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Puerto Rico
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Gobierno subsidia torrefactores con fondos públicos para impedir aumento del café

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Por Miguel Díaz Román 

Con el fin de impedir un aumento en el precio del café a nivel del consumidor, la administración de Jenniffer González Colón ha decidido subsidiar el precio del grano que importa la Administración de Empresas Agropecuarias (ADEA) y que luego le vende a los torrefactores, para no trasladar a esas empresas los aumentos de precio que ha experimentando ese producto en el mercado internacional.

El subsidio implica que la ADEA absorberá el incremento en costo que el café importado ha experimentado, para poder vender el grano a los torrefactores a un precio que no altere la estructura de costos de esas empresas y no sea necesario aumentar el precio del café a nivel del consumidor. 

La información fue confirmada por el secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, quien indicó que «la política pública de la gobernadora es evitar que el consumidor se vea afectado por un aumento en el precio en el café».

La importación de café por el ADEA es el resultado de una exención concedida por el Congreso, que le permite al gobierno local importar café sin pagar un arancel federal. La importación de café se ve como un mal necesario debido a que la producción local no alcanza para satisfacer el consumo desde 1998.

ADEA pierde fondos

La operación para subsidiar a los torrefactores comprende que la ADEA  adquiere cada quintal (100 libras)  de café importado en más de $450, pero se lo vende a los torrefactores a $375, lo que implica que el gobierno está perdiendo más de $75 por cada 100 libras de café importado que vende, según denunció el caficultor Miguel López Hernández, quien es el presidente de la Asociación de Beneficiados de Puerto Rico.

López Hernández agregó que esta operación ya ha resultado en un vaciado sustancial de los ingresos generados por la venta de café, porque la ADEA paga el aumento del café importado pero no recupera el dinero a través de sus ventas a los torrefactores.

Sostuvo que la activación del subsidio ha comenzado a afectar el pago de incentivos a los caficultores. Explicó que parte de los ingresos que genera ADEA por la venta de café importado es orientado en ayudas y estímulos al sector de los caficultores y de otros sectores agrícolas.

Menos incentivos

«Ya no están dando menos abono, hay menos chavos para el incentivo salarial y el incentivo por la compra de maquinaria y equipos se redujo de 50 % a 25 %. Todo esto comenzó a suceder  desde inicios del 2025, cuando el precio del café importado aumentó», dijo López Hdernández.

Pero el ex secretario de Agricultura, Ramón Gonzáldez Beiró, sostuvo que Rivera Castro debe exigir el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)  emita una órden para aumentar el precio del café importado y de esta manera se evita la sangría de fondos que experimenta  la ADEA.

Incluso, Gonzáldez Beiró advirtió que  la pérdida de fondos en ADEA es tal magnitud que asciende a más de $1 millón de dólares mensuales. El ex secretario indicó que si la pérdida de fondos no es detenida el Departamento de Agricultura (DA) enfrenta el peligro real de sucumbir en la quiebra.

A la quiebra Agricultura

«El DA tiene que exigir al DACO un aumento al precio de venta sin más demora. Desde febrero está generando pérdidas mensuales de más de un millón de dólares. Los ingresos propios de ADEA son los que permiten otorgar incentivos a los agricultores. La venta de café importado es la mayor fuente de ingresos propios y además, ese café no paga el arancel que pagarían los torrefactores si lo importan ellos. El precio mundial está en niveles históricos y aquí por motivos políticos no aumentan lo necesario. Esto va a desembocar en la quiebra del Departamento», dijo González Beiró.

Fuentes conocedoras de la situación que enfrenta ADEA relataron que el sector de los torrefactores no favorece una intervención de DACO para decretar un aumento en el precio del café importado y un alza al café cosechado en la isla. La fuente indicó que los torrefactores han dejado saber que cualquier aumentó se reflejará  en el precio del café a nivel del consumidor.

López Hernández favoreció la intervención de DACO para que se aumente el precio del café de cosecha local «para hacerle justicia al caficultor del país».

En el pasado López Hernández ha señalado que el café local ha sufrido un desplazamiento en la medida que el precio del café importado es bajo.

Competencia desleal

Además, el caficultor ha denunciado que desde el sector de los torrefactores se ha gestionado una competencia desleal porque el café importado se ha estado empacando y vendiendo como café del país, mientras el grano local de alta calidad se queda en los almacenes.

Además, para el DA la importación de café se ha convertido en un lucrativo negocio cuyos ingresos superan los $20 millones anuales. 

En la medida que el precio del café importado es bajo, ADEA puede venderlo a los torrefactores locales a un precio aceptable (el precio reglamentado por DACO), en comparación con el café cosechado en el país, y obtener un jugoso ingreso.

López Hernández ha sostenido que es necesario considerar que se imponga una prohibición que impida  que el café importado se empaque y se venda como café del país. El caficultor ha señalado que la prohibición debería incluir el café “gourmet” elaborado con café importado, y que en su etiqueta se identifica como café cosechado en Puerto Rico.

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Sin pruebas ni estudios Agricultura avala eliminar marca “Delpaís” por alegada confusión del consumidor 

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Por Miguel Dúaz Román

Con el pretexto de que el consumidor puertorriqueño que vive en Puerto Rico como aquel que reside en los Estados Unidos podrían pensar que la marca “Delpaís”, que es es exclusiva para productos agrícolas locales, promueve productos importados de otros países latinoamericanos, el secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, favoreció finiquitar la marca y sustituirla por una nueva. 

La confusión que, alegadamente, padecen los consumidores en la Isla, los integrantes de la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos y otros miembros de la comunidad hispana que reside en ese país, es la base racional del Proyecto del Senado 335, radicado por el polémico senador novoprogresista, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. 

Según sostiene la medida, la confusión se origina en que esos consumidores podrían pensar que la marca “DelPaís” incluye productos importados de otros países latinoamericanos. 

Por esta razón la medida propone una enmienda a la ley 195 de 2016, conocida como “Ley para el Uso de la Marca Delpaís”, para eliminar la marca “DelPaís» e introducir una nueva marca que se conocería como “Cosechas Puertorriqueñas”.

Objeciones a nueva marca

En una ponencia escrita y enviada a la Comisión de Agricultura del Senado, el secretario de agricultura Rivera Castro expresó algunas preocupaciones sobre la propuesta de la medida, de las cuales una de las principales  es que objetó al uso de la marca “Cosechas Puertorriqueñas”.

De acuerdo con lo expresado por Rivera Castro, la marca  “Cosechas Puertorriqueñas” solo alude a productos obtenidos mediante el cultivo y excluye otras actividades agrícolas que producen numerosos productos. 

El funcionario también propuso que se verifique en el Departamento de Estado si la marca “Cosechas Puertorriqueñas” ya fue registrada anteriormente y solicitó que se asigne un presupuesto  con el fin de realizar un estudio «para determinar qué nombre de marca pudiera ser más factible». 

La marca «DelPaís» fue registrada en el Departamento de Estado por el Departamento de Agricultura (DA) el 7 de septiembre de 2002 para mercadear y fomentar la actividad agrícola local. El Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), que es una dependencia del DA, es la entidad autorizada a regular y supervisar la marca «Delpaís». 

Actualmente, existen 51 agricultores autorizados a utilizar la marca, los cuales mercadean más de 100 productos.

Finalmente, Rivera Castro condicionó su apoyo a la medida a que se incorporen en el texto final sus recomendaciones.

