Por Miguel Díaz Román
El ex director ejecutivo de la Autoridad de Tierras (AT), Irving Rodríguez Torres, quien el pasado cuatrienio aprobó el desembolso de $267,000.00 a una corporación en la que el chofer del ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, era el tesorero, fue nombrado a la posición de secretario de Agricultura.
Además, contra el designado secretario pesa una determinación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por haber utilizado un vehículo oficial para fines personales.
A Rodríguez Torres también se le imputa no haber actuado contra la morosidad de parte de arrendatarios que no pagan sus canon de alquiler por el uso de tierras agrícolas durante el pasado cuatrienio, cuando ocupaba la posición de director ejecutivo de la AT.
Otro señalamiento originado por personas vinculadas a la AT que, alegadamente, descalifican a Rodríguez Torres para ocupar la secretaría de Agricultura es que avaló la venta de terrenos agrícolas para proyectos privados de vivienda y de otra naturaleza, y que en algunas ocasiones han favorecido al conocido desarrollador Federico Stubbe.
Alegadamente, durante la incumbencia de Rodríguez Torres en la AT no se realizaron gestiones para verificar si el conocido desarrollador ha violado la prohibición vigente contra la tenencia de más de 500 acres de tierra, a pesar de las denuncias sobre que Stubbe ha violado la limitación por medio de crear diversas corporaciones que adquieren las fincas.
A pesar de tales señalamientos la gobernadora Jenniffer González Colón favoreció a Rodríguez Torres para la posición de secretario de Agricultura.
Fuentes de SN sostienen que gran parte del éxito de Rodríguez Torres en lograr la designación para la posición de secretario es su plasticidad política, lo que, alegadamente, lo ha capacitado para apoyar al ex gobernador Pedro Pierluisi y luego, a la gobernadora González Colón cuando resultó vencedora en la primaria.
Según las fuentes, otro factor que ha convertido al funcionario en una figura inmune a los señalamientos legítimos en su contra es su vínculo familiar con la licenciada Itza García Rodríguez, quien ostenta la posición de subsecretaria de la gobernación, lo que es equivalente a ser la «mano derecha» del omnisciente y controvertible secretario de la gobernación, Francisco Domenech.
Las fuentes aseguran que la «prima» Itza García garantizó que Rodríguez Torres no tuviera competidores y que la gobernadora González Colón avalara el nombramiento.
Al momento de la designación Rodríguez Torres ocupaba la posición de secretario interino de Agricultura, luego de que a finales de octubre el secretario en propiedad, Josué Rivera Castro, fue traslado por la gobernadora a la presidencia del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico.
Aunque el nombramiento de Rodríguez Torres fue anunciado ayer sábado de manera oficial por la Fortaleza, desde el viernes estaba circulando en las redes sociales una escueta misiva en la que la gobernadora González Colón daba a conocer el nombramiento.
Cuestionable desembolso a Zafra Inc
La misiva, que fue enviada el pasado jueves 20 de noviembre al presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, advierte que la designación de Rodríguez Torres es un nombramiento de receso. Esto obedece a que el nombramiento fue realizado luego de que la Asamblea Legislativa entró en receso el pasado martes 18 de noviembre, cuando finalizó la segunda sesión ordinaria.
El nombramiento de receso le permite a la persona designada ocupar el cargo inmediatamente y ejercer sus funciones sin limitación alguna hasta que el Senado evalúe al designado en la siguiente sesión ordinaria. En este caso la próxima sesión ordinaria comienza el 12 de enero de 2026.
La aprobación del desembolso realizado por Rodríguez Torres -mencionado en el encabezado de esta historia – ocurrió el pasado cuatrienio, específicamente el 19 agosto de 2024, y los fondos provinieron del controvertible Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que está bajo la administración de la Oficina de Infraestructura Rural de la AT.
Actualmente el FMM es motivo de una pesquisa criminal de parte de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y de otra investigación administrativa por parte de la Oficina del Contralor.
Los fondos fueron asignados a la entidad Zafra PR Inc, que es una corporación sin fines de lucro registrada desde el mes de abril de 2022 en el Departamento de Estado, la cual tiene como dirección física el número 720 de la calle Marejada, en el barrio Aguirre en el pueblo de Salinas.
