Por Miguel Díaz Román
La principal cúpula administrativa del Departamento de Agricultura opera con una serie de funcionarios contra los que pesan múltiples querellas, investigaciones por razones éticas o auditorías ordenadas por la Oficina del Contralor por presuntas irregularidades , en lo que se revela como los síntomas evidentes de la disfuncionalidad en la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.
Uno de los rasgos de la disfuncionalidad , que es comentado por numerosos sectores agrícolas, es la figura del subsecretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, quien es objeto actualmente de una indagación por parte de la Oficina del Contralor.
La indagación fue provocada por un artículo publicado por SN, el cual reveló que durante el pasado cuatrienio y mientras Rodríguez Torres fungía como director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, aprobó el desembolso de $267,000.00 a la entidad Zafra PR Inc, en la que el chofer del ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, era el tesorero.
Los fondos fueron aprobados para realizar un proyecto «de reforestación y rehabilitación para restaurar el área de entrada del barrio Aguirre en el municipio de Salinas con la plantación de 200 palmas reales y su mantenimiento».
En el fogón el subsecretario
El asunto podría convertirse en uno de mayor calibre si la indagación produce pruebas de mayores irregularidades.
Además, tan reciente como el pasado 12 de mayo de 2025, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) le imputó al exsecretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, múltiples violaciones éticas relacionadas con el uso indebido de vehículos oficiales para fines personales, en los que aparece involucrado Rodríguez Torres.
La OEG le imputó a Rodríguez Torres haber gastado de manera ilegal en el pago de peajes, $2,615.40, provenientes de fondos públicos. Según la querella de la OEG, González Beiró le asignó a Rodríguez Torres, quien reside en Caguas, un vehículo Jeep Grand Cherokee con tablilla JGV-150 para sus labores profesionales y personales.
Según la querella, el gasto ilegal en que incurrió el subsecretario ocurrió entre el 25 de febrero de 2022 y el 30 de agosto de 2024.
Demandas contra Campos Merced
Otro funcionario contra el que pesan en su expediente querellas es el actual administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) , Jorge Campos, quien el pasado cuatrienio se desempeñó como subsecretario de Agricultura.
En el cuatrienio de 2016 -2020, Campos Merced ocupó la posición de administrador de la ORIL, periodo que se destacó por la múltiples diferencias que el funcionario sostuvo con el entonces secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.
En 2019 Campos Merced fue demandado por la empleada de la ORIL, Iris Noelia Torres González, quien lo acusó en el Tribunal de Primera Instancia de Quebradillas por incurrir en prácticas discriminatorias por razones de edad, incluyendo discrimen laboral y político.
Además, el ganadero Luis Manuel Ruiz también demandó a Campos Merced en el Tribunal Federal de Quiebras de San Juan porque el funcionario se negó a permitir que el ganadero pudiera alquilar su cuota de producción de leche, como un mecanismo para pagar a sus acreedores.
Campos Merced rechazó el alquiler de la cuota de leche a pesar de que fue una transacción aprobada por el Tribunal Federal de Quiebras, y que la propia reglamentación de la ORIL avala el recurso de alquilar la cuota para atender reclamos de los acreedores.
El caso fue decidido a favor del ganadero y aún está en trámite una reclamación económica contra la ORIL.
La OEG también le imputó a Campos Merced haber consumido de manera ilegal en el pago de peajes fondos públicos por la cantidad de $1,702.70 durante el pasado cuatrienio.
Según la querella de la OEG, González Beiró le asignó una vehículo Jeep Grand Cherokee, del año 2019, con tablilla JHU-621 y con sello para el pago de peajes, el cual usó para cumplir las responsabilidades de su cargo y para asuntos personales, lo cual es ilegal.
Campos Merced, quien también reside en Caguas, realizó el gasto ilegal entre el 23 de diciembre de 2021 y el 31 de julio de 2024.
Querellas por acoso laboral
Otra figura de la actual cúpula administrativa del DA que es blanco de querellas y señalamientos es la directora del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), Ruth Pagán Alvarado, quien ha sido acusada de acoso laboral en cinco ocasiones en los pasados ocho años.
A Pagán Alvarado, quien, alegadamente, es una voz escuchada por el actual secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, se le imputó haber incurrido en acciones de acoso laboral contra tres de sus subalternos durante el pasado cuatrienio.
Los afectados radicaron tres querellas contra Pagán Alvarado por violar la ley 90 de 2020 conocida como “Ley para prohibir y prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”.
Las querellas fueron radicadas por Jhonny Ralat Cruz, quien se desempeñó como analista finaciero del FIDA. Las otras dos querellantes son María Aponte y Mercedes Seín.
Alegadamente, Pagán Alvarado actuó para alimentar una atmósfera de acoso y persecución contra los querellados. Una fuente indicó que las querellas continúan «abiertas».
Pero estas no son las únicas querellas contra Pagán Alvarado.
En el cuatrienio de 2016-2020, la funcionaria fue imputada en dos ocasiones de acometer acciones de acoso laboral las cuales fueron radicadas por Saritza Aulet y por Carliana Carrasco.
Insatisfacción contra el secretario
Un señalamiento que aún no ha trascendido a viva voz, pero que es un tema obligado en las reuniones informales entre agricultores es la creciente insatisfacción con la gestión de Rivera Castro.
La insatisfacción surge por la falta de iniciativa que demuestra Rivera Castro para atender con prontitud los problemas agrícolas. La falta de iniciativa contrasta con la presencia notable que el funcionario mantiene en los medios de comunicación, lo que podría crear una imagen distinta de secretario.
Quizás el mayor reparo que continuamente hacen los agricultores es que Rivera Castro no es agricultor, ni agrónomo y no posee experiencia alguna en la agricultura, lo cual representa un rompimiento con la tradición administrativa en esa agencia, cuyos secretarios siempre han estado vinculados a la agricultura ya sea porque poseen una determinada experiencia agrícola, son agrónomos o mantienen operaciones agrícolas.
De hecho, la falta de experiencia agrícola de Rivera Castro podría minar su credibilidad ante amplios sectores agrícolas del país que están convencidos que el DA sólo puede ser un instrumento útil para la agricultura si es dirigido por un agricultor experimentado.