No existen estudios

No obstante, Rivera Castro no cuestionó las afirmaciones que el PS 335 realiza sobre la alegada confusión de los consumidores, las cuales no están respaldadas por un estudio que evalúe los patrones de comportamiento de los consumidores en el mercado local ni del llamado mercado hispano en los Estados Unidos. 

En la totalidad del texto de la medida  no se menciona ni se cita un estudio que avale la propuesta de eliminar la marca “DelPaís”. 

De hecho, de la exposición de motivos surge claramente que la iniciativa está respaldada únicamente por una conjetura:

 «Lamentablemente, muchos consumidores puertorriqueños desconocen que “DelPaís” es una marca que identifica al producto como uno local; de igual manera, podrían pensar que la marca “Delpaís” se refiere a un producto que es importado de cualquier otro país hispano. Expuesto lo anterior, se entiende necesario precisar con mayor especificidad que el origen del producto agrícola es Puerto Rico y no cualquier otro país».

Sin fundamentos científicos

Es decir, que el senador Sánchez Álvarez ha insertado como elemento principal del PS 335 una conjetura que no ha sido probada. 

La medida carece de fundamentos científicos desde la perspectiva de la mercadotecnia y la publicidad para justificar su drástica propuesta de eliminar del mercado la marca «DelPaís», que ya tiene 23 años de existencia.

Aún así la medida fue avalada en el Senado con 23 votos a favor y 5 en contra.

Y de parte del poder ejecutivo, el secretario de Agricultura, Rivera Castro, y el DA en su carácter institucional, también respaldaron la medida. 

«Luego de evaluar el Proyecto, concordamos con la inquietud del Legislador de que la marca puede crear confusión y que los consumidores, en especial a aquellos fuera de la Isla, no puedan identificar que  dichos productos sean de Puerto Rico. Esta preocupación debe ser atendida, más ahora que se aprobó la Ley 87 de 8 de agosto de 2023, la cual enmendó la Ley 195 de 2016 para facultar a promocionar la marca y mercadearla internacionalmente», sostiene la ponencia escrita del DA, la cual exhibe la firma del secretario Rivera Castro. 

El documento de tres páginas fue emitido el pasado 7 de abril de 2025 y enviado al senador Jeison Rosa Ramos, quien es el presidente Comisión de Agricultura Senado. 

Impacto económico

De hecho, en la ponencia Rivera Castro comenta que el proyecto no dispone de un término para implantar los cambios y advierte «que FIDA tendría que invertir tiempo y dinero en el diseño y registro de una nueva marca, además de ajustar sus campañas publicitarias y educativas para adaptarlas a la nueva marca». 

Incluso, el secretario Rivera Castro también menciona que la falta de un término para implantar los cambios causaría un impacto adverso entre los agricultores y productores autorizados a usar la marca «DelPaís». 

Según argumentó el  secretario, los agricultores tendrían que «hacer cambios en sus etiquetas y en los métodos de mercadeo para ajustarse a la nueva marca, lo que tomará tiempo para que puedan acabar su inventario y ajustarse a los cambios de mercado sin impactarle negativamente».

A pesar de que el propio secretario de Agricultura reconoció que la medida tendría un impacto económico en el FIDA , el informe positivo de la medida que elaboró la Comisión de Agricultura del Senado señala falsamente que «de aprobarse el Proyecto del Senado 335, no representaría costos fiscales significativos sobre el presupuesto de la corporación pública «

Sobre el efecto económico que tendría entre los agricultores que utilizan la marca «Del País» para mercadear sus productos, el informe positivo de la Comisión de Agricultura del Senado no realizó comentario alguno.

Premisa equivocada

De hecho, sin presentar evidencia alguna el informe positivo afirma que «la falta de despunte de la marca “Delpaís” a nivel internacional ocurre porque la misma no establece con claridad que se trata de un producto hecho en Puerto Rico». 

Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, señaló que el PS 335 parte de una premisa equivocada y arrastra errores que se cometieron en el 2016 al enmendarse la ley de los “Productos del País, Puerto Rico” y por error se le cambió el nombre a “La Marca del País”, «algo que no existe». 

«El registro oficial en el Departamento de Estado desde el 2002 es “Productos Del País, Puerto Rico”. Así aparece en el logo de la marca registrada. FIDA que es la oficina del DA que administra este “brand name”. Para los productos locales FIDA cuenta con un reglamento que especifica cada detalle y los colores oficiales para su uso y reproducción», comentó Flores Ortega. 

«Por tantos años, excepto en el cuatrienio del secretario Javier Rivera Aquino, donde se utilizó una nueva promoción de “cosecha y crianza” sin derogar la ley de Productos Del País, Puerto Rico; siempre se ha usado esta última y ya tiene aceptación y fidelidad en toda la cadena de distribución y mercadeo, en el consumidor puertorriqueño y en el exterior. Tratar de cambiar esto sería un error estratégico y pérdida de identidad que cuesta mucho tiempo y dinero levantar según los expertos de mercadeo. A veces pienso que la intención de cambiarlo es más político que estratégico y eso no está bien», concluyó el ex secretario.

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Mapfre neutraliza 80 % de la huella de carbono en 13 países

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Con motivo del Día Internacional Contra el Cambio Climático, que se celebra hoy, MAPFRE reafirma su compromiso para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en seguir elevando la exigencia de sostenibilidad de una manera firme y progresiva. 

La aseguradora asume este reto con numerosas medidas para reducir la huella de su operación directa, así como con objetivos públicos, como neutralizar más del 80% de la huella en 13 países para finales de año, ser una compañía neutra en 2030 en todos los países y Net Zero en 2050.

También, con compromisos ambiciosos, como no asegurar ni invertir en empresas de carbón, gas o petróleo que no cuenten con un plan de transición energética.

En 2024, la compañía superó todos los objetivos que se había propuesto para reducir la huella de carbono que genera con su actividad y ha disminuido su huella de carbono global un 25% respecto a 2022, lo que representa 15 puntos por encima del reto marcado para 2024 (10%). 

Este descenso se debe principalmente a la restricción de combustibles fósiles y electricidad (se ha reducido un 27% menos de energía al año), la utilización de fuentes de energía renovables, como la solar, y la sustitución de su flota de vehículos convencionales por híbridos o eléctricos.

Apuesta por la movilidad sostenible

En concreto, en 2024, MAPFRE ha logrado evitar el consumo de más de 124.000 litros de combustible fósil gracias a la incorporación de vehículos ECO en sus flotas. Esta cantidad, que equivale a 2.500 depósitos de gasolina de un vehículo convencional, ha permitido evitar la emisión de más de 450 toneladas de CO₂, una cifra comparable a la capacidad de absorción de más de 21.000 árboles durante un año.

Este avance también ha sido posible gracias a la limitación en el uso de combustibles fósiles y al compromiso por buscar soluciones más limpias e inteligentes que impulsen la movilidad sostenible, como el uso de lanzaderas que conectan algunas sedes con puntos céntricos de la ciudad, el estacionamiento para bicicletas, el renting de vehículos eléctricos y los puntos de recarga para motores ECO destinados a vehículos de empleados.

Energía de origen renovable

Por otro lado, se han llevado a cabo importantes contratos de suministro eléctricos con certificación de origen renovable en Brasil, Puerto Rico, México, Perú y Turquía, que se suman a los contratos 100% renovables en España, Estados Unidos, Portugal y Alemania. Esta compra de energía limpia evitó el pasado año la emisión a la atmósfera de 4.359 tCO2eq en dichos países y ha supuesto que el consumo eléctrico del Grupo a nivel global provenga de fuentes de origen renovable.

