San Juan, Puerto Rico – (2 de junio de 2026) Contralor Auxiliar del Area Legal, Lcdo. Rafael Vázquez, informó el referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental de hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en el proceso de compras y desembolsos en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que incluyeron el uso de documentos con información falsa para justificar pagos con fondos públicos.
La investigación, realizada por la División de Investigaciones Especiales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), correspondiente al período del 17 de febrero al 18 de julio de 2023, surgió tras la recepción de una querella relacionada con la tramitación de una compra y el desembolso correspondiente en la agencia.
De acuerdo con el informe, la investigación incluyó entrevistas, recopilación y análisis de prueba documental y testifical, revisión de sistemas internos y validación externa de información provista por funcionarios y suplidores.
Como resultado, se identificaron actuaciones administrativas en incumplimiento con la ley y la reglamentación aplicable que culminaron en la aprobación y pago de una orden de compra respaldada por documentos con información falsa e incorrecta.
El hallazgo principal expone que la Junta de Gobierno del CRIM tramitó una orden de compra por $1,000 para la adquisición de alimentos dirigidos originalmente a una reunión ordinaria pautada para el 23 de febrero de 2023.
Tras la cancelación de la reunión, funcionarios realizaron gestiones para justificar el desembolso mediante la alegación de que los alimentos habían sido utilizados en un supuesto “Adiestramiento de Propiedad Mueble para el Colegio de CPA”.
“Sin embargo, la investigación corroboró que dicho adiestramiento nunca se ofreció.
El director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados certificó que esa entidad no recibió ni impartió adiestramientos en el CRIM durante la fecha señalada.
Asimismo, empleados del CRIM que aparecían en listas de asistencia certificaron que no participaron en ningún adiestramiento y que sus firmas fueron requeridas para justificar el pago relacionado con los alimentos.”, apuntó Soto Pagán, quien agregó que la investigación también reveló que, como parte del expediente justificante del desembolso se utilizó un correo electrónico solicitando alterar la cuenta presupuestaria originalmente utilizada para la compra, una certificación firmada por un funcionario afirmando información falsa y hojas de asistencia vinculadas a una actividad inexistente.
Además, se determinó que la compra se gestionó utilizando una sola cotización, sin cumplir con los requisitos reglamentarios de competencia justa entre suplidores representativos del mercado, situación que puede propiciar pagos a precios inflados y limitar la transparencia en el uso de fondos públicos.
La OCPR concluyó que las situaciones detectadas reflejan deficiencias significativas en el cumplimiento de la ley y una marcada ausencia de controles internos en los procesos de compra, aprobación y justificación de pagos dentro del CRIM.
El informe señala además que, la creación y utilización de documentos falsos, así como la certificación de actividades inexistentes, comprometen la integridad administrativa, evidencian falta de ética en el desempeño de funcionarios y podrían constituir infracciones al Código Penal de Puerto Rico.
Ante estos hallazgos, la Subcontralora remitió el referido RDIE-1464-5675-26-56 al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para la evaluación y acción correspondiente. De igual forma, recomendó a la Junta de Gobierno del CRIM considerar el referido administrativo correspondiente y fortalecer de inmediato sus procesos de compra, desembolso y supervisión para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
“El manejo de fondos públicos exige absoluta transparencia, controles efectivos y estricto cumplimiento con la ley. Cuando se utilizan documentos falsos o se certifican actividades inexistentes para justificar desembolsos, se compromete la confianza pública y se atenta contra la integridad del servicio gubernamental”, expresó la Subcontralora.
El informe destaca la necesidad urgente de implementar acciones correctivas y reforzar los mecanismos de supervisión y control interno para garantizar que los recursos públicos sean administrados con integridad, honradez y conforme a la ley y reglamentación vigente.
