Por Miguel Díaz Román
A pesar de que los corredores de seguros seleccionados para manejar los riesgos de gobierno deben firmar un documento en el que certifiquen que no han utilizado los servicios de cabilderos para ejercer influencia en el proceso de selección, la realidad es que la figura del cabildero es tan indispensable para los corredores como el oxígeno lo es a la vida.
Y aunque la presencia del cabildero es casi inseparable de la operación del gobierno, en la administración de la gobernadora Jenniffer González Cólón esta figura ha tenido un protagonismo significativo quizás porque el secretario de la gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech, era un connotado cabildero de la firma Politank, antes de asumir ambas posiciones públicas.
De hecho, la figura del cabildero está tan consolidada en la estructura gubernamental que ya se le considera «la llave» para que los intereses privados puedan acceder a los contratos públicos.
En ese contexto, parece una contradicción insalvable que se le exija a los corredores que declaren no haber utilizado los servicios de un cabildero cuando en realidad los intereses privados necesitan de los cabilderos para transitar por la selva del gobierno de Puerto Rico, que suele ocultar engorrosas amenazas burocráticas y los reclamos de los actores políticos de la administración de turno.
Algunas fuentes aseguran que el asesor en comunicaciones Carlos Bermúdez, el ex gobernador Luis Fortuño y el licenciado Oriol Campos, quien fue tesorero de la campaña a la gobernación de Jenniffer González Colón, han estado al servicio de determinados corredores o de agencias de agentes generales para, alegadamente, garantizar sus contratos en Seguros Públicos, que es la división del Departamento de Hacienda a cargo de la selección de los corredores del gobierno.
SN ha entrevistado a determinados corredores quienes han identificado al licenciado Oriol Campos como la persona que los llamó para solicitar aportaciones económicas para la campaña de la gobernadora González Colón.
Una convicción que emerge cuando se conversa con los corredores que han participado en el proceso de selección es que las decisiones sobre quién o quiénes integran la privilegiada terna de contratos por servicios profesionales para los corredores del gobierno no se toman en Seguros Públicos.
Se ha comentado con insistencia que la determinación final sobre quiénes serán los corredores del gobierno las toma Francisco Domenech.
Formalismo procesal
Incluso, los corredores están convencidos de que los numerosos requisitos de cualificación que exige Seguros Públicos son un mero formalismo procesal y que el cumplimiento con tales exigencias tiene un efecto neutral en la selección final. Alegadamente, el elemento de mayor peso es el monto de las aportaciones económicas que el corredor está dispuesto a dar para las campañas políticas, sostienen algunos corredores entrevistados por SN.
Y es que los corredores de seguros del gobierno y las agencias generales de seguros se han convertido en una fuente de financiamiento estratégico de los partidos políticos, hasta el extremo de que alrededor del 30% de las comisiones que reciben son invertidos en fundraisings, en la compra de taquillas para cumpleaños, para inauguraciones de comités políticos, y para todo tipo de festejos organizados con el único fin de recaudar fondos para los partidos o para sus candidatos políticos.
Y en numerosas ocasiones, según alegan las fuentes, esas aportaciones excedían los límites legales.
La comisión promedio de los corredores del gobierno supera los $200,000 anuales e incluso, puede alcanzar el $1 millón de dólares anuales en aquellos corredores que manejan riesgos que incluyen infraestructuras complejas y de muy alto valor económico, las cuales requieren seguros con primas de alto costo.
Esa atmósfera opaca en la que se conducen las aportaciones políticas es la más controvertible de la realidad que le toca enfrentar a los corredores de seguros que acceden a ofrecer sus servicios al gobierno.
Es la más controvertible y la más ignorada por las autoridades federales y locales en los pasados 30 años, a pesar de que en numerosas ocasiones la prensa ha reseñado las denuncias sobre una presunta corrupción en el proceso de selección, posibles conflictos de intereses y favoritismo.
De hecho, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) ha imputado violaciones al Código de Seguros contra determinados corredores por compartir comisiones ilegalmente.
No obstante, tales eventos no han sido suficientes como para estimular la curiosidad de la asamblea legislativa, que jamás ha investigado los señalamientos de corrupción y favoritismo que se ha señalado contra el proceso de selección y contratación de los corredores del gobierno.
De hecho, el pasado año en la Cámara de Representantes se consideró una medida, el Proyecto 341, que ha sido un esfuerzo tímido para inyectar coherencia a la selección de los corredores al promover el uso de la subasta pública. La medida imponía un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores y eximía del cargo a los corredores seleccionados a través de subasta pública. La medida fue engavetada por la mayoría del Partido Nuevo Progresista a pesar de que la Comisión de Banca y Seguros emitió un informe positivo.
Querella destapa esquemas
La primera vez que surge en un documento público una denuncia sobre la presunta solicitud de donativos políticos a corredores de seguros a cambio de garantizar una participación en los seguros del gobierno, aconteció el 22 de febrero de 2016 en la Oficina de Contralor Electoral (OCE).
Ese día la OCE recibió una querella de parte de una entidad denominada como Ciudadanos Pro Campañas Libres de Corrupción, cuyos integrantes no estaban identificados en el documento.