SN publicó la historia sobre la controvertible aprobación de fondos a Zafra PR Inc el 26 de marzo de 2025.
En el certificado de incorporación figura como presidente Héctor Javier Martínez Espada y el tesorero lo es Bryan De Jesús Aguirre, quien durante el pasado cuatrienio se desempeñó como chofer de González Beiró.
El acuerdo o contrato de transferencia de fondos fue registrado con el número 2025-000254 en la AT. En el citado contrato se establece que la entidad Zafra PR Inc utilizará la ayuda de $267,000.00 para realizar un proyecto «de reforestación y rehabilitación para restaurar el área de entrada del barrio Aguirre en el municipio de Salinas con la plantación de 200 palmas reales y su mantenimiento».
De Jesús Aguirre figuró en la posición de tesorero de la corporación Zafra PR Inc., hasta las 2:30 de la tarde del pasado 4 de marzo 2025, según los registros digitales del Departamento de Estado.
En la mañana de ese día SN comenzó a investigar la aprobación de los fondos a la corporación Zafra PR Inc por parte de Rodríguez Torres, y entre las personas abordadas para que comentaran sobre el asunto figuran Rodríguez Torres, el ex secretario de Agricultura, González Beiró y el propio De Jesús Aguirre.
Vinculado al mal uso de vehículos
Tras la divulgación por parte de SN, el 26 de marzo de 2025, de la ayuda concedida por Rodríguez Torres a Zafra PR Inc., la Oficina del Contralor comenzó a indagar la transacción como parte de una amplia auditoría que estaba realizando en la AT y en otras dependencias del Departamento de Agricultura, según confirmó en aquel momento la hoy ex contralora, Yesmín Valdivieso.
De hecho, a pesar de los reiterados intentos de SN para obtener una reacción de Rodríguez Torres sobre la controversial ayuda a Zafra PR Inc, el funcionario se mantuvo distante y en silencio.
El señalamiento contra Rodríguez Torres por el uso indebido de vehículos oficiales surge de la imputación realizada por la OEG contra el exsecretario González Beiró el pasado mes de mayo.
La OEG le imputó a González Beiró autorizar de manera ilegal el uso de vehículo oficiales para fines personales a tres subalternos, entre los que figuran el ex director ejecutivo de la AT, Irving Rodríguez Torres; Jorge Campos Merced, quien se desempeñó como subsecretario de Agricultura el pasado cuatrienio y Alex R. Muñiz Lasalle, quien se desempeñó como Secretario Auxiliar de Integridad Agrocomercial.
Las acciones ilegales cometidas por González Beiró causaron un gasto ilegal ascendente a $8,827.95. La querella cita múltiples violaciones a determinados artículos de la ley 1 de 2012, que es la ley de Ética Gubernamental, y exige que el ex funcionario devuelva los fondos públicos mal usados como resultado de sus decisiones.
A Rodríguez Torres, quien reside en el municipio de Caguas, el ex secretario le asignó un Jeep Grand Cherokee con tablilla JGV-150. Entre el 25 de febrero de 2022 y el 30 de agosto de 2024, el gasto de fondos públicos por concepto de peajes del Jeep Grand Cherokee ascendió a $2,615.40.
Aunque la imputación de la OEG no es directamente contra Rodríguez Torres, salta al ojo avizor que el funcionario no se inhibió de participar en el mal uso de fondos públicos y de utilizar para su beneficio personal propiedad pública, dos actividades ilegales que incapacitan a cualquier funcionario a permanecer en el gobierno o acceder a nombramientos de alto rango como una posición de secretario de gabinete.
El «shopper» de la AT
En relación a la alegada venta de terrenos, reproducimos a continuación una entrevista realizada por SN a Rodríguez Torres y publicada el 11 de diciembre de 2024 en la que se atiende exclusivamente las denuncias sobre venta de terrenos.
