Por Miguel Díaz Román
El conocido abogado especializado en el campo de los seguros, licenciado Jesús Del Valle Padilla, ha solicitado públicamente que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), investigue a Luis Esteves Selosse, quien es presidente de la firma de ajustadores públicos Caribbean Adjusters International (CAI), luego de que la empresa radicara una petición de quiebra en momentos que enfrentaba una orden de embargo que tenía el objetivo de resarcir al abogado por unas comisiones que nunca le fueron pagadas.
El pasado 15 de diciembre de 2025, la jueza Vanessa Pintado Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, emitió una orden para la ejecución de sentencia y embargo preventivo contra CAI por la cantidad de $568,330.70, una suma que corresponde a las comisiones adeudadas al licenciado Del Valle Padilla.
El 26 de diciembre de 2025, once días después de que la jueza Pintado Rodríguez emitiera la orden de embargo, CAI acudió al Tribunal Federal de Quiebra en San Juan y radicó una petición de quiebra bajo el capítulo 7 de liquidación, lo que implica que la empresa deberá identificar aquellos recursos económicos disponibles y vender los activos existentes con el fin de pagar a sus acreedores.
Licenciado Jesús Del Valle Padilla
El capítulo 7 también tiene el efecto de liberar al deudor de todas sus deudas no aseguradas y lo exime de establecer un plan de pago.
La orden de embargo y la posterior petición de quiebra de CAI son los últimos capítulos en la contenciosa relación entre CAI y Del Valle Padilla, quien ofrecía servicios legales a la empresa y , además, le refería clientes en su carácter de vendedor.
CAI le pagaba a sus vendedores una comisión de 20 %. En el caso de que un cliente llegue a un vendedor referido por un tercero, la comisión se dividía entre el tercero y el vendedor.
Violación a deberes fiduciarios
En declaraciones escritas Del Valle Padilla sostuvo que la cantidad de dinero que CAI le adeuda corresponden exclusivamente a comisiones por concepto de referidos de clientes con reclamaciones derivadas del huracán María, «las cuales fueron debidamente ajustadas, cobradas y pagadas, sin que la empresa cumpliera con remitir (a Del Valle Padilla) el porcentaje contractual adeudado, conforme a los acuerdos vigentes y a la ley aplicable».
«Dichos fondos no constituían ingresos propios de la entidad, sino sumas que debían ser segregadas y transferidas, por lo que su retención y utilización para fines operacionales constituye una violación grave a los deberes fiduciarios que rigen la práctica de los ajustadores públicos», señaló Del Valle Padilla.
«A la luz de estos hechos, el Sr. Luis Esteves Selosse, en su carácter de principal socio y persona con control sobre Caribbean Adjusters International y Jensen Adjusters International, debe ser investigado por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico por el incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, la falta de controles adecuados y la retención de fondos que no le corresponden, todo ello en perjuicio de terceros y del interés público. La quiebra no extingue las obligaciones, ni puede servir como refugio para el incumplimiento contractual ni para la retención indebida de fondos ajenos», advirtió Del Valle Padilla.
El abogado dijo que continuará ejerciendo todos los remedios legales disponibles, tanto en Puerto Rico como en otras jurisdicciones «para recuperar las sumas adeudadas, incluyendo intereses, costas y honorarios, establecer responsabilidades y proteger la integridad del ejercicio profesional y del interés público».
Intereses pre y post sentenca
SN se comunicó al teléfono celular personal de Esteves Selosse y le dejó varios mensajes con el fin de obtener su reacción a las expresiones del licenciado Del Valle Padilla. Hasta el cierre de esta edición Esteves Selosse no había respondido.
Además de los $568,330.70 adeudados por CAI, la jueza Pintado Rodríguez le impuso una penalidad diaria por incumplimiento de $147.92, que irá acumulándose hasta que finalmente se satisfaga la deuda.
El monto principal de la deuda asciende a $398,548.64. A esa cantidad, por determinación de la jueza Pintado Rodríguez, le aplican intereses «pre sentencia» por la cantidad de $52,878.02. También le aplican intereses «post sentencia» por la cantidad de $116,904.00. La suma de los intereses con el principal generan los $568,330.70.
Tras el paso del huracán María, Del Valle Padilla refirió a CAI numerosos clientes, especialmente condominios que resultaron afectados con el fenómeno meteorológico. En los primeros meses del año 2018, CAI decidió terminar su relación laboral con Del Valle Padilla.
Más tarde, el 27 de agosto de 2018, el abogado radicó una demanda en cobro de dinero por las comisiones adeudadas contra CAI en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.
