Por Miguel Díaz Román
El manto de confidencialidad que protegía un acuerdo alcanzado entre la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), ha quedado sin efecto luego de que la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó que «no procede».
El polémico acuerdo entre la OCS y Swiss Re se alcanzó a finales de 2024 en el marco de la liquidación de la aseguradora Real Legacy.
La determinación de la jueza Stipec Rubio, emitida ayer 16 de septiembre, representa un nuevo giro en la controversia judicial que han protagonizado la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) y la OCS por los pasados nueve meses, cuyos efectos reales estarán claros cuando finalmente se conozcan los pormenores del citado acuerdo.
De hecho, no está claro si bajo la dirección de la nueva Comisionada de Seguros,la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, la OCS mantendrá su posición de defender la confidencialidad del acuerdo con Swiss Re. Esa fue la posición del ex comisionado de seguros, Alexander Adams Vega.
La orden de la jueza Stipec Rubio obliga la OCS a presentar nuevamente como un documento público el acuerdo con Swiss Re en un plazo de 20 días.
El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó haber logrado un acuerdo con Swiss Re que, alegadamente, beneficiaría a los asegurados de Real Legacy.
Además, le solicitó al Tribunal que mantenga en confidencialidad el documento. El 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.
En su determinación la jueza concluyó que aunque la confidencialidad representa una herramienta útil para que la OCS logre acuerdos que favorezcan atraer más dineros al caudal de liquidación de un asegurador, no fue un objetivo de la Asamblea Legislativa avalar el uso de la confidencialidad en los acuerdos entre el liquidador y «potenciales deudores» del asegurador en liquidación.
«Sin embargo, ante la minuciosidad del Código de Seguros, resulta forzoso concluir que la Asamblea Legislativa no tuvo el propósito de conferir confidencialidad a los acuerdos entre el Liquidador y potenciales deudores del Asegurador que formen parte del expediente judicial. Corresponde a la Legislatura conferir ese privilegio, si luego de considerar los intereses envueltos, la estima apropiada», explicó la jueza en uno de los últimos párrafos de su decisión de nueve páginas.
En el documento la jueza hace una detallada identificación de las instancias en las que el Código de Seguros avala la confidencialidad para concluir que el Código no recomienda el uso de la confidencialidad en los procesos de liquidación de un asegurador.
La juez también rechazó los planteamientos realizados por la OCS sobre que sus actuaciones en calidad de liquidador son en realidad en representación de una entidad privada (el asegurador en liquidación) y no como una entidad pública que busca proteger el interés público.
«Rechazamos el planteamiento del Comisionado a los efectos que en su función de Liquidador no funge como funcionario público. Por el contrario, es precisamente por la importancia de la industria de seguros en nuestro país y el alto interés público que revisten los procesos de liquidación, que el ordenamiento designa al funcionario público de mayor inherencia en materia de seguros para que funja como liquidador», sostuvo la jueza.
A principios de este año la AG se opuso formalmente a que el Tribunal le concediera el manto de confidencialidad al acuerdo entre la OCS y Swiss. Entre sus planteamientos figura que la acción de la OCS podría garantizar un beneficio económico para Swiss Re, el cual iría en detrimento de los asegurados afectados por la liquidación de Real Legacy.
De hecho, la AG ha expresado en su escritos de oposición la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG.
La OCS ha presentado una oposición vehemente en contra de que se devele el manto de confidencialidad que protege el acuerdo bajo el argumento de que la intención de la AG es fiscalizar los acuerdos alcanzados por el ente regulador.
La OCS también ha sostenido que existen suficientes recursos para cubrir las reclamaciones, por lo que no será necesario decretar una nueva derrama entre los aseguradores para pagar las reclamaciones.
Por su parte, la AG ha cuestionado la suficiencia del caudal para satisfacer la totalidad de las reclamaciones, lo que podría representar un duro golpe para los miles de asegurados de la desaparecida Real Legacy, quienes nueve años después del paso de huracán María, esperan poder cobrar, al menos, una parte de las pérdidas causadas por el fenómeno meteorológico.
La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS.