MAPFRE, además, ha generado un total de 3,10 GWh de energía renovable a través de instalaciones fotovoltaicas en sus principales edificios en España, México, Italia, Perú, República Dominicana y Malta.

Inversiones responsables y sostenibles

Su plan de sostenibilidad 2024-2026 también incorpora medidas para promover inversiones responsables y sostenibles, y desarrollar productos innovadores que faciliten la transición hacia una economía baja en carbono.

En esta línea, para 2030, la compañía reducirá un 43% la intensidad de las emisiones (TonCO2e/ millón de euros invertido) de gases de efecto invernadero de la cartera de inversiones del Grupo (renta fija corporativa y renta variable), empleando como línea base el año 2022. 

También incrementará la inversión en soluciones que favorezcan la transición hacia una economía baja en carbono, así como la oferta de fondos sostenibles. Economía circular y gestión de residuos

La economía circular también está integrada en los compromisos medioambientales de la entidad como parte de su estrategia hacia un modelo de negocio más sostenible y eficiente. 

En 2024 recicló 4.823 toneladas de residuos, el 96% del total anual de los desechos gestionados por el del Grupo. En este sentido destaca la actividad de CESVIMAP, el centro de I+D de MAPFRE que, a través de su Centro Autorizado de Tratamiento CESVIrecambios, recupera anualmente alrededor de 700 toneladas de piezas de vehículos siniestrados, que son reutilizados en otros vehículos.

Este centro tecnológico global está especializado en la reparación y reciclado de vehículos, entre otros servicios, y es una referencia en cómo da de baja los vehículos de una manera sostenible, alargando la vida de las piezas, facilitando la reutilización de materias primas, como el plástico y el cristal, y reduciendo el consumo de energía.

MAPFRE participará en la COP 30 para expresar su compromiso con una economía baja en carbono, clave para frenar el impacto del cambio climático.

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El  lado  oscuro del acuerdo entre la OCS y Swiss Re

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Por Miguel Díaz Román 

Cada vez toman mayor relevancia las interrogantes sobre si los asegurados afectados por la liquidación de la aseguradora Real Legacy resultaron favorecidos por el acuerdo logrado por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) con el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re).

Ya la OCS ha aceptado que el acuerdo con Swiss Re no generará una cantidad de dinero que satisfaga las expectativas de los asegurados, los acreedores y los medios de comunicación. 

Y no es poca cosa que miembros de la industria de seguros se cuestionen cómo se hizo esa transacción, si la OCS actuó correctamente al establecer un acuerdo con Swiss Re y si el acuerdo  obtuvo el máximo beneficio económico del reasegurador.

A pesar de la amplia discreción que el Código de Seguros le reconoce a la OCS en un proceso de liquidación, el acuerdo con Swiss Re ha desatado numerosas interrogantes por la insistencia del regulador de mantener el documento en confidencialidad. 

El 10 de octubre de 2024 la jueza Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, avaló la petición de la OCS para colocar en confidencialidad el acuerdo con Swiss Re. Stipec Rubio es la jueza supervisora de la liquidación de Real Legacy.

En la moción que contenía la petición la OCS también indicó que había logrado un acuerdo beneficioso para los asegurados de Real Legacy. No obstante, la OCS se ha negado a ofrecer la cifra de dinero que establece el acuerdo.

No es bien vista la confidencialidad

El pasado 16 de septiembre y respondiendo a las peticiones de la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG), para que el contenido del acuerdo se divulgara públicamente,  la jueza tomó la determinación de eliminar la confidencialidad del acuerdo. 

Y es que el manto de confidencialidad no ha sido bien visto por miembros de la industria de seguros, especialmente por ejecutivos de las aseguradoras, porque podría constituir un mecanismo para ocultar irregularidades, influencias indebidas y hasta actos de corrupción que pudieran comprometer dineros necesarios para atender reclamaciones de los asegurados de Real Legacy.

En reiteradas peticiones ante la  jueza Stipec Rubo, la OCS ha exigido que no se debe divulgar ni el más mínimo detalle del acuerdo. 

Por su parte, la AG ha sostenido que la liquidación de Real Legacy es un asunto revestido de interés público, por lo que ha cuestionado la pertinencia de mantener en secreto los detalles de un acuerdo que posiblemente involucra cifras millonarias y que afectan el proceso de liquidación. 

Pocos chavos

La AG ha expresado al Tribunal de Primera Instancia la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial. 

Alegadamente, un exiguo desembolso causaría la necesidad de decretar una segunda derrama entre las aseguradoras locales para pagar reclamaciones, la cual terminarán pagando los consumidores de seguros.

La liquidación de Real Legacy ya involucra una primera derrama que ascendió a $11 millones.

Una de las principales interrogantes que ha surgido como resultado del acuerdo con Swiss Re es aquella que cuestiona cómo fue posible que la OCS estableciera el monto a pagar por aquellas reclamaciones que eran responsabilidad del reasegurador, si la AG no evaluó ni ajustó tales reclamaciones, según sostienen fuentes vinculadas al proceso de liquidación de Real Legacy.

La AG es el organismo destinado a ajustar las pérdidas reclamadas a un asegurador en liquidación, como paso previo indispensable para determinar el monto a pagar por tales reclamaciones. El Código de Seguros autoriza a la AG a pagar hasta $300,000 por cada reclamación, independientemente del monto de la pérdida.

¿Quién ajustó?

«Si la AG no ajustó las reclamaciones de Real Legacy contenidas en el acuerdo con Swiss Re ¿quién lo hizo?. ¿Se contó con la preparación y conocimiento necesario para ajustar esas reclamaciones?», cuestionó una fuente preocupada por las actuaciones de la OCS. 

Un aspecto intrigante en esta controversia es que las relaciones entre la OCS y la AG han carecido de la cooperación esperada entre dos entidades a las que el Código de Seguros les encomienda la importante responsabilidad de liquidar un asegurador insolvente y garantizar la mayor cantidad de fondos para pagar las reclamaciones de los asegurados, según sostienen las fuentes. 

Incluso, es evidente que la OCS no ha compartido con la AG toda la información relacionada con la liquidación de Real Legacy y el mejor ejemplo es el acuerdo alcanzado con Swiss Re. 

La AG ha admitido en una de sus mociones radicadas en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que se enteró del acuerdo con Swiss Re a través de la petición que radicó la OCS  para conservar en confidencialidad el documento.

¿Quién ajustó los facultativos?

«¿Por qué el liquidador de Real Legacy ha optado por ocultar a la AG información relacionada con el acuerdo logrado con Swiss Re? ¿Por qué el regulador no mantiene una conducta de transparencia con respecto a la liquidación de Real Legacy?», preguntó la fuente.  

Es importante señalar que la interrogante sobre quién ajustó las pérdidas de Real Legacy vinculadas al acuerdo con Swiss Re toma un giro de alta preocupación cuando se trata de los reaseguros facultativos, que es un tipo de reaseguro acordado fuera de los contratos generales de reaseguro de las aseguradoras. 

Los reaseguros facultativos atiende riesgos complejos y de alto costo que requieren, por lo general, un conocimiento especializado.

«¿Quién ajustó las pérdidas de los reaseguros facultativos?», preguntó la fuente. 

La preocupación sobre quién ajustó las pérdidas de los reaseguros facultativos radica en que, por la naturaleza inusual de esos riesgos, era necesario que en la negociación con el reasegurador participara personal con conocimiento especializado en ese tipo de riesgos para evitar decisiones erradas que podría implicar la pérdida de millones de dólares para el caudal de Real Legacy.

