Por Miguel Díaz Román
El secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, le solicitó al Tribunal Federal que desestime por falta de jurisdicción la petición realizada por la empresa Suiza Dairy para que se encuentre en desacato a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) por violar un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013, que busca garantizar márgenes adecuados de ganancia a las plantas procesadoras, y por incumplir las disposiciones del reglamento 12, el cual fue adoptado como parte del acuerdo.
Rivera Castro hizo la petición junto al administrador Interino de la ORIL, Jorge Campos Merced, en una moción radicada el pasado lunes 10 de marzo, en lo que representa que el nuevo secretario ha avalado la posición asumida por el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, en contra de la empresa Suiza Dairy en este caso durante el pasado cuatrienio.
SN le planteó a Rivera Castro que al respaldar la posición asumida por González Beiró en el caso, lo coloca en una inevitable ruta de colisión contra la empresa Suiza Dairy.
«Eso no es correcto. No estoy en guerra con Suiza. Esa es una demanda que se realizó en la pasada administración (la heredamos). Lo que se está pidiendo es que desestimen según sugiere el mismo «Informe y Recomendación» de la magistrado. Hay que esperar la decisión del tribunal», sostuvo Rivera Castro.
El «Informe y Recomendación» mencionado por Rivera Castro se refiere a la recomendación realizada por la magistrado federal Giselle López Soler, para se desestime la petición de desacato de Suiza Dairy por falta de jurisdicción.
La magistrada López Soler también aconsejó a Suiza Dairy acudir a los tribunales locales en busca de un remedio a sus reclamos.
En su recomendación la magistrada sostuvo que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción indefinida sobre el acuerdo alcanzado en 2013 y que Suiza no reclamó a tiempo que la ORIL estaba desacatando el acuerdo y que de manera ilegal Indulac estaba reteniendo unos fondos que le corresponden a Suiza.
“La última orden emitida por el Tribunal fue el 1 de abril de 2015. Durante diez años hubo un silencio completo. El caso estuvo inactivo hasta el 3 de mayo de 2024, cuando Suiza llamó a la puerta del Tribunal para obtener una reparación por el supuesto incumplimiento de los términos del acuerdo de conciliación. Suiza ahora alega que las acciones de incumplimiento de la ORIL comenzaron al menos dos años después de la entrada en vigor de la sentencia o en el año 2015, y que las acciones de Indulac se remontan al año 2017. Y que dicho incumplimiento, que sigue vigente, confiere a este Tribunal autoridad sobre el asunto. Pero Suiza no proporciona al Tribunal ninguna justificación de por qué esperó más de una década para solicitar una reparación al Tribunal. El Tribunal se pregunta qué llevó a Suiza a sufrir una década de supuesto incumplimiento sin intentar reivindicar sus derechos en virtud del acuerdo de conciliación y si existe alguna exigencia que requiera la intervención urgente del Tribunal y su poder sancionador ahora”, argumentó la magistrado en su recomendación.
Incluso, el magistrado no sólo señala que Suiza falló en informar al Tribunal sobre los alegados incumplimientos de parte de la ORIL y de Indulac, sino que sostiene que la falta de reclamos sobre la vulneración del acuerdo era una indicación de que las partes estaban cumpliendo lo acordado.
Cierre de plantas
Desde finales del pasado año Suiza Dairy cerró sus dos plantas procesadoras debido a lo que el gerente general de la empresa, Pablo Vallejo, llamó la falta de «seguridad jurídica», en obvia referencia a la alegadas acciones arbitrarias realizadas por González Beiró y la ORIL en contra de la empresa.
El cierre de las plantas ha causado un grave descalabro en la industria lechera, que se ha enfrentado de manera temporal por un alza en la producción de la planta Tres Monjitas y de la planta Indulac.
De hecho, la industria lechera ya venía registrando el cierre de vaquerías por los altos costos de producción y una considerable baja en el consumo de la leche fresca, lo que representa uno de los graves problemas que Rivera Cortés deberá atender en su gestión como secretario de Agricultura.
La posición del gobierno
En síntesis, la posición del gobierno en el el caso es que la jurisdicción del Tribunal Federal sobre el acuerdo alcanzado en 2013 se extendió durante cuatro años hasta el 31 de diciembre de 2017 y que Suiza nunca buscó un remedio afirmativo por el incumplimiento del acuerdo y mucho menos solicitó sanciones por desacato contra la ORIL por ningún alegado incumplimiento del acuerdo.
EL gobierno también ha planteado que el acuerdo en sí no proporciona una jurisdicción federal adicional y que de las acusaciones por desacato radicadas por Suiza no surge una jurisdicción inequívoca del Tribunal Federal más allá de la jurisdicción limitada ya mencionada, por lo que concluye » que el Tribunal de Distrito no tiene jurisdicción».
Suiza responde
Por su parte, la planta procesadora Suiza Dairy presentó una moción en la que insistió en su petición para que se encuentre en desacato a González Beiró, a la ORIL y a la empresa Indulac y reclamó que se les obligue a cumplir con un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013.
La empresa también sostuvo que la recomendación de la magistrada López Soler se fundamentó en una interpretación errónea del expediente del caso y de la ley aplicable. También advirtió que la empresa realizó numerosos planteamientos relativos al incumplimiento del acuerdo de parte de la ORIL, lo que desmiente las afirmaciones de la magistrada López Soler.
«El expediente demuestra inequívocamente que este Tribunal ha ejercido activamente su jurisdicción para lograr el cumplimiento, contradiciendo la afirmación del magistrado de que ahora se debe renunciar a la jurisdicción de ejecución. La solicitud de Suiza no es un intento de extender el litigio indefinidamente, sino más bien una acción de ejecución necesaria para garantizar el cumplimiento de una sentencia vinculante. Dada la mala conducta continua de ORIL e Indulac y la clara autoridad y obligación del Tribunal de hacer cumplir sus propias órdenes, Suiza solicita respetuosamente que este Tribunal rechace las conclusiones del magistrado y conceda la moción de desacato de Suiza», sostuvo la moción radicada por Suiza Dairy.
Entre los planteamientos para justificar el desacato Suiza sostuvo que la ORIL ha utilizado datos obsoletos del año 2016 para emitir órdenes de precios en 2021, 2022 y 2023 y que ha rechazado inapropiadamente el cálculo de algunos de los costos operativos de Suiza.
También alega que las estructuras de precios avaladas por la ORIL desde 2022 favorecen la leche UHT de Indulac a expensas de la leche fresca producida localmente.
Otro planteamiento es que la planta Indulac ha retenido ilegalmente los $3.1 millones, recaudados bajo el esquema de acumulación regulatoria implementado en el Reglamento 12 y que esto comenzó ya en el año 2017, cuando la primera orden de precio bajo el acuerdo de conciliación entró en vigencia.
Pérdida millonaria
Suiza también reclama que la ORIL ha estado utilizando una versión traducida no oficial del Reglamento 12 que omite definiciones importantes y esto ha causado interpretaciones y aplicaciones erróneas del Reglamento 12.
La empresa sostuvo en su petición de desacato que ha enfrentado una pérdida financiera de aproximadamente $172 millones debido a que la ORIL no ha establecido márgenes de ganancia adecuados, según lo determinó el Tribunal Federal en su sentencia emitida el 6 de noviembre de 2013.
La recomendación de la magistrada López Soler, que fue emitida el pasado 10 de febrero, obedeció a una petición de la jueza María Antongiorgi Jordán, quien tiene a cargo el caso de Suiza Dairy.
Se espera que próximamente la jueza Antongiorgi Jordán tome una decisión con relación a la recomendación de López Soler.