La querella anónima denunció siete esquemas de presuntas violaciones en la recaudación de donativos de parte del Comité de Campaña del entonces Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, quien competía contra Ricardo Rosselló por la posición de candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
El esquema 4, caso 2, de la querella anónima, sostiene que “el empresario Andrés Guillemard Noble, solicitó y recibió donativos en efectivo a favor de la campaña de Pedro Pierluisi proveniente de múltiples comerciantes de la industria de los seguros. Esto, bajo la promesa de asistirlos a asegurar una participación de los negocios que ofrece para esta industria al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Sr. Guillemard recolectó los fondos, algunos en cheque y otros en efectivo, algunos informados conforme con la ley y otros informados y utilizados de forma fraudulenta en beneficio de la Campaña de Pierluisi”.
Cabilderos pueden afectar beneficios
Sobre esta querella la OCE concluyó que no se pudo “corroborar en los informes radicados a la OCE, las personas involucradas en este alegado esquema dado a que no proveyeron los nombres o alguna otra información corroborable”.
El comité de campaña de Pierluisi sostuvo que las alegaciones del recibo de donativos a cambio de promesas de participación en el negocio de seguros carece de detalles específicos mientras que Guillemard Noble negó las imputaciones a través de una declaración jurada.
Una fuente conocedora de los trámites que realiza la división de Seguros Públicos sostuvo que la intromisión de los cabilderos puede afectar adversamente los beneficios que puede obtener el gobierno si se seleccionan corredores con amplio conocimiento y experiencia en el negocio de seguros.
De hecho, la fuente indicó que si los criterios de selección consideran más la lealtad política de los «amigos de la casa», y el monto de «las aportaciones económicas para el partido», serían derrotados los objetivos de obtener primas razonables por una cubierta adecuada de parte de aseguradoras con una situación financiera saludable y con la participación de reaseguradores cualificados.
Uno de los aspectos preocupantes es que aunque la reglamentación de la división de Seguros Públicos establece que los profesionales que tendrán a cargo las pólizas de seguros del gobierno son exclusivamente los corredores autorizados por la OCS, en la selección realizada este año se ha permitido que participe un representante autorizado.
Es necesario advertir que los corredores de seguros representan el interés de los asegurados mientras que los representantes autorizados – que es la nueva denominación para los agentes de seguros – representan el interés de las aseguradoras.
Específicamente, Seguros Públicos ha seleccionado al ex comisionados de seguros, Javier Rivera Ríos, quien es un representante autorizado de aseguradoras especializadas en seguros de vida, para que maneje las pólizas de seguros del gobierno, cuyos mayores riesgos están relacionados con propiedades e infraestructuras públicas.
SN se comunicó con Rivera Ríos para obtener su reacción pero el ex comisionado no respondió.
Pólizas de errores y omisiones
Una fuente conocedora de los trámites que realiza Seguros Públicos sostuvo que la contratación de representantes autorizados para que desempeñen como corredores puede dejar al gobierno desprotegido en caso de que se cometan errores en el manejo de los riesgos del gobierno.
La fuente indicó que los representantes autorizados o los corredores sin experiencia, carecen del personal especializado en la tarea de asegurar propiedades públicas, lo que puede causar que se cometan errores cuyas repercusiones pueden afectar a las agencias y a las corporaciones públicas.
Un aspecto importante es que las pólizas de errores y omisiones de estos representantes autorizados o corredores sin experiencia – un requisito para los corredores del gobierno – podrían contener límites insuficientes para ofrecer una justa compensación a las entidades públicas perjudicadas por pérdidas financieras causadas por negligencia, errores, faltas o por incumplimiento del deber en sus servicios.
Corredores y aseguradoras insolventes
Incluyendo la selección de aseguradoras con una situación financiera débil o con contratos de reaseguro insuficientes, lo cual coloca a estas empresas a enfrentar una insolvencia si ocurriera una catástrofe de grandes proporciones. Una situación como la descrita anteriormente ya ocurrió en la aseguradora Real Legacy tras el paso del huracán María en 2017. Real Legacy fue intervenida por la OCS en 2019 por su alarmante estado de insolvencia.
Entre los asegurados que figuran en los contratos de reaseguro de Real Legacy se encuentran entidades del gobierno con numerosas y costosas propiedades como la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Educación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Autoridad de Carreteras, la Administración de Instituciones Juveniles, el Centro de Convenciones y la Autoridad de Edificios Públicos. También figuran numerosos municipios.
Se desconoce si Seguros Públicos tomó acción en contra del corredor o de los corredores que condujeron a estas entidades públicas al cuestionable estatus de asegurados de una aseguradora insolvente.
También se desconoce si Seguros Públicos reclamó a la póliza de errores y omisiones del corredor o de los corredores, por la negligencia de recomendar la contratación de una aseguradora que, según las fuentes, presentaba una situación financiera cuestionable mucho antes del paso del huracán María.
Más gastos que ingresos
Las serias interrogantes que han surgido sobre los criterios para la selección de los corredores del gobierno acontecen en momentos cuando el Departamento de Hacienda ha continuado con una posición hermética, en la que no se ofrece información sobre el proceso que culminó con la designación de 13 nuevos corredores.
Estos se unen al grupo de 19 corredores que estuvieron en los pasados años y que el Departamento de Hacienda ha decidido mantener como corredores del gobierno. En total el gobierno tendrá 33 corredores, según aseguran fuentes de SN.
No obstante, se sabe que esa cifra se redujo a 32 debido a que el corredor Owners Risk Insurance Management declinó integrar la privilegiada lista de los corredores del gobierno. La decisión obedeció, según indicó una fuente, a que el monto de la fianza que se le exigió indicaba que la cuentas que les serían asignadas generarían una comisión de $8,000 anuales, mientras que los costos de atender esas cuentas superan los $20,000 anuales.
