Por Miguel Díaz Román
El secretario del Departamento de Agricultura, Josué Rivera Castro, y la directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, la agrónoma Helga Méndez Soto, rechazaron el proyecto que busca restaurar la Laguna de Guánica debido a que causaría la pérdida de terrenos agrícolas productivos, afectaría la Reserva Agrícola del Valle de Lajas y aumentaría la dependencia de Puerto Rico en la importación de alimentos.
Los funcionarios establecieron la posición oficial del DA y de la Autoridad de Tierras sobre el polémico proyecto durante una vista pública de la Comisión de Agricultura del Senado, que preside el senador Jeison Rosa Ramos, la cual se celebró el pasado 25 de septiembre, según un comunicado distribuido por la oficina de prensa del Senado.
En esa ocasión la Comisión examinó la Resolución del Senado 246, que propone investigar el proyecto de la restauración de la Laguna de Guánica y establecer el alcance de su impacto en el Valle de Lajas y en la actividad agrícola.
Méndez Soto, quien a través de la Autoridad de Tierras tiene jurisdicción directa sobre los citados terrenos en Guánica, advirtió que el Proyecto de Restauración de la Laguna tendría un impacto directo y negativo sobre la producción agrícola. Sostuvo que el plan propone inundar unas 3,762.75 cuerdas de terrenos agrícolas lo que profundizará el déficit de tierras cultivables en la Isla y afectaría la seguridad alimentaria.
La funcionaria también señaló que el proyecto conllevaría “una pérdida estimada de 1,234 cabezas de ganado y más de 201,600 pacas de heno”, lo que representa un golpe a la nutrición del ganado y a la producción de carne en Puerto Rico.
Méndez Soto estimó que el impacto económico anual supera los $3.9 millones, mientras que sustituir los terrenos afectados implicaría un costo aproximado de $36.4 millones, un gasto que, según precisó, no está contemplado en la propuesta actual.
“Esta pérdida afectará negativamente la producción de carne en Puerto Rico, que actualmente cubre solo un 12.16% de la demanda local”, advirtió.
La funcionaria explicó que la eliminación de un área de escorrentía natural, causará que los canales de riego estarían más expuestos y se podrían intensificar los problemas de anegación, a la vez que alertó que la propuesta incluye la alteración de la geomorfología del cuerpo de agua, lo que haría “extremadamente costoso revertir el proyecto en caso de que no resulte viable”.
“Resulta improcedente y contrario al interés público… la Tierra es prestada a la presente generación y es nuestro deber conservarla para las generaciones futuras de nuestros hijos”, sentenció Méndez Soto.
Por su parte, Rivera Castro dijo que el proyecto genera “una considerable controversia debido a su potencial impacto negativo en la Reserva Agrícola del Valle de Lajas”. Señaló que las implicaciones hidrológicas, agrícolas, económicas, sociales y ambientales presentan riesgos sustanciales que deben atenderse con cuidado, pues la pérdida de terrenos productivos aumentaría la dependencia de Puerto Rico en la importación de alimentos.
El secretario del DA estimó que el impacto negativo en la agricultura e industria podría “superar los $330 millones de dólares”, según un estudio del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). El secretario indicó que esta cifra supera la inversión federal destinada a la restauración y produce un desbalance que pone en riesgo empleos, ingresos ya establecidos y la seguridad alimentaria de la Isla.
Rivera Castro enfatizó que, “dadas las inconsistencias y la falta de datos actualizados en la propuesta, la restauración de esta laguna no es viable en la forma que está propuesta”. Por ello, recomendó que cualquier proyecto de tal magnitud debe someterse a un análisis técnico y científico exhaustivo, con estudios independientes que consideren la tierra, el comercio, las residencias y la producción agrícola.
“Respetuosamente no podemos avalar la restauración de la Laguna de Guánica”, concluyó Rivera Castro, quien advirtió que la preservación del Valle de Lajas como reserva agrícola caribeña debe ser prioridad de política pública, equilibrando la conservación ambiental con la producción de alimentos.
A favor de la iniciativa se expresó Miguel Viqueira Ríos, en representación de Protectores de Cuencas (PDC), al sostener que es política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón restaurar la Laguna de Guánica.
Sostuvo que la restauración es un proyecto viable, urgente y de gran respaldo comunitario, donde más de 2,500 ciudadanos, organizaciones ambientales, científicas y el propio Municipio de Guánica lo apoyan de manera oficial.
Explicó que la restauración no afectará tierras agrícolas, pues los estudios hidrológicos e hidráulicos confirman que los terrenos adyacentes no enfrentarán inundaciones mayores a las que ya ocurren hoy. Por el contrario, se plantea un diseño por fases, iniciando con 605 cuerdas y la posibilidad de ampliar hasta 1,140, con un moderno sistema de compuertas que permitirá controlar los niveles de agua y atender mejor los eventos extremos.
En el plano económico y social, el PDC proyecta la creación de entre 40 y 60 empleos en su primer año, la apertura de oportunidades para microempresas, cooperativas y turismo de naturaleza, y la mitigación de inundaciones en comunidades vulnerables. Además, la restauración reactivaría un ecosistema de altísima biodiversidad que antes albergaba 68 especies de aves, peces de agua dulce y estuarinos, e incluso flora única en el Caribe.
Viqueira Ríos concluyó que el objetivo de Protectores de Cuencas “es asegurar que la restauración de la Laguna de Guánica no afecte ninguna tierra agrícola y potenciar el desarrollo socioeconómico de Guánica y del Suroeste de Puerto Rico”.
“Este proyecto no sólo rescata un recurso natural perdido, sino que fortalece nuestra resiliencia ambiental, promueve un desarrollo económico justo y protege el bienestar de nuestras presentes y futuras generaciones”, indicó el alcalde de Guánica, Ismael Rodríguez Ramos, a la vez que solicitó a la Comisión a brindar su aval y respaldo al esfuerzo de restauración.
El investigador y catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez, Luis R. Pérez Alegría, advirtió que la restauración de la Laguna de Guánica tendría efectos adversos sobre la agricultura y las comunidades del Valle de Lajas. Expuso que la creación de un cuerpo de agua en esa zona “va a revertir el propósito del proyecto del Suroeste y reducir la frontera agrícola de Puerto Rico”.
Advirtió que, con una laguna restaurada justo antes de la descarga al Río Loco, no habría un sistema eficaz para remover el exceso de agua y sales disueltas del subsuelo. Como consecuencia, “la propuesta de restauración aumentaría la saturación y la salinidad de los suelos, haciéndolos improductivos”.
A su vez, planteó que los residentes del valle enfrentarían un panorama complicado. Los canales de riego permanecerán constantemente al límite de su capacidad, lo que generaría “aumentos significativos en los niveles de inundación”. De esta forma, los riesgos superan los posibles beneficios y que la restauración podría poner en peligro tanto la actividad agrícola como la seguridad de las comunidades aledañas.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que se encarga de manejar los sistemas de riego en el Valle de Lajas, tampoco favoreció el proyecto de restauración de la laguna. Otras empresas privadas, como RiceTec y Bananera Fabre Inc. tampoco favorecieron la iniciativa.
