Por Miguel Díaz Román
El Tribunal Apelativo de San Juan paralizó la continuación de la vista preliminar para juicio contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, y José Huertas Torres, en el caso sobre la malversación de los $1.2 millones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) destinados para mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo.
La continuación de la vista preliminar estaba pautada para hoy en la mañana en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, pero fue paralizada a instancias del Tribunal Apelativo de San Juan, que ordenó detener la vista preliminar hasta examinar una moción radicada por la defensa de Rivera Martínez.
En esencia la moción radicada por a licenciada Cándida Sellés Ríos, abogada de Rivera Martínez, sostiene que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) se excedió de los términos establecidos en la ley matriz de esa entidad para realizar una investigación y para radicar cargos. La alegación de la defensa de Rivera Martínez ya se había presentado en una moción de desestimación que no tuvo éxito.
«Esto esta reiteradamente resuelto por el Tribunal Supremo y está basado en una defensa que nunca ha tenido éxito. Lo que pretende la defensa es que se le den más derechos, más garantías y términos más amplios a los funcionarios (acusados) bajo la ley de la OFEI que a los demás ciudadanos. La defensa hizo ese planteamiento en Regla 6 (vista prelminar para arresto) y en la vista preliminar (para Juicio) y fue un no ha lugar. Ahora fueron al Apelativo
que paralizó los procesos en Primera Instancia. Habrá que esperar que el Apelativo resuelva para continuar los trabajos en la vista preliminar «, explicó la fiscal Zulma Fuster Troche de la OFEI.
Investigación requirió 1,103 días
En síntesis el planteamiento de la licenciada Cándida Sellés Ríos es que el OFEI actuó de manera «ultra vires» (sin autorización legal) porque, alegadamente, se excedió de los términos establecidos en la ley matriz de la Oficina del Fiscal Especial Independiente para realizar la investigación y para radicar los cargos.
En la moción la licenciada Sellés Ríos sostuvo que la OFEI tenía hasta 180 días para investigar los señalamientos contra los imputados (90 días inicialmente y otros 90 días adicionales si por determinados eventos la investigación no se pudo concluir). La abogada argumentó que la OFEI requirió 1,103 días desde la fecha en que se le asignó el caso y la fecha en que presentó los cargos, lo que violentó el debido proceso de ley.
Otro de sus argumentos es que la OFEI interrumpió la investigación porque la Oficina del Contralor realizaba una auditoría, lo que a juicio de Sellés Ríos fue una indebida delegación de la autoridad de procesar criminalmente. Además, planteó que sería una violación a la doctrina de separación de poderes si la OFEI actuó por que la Oficina del Contralor solicitó que se interrumpieran la investigación.
En la moción Sellés Ríos alegó que los fiscales de OFEI violaron la regla 64 de procedimiento criminal, la cual avala desestimar una acusación si “el fiscal carecía de la autoridad para presentar la acusación o denuncia».
«Yo radiqué una moción en auxilio de jurisdicción con relación a lo que ya habíamos planteado en la moción de desestimación y en la moción de reconsideración. También radiqué un Certiorari y el Apelativo lo acogió y le dió 10 días a la OFEI para expresarse. Nosotros estamos seguros de nuestros argumentos y esperamos que el tribunal así los acoja y se le haga justicia a nuestra representada que ha estado en investigación en exceso de los términos permitidos por ley», señaló la licenciada Sellés Ríos.
Los $1.2 millones del FMM fueron enviados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, para que se realizaran mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo. Los trabajos en la quebrada nunca se realizaron y, alegadamente, Huertas Torres depositó los fondos en múltiples cuentas bancarias para su uso personal.
La OFEI le imputa un cargo por incumplimiento del deber contra Rivera Martínez y contra Huertas Torres se radicaron 15 cargos, que incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros.
Se amplia la investigación
Por su parte, la fiscal Fuster Troche reveló que la OFEI se encuentra en el proceso de ampliar la investigación en relación con las asignaciones de dineros del FMM al Centro Comunitario de Servicios a la Familia.
«Estamos en la gestión para ampliar esta investigación porque hay otras asignaciones también relacionadas a este mismo Centro Comunitario que pues, tenemos motivos para entender que se cometieron delitos adicionales. Asi que estamos en la gestión con el panel (la OFEI) para ampliar esta investigación», sostuvo la fiscal Fuster Troche.
De hecho, el caso del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. ya se perfila como un escándalo de proporciones mayúsculas con posibilidades de estremecer a la asamblea legislativa pues llegó a recibir asignaciones legislativas por el monto de $7 millones.
Existe la posibilidad, según fuentes conocedoras de las asignaciones legislativas a través del FMM, de que la entidad sin fines de lucro se haya convertido en un centro de lavado de dinero público para unos fines que en este momento no están definidos.
De acuerdo con fuentes de SN, algunas de las asignaciones de fondos públicos para el a Comunitario de Servicios a la Familia Inc se sucedieron a través de resoluciones conjuntas aprobadas mucho tiempo antes de que en diciembre de 2020 la Autoridad de Tierras recibiera la encomienda de manejar el FMM.Luego de esa fecha el citado Centro Comunitario continúo recibiendo asignaciones de legisladores a través del FMM.
