Por Juan Tierras Tierras
“Se les viene el techo encima”, es una típica frase utilizada cuando se cierran las
opciones para una persona y este parece ser el escenario de la
Autoridad de Tierras de Puerto Rico (AT) no solo en sentido figurado, sino en el
sentido literal, cuando, por ejemplo, el martes 2 de septiembre de 2025, colapsó parte del techo del salón de los exdirectores.
Y es que la AT en San Juan se enfrenta a una crisis multifacética que amenaza no solo la integridad física del edificio, sino también su credibilidad y función institucional.
El reciente desprendimiento del techo en el salón de exdirectores es solo la punta del iceberg de una serie de problemas graves que incluyen una incapacidad para generar ingresos, una pésima gestión de cobros, un departamento de servicios legales inoperante con nula gestión de desahucios, periodos interminables para el otorgamiento de contratos por parte del departamento de bienes raíces, un manejo cuestionable de sus activos, y serias denuncias de atropellos y tratos
selectivos contra los derechos de los empleados y de los agricultores.
La AT aparenta no poder sacar los pies del plato con los Directores Ejecutivos que
han ocupado la posición en los recientes tiempos de esta corporación. Varios de estos
directivos han tenido señalamientos éticos y de otra naturaleza, por las deficiencias en
su gestión y por acciones improcedentes en derecho.
Desde la Agró. Dorally Rivera Martínez quién tuvo una destitución por un señalamiento de acoso laboral, además de señalamientos de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Así también, el actual subsecretario del Departamento de Agricultura y anterior Director Ejecutivo de la
ATPR, Irving Rodríguez Torres, también ha tenido señalamientos a la OEG y
grandes cuestionamientos de sus diversas gestiones gubernamentales.
A toda luz, da la impresión de que la historia se repite bajo la administración de la
actual Directora Ejecutiva de la ATPR, Helga Méndez Soto, a quién se le ha
señalado deficiencias crasas en su capacidad administrativa y una falta de
conocimiento en temas básicos sobre la naturaleza de los trabajos de la agencia que
administra.
Sin acción el secretario
Además, todos se cuestionan la falta de acción del Secretario del Departamento de Agricultura (DA), Josué E. Rivera Castro, quién ha permitido que la AT sea dirigida por Méndez Soto, quién al igual que los últimos Directores, ha demostrado no dar el grado para dirigir la agencia.
Para cumplir su fin público la AT cuenta el Departamento de Bienes Raíces y el
Departamento de Servicios Legales, dos departamentos necesarios para mantener operando adecuadamente la corporación.
Así también ha surgido cuestionamientos sobre la capacidad del secretario Rivera Castro, quien ha sido incapaz de impedir que Méndez Soto haya reclutado a Jeannette Zea Aponte y la
licenciada Valeria Rivera Pagán, para dirigir estas dos áreas que se mantienen
inoperantes.
La experiencia corroborable demuestra falta de gestión de casos, gestiones improcedentes en otros escenarios, lo que al momento ha provocado amenazas de demandas y
acciones legales que afectará aún más las finanzas de esta corporación.
El deterioro extremo de las instalaciones de la AT, ha llegado a un punto crítico a pesar de que ha sido notificada repetidamente a la administración actual y a las anteriores.
El colapso físico ocurrido en el primer piso no es un incidente aislado, sino la consecuencia previsible de años de negligencia, la actual falta de mantenimiento y del establecimiento de prioridades para la seguridad del personal.
Este evento puso en peligro la seguridad del personal y evidencia un fracaso administrativo en la gestión de sus propios bienes.
Más iregularidades
La agencia también sufre de una parálisis financiera. Se alega, que Helga Méndez
y la Directora del Departamento de Bienes Raíces, Jeannette Zea, han demostrado una
inhabilidad para aumentar el número de arrendatarios a través de otorgamientos de
nuevos contratos, un factor esencial para la autosuficiencia de la agencia.
Así también, bajo la supervisión de ambas funcionarias se ha dado
situaciones de arrendamiento en propiedades ya arrendadas, así como permitir que uno de sus coordinadores haya favorecido a familiares y amigos en diversos procesos de arrendamiento, lo que según las alegaciones, podría tratarse de un delito al amparo de las leyes de la OEG.
Para agravar la situación, el inventario de terrenos y sus mapas no están actualizados,
lo que se traduce en un desconocimiento alarmante de sus propios activos. Esta falta
de control no solo impide una gestión eficaz, sino que también abre la puerta a posibles
irregularidades y pérdidas millonarias para la agencia.