Piden a la jueza que se revoque

De hecho, en una determinada pérdida podrían participar varios reaseguradores facultativos, lo que agrega más complejidad a la hora de asignar la responsabilidad de cada reasegurador.

En una reciente moción presentada ante la jueza Stipec Rubio, la OCS anticipó que el pago económico que se comprometió a realizar el reasegurador Swiss Re podría ser interpretado por los asegurados, los acreedores y por los medios de comunicación como «muy poco» o «muy generoso».

La reveladora declaración de la OCS representa la primera ocasión en que el regulador hace alusión a la cantidad de dinero que podría involucrar el acuerdo con Swiss Re. La OCS también solicitó a la jueza que revierta su decisión y convoque  una vista para «explorar alternativas que atiendan las preocupaciones de la AG».

Se considera un hecho que la OCS continuará reclamando la confidencialidad para proteger el acuerdo con Swiss Re y que acudirá al Tribunal Apelativo frente a una determinación adversa en el Tribunal de Primera Instancia.

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Sin nombrar corredores de seguros del gobierno tras diez meses administración de Jenniffer González

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Por Miguel Díaz Román

Al cumplirse diez meses desde que la gobernadora Jenniffer González Colón asumió control del gobierno, aún no han sido seleccionados los corredores de seguros que manejarán los riesgos de las agencias del gobierno central, de las corporaciones públicas y de los municipios, mientras una atmósfera de incertidumbre y de múltiples interrogantes ha emergido en la industria de seguros porque el hermetismo ha dominado el proceso de selección.

De hecho, a partir del pasado 30 de junio, que es la fecha cuando finalizó la vigencia de los contratos de los corredores con la división de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda, que es la entidad que rige la selección de los corredores y supervisa su gestión, se han decretado tres extensiones a los citados contratos. 

La última extensión, que fue decretada el 30 de agosto, finaliza mañana miércoles 15 de octubre.

Tres extensiones

Se desconoce la razón por la cual  la división de Seguros Públicos decretó las tres extensiones. No obstante, las extensiones de los contratos representan una evidencia clara de que esa división de Hacienda ha sido incapaz de completar la selección de los corredores del gobierno.

«Nadie sabe qué es lo que está pasando», dijo un corredor que prefirió no revelar su identidad y que dijo estar alarmado con el hermético silencio que, desde que inició el presente año, ha manifestado Seguros Públicos en relación con la selección de los corredores.

«En abril y mayo entregamos nuestras propuestas pero todavía no sabemos quiénes han sido los escogidos. Ha pasado suficiente tiempo para que sepamos quiénes son los escogidos, pero no sabemos nada», agregó el corredor.

Hacienda se expresa

SN le solicitó una explicación al Departamento de Hacienda sobre por qué la división de Seguros Públicos no había finalizado con la selección de los corredores y Vilmar Trinta, directora de la Oficina de Comunicaciones de la agencia, envió las siguientes declaraciones: 

«El Departamento de Hacienda se encuentra en medio del proceso deliberativo para la selección de los productores de seguros para el año fiscal 2025-2026, que aún no ha culminado. Una vez se adjudiquen los contratos a los productores de seguros, estaremos en posición de proveer información». 

Trinta también reveló que la cantidad de corredores que están en evaluación ascienden a  50.

Pero algunas fuentes de SN sostienen que, a pesar de que el proceso de selección emplea un  sistema que asigna puntos según el cumplimiento con un cuestionarrio que busca definir la efectividad del corredor, el atraso en la selección de los corredores responde a la intromisión de otras consideraciones que no tienen relación alguna con el sistema de puntos.

El sistema de puntos consta de un cuestionarrio de cumplimiento que pretende medir, entre otros asuntos, experiencia, conocimiento y la capacidad del corredor y el personal de su oficina para atender riesgos complejos.

«Parece que en la selección de los corredores se están usando una reglas que no tienen que ver con la puntuación y que nosotros no conocemos», sostuvo otro corredor.

Dos escenarios

De hecho, desde  el 2020 el ex secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, decidió extender la vigencia de los contratos de los corredores luego de consultar a las agencias en torno a si los servicios recibidos habían sido satisfactorios. 

Tras la consulta Parés Alicea entendió que los corredores ofrecieron un buen servicio y fue entonces que decidió extender la vigencia de los contratos. Finalmente, los contratos fueron extendidos hasta junio de 2024.

Las fuentes señalan que en la actualidad  el proceso de selección, alegadamente, se ha contagiado con las luchas de poder entre determinados sectores del Partido Nuevo Progresista que son adeptos a la gobernadora González Colón y otros sectores identificados con el exgobernador Pedro Pierluisi. 

Al menos las fuentes describen dos escenarios posibles. El primer escenario trata sobre que, determinados corredores identificados con la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, han estado ejerciendo una fuerte influencia entre los altos funcionarios de la administración de González Colón, debido a que avizoran cambios en las agencias que tenían asignadas y desean evitar que sus negocios sean afectados. 

En el segundo escenario se alega que las presuntas fricciones entre el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, y el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, han repercutido en el proceso de selección de corredores. 

Agencias generales con poder

Las fuentes indican que los propietarios de algunas agencias generales con una gran dominio en el mercado de seguros y que respaldan a Rivera Schatz, han estado ejerciendo una fuerte influencia para que determinados corredores conserven las agencias del gobierno que tenía asignadas el pasado cuatrienio, debido a que sus pólizas de seguro son muy lucrativas.

El monto en primas que manejan los corredores asciende a más de $150 millones anuales, mientras que la comisión oscila entre 5% y 7% y se ajusta en función del monto total de la prima. Si la prima es elevada baja la comisión, mientras que si la prima se reduce, la comisión aumenta. 

La intervención de las agencias generales está predicada en que el Código de Seguros obliga a los corredores a colocar las pólizas de seguro que protegerán los riesgos del gobierno a través de las agencias generales y pagarle una comisión. 

Nuevos jugadores

Además, a pesar de la activa participación que las agencias generales tienen en la actividad vinculada al trámite de procesar la póliza con el asegurador seleccionado por el gobierno, estas entidades no son reguladas por Seguros Públicos.

Otro aspecto crucial de esta controversia, según alegan las fuentes, es que bajo la administración de González Colón se realizará una transformación que abrirá las puertas a corredores que no fueron favorecidos en los pasados años. 

«Hay nuevos jugadores o los corredores que estuvieron guisando en los pasados cuatrienios ya no tendrán el control que tenían», dijo un corredor muy enterado de cómo se manejan los asuntos en la nueva administración de González Colón.

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El New York Times sostiene que Trump autorizó acciones encubiertas de la CIA contra el régimen de Nicolás Maduro

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La administración Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas letales en Venezuela, a medida que intensifica la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, según informó el New York Times.

El reputado diario neoyorquino detalló el miércoles que las operaciones se extenderían a otras partes del Caribe y que la agencia podría tomar medidas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o como parte de una operación militar más amplia.

Funcionarios declararon al medio que el objetivo final de la escalada es derrocar a Maduro. Esta es la última de una serie de escaladas que se han intensificado en las últimas horas.

El martes, el presidente Donald Trump anunció que una quinta embarcación con drogas fue atacada frente a las costas de Venezuela, lo que causó la muerte de seis personas y elevó el total a 27.

El miércoles, tres bombarderos B-52 estadounidenses sobrevolaron las costas del país. Uno de los aviones parecía dibujar un pene con su trayectoria de vuelo, según analistas que seguían su trayectoria.