En la demanda Del Valle Padilla incluyó como codemandados a Luis Esteves Selosse, en su carácter de socio principal y presidente de CAI, y a Luis Esteves Venegas, quien es el padre de Esteves Selosse, y figura como un ajustador público que labora para CAI.
Según la demanda, CAI es una corporación creada el 16 de octubre de 2017 y autorizada por la OCS para dedicarse al ajuste de reclamaciones de seguros. El documento alega que fue el licenciado Del Valle Padilla quien registró a CAI ante el Departamento de Estado y logró obtener las licencias para todos los ajustadores públicos que se nombraron tras el paso del huracán María.
Tribunal rechaza a Menonita
Entre los clientes referidos por Del Valle Padilla, según sostiene el documento, figuran Concordia Courts Apartments, Candina Sea Tower, Union Holdings, Inc. & Union de Inversiones, Inc., Action Cargo Transport, Inc. Nouvelle D’ Spa, Dores Development Corp., Colegio Nuestra Señora del Pilar, Parkville Realty, Inc., Condominio Lago Mar, Lagoon Villas, Caribbean Towers y Pasarella del Condado.
Del Valle Padilla incluyó entre sus clientes referidos el sistema de hospitales Menonita.
El abogado también reclamó en su demanda que era socio de CAI y que tal vínculo le concede el derecho de participar de las ganancias netas de la empresa. Una participación que el abogado estimó en $6 millones y que era equivalente al 33% de las ganancias de la empresa.
Finalmente, Del Valle Padilla solicitó al Tribunal la imposición de costas, gastos, intereses y honorarios de abogado.
El 7 de febrero de 2019 CAI respondió a la demanda y solicitó que fuera desestimada debido a que no existe un contrato entre la empresa y Del Valle Padilla.
El 22 de agosto de 2024, el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón emitió una sentencia que le ordenó a CAI pagar a Del Valle Padilla la cantidad de $123,701.44 por comisiones relacionadas con el referido de clientes.
Los clientes referidos por el abogado, según concluyó el fallo judicial, son Concordia Courts Apartments, Candina Sea Tower, Union Holdings, Inc. & Union de Inversiones, Inc., Action Cargo Transport, Inc., Nouvelle D’ Spa, Colegio Nuestra Señora del Pilar, Lagoon Villas, Caribbean Towers y Pasarella del Condado.
La sentencia descartó que Del Valle Padilla estuviese relacionado con el referido de Dores Development Corp. y Parkville View Realty. La sentencia también rechazó reconocer que el abogado fuera socio de CAI, por lo que fue descartada su participación en las ganancias netas.
Otro aspecto polémico de la sentencia es que no reconoció que Del Valle Padilla tuviera derecho a una comisión por el alegado referido de los hospitales Menonita.
Apelativo revoca
En respuesta, Del Valle Padilla presentó en el Tribunal Apelativo una impugnación contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia. La impugnación señaló varios errores y reiteró que Del Valle Padilla hizo el referido de los hospitales Menonita a CAI.
El 13 de mayo de 2024 el Tribunal Apelativo revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y determinó que CAI debía pagar a Del Valle Padilla la comisión del 20% por el referido de los hospitales Menonita.
El 10 de diciembre de 2025 y luego de que la sentencia del Tribunal Apelativo adviene final y firme, Del Valle Padilla solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón una órden para la ejecución de sentencia y embargo preventivo contra CAI.
Cinco días después, el 15 de diciembre de 2025, la jueza Pintado Rodríguez emitió la órden para la ejecución de sentencia y embargo contra CAI.
Condominio Ponciana en la mirilla
En reacción a la orden de la jueza Pintado Rodríguez, CAI acudió al Tribunal Federal de Quiebra en San Juan el 26 de diciembre de 2025 y radicó una petición de quiebra bajo el capítulo 7 de liquidación.
Tras la orden de embargo la representación legal de Del Valle Padilla comenzó a diligenciar notificaciones de embargo en aquellas entidades en las que CAI tuviera cuentas por cobrar.
Entre estos figura el Condomio Ponciana, ubicado en Ponce, que sufrió graves daños estructurales durante el terremoto ocurrido el 7 de enero de 2020. CAI fue contratada por el Consejo de Titulares del condominio.
La aseguradora Multinational Insurance Company ha retenido el pago de $4.9 millones en espera que se dilucide una disputa legal entre titulares. CAI reclama que tiene derecho a recibir $496,280.24, que es equivalente al 10% de la compensación.