También se denuncia que el Departamento de Servicios Legales está siendo
dirigido por una persona con limitada experiencia para la gestión que le fue designada,
resultando en un retraso en las gestiones de desahucio, incumplimientos de
contrato relacionados con asuntos ambientales y de asuntos relacionados a proyectos públicos.
Otra situación es que han salido a la luz serias alegaciones de atropellos contra empleados y arrendatarios. Las denuncias incluyen varios casos de acoso en el escenario laboral, abuso de poder, creando un ambiente de trabajo tóxico e inseguro.
Además, se investigan señalamientos de expropiaciones forzosas de terrenos en la
canalización del Río La Plata en Dorado a agricultores sin seguir el debido proceso de
ley, una acción que contradice la razón de ser de la propia agencia.
Protección ausente
Se alega que Méndez Soto no ha gestionado adecuadamente su deber ministerial para proteger los
terrenos de la AT aledaños a la canalización. Alegadamente, que esto se debe al interés
de Méndez Soto en mantener las buenas relaciones con PG Engineering Solutions (PGES),
corporación perteneciente al activista político y en un entonces candidato a la
gobernación, Carlos Pesquera Morales.
Pesquera Morales mantiene un contrato con el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA) a través de la corporación PGES para la expropiación de terrenos en el área de Dorado, que, una vez concluido el proyecto de canalización, multiplicarán su valor de forma dramática.
Otra situación alarmante es que Méndez Soto ha aprobado altos salarios a ciertos
empleados sin la asignación de nuevas tareas que justifiquen el aumento. Entre los beneficiados figuran secretarias, empleados de mantenimiento y cobradores.
Mientras tanto, el desarrollo de un nuevo Plan de Clasificación y Retribución ha sido
intencionalmente atrasado y, según las denuncias, está siendo diseñado a la medida
para beneficiar desmedidamente a personal de oficinas específicas, en detrimento de la
mayoría de la plantilla.
Se alega que Helga Méndez ha sido incapaz de asignar recursos económicos actuales en las
áreas adecuadas. Se alega que la asignación de fondos de manera injustificada
fluctúan entre $500.00 y $2000.00, y sólo podrían justificarse por asuntos de
amistad o afiliación política.
Empresarios beneficiados
Todo esto ocurre mientras en la AT existen Departamentos y Divisiones sin el personal necesario para que sean funcionales. Existen vacantes para los puestos de un agrimensor licenciado, asistentes de agrimensura, gerente de asuntos ambientales, gerente de proyectos públicos, apoyo
en el área de compra y venta de terrenos, paralegal y para un emplazador, entre otros.
La controversia rodea también las transacciones de terrenos. Se ha dado continuidad a
la venta de terrenos de alto valor agrícola en Dorado al conocido desarrollador Federico
Stubbe a través de sus corporaciones a precios bajos, facilitando la expansión de sus
proyectos de construcción en detrimento de la agricultura.
Una denuncia sobre la venta de 430 cuerdas en Vega Alta se suma a una transacción previa de más de 500 cuerdas en Dorad, levantando banderas sobre la posible violación de la ley que prohíbe la
tenencia de más de 500 acres por parte de individuos o corporaciones.
De hecho, Méndez Soto ha determinado dar continuidad a la venta de 430 cuerdas de la finca Carmen Islote en Vega Alta, a pesar de las recomendaciones no favorables de los
distintos agrónomos que han atendido esta área, incluyendo Jessica Ruiz
Olavarría, Andrea Ortiz Matos y Michelle Álvarez Beauchamp.
Por otro lado, Méndez Soto mantiene un silencio absoluto sobre la inundación planificada para cambiar miles de cuerdas de terrenos agrícolas en el municipio de Guánica a una reserva ambiental.
A pesar de la fuerte oposición de los agricultores y arrendatarios de la zona, quienes ven amenazado su sustento y la seguridad alimentaria del país, no existe una postura pública de la Directora Ejecutiva sobre este controversial proyecto.
Alegan falta de capacidad
El sentir común apunta a que Méndez Soto ha demostrado una falta de capacidad administrativa, falta de gestión, desconocimiento sobre las operaciones de la AT, selección inadecuada de
personal calificado para dirigir los departamentos medulares y la falta de defensa de las propiedades de la corporación.
La acumulación de estos problemas dibuja un panorama desolador para una de las
agencias clave para el desarrollo agrícola y la gestión de uno de los recursos más
importantes de Puerto Rico, su tierra.
