San Juan – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-27, correspondiente a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, en el cual se identificaron múltiples incumplimientos legales, debilidades de control interno y deficiencias significativas en la administración del Fondo de Mejoras Municipales y otras operaciones relacionadas. El período auditado está comprendido del 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2023.
La auditoría emitió una opinión adversa, lo que significa que las pruebas realizadas y la evidencia recopilada reflejan que las operaciones examinadas no se llevaron a cabo conforme a la ley y reglamentación aplicable.
“La sana administración pública requiere controles firmes, transparencia absoluta y respeto irrestricto al uso de los fondos públicos. Cuando esos principios fallan, se afecta la confianza ciudadana y la capacidad del Gobierno para servir con justicia y eficiencia”, expresó la Contralora Vega Fournier.
El Informe contiene dos hallazgos principales relacionados con los objetivos de auditoría, un hallazgo adicional sobre otros asuntos detectados y un comentario especial referente a la falta de personal para atender las responsabilidades delegadas a la Autoridad.
Uno de los señalamientos más significativos corresponde a $297,177 pagados contrario a las disposiciones contractuales. La auditoría examinó contratos otorgados a entidades sin fines de lucro y determinó que la Autoridad efectuó desembolsos sin contratos vigentes, incluyendo pagos realizados antes del otorgamiento formal del contrato y luego de vencida su vigencia.
Asimismo, para ocho contratos por $375,820, la Autoridad requirió tardíamente —o no requirió— informes sobre el uso de los fondos o la devolución de sobrantes, lo que provocó que $262,732 no estuvieran disponibles para atender obras y servicios en beneficio de la ciudadanía.
La auditoría también reveló que en siete contratos por $385,000 no se especificaron claramente las obras, las mejoras permanentes, los servicios a prestar, ni los beneficiarios de los fondos asignados, situación que aumenta el riesgo de uso indebido de recursos públicos y dificulta la fiscalización.
Además, en un caso específico, se determinó que fondos por $30,000 fueron utilizados de una resolución distinta a la establecida contractualmente, en violación a los términos pactados.
En cuanto al segundo hallazgo, la Contralora informó que la entonces directora de Finanzas, Contabilidad y Presupuesto realizó funciones incompatibles entre sí, tales como pre intervenir justificantes de desembolso, emitir y firmar cheques, y registrar pagos, lo que representa una clara falta de segregación de deberes y eleva el riesgo de errores o irregularidades no detectadas oportunamente.
Igualmente, se encontró que la Autoridad carecía de reglamentación adecuada para procesos esenciales de contabilidad y finanzas, incluyendo preparación y registro de comprobantes de desembolso, conciliaciones bancarias y emisión de cheques. También se determinó que el Reglamento del Fondo de Mejoras de 2024 no había sido presentado ante el Departamento de Estado, pese a contener requisitos aplicables a terceros.
Otro hallazgo importante se relaciona con contratos no registrados ni remitidos a la Oficina de la Contralora, como exige la ley. Se identificaron seis contratos por $113,500 formalizados con una entidad sin fines de lucro que no fueron registrados ni remitidos, pese a que se efectuaron pagos relacionados con dichos acuerdos.
También se determinó que la Autoridad incumplió con el envío de certificaciones anuales requeridas por ley para los años fiscales del 2015-16 al 2021-22 y remitió diez informes mensuales de nómina y puestos con tardanzas de entre 3 y 30 días.
En sus comentarios oficiales, la gerencia indicó que muchas de las deficiencias señaladas habían sido atendidas mediante nueva reglamentación y controles internos, incluyendo procesos de verificación desde la solicitud legislativa hasta la aprobación final de asignaciones.
También expresó que el incumplimiento relacionado con contratos no radicados y certificaciones anuales fue subsanado para evitar recurrencia. Sin embargo, la Oficina de la Contralora sostuvo los hallazgos tras evaluar las respuestas recibidas.
Como comentario especial, la auditoría destacó que la Autoridad no cuenta con suficiente estructura administrativa para cumplir las funciones del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR), encargado de manejar cientos de solicitudes legislativas y cerca de mil contratos anuales. Según el informe, esta insuficiencia obligó a contratar servicios externos y contribuyó a retrasos operacionales.
Entre las recomendaciones emitidas, la Contralora ordenó recobrar $410,677 a entidades sin fines de lucro, fortalecer la fiscalización de fondos, asignar personal suficiente al PIR, asegurar la revisión legal de contratos, implementar sistemas electrónicos de transparencia ciudadana, registrar oportunamente contratos, corregir deficiencias reglamentarias y adiestrar personal financiero en el uso del sistema contable.
“Nuestro deber constitucional exige impulsar correcciones, prevenir reincidencias y proteger cada recurso público que pertenece al pueblo de Puerto Rico. Exhortamos a la Autoridad a implementar con urgencia todas las recomendaciones emitidas las que evaluaremos en seis meses.”, concluyó Vega Fournier.
