legisladores el PS 1352, que ya había sido avalado por el Senado.

Luego de la aprobación de la ley 49 por Pierluisi, Adams Vega emitió la carta normativa la CN-2024-348-CIS, que según la Asociación de Aseguradoras Internacionales de Puerto Rico (PRIIA por sus siglas en inglés), representa un nuevo intento del funcionario de destruir el CIS y un desafío al gobernador.

Tres requisitos

Específicamente, la nueva carta normativa consta de tres requisitos muy particulares. En primer lugar, la carta normativa exige la entrega de un informe que revele el estado o territorio de los Estados Unidos o país internacional en el que se propone solicitar entrada para hacer negocios de seguros.

En segundo lugar, las aseguradoras y reaseguradoras internacionales deberán incluir en ese informe un desglose detallado de todas las transacciones que pretendan realizar con otras aseguradoras o clientes en esos estados, territorios o países extranjeros.

El tercer requisito es que toda la información requerida se deberá entregar en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) antes de que estos negocios se hayan concretado.

La carta normativa no explica por qué es importante para la OCS conocer las transacciones que las aseguradoras y reaseguradoras internacionales se dispongan a realizar en Estados Unidos o en el mercado internacional. Tampoco define el interés público pretende satisfacer la OCS al solicitar esa información antes de que esos negocios se hayan concretado.

Nuevo in tento de destruir el CIS

En unas breves declaraciones escritas, PRIIA sostuvo que la carta normativa CN-2024-348-CIS, representa un nuevo intento de Adams Vega de entorpecer y destruir las operaciones del CIS.

Según PRIIA, el requisito de divulgación previa establecido por la carta normativa implica que las aseguradoras y reaseguradoras internacionales deberán informar a la OCS por cada póliza o contrato de reaseguro que se propongan suscribir, lo cual debería incluir todos los detalles que puede abarcar esos acuerdos.

Entre estos, PRIIA sostiene que la OCS exigirá conocer el nombre del asegurado o de la parte contratante, la información de la parte contratante incluida en el contrato o póliza y otros datos relevantes como el monto de la prima o los costos que surgen de la póliza o del contrato, los términos de la póliza, exclusiones y toda aquella información de los clientes que debe figurar como parte de la contratación.

PRIIA también considera que, en el caso particular de los seguros de vida, la nueva carta normativa exige que las aseguradoras y reaseguradoras internacionales entreguen a la OCS información personal y confidencial de los asegurados.

Requisitos sin precedentes

Además, PRIIA destaca en sus expresiones que la carta normativa establece de manera inequívoca que, el incumplimiento de los nuevos requisitos de información establecidos conlleva multas administrativas y hasta la revocación del certificado que autoriza a estas empresas operar como un asegurador internacional en el CIS.

Incluso, PRIIS sostiene que la nueva información requerida por Adams Vega en la carta normativa no tiene precedentes en el mercado de seguros de los Estados Unidos.

“El requisito de divulgación previa al regulador de los términos de una póliza de seguros particular es uno que entendemos no existe en ninguna jurisdicción americana. Ciertamente, a ningún asegurador de los Estados Unidos que hace negocios en Puerto Rico se le exige que divulgue tal información. Este requerimiento no tiene otra motivación que la de continuar entorpeciendo el desarrollo del Centro Internacional de Seguros”, indicó PRIIA.

La organización que integra a los aseguradores y reaseguradores internacionales indicó en sus expresiones que la nueva carta normativa emitida por Adams Vega constituye un “abierto desafío” al gobernador y a la asamblea legislativa, luego de la aprobación de la Ley 49 la semana pasada.

Desde que fue nombrado Comisionado de Seguros a finales del 2022, Adams Vega utilizó las prerrogativas de su cargo para imponer trabas a las aseguradoras instaladas en el CIS con la presunta excusa de que permitir que estas entidades reaseguren riesgos localizados en Estados Unidos podría causar que la OCS perdiera la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

Obligada la OCS a proteger el CIS

La NAIC suspendió la acreditación de la OCS en julio de 2020 como resultado de que esa oficina aprobó una transacción financiera a favor de unas aseguradoras instaladas en el CIS, que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos. La citada transacción fue avalada por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, en 2018. En aquel momento Adams Vega era el comisionado auxiliar de Asuntos Legales de la OCS.

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007 el 12 de diciembre de 2022, la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS.

La ley 49 establece que un asegurador internacional no podrá solicitar reciprocidad en otros estados por estar domiciliado en Puerto Rico.

 Además, aclara que los aseguradores internacionales podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en los estados de Estados Unidos, siempre que cumplan con las leyes de esas jurisdicciones.

La ley también obliga al Comisionado de Seguros a mantener, proteger y promover el desarrollo del CIS. Además, establece que el funcionario deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, sobre los esfuerzos realizados por la OCS para cumplir con el requerimiento de proteger el CIS.