El medio local Monitoreamos detalló que los aviones B-52H Stratofortress, identificados como BUNNY01 (61-0010), BUNNY02 (60-0052) y BUNNY03 (60-0033), permanecieron unos minutos en la zona.

Estos acontecimientos ocurrieron mientras el comandante del Comando Central de EE. UU. (Centcom), Alvin Holsey, visitaba Granada y Trinidad y Tobago, dos países geográficamente cercanos a Venezuela.

Las fuerzas armadas buscan instalar equipo militar en Granada, ubicada a 160 kilómetros del país sudamericano. Granada no ha respondido a la solicitud. Antigua y Barbuda rechazó poseer equipo militar estadounidense.

A pesar de la escalada, fuentes internas venezolanas han afirmado que Maduro no renunciará al poder voluntariamente. 

En declaraciones al periódico español El País, una persona con conocimiento del pensamiento del régimen afirmó que «Maduro no se irá a ninguna parte». «Maduro prácticamente no tiene otro destino que resistir lo que venga y esperar a que Trump vacile», añadió.

Trump ha anticipado la posibilidad de agravar la situación con ataques dentro del territorio venezolano. Sin embargo, el informe añade que los líderes del país sudamericano (Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López), junto con Maduro, han «desarrollado al máximo su instinto de supervivencia tras más de seis años de gobernar en situaciones extremas» y creen que «esta tormenta también pasará».

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María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz

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Por Valeria M Rivera Rosas

En un contexto donde el autoritarismo persiste y la democracia parece desvanecerse en América Latina, el galardón a la líder opositora venezolana actúa como un recordatorio de que la libertad sigue siendo una causa universal, no una consigna olvidada.

El Comité Nobel noruego ha sorprendido al mundo al conceder el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, una figura que durante dos décadas ha encarnado la lucha civil frente al régimen de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro después. 

No es una decisión menor. En realidad, supone una suerte de justicia simbólica: el reconocimiento de una batalla sostenida —en ocasiones solitaria— por los valores democráticos en un país atrapado por el autoritarismo, la corrupción y el exilio forzado de millones de sus ciudadanos.

El jurado justificó su decisión en la “incansable labor” de Machado promoviendo los derechos democráticos del pueblo venezolano y su apuesta por una transición pacífica hacia la democracia. 

Pero más allá de la formalidad del comunicado, el galardón revela algo más profundo: la comunidad internacional reconoce que Venezuela no es un caso cerrado, sino una herida abierta en el mapa moral del siglo XXI.

Machado, de 58 años, lleva meses en la clandestinidad. Desde agosto de 2024 se vio obligada a ocultarse tras la represión que siguió a unas elecciones presidenciales marcadas por el fraude y la persecución política. 

Su inhabilitación, ordenada por una contraloría subordinada al poder chavista, la dejó fuera de la contienda, pero no fuera del debate. Respaldó entonces al diplomático Edmundo González Urrutia, exiliado hoy en España, que se convirtió en el rostro visible de una oposición que ella había logrado unir tras años de fractura interna.

Y ahí radica quizá el mérito más profundo de Machado: haber conseguido articular un frente común en una oposición históricamente dividida, desgastada por el desencanto y por los fracasos de anteriores liderazgos. Su contundente victoria en las primarias de 2023 —con un 92,5 % de los votos— fue el reflejo de una sociedad cansada, pero no resignada. Frente a la cooptación del Estado por parte del chavismo, Machado representó una alternativa ética y cívica más que partidista.

No obstante, su trayectoria no ha sido lineal. Durante años, sus posiciones intransigentes le valieron el aislamiento político. A diferencia de otros líderes, Machado no apostó por pactos de supervivencia ni por el gradualismo. 

Defendió abiertamente el derecho a la desobediencia civil, lo que la convirtió en blanco de ataques personales por parte de Chávez, que llegó a despreciarla como una “burguesita de fina estampa”. Sin embargo, el tiempo ha terminado por situarla en el centro del relato democrático venezolano, no por lo que prometió, sino por lo que resistió.

El Nobel también lanza un mensaje político al continente. Mientras algunos gobiernos latinoamericanos miran hacia otro lado ante los excesos de Maduro, Oslo ha decidido mirar de frente y recordar que la paz no puede construirse sobre el miedo ni sobre la represión. 

La decisión adquiere un matiz aún más elocuente si se tiene en cuenta que el principal competidor de Machado en las quinielas era nada menos que Donald Trump, cuya candidatura representaba una visión de la paz tan mediática como contradictoria.

El reconocimiento llega además en un momento en que el concepto mismo de “promoción de la paz” parece haberse desdibujado. El Comité Nobel, fiel al espíritu de Alfred Nobel, recuerda que la paz no se limita a la ausencia de guerra, sino que incluye la defensa activa de la libertad, el respeto a los derechos humanos y la construcción de instituciones legítimas. 

En ese sentido, Machado no es una figura pacifista clásica, sino una activista democrática, lo que convierte este Nobel en un acto político de primer orden.

A la distancia, su victoria tiene ecos históricos. Como ocurrió en su momento con figuras como Aung San Suu Kyi o Lech Wałęsa, el premio reconoce tanto la resistencia individual como el valor colectivo de un pueblo que lleva más de dos décadas enfrentándose a la erosión sistemática de sus libertades. 

Pero también plantea una advertencia: el Nobel no derroca dictaduras. Otorga visibilidad, sí; pero no inmunidad.

En Caracas, el régimen probablemente intentará deslegitimar el galardón. Lo presentará como una maniobra de injerencia extranjera, un intento de “politizar” el premio. Pero el mensaje ya está lanzado: Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en el mapa moral del mundo, y lo hace no por su petróleo ni por su geopolítica, sino por una mujer que, pese a la persecución y el exilio, sigue reclamando la posibilidad de un país libre.

El Nobel de la Paz 2025, en definitiva, no es solo un reconocimiento a María Corina Machado. Es una advertencia y una esperanza: la advertencia de que ningún régimen puede silenciar indefinidamente la voluntad democrática de su pueblo, y la esperanza de que, incluso en medio de la oscuridad autoritaria, la voz de una sola persona puede seguir iluminando el camino hacia la libertad. @mundiario

Por la calidad informativa y discursiva de esta historia, publicada en el diario digital español Mundiario, hemos decidido reproducirla en SN para beneficio de nuestros lectores. La periodista Valeria M Rivera Rosas es la autora del escrito.

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Fundación MAPFRE reconoce el compromiso social de João Carlos Martins y premia la investigación de Alejandro Izuzquiza sobre el mercado asegurador español

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Fundación MAPFRE ha entregado hoy, miércoles, 8 de octubre, en Madrid, sus
Premios Sociales, cuyo objetivo es reconocer el compromiso, la generosidad y la
solidaridad de las personas e instituciones que han realizado actuaciones
destacadas en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural y social.

El acto ha estado presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía y ha contado con
la participación de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones;
y Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE.

Antonio Huertas ha resaltado durante su intervención que “hoy, con las sociedades
adormiladas y entretenidas con otros debates menos relevantes, son más
necesarios que nunca los referentes, las personas o instituciones que piensan
y trabajan para cambiar lo que no está bien”.

En el 50 aniversario de Fundación MAPFRE, Huertas ha subrayado que celebran “cinco décadas de un intenso compromiso social, ayudando donde otros no llegan, y siempre con una mirada
inclusiva y con una mano tendida, especialmente hacia los más vulnerables”.

Ha insistido en que “necesitamos referentes” y que el propósito de estos galardones
es que “sus contribuciones se conozcan y puedan servir de ejemplo para volver
a la senda humanista que nunca debimos perder”.