El principal señalamiento contra Rodríguez Torres en esa historia es su consentimiento a la propuesta venta de 430 cuerdas de terreno agrícola de la finca Regadera en Vega Alta al conocido desarrollador Federico Stubbe.
Los denunciantes alegan que la posible venta de la finca Regadera se suma a otra transacción, realizada durante el cuatrienio de 2016-2020, que involucró la venta al desarrollador de 507 cuerdas de terreno agrícola pertenecientes a la AT en Dorado.
También se alega que Stubbe se ha valido de la creación de diversas corporaciones para adquirir terrenos agrícolas y, alegadamente, violar las disposiciones de la ley 26 de 1941, que es el estatuto matriz de la AT y que contiene una prohibición contra la tenencia de más de 500 acres de tierra «por personas jurídicas, sociedades y otras organizaciones corporativas de carácter privado».
Aunque aún no se ha concluido la venta de la finca Regadera, Rodríguez Torres no hizo expresiones rechazando la transacción y sólo se limitó a decir que «a Stubbe no se le ha vendido terrenos en este cuatrienio. Tiene una oferta sometida a la Junta de Gobierno que está en proceso no se ha aprobado ni denegado».
No obstante, sobre la posibilidad de que el desarrollador haya violado la prohibición de poseer más de 500 acres a través de incorporar diversas entidades jurídicas para adquirir tierras, Rodríguez Torres no hizo comentarios.
Otra denuncia es que se aprobó la venta de 300 cuerdas de la finca Miza en Cabo Rojo y luego la venta fue cancelada porque la rechazó la oficina de preservación del Departamento de Agricultura.
En reacción a la paralización de la venta Rodríguez Torres solo se limitó a decir que «esto es un proceso ordinario».
Los denunciantes también indican que Rodríguez Torres aprobó la venta de 108 cuerdas en Yabucoa al señor Héctor Noel Ramos Dávila. Sobre esta denuncia el funcionario aceptó que la transacción se encuentra en trámite tanto en la AT y en la Junta de Planificación. No obstante, Rodríguez Torres Rodríguez no explicó las razones que justifican esa venta y qué tipo de terreno involucra la transacción.
Favorecidos los morosos
Existe una queja sobre que el funcionario avaló el arrendamiento de la Finca Monserrate en Luquillo para ubicar un condo hotel de la corporación Ashford 1056 LLC.
De la respuesta ofrecida por Rodríguez Torres se desprende que el funcionario sí avaló el arrendamiento de la Finca Monserrate para la construcción de un condo hotel, no obstante, aclaró que las estructuras que se construyan no pueden ser permanentes, lo cual es una limitación en el tipo de material que se utilicen en el proyecto.
Al funcionario también se imputa favorecer la ubicación de un centro de trasbordo de basura en la finca Fraternidad en Guánica, según otra denuncia.
En reacción a este señalamiento Rodríguez Torres no negó que la transacción estuviera en agenda aunque indicó que «no he firmado nada relacionado a transbordo de basura». Luego indicó que en determinados terrenos de la AT existen vertederos y terrenos con prácticas no agrícolas y comerciales. «Esto es permitido por reglamento y cada caso se evalúa individualmente», respondió.
La venta de la finca Coloso en Aguada a la empresa Productos el Ñamero, la cual fue detenida por la oficina de Bienes Raíces de la AT, es otra denuncia que pesa contra Rodríguez Torres, debido a que la transacción sigue «viva».
Sobre esta denuncia el funcionario dijo que durante su incumbencia «se ha estado verificando todo el caso para ver qué ocurrió. Al día de hoy se está levantando un plano nuevo para luego discutir con la división legal los próximos pasos a seguir». La venta fue aprobada tanto por el ex director ejecutivo de la AT el pasado cuatrienio, Juan Rodríguez, y por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, según indicó Rodríguez Torres.
La alegada inacción de Rodríguez Torres contra la morosidad es un asunto que se ha intentado atender durante la gestión de la actual directora ejecutiva de la AT, Helga Méndez. Alegadamente, muchos de los arrendatarios favorecidos por la renuencia del ex director ejecutivo de la AT a cobrar las deudas fueron agricultores vinculados al ex secretario González Beiró.
