Por Juan Tierras Tierras
El Secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, se encuentra en el centro de una creciente controversia por su empeño de mudar las oficinas del Departamento de Agricultura (DA) al edificio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en Río Piedras.
Un polémico plan de mudanza mientras enfrenta serios señalamientos por su inacción en la defensa de terrenos agrícolas vitales para el país.
Decisiones y omisiones en proyectos clave como la restauración de la Laguna de Guánica y la canalización del Río La Plata, y el plan de mudanza, han encendido las alarmas entre agricultores y expertos del sector.
Fuentes internas del DA y de agricultores de la zona Sur han expresado su profunda preocupación por la falta de una postura firme del secretario Rivera Castro en el proyecto de restauración de la Laguna de Guánica.
A pesar de que el plan, liderado por el DRNA, podría impactar negativamente valiosos terrenos agrícolas circundantes, el titular del DA no se ha pronunciado en defensa de los mismos.
«El secretario tiene más intereses en común con el DRNA que con los agricultores que se supone que represente», comentó un agricultor de la zona que prefirió mantenerse en el anonimato.
La falta de una defensa activa ha sido interpretada como una concesión que prioriza otros intereses por encima de la seguridad alimentaria y la protección del patrimonio agrícola.
De manera similar, la aparente pasividad del secretario se ha hecho evidente en el proyecto de canalización del Río La Plata. Este proyecto ha implicado la expropiación de terrenos pertenecientes a la Autoridad de Tierras.
La ausencia de una oposición contundente por parte de Rivera Castro ha generado críticas sobre su compromiso con la preservación de los activos agrícolas del país, permitiendo que terrenos de alto valor para la siembra sean destinados a otros usos.
A la controversia se suma un persistente rumor que cobra cada vez más fuerza del posible traslado de todo el personal de las oficinas centrales del DA y sus agencias adscritas, al edificio del DRNA en Río Piedras. Esta movida es vista con gran recelo, no solo por la logística que implicaría, sino por el historial del edificio receptor.
El edificio del DRNA ha sido objeto de múltiples señalamientos por vicios de construcción y problemas de calidad de aire interior, el cual ha sido catalogado en informes previos como un «edificio enfermo».
La posibilidad de trasladar a cientos de empleados a una estructura con un historial tan problemático es considerada por muchos como una «acción caprichosa», que podría beneficiar a terceros y como el resultado de una alianza peligrosa entre Rivera Castro y el DRNA.
Desde hace años, se especula en círculos de bienes raíces sobre el alto valor de los terrenos que actualmente ocupan el DA, la Autoridad de Tierras y el antiguo edificio del Departamento de Salud en Santurce.
La localización estratégica de estas propiedades las convierte en un objetivo codiciado para desarrolladores privados.
La mudanza, por tanto, es percibida por algunos como el primer paso para despejar el camino a una futura venta o desarrollo de estos valiosos solares, sacrificando el patrimonio público en un proceso que carece de transparencia.
Hasta el momento, Rivera Castro no ha emitido declaraciones oficiales para desmentir los planes de mudanza ni para clarificar su postura sobre la protección de los terrenos agrícolas en Guánica y el Río La Plata, dejando un manto de incertidumbre sobre el futuro del patrimonio agrícola de Puerto Rico.
«Menos cámara y más acción» es el reclamo que resuena entre agricultores y conocedores de la industria, quienes atribuyen a Rivera Castro y a su equipo de trabajo una mayor preocupación por las relaciones públicas que por el cumplimiento de su deber ministerial.
Las quejas apuntan a un equipo de trabajo deficiente, compuesto en parte por personal reciclado que ha tenido fracasos como directivos bajo otras administraciones.
Entre los nombramientos señalados se encuentran el del subsecretario de Agricultura,
Irving Rodríguez Torres, quién según fuentes, arrastra un historial de investigaciones y señalamientos. Sin embargo, Rodríguez Torres permanece en una posición clave.
A esto se suma la selección de personal con poca o ninguna experiencia administrativa, como el secretario Auxiliar de Integridad Agrocomercial, el agrónomo Andrés Rosado, y la agrónoma Helga Méndez quien fue designada a dirigir la Autoridad de Tierras.
«Es una fantasía pensar que se obtendrán resultados distintos con el mismo equipo; los mismos tipos de pensamientos solo garantizan los mismos resultados», sentenció una fuente interna del DA.
Mientras tanto, quedan desatendidos problemas críticos como la falta de acción en la industria del café por parte de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, lo que podría resultar en la sepultura de la industria.
Se informa que el secretario utiliza la agencia como una plataforma para proyectar sus aspiraciones futuras, enfrascado en viajes y actividades públicas, en lugar de atender la crisis que enfrentan los distintos sectores.
La preocupación más reciente se centra en unas 430 cuerdas de la Finca Carmen Islote en Vega Alta, pertenecientes a la Autoridad de Tierras. Existe un plan para vender este terreno al desarrollador Federico Stubbe, conocido por ser accionista mayoritario y dueño del Distrito T-Mobile y el Coca-Cola Music Hall.
Stubbe, descrito como un importante donante del Partido Nuevo Progresista, ha sido señalado por perseguir terrenos de alto valor agrícola con potencial turístico a precios irrisorios. Fuentes denuncian que la venta se facilitaría mediante tasaciones cuestionables, una práctica que ya se ha visto en el pasado, donde directores de la Autoridad de Tierras le han vendido cientos de cuerdas a «cáscaras de batata» a Stubbe.
En algunos casos, se alega que se le ha permitido al propio desarrollador tasar las propiedades que intenta comprar. Se le atribuye a Rivera Castro, en su doble rol como secretario y presidente de
la Junta de Gobierno la Autoridad de Tierras, no solo una falta de compromiso al no detener la venta, sino haberle abierto la puerta.
De concretarse, este terreno público podría convertirse en un complejo residencial de lujo accesible sólo para quienes puedan pagar cifras de siete dígitos o más.