El presidente ha concluido recordando que “viendo las noticias, a veces tenemos la sensación de ser gotas de agua en el desierto, pero somos como la lluvia, que tiene que terminar por calar, por
impactar, y lo que se trata es de conseguir que cada vez haya más lluvia, más
personas pensando y cuidando a las personas. Trabajando en el presente es
como podemos cambiar el futuro, y juntos podemos hacerlo”.

JOÃO CARLOS MARTINS, PREMIO A TODA UNA VIDA PROFESIONAL

João Carlos Martins (Brasil, 1940) es un pianista y director de orquesta, uno de
los grandes intérpretes contemporáneos de Bach, de cuya obra para teclado grabó
la totalidad.

Debutó en el Carnegie Hall a los 20 años, invitado por Eleanor
Roosevelt, y desde entonces actuó con las principales orquestas del mundo, aunque
su carrera se vio interrumpida por lesiones, enfermedades neurológicas y un
asalto violento que lo apartaron del piano durante más de dos décadas.

En 2019,pudo volver a tocar gracias a unos guantes biónicos, después de haberse
reinventado como director de orquesta. A lo largo de su vida ha recibido importantes distinciones, como la Orden del Mérito Cultural de Brasil y la Orden del Infante Don Enrique de Portugal.

En 2006 fundó la Fundación Bachiana, dedicada a acercar la música y la educación artística a
jóvenes en situación vulnerable, y con la Bachiana Filarmónica SESI-SP ha
llevado la música a escuelas y zonas remotas.

Durante su intervención, Martins contó que su vínculo con España comenzó en
1958 cuando participó como becario en el Festival Pablo Casals. También recordó la
influencia de Andrés Segovia, quien tras su debut en el Teatro Colón de Buenos
Aires le habló de “la grandiosidad de Bach”, y el consejo que le dio Dalí años
después en Nueva York: “Dile a todo el mundo que eres el mayor intérprete de Bach,
y algún día lo creerán”.

A sus 85 años, y tras sufrir Distonía Focal del Músico y más de 30 cirugías, el
reconocido músico afirmó que su vida “no trata de superación, sino de
determinación, que es una fuerte característica del pueblo español”.

Tras tener que cancelar su debut en Madrid en 1967 por una embolia pulmonar, visiblemente
emocionado explica que “hoy, por fin, realizo este sueño”. Al recibir el Premio José
Manuel Martínez Martínez, aseguró sentirse “profundamente estimulado a iniciar una
nueva etapa en mi vida, esta vez como educador musical, y así intentar dejar un
legado a través de la música”.

Martins concluyó su discurso citando a Oscar Wilde: “La música es el arte más cercano a las lágrimas y los recuerdos”.

TRES PROYECTOS DE IMPACTO

En la edición de estos premios, cuya dotación global es de 160.000 euros,
Fundación MAPFRE ha recibido un total de 1.125 candidaturas, procedentes de
varios países. De todas ellas, han sido galardonados la Confederación

Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (Mejor Entidad por su
Trayectoria Social); 100 mil pisos para jugar (Mejor Proyecto por su Impacto
Social); y el exdirector de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros
Alejandro Izuzquiza (Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán).

CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE
PAÚL

La Confederación Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP),
fundada en París en 1833, cuenta hoy con más de dos millones de voluntarios en
155 territorios, que desarrollan 2.500 proyectos y ayudan cada año a 30 millones
de personas en situación de vulnerabilidad.

Su labor abarca áreas como la vivienda, salud, educación, empleo y emergencias, con iniciativas como la construcción de hogares en Suazilandia, programas para mayores en Chile o
atención médica en Brasil, Líbano y Egipto.

También impulsa escuelas, campañas educativas y proyectos de emprendimiento y sostenibilidad.
En España, donde inició en 1849, desarrolla más de 240 proyectos que benefician
a 156.000 personas al año, con distribución de alimentos, alfabetización, apoyo a
mayores y respuesta en emergencias.

Reconocida por la ONU y la UNESCO colabora con Cáritas y Cruz Roja y ha recibido galardones como la Cruz de Oro de la Solidaridad Social.

Durante su intervención, Juan Manuel B. Gómez, presidente nacional e
internacional de la entidad, ha rendido homenaje a los más de 30 millones de
personas en todo el mundo “que nos respaldan, por su compromiso silencioso y
constante”.

Con visible gratitud, Juan Manuel B. Gómez ha indicado que destinarán
la ayuda económica “a fomentar la cooperación al desarrollo internacional para
ayudar en los desastres y emergencias, así como para respaldar a nuestros
grupos de jóvenes y al voluntariado joven internacional”.

100 MIL PISOS PARA JUGAR

Más de 50 millones de personas en América Latina y el Caribe aún viven con
suelos de tierra, sufriendo enfermedades y una peor calidad de vida. Hábitat para
la Humanidad y la Federación Interamericana del Cemento impulsan 100 mil pisos
para jugar, que busca reemplazar suelos de tierra por hormigón en 100.000
viviendas antes de 2028.

Desde 2022 ya ha transformado 20.000 hogares en 14 países, beneficiando a casi 100.000 personas. El programa emplea hormigón de baja huella de carbono con materiales reciclados, refuerza las viviendas frente a desastres naturales y genera empleo comunitario.

En República Dominicana, desde donde se ha presentado la candidatura, ha instalado 3.200 pisos en 120 comunidades, beneficiando a 9.927 personas. Entre sus impactos destacan la
reducción del 79% en gastos médicos, la mejora de la estabilidad financiera,
más inversión en el hogar, más horas de juego infantil y mejoras en salud
mental y descenso del absentismo escolar.

Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República
Dominicana, ha recogido el galardón. Fabián ha destacado que recibir este reconocimiento supone “un motivo de orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad renovada”, un impulso para redoblar esfuerzos y multiplicar impacto.

“Cada suelo de hormigón no es sólo una mejora material: es salud, es infancia
protegida, es futuro”, afirmó, agradeciendo el premio a las familias y comunidades
beneficiadas, y reafirmando su compromiso de seguir dando a la sociedad dignidad,
esperanza, alivio, luz y acompañamiento.

ALEJANDRO IZUZQUIZA

Fundación MAPFRE ha entregado a Alejandro Izuzquiza el XII Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, que reconoce trabajos científicos y proyectos innovadores que contribuyan a extender la actividad, aseguradora en la sociedad. Alejandro Izuzquiza desarrolló la investigación ‘La colaboración público-privada en el sistema asegurador español: el Consorcio de
Compensación de Seguros y la gestión de las indemnizaciones en el seguro de
riesgos extraordinarios’.

En él subraya la eficacia del modelo español, único en el mundo, garantizando respuestas rápidas y coordinadas ante catástrofes como la erupción de La Palma (2021), el terremoto de Lorca (2011), los atentados del 11-M o la DANA en Valencia (2024).

Este sistema evita esperas, desinformación y conflictos entre aseguradoras, beneficiando a miles de damnificados. El galardón también reconoce la trayectoria de Izuzquiza, economista por la
Universidad Complutense, Inspector de Seguros del Estado y exdirector de
Operaciones del CCS, donde impulsó innovaciones que modernizaron la institución.
Tras décadas de servicio, se jubiló en marzo de 2024.

