Por Luis Aníbal Avilés
En Cabo Rojo estamos teniendo el debate equivocado. (Vivo en Cabo Rojo part time). Nos dicen que el problema con Esencia es ambiental. Que si el agua. Que si los manglares. Que si la huella ecológica. Todo eso importa. Claro que importa. Pero no nos engañemos: ese no es el verdadero eje del conflicto.
Porque si fuera un tema ambiental puro, Combate no existiría como existe hoy. Combate es el mejor contraejemplo de la narrativa moral que se está vendiendo. Allí se permitió, por décadas, un desarrollo desordenado, fragmentado, sin planificación integral, con impacto acumulativo real sobre el ecosistema costero. Casas, alquileres, presión sobre infraestructura, uso intensivo del litoral. Y nadie levantó la bandera con la misma intensidad.
¿Por qué? Porque Combate es un desarrollo de clase media. Orgánico. Caótico. Socialmente aceptable. Esencia, en cambio, es otra cosa. Es capital grande. Es lujo. Es diseño. Es inversión estructurada. Y ahí sí aparece la conciencia ambiental como si fuera un interruptor moral.
Ese doble estándar es el problema.
No se puede decir que algo es inaceptable ambientalmente cuando ya aceptaste lo mismo, o peor, durante décadas, simplemente porque era más accesible socialmente. Entonces pongamos el debate donde es.
Esto no es ricos versus ambiente. Esto es también ricos versus pobres.
Y eso no significa que Esencia esté bien como está. No lo está. El propio expediente ambiental lo deja claro. La Declaración de Impacto Ambiental reconoce una demanda de agua extraordinaria para un ecosistema semiárido (OGPe, 2024).
Investigaciones independientes estiman esa demanda en más de un millón de galones diarios (Centro de Periodismo Investigativo, 2025). En un municipio con problemas recurrentes de abasto, eso no es trivial. Es estructural.
A eso se suman los señalamientos técnicos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que identificó deficiencias sustanciales y advirtió impactos significativos sobre flora, fauna y uso de suelo (DRNA, 2024; Claridad, 2024).
Y no estamos hablando de un proyecto pequeño. Esencia abarca más de 1,500 cuerdas, una escala que por definición activa preocupaciones de impacto acumulativo (El Nuevo Día, 2024).
Todo eso es real. Todo eso es serio. Pero aquí es donde el debate se rompe. Porque si aplicáramos ese mismo estándar de rigor a todo el litoral de Puerto Rico, tendríamos que replantear medio país.
Lo que pasa es que no lo hacemos. Como ha señalado la teoría urbana, muchos conflictos territoriales reflejan tensiones de clase tanto como preocupaciones ambientales (Harvey, 2008). Y en la práctica, la gestión de recursos comunes exige reglas consistentes, no aplicación selectiva dependiendo del actor económico (Ostrom, 1990).
Ahí está el punto incómodo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos todo desarrollo? No.
Puerto Rico necesita inversión. Necesita actividad económica. Necesita proyectos que generen empleo y expandan la base contributiva. Pero necesita hacerlo bien.
El propio concepto de desarrollo sostenible exige satisfacer necesidades presentes sin comprometer las futuras (World Commission on Environment and Development, 1987). Y eso implica rediseño, no rechazo automático.
Si Esencia quiere existir, tiene que transformarse. Primero, agua. No puede depender del sistema público. Tiene que internalizar su consumo con soluciones propias. Reciclaje total. Sistema cerrado. Cero carga adicional sobre Cabo Rojo.
Segundo, escala. Reducir huella. Eliminar excesos como campos de golf intensivos en agua. Adaptarse al ecosistema, no al revés.
Tercero, infraestructura. Si van a llegar, que traigan inversión real. Sistemas de agua, energía renovable, tratamiento moderno. Eso beneficia a la comunidad, no solo al proyecto.
Cuarto, cumplimiento vinculante. No promesas. Condiciones ejecutables. Supervisión independiente. Penalidades reales.
Eso es desarrollo sustentable. Lo demás es postureo.
Puerto Rico ya tiene política pública ambiental clara. La Ley 416-2004 exige evaluación rigurosa de impactos significativos. La Ley 33-2019 impone criterios de resiliencia climática. El problema no es falta de normas. Es falta de consistencia.
Si vamos a proteger el ambiente, lo protegemos siempre. Si vamos a permitir desarrollo, lo hacemos bien. Lo que no se vale es usar el ambiente como excusa cuando el problema real es quién puede pagar por vivir allí.
Menos hipocresía. Más consistencia. Más rigor. Ese es el debate que toca.
