Por Miguel Díaz Román
La polémica incumbencia del licenciado Alexander Adams Vega como Comisionado de Seguros le ha generando beneficios tangibles, pues a tan solo horas de abandonar el cargo, la gobernadora Jenniffer González Colón lo ha premiado con un nombramiento para la posición de juez superior.
La información surge de un comunicado de prensa emitido por la Fortaleza ayer 18 de agosto, en el que se informa que se estarían llenando 34 vacantes para los puestos de registrador de la propiedad y otras posiciones del sistema judicial y de la administración de la justicia.
El nombre de Adams Vega figura en la parte final del segundo párrafo del comunicado:
«Con relacion a la Judicatura, la gobernadora designó como Jueces Municipales del Tribunal de Primera lnstancia a los licenciados Cynthia Marie Vazquez Pena, Viviana Eva Velez Agosto, Janelise Torres Marrero y Yaritza Enid Gonzalez Rosado. Como Jueces Superiores a Samuel Acosta Camacho, Monica Alpi Figueroa, Waleska Cruz Garcia, Ruth Myriam Perez Perez, Alexander S. Adams Vega y Ruben Castro Rodríguez».
No obstante, resulta significativo que una persona como Adams Vega, de cuyo expediente público se desprende que en numerosas ocasiones ha tomado la ruta de violar la ley con acciones “ultra vires” para alcanzar sus objetivos, haya sido recomendado para impartir justicia desde la posición de juez superior.
Y no se trata de señalamientos vociferados al calor de una controversia, sino de conclusiones de investigaciones realizadas por el Senado el pasado cuatrienio y que figuran en informes debidamente redactados con una amplitud de detalles sobre el calibre de las acciones del funcionario.
De hecho, esos informes son de fácil acceso por medio del sitio en internet de la Oficina de Servicios Legislativos.
Informes reveladores
Por ejemplo, una investigación senatorial concluyó que Adams Vega actuó de manera «ultra vires» al prohibir, por la vía administrativa, que los aseguradores internacionales pudiesen hacer negocios en los Estados Unidos. La información salió a relucir en el informe de la investigación avalada por la Resolución del senado 612 radicada por el senador Juan Zaragoza el pasado cuatrienio.
La Resolución del Senado 612 concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), que había prohibido por la vía administrativa, a través de la carta circular 2022-2007, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.
Según el informe parcial de la resolución 612, ese tipo de determinación requería una enmienda a la ley matriz del CIS, la Ley 399 de 2004. El informe también concluyó que Adams Vega actuó en contravención a la política pública establecida por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del CIS al aprobar la Ley 399.
El pasado cuatrienio el Senado también aprobó la Resolución del Senado 852, radicada por Zaragoza Gómez, la cual solicitó al gobernador que destituya a Adams Vega, por realizar representaciones falsas ante la NAIC.
Sin respaldo Adams Vega
El entonces gobernador Pedro Pierluisi no avaló la petición de la citada resolución. No obstante, Pierluisi sí convirtió en ley el Proyecto del Senado 1352, una medida que respaldó totalmente al CIS, lo que representó un serio revés para la credibilidad de Adams Vega, quien aplaudió la medida y actuó en contra de la institución con acciones administrativas para socavar su capacidad de crecimiento.
La medida recibió 49 votos a favor de los 51 votos que existen en la Cámara de Representantes. Además, hubo una abstención y uno voto en contra, lo que representa un respaldo incuestionable a favor del CIS y un rechazó a las acciones de Adams Vega.
El Proyecto del Senado 1352 propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el CIS podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.
Conducta antijurídica
En la exposición de motivos la medida señala que, en su afán por lograr la reacreditación de la OCS por la NAIC, Adams Vega “tomó acciones contrarias a la Ley del CIS, a la Regla 80 del Reglamento del Código de Seguros, y a la política pública establecida por más de 18 años en torno al desarrollo del CIS, al pretender prohibir, por vía reglamentaria, que los aseguradores internacionales suscribiesen seguros en los Estados Unidos”.
“Esto, además de constituir conducta antijurídica por parte de la OCS, inflige peligrosamente en el principio de separación de poderes, ya que es a esta Asamblea Legislativa, con el concurso del gobernador, a quien le corresponde determinar si un estatuto debe enmendarse para cambiar política pública previamente establecida”, advierte la exposición de motivos
Más adelante la exposición de motivos sostiene que aunque la acreditación de la NAIC es importante, la acción de Adams Vega habría infligido una grave herida la reputación del país como lugar para la inversión extranjera: “esta Asamblea Legislativa es consciente del beneficio que la acreditación de la NAIC representa para nuestra industria de seguros, pero es igualmente consciente de la importancia del sector de aseguradores y reaseguradores internacionales, y del grave riesgo reputacional para Puerto Rico que representa el que, luego de que los invitáramos a establecerse en Puerto Rico, intentemos cerrarle las puertas”.
Adams promulgó la Carta Circular 2022-2007, en la cual esencialmente prohibía a los aseguradores internacionales hacer negocios en los EE.UU., salvo que cumpliesen con las disposiciones de los capítulos 3, 28 y 29 del Código de Seguros, lo que equivaldría a que se tendrían que convertir en aseguradores domésticos tradicionales.
La Asociación de Aseguradoras Internacionales de Puerto Rico (PRIIA), presentó ante la OCS una impugnación de dicha carta circular, por ser “ultra vires”. La OCS falló contra PRIIA y cuando la entidad se disponía a impugnar la carta circular en el Tribunal de Apelaciones, Adams la derogó.
Nuevas acciones ultra vires
En la actualidad la situación de la acreditación de la NAIC se encuentra nuevamente en controversia y será uno de los asuntos con los que deberá lidiar como una prioridad la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, la Comisionada de Seguros designada por la gobernadora Jenniffer González Colón, .
De hecho, el más reciente señalamiento contra Adamas Vega por incurrir en acciones ultra vires lo presentó la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) cuando impugnó semanas atrás, la llamada Regla 106 del Código de Seguros que establece el procedimiento de valorización de reclamaciones en controversia conocido como “appraisal».
La demanda, que fue radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan,
es una solicitud de sentencia declaratoria que busca que el tribunal avale los argumentos fundamentales de ACODESE sobre que determinadas disposiciones de la Regla 106 son nulas e improcedentes, debido a que son ultra vires y por tanto inconstitucionales.
Desde su puesta en vigor en noviembre del 2023, la Regla 106 fue recibida con reclamos de parte de las aseguradoras del país para que algunas de sus partes fueran enmendadas. Las aseguradoras entendieron que la redacción vigente de la Regla 106 representa un reto real para sus intereses y derechos.