Sobre el éxito de la colaboración público-privada en el sistema asegurador español,
del que trata su estudio premiado, Izuzquiza reflexionó que “vivimos tiempos de
inestabilidad no sólo atmosférica; en España se oyen voces que, por ignorancia,
frivolidad o rencor llaman al acoso y derribo de logros recientes y verdaderamente
históricos que costó mucho esfuerzo alcanzar y que han sido ejemplos de ámbito
mundial”, animando así a los directivos del sector asegurador que “mimen al
Consorcio de Compensación de Seguros, que lo preserven y lo fortalezcan”, porque
“es un modelo de colaboración público-privada, que merece ser considerado con
auténtica visión de Estado”.

Durante su intervención, además, agradeció el galardón como “el mejor broche de
oro a mi retirada que podía esperar, tras 44 años dedicados a la defensa de los
intereses generales en el sector público, a la protección de los asegurados y a
la colaboración y buen entendimiento entre el seguro público y el seguro privado”.

El premiado ha destacado la especial vinculación con Fundación MAPFRE, señalando
que “durante mis casi cuatro décadas y media de actividad profesional, la
Fundación ha sido guía y acompañante”.

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OCS reconoce acuerdo con Swiss Re dejaría poco dinero para los asegurados de Real Legacy 

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Por Miguel Díaz Román 

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) anticipó que el pago económico que se comprometió a realizar el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), en relación con la liquidación de la aseguradora Real Legacy, podría ser interpretado por los asegurados, los acreedores y por los medios de comunicación como «muy poco» o «muy generoso».

La OCS advirtió que la percepción sobre la insuficiente cantidad de dinero que se reciba como resultado del acuerdo con Swiss Re, obedece a que no se conocen «los criterios técnicos detrás del cálculo».

La declaración de la OCS figura en una extensa moción de 17 páginas radicada el pasado 1 de octubre, que tiene como objetivo que la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, reconsidere su determinación de derogar el manto de confidencialidad que cobija al acuerdo entre la OCS y Swiss Re.

La jueza Stipec Rubio tomó la determinación de eliminar la confidencialidad del acuerdo el 16 de septiembre, luego de que la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) cuestionara la pertinencia de mantener en secreto los detalles del acuerdo que afectan el proceso de liquidación de Real Legacy. 

De hecho, fue la jueza Stipec Rubio quien el 10 de octubre de 2024 avaló la petición de la OCS para colocar en confidencialidad el documento.

La reveladora declaración sobre el acuerdo logrado con el reasegurador Swiss Re representa la primera ocasión en que la OCS argumenta sobre la cantidad de dinero que podría involucrar el acuerdo, un documento cuyo contenido el regulador ha querido mantener en confidencialidad para, entre otras razones, no divulgar información financiera y actuarial.

Confidencialidad cuestionada

Según ha señalado la OCS, revelar los pormenores del acuerdo con Swiss Re podría afectar los acuerdos que se proponen negociar con otros reaseguradores.

La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS.

De hecho, en gran medida la declaración de la OCS confirma los temores de la AG sobre por qué no se debe mantener en confidencialidad el acuerdo. La AG ha sostenido que la confidencialidad  impedirá conocer si el acuerdo representa un beneficio económico para los asegurados de Real Legacy o si, en realidad, lo acordado benefició a Swiss Re. 

La AG ha expresado en su escritos de oposición la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG.

En la moción la OCS intentó con múltiples argumentos persuadir a la jueza Stipec Rubio para que revierta su decisión. Entre esos argumentos la OCS sostuvo que quitar el estado de confidencialidad al documento produce unos efectos adversos que denominó como «efectos escalofriantes» («chilling effects») . 

Los «chilling effects» 

Entre esos efectos escalofriantes se destacan la interpretación sobre que el dinero que produce el acuerdo es «muy poco» o «muy generoso», lo cual la OCS describe como una «distorsión en la percepción pública» que genera «interpretaciones erróneas». 

Alegadamente, según sostuvo la moción de la OCS, las interpretaciones erróneas serían efectuadas por los asegurados, la prensa  y la propia AG, debido a que no conocen «los criterios técnicos detrás del cálculo».

No obstante, la moción de la OCS no explica sobre cuáles son esos «criterios técnicos detrás del cálculo» que pueden evitar la alegada distorsión de la percepción pública sobre los efectos del acuerdo.

Pero sí advierte que las interpretaciones erróneas podrían «entorpecer el manejo ordenado de la liquidación».

La OCS también mencionó que otro efecto «escalofriante» es la presunta incapacidad de lograr futuros acuerdos con reaseguradores en procesos de liquidación debido a la desconfianza que causará la falta de confidencialidad en las transacciones. 

Otro efecto «escalofriante» es una presunta reducción en la disponibilidad de reaseguro en el mercado local debido a la desconfianza que causará entre los reaseguradores la falta de confidencialidad. 

La OCS también considera que, alegadamente, la falta de confidencialidad reducirá notablemente el poder de negociación de las aseguradoras locales frente a los reaseguradores, lo que reducirá su capacidad de lograr acuerdos favorables.

Entran en escena los CRA

Otro efecto es que en el futuro  los liquidadores podrían perder poder de negociación, lo que causará que no podrán lograr términos que favorezcan a los asegurados de una aseguradora en liquidación. 

La moción de la OCS mencionó varios casos ventilados en la esfera federal donde es protegida la confidencialidad de los documentos relacionados a procesos de liquidación que involucra acuerdos con reaseguradores.

La OCS señaló que los acuerdos con los reaseguradores, mejor conocidos como acuerdos  CRA, (Commutation and Relesase Agreement o Acuerdos de Conmutación y Liberación), se caracterizan  por su confidencialidad. 

«La confidencialidad es un  principio central de los CRA, especialmente en el contexto de seguros y reaseguros donde se intercambia información financieras, actuarial y de reclamaciones sensibles», advirtió la OCS en la moción.

OCS pide a jueza que se revoque

Incluso, la OCS sostuvo que los tribunales han reconocido reiteradamente la necesidad de preservar la confidencialidad  de los CRA debido  a su naturaleza sensible, durante determinados procesos de liquidación de aseguradoras. Así también lo demuestran diversos precedentes judiciales que la OCS  mencionó en su moción.

«Estos ejemplos demuestran que la protección de la confidencialidad de los CRA no solo es una práctica admitida, sino que constituye una garantía judicial para salvaguardar los intereses de los asegurados, las compañías y el buen desarrollo de los procedimientos de liquidación.En atención a ello, entendemos respetuosamente que se debe evitar la divulgación pública del acuerdo como solicita la AG, ya que su confidencialidad salvaguarda los procedimientos que aún restan por llevar a cabo en la liquidación y en protección del caudal para los acreedores», sostuvo la OCS.

Finalmente, la OCS le solicitó a la jueza Stipec Rubio que revierta su decisión y que  convoque  una vista judicial presencial para «explorar alternativas que atiendan las preocupaciones de la AG sin que se comprometan las negociaciones que se llevan a cabo  con  Swiss Re y las que están en negociaciones en curso».

De hecho, la jueza Stipec Rubio determinó derogar la confidencialidad que antes había avalado, a pesar de que ella reconoció que representa una herramienta útil para que la OCS logre acuerdos que favorezcan atraer más dineros al caudal de liquidación de un asegurador. La razón de peso en su decisión fue que para la Asamblea Legislativa no fue un objetivo avalar el uso de la confidencialidad en los acuerdos entre el liquidador y «potenciales deudores» del asegurador en liquidación.

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Pimentel apuesta por Multinational

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Por Miguel Díaz Román

En ciertos círculos de la industria de seguros han revivido temores vinculados al traumático proceso que representó  la liquidación de las aseguradoras Integrand Assurance Company y Real Legacy Assurance Company en 2019, tras el paso del huracán María, debido a la posibilidad de que, en momentos cuando el país atraviesa el período más crítico de la temporada de huracanes, se repita el fenómeno de la insolvencia en determinadas aseguradoras  si ocurriera un nuevo evento catastrófico.

