Por Miguel Díaz Román
El ex representante Antonio «Tony» Soto Torres, quien creó la legislación que permitió que el Fondo de Mejoras Municipales (FMM) pasara a ser administrado por la Autoridad de Tierras, y el pastor Heriberto Andújar, quién recibió $1.2 millones para hacer mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo que nunca fueron realizadas, recibieron acuerdos de inmunidad de parte de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI).
La información sobre los acuerdos de inmunidad ha desatado numerosas interrogantes entre conocedores del caso debido a que tanto el ex representante Soto Torres como el pastor Andújar se consideran protagonistas principales de la desaparición de $1.2 millones asignados para trabajos en la quebrada Margarita, y de otras irregularidades detectadas en el manejo del FMM.
Es necesario señalar que los $1.2 millones para la quebrada Margarita fueron diligenciados a través de una asignación procedente directamente del Fondo General y no a través del FMM.
El ex representante Soto Torres, quien durante el cuatrienio 2016- 2020 era el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, fue el autor del Proyecto de la Cámara 2619, que proponía ,entre otros asuntos, enmendar el Código de Rentas Internas para que el control del FMM, que estaba bajo el dominio del Departamento de Hacienda, pasara a manos del Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras.
La medida fue convertida en la ley 173 el 30 de diciembre del 2020 por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, lo que dió paso a que el PIR, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, fuera responsable de distribuir los fondos públicos del FMM.
Soto Torres también emitió una comunicación dirigida a la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, para que los $1.2 millones fueran enviados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, que preside el pastor Andújar, para que se realizaran la mejoras a la quebrada Margarita.
Favorecido Soto Torres
Incluso, el ex representante hizo gestiones ante la Junta de Supervisión Fiscal para que el organismo avalara la asignación de los fondos al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, que es una entidad sin fines de lucro que no posee experiencia alguna en trabajos de construcción.
A pesar de todo lo anterior, la OFEI decidió convertir a Soto Torres en un testigo con inmunidad, lo que, según los conocedores del caso, representa un trato favorable para un ex representante que estuvo en el centro de la planificación de lo que luego se ha convertido en una trama criminal cuyas repercusiones apenas está comenzando a salir a flote. De hecho, conceder la inmunidad implica que el beneficiado cometió algún delito.
Los acuerdos de inmunidad fueron revelados en una moción que Rivera Martínez presentó el pasado martes 18 de noviembre en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, durante la vista preliminar del caso sobre el FMM y la malversación de los $1.2 millones que ha presentado la OFEI.
En la moción la ex funcionaria solicitó la desestimación del cargo por incumplimiento del deber que le ha imputado la OFEI.
El pasado 4 de noviembre la jueza Irmarie Cintrón Alvarado , del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa probable para arresto contra Rivera Martínez, y contra José Huertas Torres, en relación con la desaparición de $1.2 millones.
Contra Rivera Martínez la OFEI presentó el citado cargo por incumplimiento del deber y contra Huertas Torres se radicaron 15 cargos, que incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros.
Abortada la vista preliminar
En la continuación del proceso judicial contra Rivera Martínez y Huertas Torres, el pasado martes se celebró la vista preliminar.
No obstante, Huertas Torres compareció sin abogado lo que impidió la celebración de la vista. Tampoco estuvo presente el representante legal de la corporación Tres T & General Contractors, que era presidida por Huertas Torres, y que debió ejecutar los trabajos en la quebrada Margarita.
La vista tampoco contó con la participación del ex representante Soto Torres porque se encontraba en un viaje fuera de Puerto Rico.
La nueva fecha para la vista preliminar fue pautada para el 15 de diciembre.
La fiscal Zulma Fuster Troche ha sostenido que los numerosos cargos que la OFEI radicó contra Huertas Torres obedecen a que el imputado se apropió de los $1.2 millones y los utilizó para su beneficio personal.
Según la fiscal, los fondos fueron transferidos a distintas corporaciones y depositados en diversas cuentas bancarias para luego ser utilizados en el pago de tarjetas de crédito y en sufragar gastos privados incurridos por el imputado. La fiscal indicó que una porción indeterminada fue retirada en efectivo de esas cuentas bancarias por Huertas Torres
«Él (Huertas Torres) fue la persona que se apropió del dinero», dijo Fuster Troche.
De hecho, Huertas Torres laboró en la oficina de Soto Torres en la Cámara de Representantes y luego también laboró en la Autoridad de Tierras, tras el traslado del FMM a esa dependencia del Departamento de Agricultura.
El pasado martes 18 de noviembre y a través de un mensaje de texto SN le preguntó a la fiscal Fuster Troche si Huertas Torres envió al ex representante Soto Torres dinero procedente de $1.2 millones.
Ante la interrogante la fiscal no respondió.
Dorally Rivera pide la desestimación
En la moción la licenciada Cándida Sellés Ríos, quien es la representante legal de Rivera Martínez, defendió su petición de desestimación al sostener que el OFEI actuó de manera «ultra vires» (sin autorización legal) porque, alegadamente, se excedió de los términos establecidos en la ley matriz de la Oficina del Fiscal Especial Independiente para realizar la investigación y para radicar los cargos.
La licenciada Sellés Ríos sostuvo que la OFEI tenía hasta 180 días para investigar los señalamientos contra los imputados (90 días inicialmente y otros 90 días adicionales si por determinados eventos la investigación no se pudo concluir). La abogada argumentó que la OFEI requirió 1,103 días desde la fecha en que se le asignó el caso y la fecha en que presentó los cargos, lo que violentó el debido proceso de ley.
Otro de sus argumentos para justificar la desestimación es que la OFEI interrumpió la investigación porque la Oficina del Contralor realizaba una auditoría, lo que a juicio de Sellés Ríos fue una indebida delegación de la autoridad de procesar criminalmente. Además, planteó que sería una violación a la doctrina de separación de poderes si la OFEI actuó por que la Oficina del Contralor solicitó que se interrumpieran la investigación.
En la moción Sellés Ríos alegó que los fiscales de OFEI violaron la regla 64 de procedimiento criminal, la cual avala desestimar una acusación si “el fiscal carecía de la autoridad para presentar la (acusación o denuncia”.
«La evidente violación del debido proceso de ley y a la doctrina de separación de poderes, por parte de la OFEI, vemos que los fiscales especiales carecían de autoridad de presentar dichas denuncias», indca la moción.
Finalmente, la licenciada Sellés Ríos señaló que la OFEI radicó los cargos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, cuando tradicionalmente esa entidad presenta los cargos en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, lo que también justifica la desestimación.
«Nos crea suspicacia dicha decisión de presentar cargos criminales en la Sala Superior de Bayamón, ya que actuaron fuera de lo que históricamente ha sido tradición para los Fiscales Especial Independientes, presentar denuncias sobre alegados desembolsos de fondos públicos en la Sala Superior de San Juan. Solicitamos con el mayor de los respetos que tome conocimiento de lo atropellado e inusual que ha sido este caso para nuestra representada», sostiene la moción.