Por Miguel Díaz Román

El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley una medida que respalda totalmente al Centro Internacional de Seguros (CIS), lo que representa un serio revés para la credibilidad del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, quien actuó en contra de la institución y promovió acciones administrativas para socavar su capacidad de crecimiento.

Ayer la Fortaleza informó que Pierluisi impartió su firma a varias medidas entre las que figura el Proyecto del Senado 1352, el cual propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el CIS podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.

La acción del gobernador levanta legítimas interrogantes sobre la gestión de Adams Vega, quien desde que fue nombrado Comisionado de Seguros a finales del 2022 utilizó las prerrogativas de su cargo para imponer trabas a las aseguradoras instaladas en el CIS para impedir que estas entidades reaseguren riesgos localizados en Estados Unidos.

Adams Vega había advertido que permitir el reaseguro de riesgos en Estados Unidos por las aseguradoras instaladas en el CIS podría causar que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) perdiera la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

La acreditación fue suspendida en julio de 2020 tras la NAIC rechazar la aprobación que realizó la OCS en 2018 de una transacción financiera a favor de unas aseguradoras instaladas en el CIS, que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos. 

La citada transacción fue avalada por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos. En aquel momento Adams Vega fungía como comisionado auxiliar de Asuntos Legales de la OCS.

Luego de asumir oficialmente el cargo de Comisionado de Seguros, Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007 el 7 de diciembre de 2022, la cual impuso a las aseguradoras instaladas en el CIS la obligación de cumplir con varios requisitos que figuran como exigencias obligatorias a las aseguradoras tradicionales que operan en el mercado local. 

 Las aseguradoras instaladas en el CIS no ofrecen sus servicios el mercado local sino en jurisdicciones en los Estados Unidos y en países extranjeros.

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS el 12 de diciembre de 2022.

Errático el Comisionado

De hecho, no está claro si Adams Vega tuvo alguna participación o responsabilidad en la aprobación de la transacción realizada por Rivera Ríos que provocó la pérdida de la acreditación de la NAIC. No obstante, el comportamiento de Adams Vega revela rasgos erráticos desde que la OCS perdió la acreditación.

Precisamente, para acreditar nuevamente a la OCS, la NAIC exigió que a las aseguradoras instaladas en el CIS que hicieran negocios en Estados Unidos se le impusieran regulaciones financieras como si fueran aseguradores para el mercado local.

La respuesta de Adams Vega fue la carta circular 2022-2007, que dispuso que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

Fuentes de la Asociación de Aseguradoras Internacionales de Puerto Rico (PRIIA por sus siglas en inglés) han señalado que tras la aprobación de la carta circular 2022-2007 varias aseguradoras internacionales desistieron de su interés de instalarse en el CIS e invertir en Puerto Rico.

Perder acreditación no impidió avalar el 1352

En la pasada sesión legislativa el senador Juan Zaragoza Gómez radicó el PS 1352, que fue aprobado por el Senado. La Cámara de Representantes aprobó la medida el pasado 16 de enero del 2024, a pesar del intenso cabildeo en su contra realizado por Adams Vega, quien insistió que podría causar que la OCS perdiera la acreditación de la NAIC.

Ante el escenario adverso que representó la aprobación del PS 1352 por ambos cuerpos, el 19 de enero Adams Vega derogó la carta circular 2022-2007. La derogación ocurrió luego de que el Comité Ejecutivo de la NAIC realizó  una sorpresiva visita en San Juan los días 12 y 13 de enero que fue mantenida en secreto.

Se desconoce si la decisión de derogar la carta circular 2022-2007 fue el resultado de que el Comité Ejecutivo de la NAIC llegó a ciertos acuerdos con Adams Vega.

Lo cierto es que la amenaza de que la OCS podía perder la acreditación de la NAIC no impidió que el gobernador Pierluisi convirtiera en ley el PS 1352.

El PS 1325 introduce una enmienda al Código de Seguros, específicamente en las disposiciones relativas al CIS, para establecer que un asegurador internacional no podrá solicitar reciprocidad en otros estados por estar domiciliado en Puerto Rico.

Ley exige proteger el CIS

 Además, aclara que los aseguradores internacionales podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en los estados de Estados Unidos, siempre que cumplan con las leyes de esas jurisdicciones. No obstante, ya estas disposiciones existen en la reglamentación del CIS.

Un elemento novedoso de la medida es que obliga al Comisionado de Seguros a mantener, proteger y promover el desarrollo del CIS y además establece que el funcionario deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, sobre los esfuerzos realizados por la OCS para cumplir con el requerimiento de proteger el CIS.

El primer informe parcial de la Resolución del Senado 612, radicada también por el senador Zaragoza Gómez, concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente que había prohibido por la vía administrativa, a través de la carta circular 2022-2007, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.