De hecho, la liquidación de ambas aseguradoras generó más de 11,300 reclamos y hasta el 2024 se habían pagado $78 millones en reclamaciones, de los cuales $26 millones son el producto de dos derramas que han pagado las aseguradoras activas en el mercado y quienes ya fueron autorizadas a  recuperar ese dinero a través de las primas de los seguros que venden a los consumidores. 

Los $26 millones se desglosan en $11 millones para el pago de las reclamaciones de Real Legacy y $15 millones para Integrand. 

En realidad la liquidación de una aseguradora es un proceso que siempre termina afectando a los consumidores de seguros, quienes pagan las derramas aunque no hayan sido asegurados de las aseguradoras en liquidación. 

Asegurados con peor parte

No obstante,los asegurados de las aseguradoras en liquidación padecen la peor parte porque también aportan en el pago de las derramas y, además, encaran una restricción impuesta por el Código de Seguros,  la cual limita hasta $300,000 en el pago de sus reclamaciones sin importar el monto de sus pérdidas.

Además, las derramas privan a las aseguradoras de los réditos que ese dinero genera al estar invertido en el mercado financiero.

Preocupación por capacidad de pagar reclamaciones

En otras palabras, la liquidación de Integrand y de Real Legacy ya le ha costado $26 millones a los consumidores de seguros del país y no se descarta que en el futuro sea necesario decretar una o más derramas para completar el pago de las reclamaciones.

La entrada del periodo crítico de la temporada de huracanes, que comienza en el mes de septiembre y se extiende hasta el mes de noviembre ( la mayoría de los huracanes catastróficos han ocurrido en esos dos meses a pesar de que la temporada de huracanes se extiende entre el 1 de junio y el 30 de noviembre), ha exacerbado las preocupaciones sobre la capacidad de determinadas aseguradoras de responder a un alud de reclamaciones en el caso de que ocurriera un evento similar al catastrófico huracán María.

Se ha hablado con preocupación sobre que, alegadamente, la aseguradora Multinational Insurance  posee una cartera de cerca de 1,000 condominios asegurados, lo cual, según las fuentes, podría generar un gran volumen de reclamaciones si la isla fuera atacada por un huracán cuya capacidad destructiva fuera similar a María.

En síntesis, la preocupación gira en torno a si la aseguradora posee el capital y aquellos contratos de reaseguro que le permitan responder satisfactoriamente a las reclamaciones que reciba. 

Para obtener respuestas precisas que ofrescan una perspectiva real de su situación, SN le solicitó una reacción a Luis Pimentel Ferbi, quien es el presidente de Multinational, sobre si es cierto que la aseguradora posee  una cartera de condominios que podría comprometer su estabilidad en caso de un evento catastrófico.

«¿Es cierto ese planteamiento?. ¿Podrías reaccionar oficialmente a este planteamiento con unas expresiones aclaratorias?», le solicitó SN a Pimentel Ferbi.

Pimentel responde

El ejecutivo no presentó objeción y aquí presentamos su respuesta.

«Esta industria es de muchos comentarios, muchos de ellos incorrectos y no fundamentados. En Puerto Rico, según el Departamento de Asuntos del Consumidor hay 5,130 condominios,  Walk Up y apartamentos High Rise. De esto, nuestra cartera de condominios no representa ni el 14%. Me pregunto dónde están asegurados los demás riesgos de condominios», expresó  Pimentel Ferbi.

Aunque Multinational no cuenta con una cartera de 1,000 condominios, según aseguró Pimentel Ferbi, el 14 % de 5,130 unidades representan 718.2 condominios, la cual es una cifra respetable que conlleva robustos acuerdos de reaseguro. 

Pero el ejecutivo sostuvo que la cartera de condominios está protegida por acuerdos de reaseguro con las principales reaseguradoras del mercado internacional y para confirmar tal aseveración Pimentel Ferbi recordó que, tras el huracán María,  Multinational cumplió todos sus compromisos en la cartera de condominios.

 «Protegemos nuestra cartera de riesgo de manera correcta y responsable para eventos CAT (categoría) de 1 en sobre 300 años con reaseguradores de primer nivel clasificaciones AA  y A + entre estos Munich Re, Mapfre Re, Gen Re, Swiss Re y otros.  Además, todos estos reaseguradores conocen nuestro profile (perfil) de condominios y los términos y condiciones como se suscriben estos riesgos.  Esto fue muy bien demostrado en la historia de eventos CAT en Puerto Rico desde el 2017 con el huracán María donde se cumplió y honró nuestros compromisos», explicó el ejecutivo.

One Alliance niega insolvencia

La aseguradora One Alliance también ha sido señalada por, alegadamente,  experimentar insolvencia financiera. Una denuncia que ha sido negada por el presidente de la aseguradora, Juan Terrassa.

En entrevista con SN el ejecutivo sostuvo que One Alliance se encuentra en total solvencia económica y denunció que declaraciones sobre la presunta insolvencia se han realizado de manera irresponsable y en  violación al Código de Seguros.

Las expresiones, que fueron publicadas en el diario El Nuevo Día, las realizó Rafael Pérez Diez, presidente del Centro Gran Caribe Mall, un asegurado de One Alliance que mantiene un litigio judicial por una reclamación ascendente a $6.63 millones.

Surge el fraude

Pérez Diez sostuvo que la aseguradora experimentaba una supuesta insolvencia financiera en unas declaraciones que fueron difundidas en la edición de diario del pasado 4 de julio de 2025. Incluso, Pérez Diez le solicitó al ex Comisionado de Seguros , Alexander Adams Vega, «una investigación sobre la solvencia financiera de One Alliance, sus directores y abogados».

El pasado mes de mayo la jueza Cristina E. Sau González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó que One Alliance debía compensar al Centro Gran Caribe Mall con $6.63 millones por los daños causados por el huracán María.

Terrassa señaló que de las 3,500 reclamaciones que One Alliance recibió tras el paso del huracán María solo quedan doce, las cuales son reclamaciones marcadas por acciones de fraude que actualmente  se dilucidan en los tribunales.

El licenciado Jesús Del Valle, quien es representante legal de One Alliance, dijo que la reclamación de Pérez Diez es fraudulenta.

«El común denominador de los doce casos que nos quedan  es que todos tienen reclamaciones infladas, exageradas o fraudulentas. Y una cosa va de la mano de la otra, porque cuando dices que un tornillo te cuesta $10 cuando en realidad cuesta 20 centavos, esto es exagerado, es inflado y también fraudulento», sostuvo Del Valle. 

No se compromete capital

Terrassa explicó que One Alliance es una empresa solvente que recientemente recibió una calificación de B + con perspectiva positiva, de parte de la agencia calificadora AMBest.

Incluso, el ejecutivo indicó que los fallos judiciales contra One Alliance y la obligación de establecer una reserva para responder a esos reclamos, no han comprometido el capital de la aseguradora, según lo requiere la Oficina del Comisionado de Seguros, estimada en $21 millones. 

«Yo duermo tranquilo porque yo he pagado el reaseguro, que yo tengo mi empresa salvaguardada. Aquí pueden pasar dos Marías este año 2025 y One Alliance tiene la posibilidad de pagar», dijo Rafael Cedeño Camacho, quien es el dueño de la aseguradora y presidente del Consejo de Administración de One Alliance Insurance Group.

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