Por Miguel Díaz Román
Un verdadero terremoto político está ocurriendo al interior de la Autoridad de Tierras (AT) debido a que la actual directora ejecutiva de la agencia, Helga Méndez Soto, quien fue nombrada al cargo por la gobernadora Jenniffer González Colón, abandonará la posición debido a una fuerte presión externa realizada por desarrolladores y agricultores influyentes, quienes han estado acaparando fincas de la AT, violentando la limitación de los 500 acres que figura en la ley matriz de la entidad pública.
A la atmósfera de presión para que Méndez Soto sea removida de la posición de directora ejecutiva de la AT se ha sumado el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos «Jhonny» Méndez Núñez. Alegadamente, el presidente cameral ha resentido el dilatado trámite al que han sido sometidas las asignaciones de los legisladores del polémico Fondo de Mejoras Municipales (FMM).
De acuerdo con fuentes de SN, Méndez Soto pasaría a dirigir la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA), cuyas oficinas centrales se encuentran en Dorado. El director ejecutivo la CSA, el licenciado Javier Lugo Rullán, sería el nuevo director ejecutivo de la AT.
Las fuentes indican que el «staff» del secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, ha sido informado de la decisión aunque aún no se ha dado el paso para oficializar la determinación. No obstante, Méndez Soto estaría saliendo de la dirección de la estratégica agencia a finales de junio.
De hecho, las fuentes no descartaron que la decisión sea aplazada ante la posibilidad de que la AT regrese a la palestra pública en medio de la investigación que aún realizan los fiscales de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) en relación con las irregularidades detectadas en las asignaciones legislativas con dineros del FMM.
De acuerdo con las fuentes, en el trasfondo de la controversia que precipita la salida de Méndez Soto están las gestiones que el acaudalado e influyente agricultor Mike Mc Closcky, quien, alegadamente, ha estado realizando acercamientos a determinados agricultores que tienen fincas alquiladas en la AT en pueblos de la zona este del país, para adquirir sus contratos de arrendamiento.
El secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, y el agricultor Mike Mc Closky.
Agricultores de la zona este del país dedicados al ganado de carne se han comunicado con SN para denunciar que Mc Closky, por medio de un emisario, les ha ofrecido saldar sus deudas con la AT y pagarles $200 por cuerda para que estos le cedan sus contratos de arrendamiento.
Mc Closky posee cientos de cabezas de ganado de carne en un basto territorio que, alegadamente, suman más 3,000 cuerdas de terrenos, y la gran mayoría de ellas son fincas de la AT que el acaudalado agricultor ha alquilado o adquirido los contratos de arrendamiento que determinados agricultores tenían con la corporación pública dedicada a preservar terrenos agrícolas para dedicarlos exclusivamente a la agricultura.
Resentidos los agricultores
Los agricultores han resentido los acercamientos porque los consideran un intento del acaudalado agricultor de eliminar competidores con el fin de dominar la producción de carne del país.
SN se comunicó al teléfono de Mc Closky y le dejó un mensaje sobre las denuncias realizadas por los agricultores de la zona este. Hasta el cierre de esta edición Mc Closky no había respondido a SN.
Otra oferta que se le ha presentado a los agricultores que accedan a un acuerdo favorable a Mc Closky, es prometerle que eventualmente podrían integrar la entidad Procarne, que es una cooperativa cerrada a la participación de nuevos socios.
Alegadamente, según los agricultores quejosos de la zone este, Procarne podría recibir incentivos federales para adquirir un importante matadero de la zona este, lo cual, alegadamente, tendría la oposición de César Pablo Borges, que un importante agricultor poseedor de centenares de cabezas de ganado de carne y quien también es presidente de la procesadora de carne Ganaderos Borges.
Placas fotovoltaicas en el recoldo
Alegadamente, Mc Closky estaría ubicando en una porción de tales fincas amplios parques de placas fotovoltaicas en acuerdo con fondos federales previamente asignados por el Departamento de Energía Federal para promover las energías renovables.
Estas asignaciones estarían llegando a su fin en los próximos meses debido a que la administración del presidente Donald Trump ha establecido como política pública promover los combustibles fósiles para producir energía.
No obstante, las gestiones realizadas por Mc Closky también han implicado renegociar la vigencia y el canon de alquiler a precios irrisorios de esos contratos cedidos, los cuales el agricultor y empresario adquiere a través de diversas corporaciones.
Esas acciones, alegadamente, no han sido del agrado de Méndez Soto debido que existe la posibilidad que la utilización de distintas corporaciones para alquilar fincas en la AT guarde el objetivo oculto de rebasar el límite de 500 acres.
De hecho, de acuerdo con fuentes de SN, Méndez Sotos ha sostenido agrios encontronazos con Rodríguez Torres, quien ha presionado a favor de Mc Closky.
Incluso, según las fuentes, la funcionaria habría insistido en desvelar el manto de las corporaciones para conocer la identidad de sus accionistas y también presentó una fuerte oposición a que tales contratos sean enmendados para extender su vigencia más allá de 30 años.
Alegadamente, según las fuentes, semejante extensión de tiempo impediría que las nuevas generaciones de agricultores alquilen determinada cantidad de cuerdas para iniciar sus empresas agrícolas.
Helga no respeta al secretario
No obstante, varias voces autorizadas sostuvieron que » Helga no respeta al secretario», una expresión en alusión a las diferencias que la directora ejecutiva de la AT ha escenificado frente a Rodríguez Torres. De acuerdo con las fuentes, en numerosas ocasiones la funcionaria ha cuestionado y resistido las directrices del secretario de Agricultura.
«Eso es lo que pasa cuando el director ejecutivo de la AT no lo nombra el secretario de Agricultura. A ella la nombró la gobernadora y ella siente que no debe fidelidad a Irving», indicó otra fuente.
Otro asunto polémico detrás de la inminente salida de Méndez Soto son los trámites del desarrollador Federico Stubbe, a quien la pasada administración del ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, le avaló un importante finca ubicada en la zona entre Toa Alta y Dorado.
De acuerdo con la fuente, aún la venta no se ha concretado y el desarrollador «quiere más tierras para sembrarlas de casas».
Mucha cautela
La dilatada cautela en la toma de decisiones es quizás uno de los planteamientos más frecuentes y duros contra Méndez Soto. «De su oficina no sale nada y todo está atrasado. Es como si ella tuviera miedo a tomar decisiones» indicó una fuente.
Los atrasos en el pago de las asignaciones de los legisladores con cargo al FMM es la razón por la cual el presidente de la Cámara de Representantes ha estado indagando y cuestionando la falta de rapidez en el trámite burocrático ante el secretario de Agricultura y ante la propia oficina de Méndez Soto.
Según las fuentes, Méndez Núñez ha ejercido presión para que «se le dé luz verde» a las asignaciones de los legisladores, muchas de las cuales se encuentran atascadas en un largo túnel «de verificación y cumplimento porque nadie quiere ir preso».
Alegadamente, el largo proceso judicial que aún enfrenta la ex directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, cuya acusación por negligencia en el deber de parte del FEI, relacionada con las asignaciones del FMM para los trabajos de la Quebrada Margarita en Guaynabo, han provocado un «estado de parálisis» en la evaluación de las nuevas asignaciones que emiten los legisladores.
La acusación contra Rivera Martínez fue desestimada por el Tribunal Apelativo, pero el FEI presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para que la acusación continúe su trámite en la vista preliminar para juicio en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Hasta el momento el Tribunal Supremo no ha emitido una determinación.