Según el informe parcial ese tipo de determinación requería una enmienda a la ley matriz CIS, la Ley 399 de 2004. El informe también concluyó que Adams Vega actuó en contravención a la política pública establecida por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del CIS al aprobar la Ley 399.

En la pasada sesión legislativa el Senado aprobó la Resolución del Senado 852, la cual solicita al gobernador Pedro Pierluisi que destituya a Adams Vega, por realizar representaciones falsas ante la NAIC.

Por Miguel Díaz Román

La posibilidad de que el reglamento de valoración de reclamaciones en controversia de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), sea impugnado en los tribunales podría ser una realidad si esa oficina no accede a enmendar determinadas disposiciones del llamado reglamento 106, el cual pretende establecer de manera oficial un proceso de arbitraje o “appraisal”, en el que un árbitro adjudica el monto a pagar en una reclamación disputada.

El reglamento 106 es el resultado de la Ley 242 de 2018, la cual requiere que las aseguradoras de propiedad y los asegurados participen en un procedimiento de valoración para resolver las disputas en torno al valor de una pérdida sujeta a reclamación, si así lo ha solicitado una de las partes.

Aunque la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) ha objetado cerca de 13 disposiciones del citado reglamento, la licenciada Hilda Surillo, vicepresidenta de Mapfre, sostuvo que existen dos disposiciones “altamente preocupantes”, cuya permanencia en el documento, tal como fueron redactadas por la OCS, son inaceptables y podrían desencadenar una impugnación judicial de parte de la aseguradora.

Surillo hizo los pronunciamientos durante una entrevista en el programa Informe Semanal, que se transmite en las redes sociales y que origina el periódico digital SN. En la entrevista también participaron el presidente de Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, y el licenciado Luis Negrón, quien es vicepresidente de suscripción y reclamaciones de la aseguradora.

Una de las normas que impone el reglamento, mencionada por la licenciada Surillo como precipitante potencial de una impugnación judicial, es aquella que concedería al árbitro la habilidad de entrar a adjudicar el alcance de la cubierta.

Surillo sostuvo que la ley 242 y el propio reglamento 106 establecen que la injerencia del árbitro estará limitada a determinar el valor del daño contenido en una reclamación en controversia.

La otra disposición del reglamento rechazada de manera tajante por Mapfre es la que permitiría que el Comisionado de Seguros pueda obligar a un asegurador a presentar una oferta sobre el monto a pagar por una reclamación cuestionada por el asegurado, si el funcionario interpreta que ha existido un retraso en el cumplimiento de ese requisito.

La primera de las normas con el potencial de provocar una acción judicial contra la OCS, según sostuvo la licenciada Surillo, se trata del lenguaje del artículo 10 del reglamento 106, que atiende el alcance de las controversias que el árbitro podrá dirimir dentro del proceso de valoración.

Árbitro entraría en asuntos de la cubierta

Específicamente el lenguaje rechazado por Mapfre indica: “para determinar la cuantía de los daños o pérdidas a la propiedad en el proceso de valoración, las partes por acuerdo mutuo o porque así lo autorice el tribunal, podrán someter ante la consideración del árbitro los asuntos establecidos en este artículo”

Surillo señaló que la inclusión de este lenguaje contradice la Ley 242 del 2018 y el Código de Seguros de Puerto Rico, al permitir que el árbitro haga determinaciones sobre los elementos de la cubierta que contiene la póliza. La licenciada insistió en que, tanto la ley 242 y el reglamento 106, reconocen que el árbitro sólo debe manejar elementos de la valoración del daño.

De hecho, el artículo 11.190 del Código de Seguros, que fue enmendado por la Ley 242, establece que un árbitro es una “parte imparcial y competente seleccionada para resolver desacuerdos exclusivamente relacionados con el valor de la propiedad o daños en una o más partidas de la reclamación”. Más adelante este artículo añade “el árbitro no tendrá autoridad para decidir controversias de cobertura o cualquier cuestión de derecho”.

“Esto es totalmente ajeno a lo que la ley 242 prohíbe: que un árbitro no va a entrar en los elementos de la cobertura. Cuando se pasa del “appraisal” y el árbitro se interesa en adjudicar la causalidad de un daño, está entrando en temas de la cobertura”, indicó la ejecutiva.

“En la causalidad de un daño podemos reconocer que existe un daño y que pudo ser a causa del evento (catastrófico) o por el efecto de la falta de mantenimiento. Si la causa del daño no es un evento cubierto en la póliza, esa determinación no le toca hacerla al árbitro. Esa es una determinación que la debe hacer un tribunal”, sostuvo.

Accidentes en el lenguaje

La vicepresidente de Mapfre advirtió que el reglamento 106 es visto como una herramienta que puede ser útil para resolver controversias con los asegurados, pero que los accidentes en el lenguaje entorpecen ese objetivo.

