Por Miguel Díaz Román
En la mañana de hoy miércoles 15 de mayo la gobernadora Jenniffer González Colón retiró el nombramiento de cuatro personas, dos de las cuales estaban designadas para ocupar posiciones en su gabinete y las otras dos eran designaciones para ocupar posiciones de jueces en la rama judicial.
Sin ofrecer más explicaciones González Colón retiró el nombramiento del licenciado Alfredo Ocasio Pérez, quien fue designado a ocupar la posición de Comisionado de Seguros, y de la licenciada Nydza Irizarry Algarín como secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
No obstante, Ocasio Pérez atribuyó el retiro de su nominación a una querella radicada en su contra en el Tribunal Supremo por un «rival político». Ocasio Pérez no identificó el nombre del querellante ni las razones que motivaron la querella en su contra.
«(La querella) está en su proceso el cual es confidencial. El quejoso es un rival político en Mayagüez. No voy a emitir comentarios. El proceso de la queja presentada por un individuo que nunca ha sido cliente mío es confidencial por ley, no por capricho mío, aún cuando se trate de una querella frívola. Yo me apego a la ley. Una vez concluya ese proceso, me expresaré. Gracias», sostuvo Ocasio Pérez, a través de un mensaje de texto.
Proceso confidencial
Una fuente de SN indicó que la querella fue radicada por un residente de Mayagüez quien es simpatizante de la estadidad. El asunto de la querella, alegadamente, ocurrió en medio de disputas políticas.
Sobre las alegaciones de la fuente Ocsio Pérez sostuvo : “como indiqué, el proceso es confidencial por ley. Yo me atengo a la ley y a mis obligaciones éticas ante el Tribunal Supremo. El quejoso nunca ha sido cliente mío y él cree ser rival político mío”.
En el día de ayer, en una entrevista en la radio, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, ofreció señales inequívocas de que el licenciado Alfredo Ocasio Pérez enfrentaría dificultades para ser confirmado en el cargo. Rivera Shactz no abundó en los obstáculos que enfrentaba el nominado.
Se queda Adams Vega
En algunos medios de comunicación ha surgido que Ocasio Pérez habría realizado en el pasado severas críticas al Partido Nuevo Progresista, lo cual no ha sido de agrado de los senadores novoprogresistas que integran la Comisión de Nombramientos.
Ocasio Pérez se había destacado en la pasada campaña electoral porque fue el presidente del Comité de Campaña Puerto Rico Trump-Vance 2024.
El retiro del nombramiento de Ocasio Pérez, causará que el licenciado Alexander Adams Vega continúe como Comisionado de Seguros en funciones.
Además, la gobernadora retiró los nombramientos del licenciado Libardo Hernández Pérez como juez superior del Tribunal de Primera Instancia, y de la licenciada Sharon Falak Rodríguez como jueza municipal.
Crisis sin precedentes
Sobre el retiro de la nominación de la licenciada Irizarry Algarín como secretaria del Trabajo, la Fortaleza informó que la actual subsecretaria, María del Pilar Vélez Casanova, asumirá el cargo de secretaria de manera interina.
La Fortaleza indicó que Irizarry Algarín continuará colaborando con Oscar Ramos, quien es el asesor de asuntos legales laborales de la gobernadora.
Con el retiro de los nombramientos de Irizarry Algarín y de Ocasio Pérez suman cinco los designados por González Colón para ocupar sus posiciones de su gabinete que ha tenido que retirar entre los meses de abril y mayo, en lo que representa una crisis de nombramientos del Ejecutivo sin precedentes.
El 27 de abril, la gobernadora retiró la designación de Verónica Ferraiuoli como secretaria designada del Departamento de Estado, luego de que ella aceptara que no radicó planillas durante tres años.
El pasado 6 de mayo la gobernadora retiró el nombramiento de Janet Parra, como secretaria de Justicia, en medio de imparables cuestionamientos a su integridad como abogada por representar a una persona que investigó cuando era fiscal del Departamento de Justicia.
La nominación de Arthur Garffer como secretario de Estado fue retirada por la González Colón el pasado martes 13 de mayo, luego de que surgieran dudas sobre que el designado podría cumplir con los requisitos constitucionales de residencia para ocupar la posición.
