Por Miguel Díaz Román
Hoy se celebra la continuación de la vista preliminar para juicio contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, y José Huertas Torres, en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.
Se trata del caso sobre la malversación de los $1.2 millones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) que fueron enviados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, para que se realizaran mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo.
Los trabajos en la quebrada nunca se realizaron y los fondos, alegadamente, Huertas Torres los depositó en múltiples cuentas bancarias para su uso personal.
La ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez.
La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) le imputa un cargo por incumplimiento del deber contra Rivera Martínez y contra Huertas Torres se radicaron 15 cargos, que incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros.
El pasado 4 de noviembre la jueza Irmarie Cintrón Alvarado , del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa probable para arresto contra Rivera Martínez, y contra Huertas Torres, en relación con la desaparición de $1.2 millones.
Fondos para uso personal
La fiscal Zulma Fuster Troche de la OFEI, ha sostenido que Huertas Torres se apropió de los $1.2 millones y los utilizó para su beneficio personal.
Según la fiscal, los fondos fueron transferidos a distintas corporaciones y depositados en diversas cuentas bancarias para luego ser utilizados en el pago de tarjetas de crédito y en sufragar gastos privados incurridos por el imputado. La fiscal indicó que una porción indeterminada fue retirada en efectivo de esas cuentas bancarias por Huertas Torres
La licenciada Cándida Sellés Ríos, abogada de Rivera Martínez, radicó una moción de desestimación para el cargo por incumplimiento del deber que le ha imputado la OFEI a la exfuncionaria.
En la moción la licenciada Sellés Ríos sostuvo que el OFEI actuó de manera «ultra vires» (sin autorización legal) porque, alegadamente, se excedió de los términos establecidos en la ley matriz de la Oficina del Fiscal Especial Independiente para realizar la investigación y para radicar los cargos.
La licenciada Sellés Ríos sostuvo que la OFEI tenía hasta 180 días para investigar los señalamientos contra los imputados (90 días inicialmente y otros 90 días adicionales si por determinados eventos la investigación no se pudo concluir). La abogada argumentó que la OFEI requirió 1,103 días desde la fecha en que se le asignó el caso y la fecha en que presentó los cargos, lo que violenta el debido proceso de ley.
Rivera Martínez pide la desestimación
Otro de sus argumentos para justificar la desestimación es que la OFEI interrumpió la investigación porque la Oficina del Contralor realizaba una auditoría, lo que a juicio de Sellés Ríos fue una indebida delegación de la autoridad de procesar criminalmente. Además, planteó que sería una violación a la doctrina de separación de poderes si la OFEI actuó por que la Oficina del Contralor solicitó que se interrumpieran la investigación.
En la moción Sellés Ríos alegó que los fiscales de OFEI violaron la regla 64 de procedimiento criminal, la cual avala desestimar una acusación si “el fiscal carecía de la autoridad para presentar la acusación o denuncia”.
«La evidente violación del debido proceso de ley y a la doctrina de separación de poderes, por parte de la OFEI, vemos que los fiscales especiales carecían de autoridad de presentar dichas denuncias», indca la moción.
Finalmente, la licenciada Sellés Ríos señaló que la OFEI radicó los cargos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, cuando tradicionalmente esa entidad presenta los cargos en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, lo que también justifica la desestimación.
«Nos crea suspicacia dicha decisión de presentar cargos criminales en la Sala Superior de Bayamón, ya que actuaron fuera de lo que históricamente ha sido tradición para los Fiscales Especial Independientes, presentar denuncias sobre alegados desembolsos de fondos públicos en la Sala Superior de San Juan. Solicitamos con el mayor de los respetos que tome conocimiento de lo atropellado e inusual que ha sido este caso para nuestra representada», sostiene la moción.
La moción de desestimación radicada por la licenciada Sellés Ríos también reveló que la OFEI concretó acuerdos de inmunidad a favor del ex representante Antonio «Tony» Soto Torres, quien creó la legislación que permitió que el FMM pasara a ser administrado por la Autoridad de Tierras, y a favor del pastor Heriberto Andújar, quién recibió $1.2 millones para hacer mejoras en la quebrada Margarita.
Acuerdos de inmunidad
La información sobre los acuerdos de inmunidad ha desatado numerosas interrogantes entre conocedores del caso debido a que tanto el ex representante Soto Torres como el pastor Andújar se consideran protagonistas principales de la desaparición de $1.2 millones asignados para trabajos en la quebrada Margarita, y de otras irregularidades detectadas en el manejo del FMM.
Es necesario señalar que los $1.2 millones para la quebrada Margarita fueron diligenciados a través de una asignación procedente directamente del Fondo General y no a través del FMM.
El ex representante Soto Torres, quien durante el cuatrienio 2016- 2020 era el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, fue el autor del Proyecto de la Cámara 2619, que proponía ,entre otros asuntos, enmendar el Código de Rentas Internas para que el control del FMM, que estaba bajo el dominio del Departamento de Hacienda, pasara a manos del Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras.
Entra la Junta de Supervisión Fiscal
La medida fue convertida en la ley 173 el 30 de diciembre del 2020 por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, lo que dió paso a que el PIR, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, fuera responsable de distribuir los fondos públicos del FMM.
Soto Torres también emitió una comunicación dirigida a la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Rivera Martínez, para que los $1.2 millones fueran enviados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, que preside el pastor Andújar.
Incluso, el ex representante hizo gestiones ante la Junta de Supervisión Fiscal para que el organismo avalara la asignación de los fondos al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, que es una entidad sin fines de lucro que no posee experiencia alguna en trabajos de construcción.
A pesar de todo lo anterior, la OFEI decidió convertir a Soto Torres en un testigo con inmunidad, lo que, según los conocedores del caso, representa un trato favorable para un ex representante que estuvo en el centro de la planificación de lo que luego se ha convertido en una trama criminal cuyas repercusiones apenas está comenzando a salir a flote. De hecho, conceder la inmunidad implica que el beneficiado cometió algún delito.