“Este es un elemento altamente cuestionable y no nos gustaría tener que cuestionar (judicialmente) el reglamento, en momentos en que se quiere implementar, y tener que cuestionarlo en momentos cuando queremos tener un mecanismo para utilizarlo”, dijo de manera escueta la licenciada Surillo.

La otra disposición objetada por Mapfre es el artículo 9 del reglamento 106, el cual atiende los requisitos para llevar a cabo un proceso de valoración.

El lenguaje que desata la oposición en el artículo 9 indica: “el asegurador debe haber reconocido cubierta del evento o pérdida reclamada y efectuar una oferta de pago por los daños o pérdida reclamada o, de no haberse realizado una oferta, el Comisionado considere que el asegurador está dilatando o retrasando indebida e injustificadamente la resolución de la reclamación conforme a los parámetros dispuestos en el Artículo 27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico.”

“Este es otro caso en el que el reglamento excede lo que la ley proponía”, dijo Sánchez Géigel.

Necesaria una oferta para iniciar un “appraisal”

“Tiene que haber una oferta en la que el asegurado está en desacuerdo, sino hay oferta en la que el asegurado no está de acuerdo, no hay nada arbitrar. Entonces se inserta un requisito o que no aparece en la ley y es que el Comisionado considere que se han retrasado en hacer una oferta ¿Qué es lo que eso implica? ¿Que vamos a forzar una oferta que no existe? Puede ser que no estamos listos para arbitrar!”, advirtió Surillo.

“Ya Sabemos que el Código de Seguros autoriza al Comisionado de Seguros a que resuelva una reclamación. Pero no puede obligar a que se realice una oferta. Y que tal sí no estamos listos, que tal sí no hay cobertura, y que tal si el asegurado no está cooperando. Este lenguaje es ajeno a los principios de la ley y va a fomentar litigación y que, por supuesto, es el primer elemento que si se intenta implementar estaríamos cuestionando judicialmente.  Queremos que el “appraisal” sea cuando las ofertas estén listas. Las ofertas no se pueden forzar si no existen”, exclamó la licenciada Surillo.

“Tenemos un caso en que un asegurado no cooperó. Nunca presentó su caso y no hubo oferta. Nos obligaron a un proceso de “appraisal” sin que hubiera una oferta. En ese caso estuvimos más de dos años pidiendo la documentación para establecer la pérdida y nunca se sometió”, indicó el licenciado Negrón.

Mapfre acudió al tribunal en contra de la OCS y finalmente la decisión judicial favoreció a la aseguradora.

“Ya hay un precedente en el tribunal en que no se puede llegar al “appraisal” si no hay oferta”, concluyó Negrón.

Programas de computadora alientan discrepancias

Otras disposiciones del reglamento cuestionadas tanto por ACODESE como por Mapfre es que avala el uso de un agente de bienes raíces y de los ajustadores públicos o independientes como árbitros.  ACODESE y Mapfre sostienen que los agentes de bienes raíces no tienen las competencias para intervenir en el arbitraje mientras que los ajustadores públicos o independientes no garantizan la imparcialidad de los procesos.

Una de las disposiciones del reglamento 106 con posibilidad de generar una gran controversia es la que permite que para la estimación de costos se usen programas de computadora que son utilizados por algunos ajustadores públicos, los cuales no reflejan la realidad de los costos de los materiales y la mano de obra en el mercado local.

 “Claramente estos programas de computadora permiten que personas que no son arquitectos o ingenieros lleguen a unas conclusiones con relación al costo de daños. Estos daños no son los que normalmente utilizan los arquitectos y los ingenieros para llegar a un estimado para hacer la reparación de una propiedad”, explicó Sánchez Géigel.

“¿Por qué se permite que se usen estos programas de computadora para hacer estimados? Por qué las personas que los usan no tienen las destrezas, la preparación académica para hacer un estimado de costos como normalmente se hace en la industria para hacer una reconstrucción o una construcción nueva. Estamos fomentado discrepancias que en un momento dado se tienen que dilucidar, cuando estamos comparando un índice de costos para hacer el estimado establecido en Puerto Rico y la metodología de construcción que se utiliza en Puerto Rico con otro sistema que no tiene el mismo índice de costos y otra metodología de construcción, que contempla otras actividades innecesarias para llevar a cabo la reparación y restablecer al asegurado al lugar en que se encontraba previo a la pérdida”, indicó el presidente de Mapfre.  

En una extensa carta que ACODESE envió a la OCS el pasado 29 de enero de 2024, la organización que agrupa a las aseguradoras del país, de la que Mapfre es parte integral, presentó sus objeciones al reglamento 106. ACODESE sostuvo que la OCS recibió la misiva y se comprometió a citar próximamente a los representantes de la organización a una reunión en la que serán discutidas sus objeciones.