Por Miguel Díaz Román
Al menos dos de los 13 nuevos corredores de seguros seleccionados para manejar los riesgos de gobierno han provocado serias interrogantes sobre los criterios de selección utilizados por el Departamento de Hacienda, pues uno de ellos arrastra graves cuestionamientos sobre su probidad para ejecutar la encomienda mientras que el otro es un contratistas del gobierno, en la que una de sus empresas presentan un cuadro de irregularidades en la asignación de fondos públicos.
El primero de ellos es el ex comisionado de seguros Javier Rivera Ríos, a quien el Departamento de Hacienda seleccionó para integrar el grupo de corredores que manejarán los riesgos de las agencias del gobierno central y de las corporaciones públicas.
De acuerdo con fuentes de SN, Rivera Ríos es un agente de seguros especializado en seguros de vida que no cuenta con la experiencia necesaria y una estructura para manejar carteras de propiedad y contingencia, que son, en gran medida, la mayoría de los riesgos del gobierno.
Otro factor que ha levantado serios cuestionamientos sobre su capacidad para ejecutar la encomienda es que durante su incumbencia como Comisionado de Seguros durante la administración fallida de el ex gobernador Ricardo Rosselló, Rivera Ríos cargaba un cuadro de morosidad alarmante que habían causado que el Banco Popular y el desaparecido Scotiabank radicaran contra él tres demandas para recuperar $290,238.00 relacionadas con el impago de dos hipotecas y una línea de crédito.
Una situación que representó un grave conflicto de interés para Rivera Ríos, pues esas entidades bancarias operaban agencias generales de seguros que son fiscalizadas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
De hecho, la morosidad de Rivera Ríos llegó al extremo que su vehículo Mercedes Benz fue incautado por falta de pago en el estacionamiento de la OCS, que para entonces estaban ubicadas en un edificio de oficinas en la calle Tabonuco en el sector San Patricio en Guaynabo.
Pero quizás el asunto más grave es que durante la gestión de Rivera Ríos como Comisionado de Seguros la OCS perdió la acreditación que concede la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) debido a la aprobación de una transacción en la que una aseguradora recién instalada en el Centro Internacional de Seguros en San Juan intentó anular sus contratos de reaseguro para recuperar $2,700 millones, lo que habría dejado sin protección a miles de asegurados en Estados Unidos.
Responsable de evaluación deficiente
La deficiente evaluación de la transacción y sus consecuencias posteriores ocurrieron entre 2017 y 2020. De hecho, el 27 de julio de 2020, la NAIC suspendió la acreditación de la OCS. No obstante, los efectos de aquella deficiente evaluación han continuado causando dificultades a la OCS hasta el punto que actualmente la acreditación se encuentra nuevamente en entredicho por parte de la NAIC.
La Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, viajará esta semana a la ciudad de Holywood en Florida donde se celebrará la reunión nacional de otoño de la NAIC, para defender la permanencia de la acreditación, luego de la aprobación de la ley 130 de 2025, que impone nuevas regulaciones y requisitos financieros a las aseguradoras internacionales instaladas en el Centro Internacional de Seguros.
De hecho, Del Valle Lecároz ha reclutado los servicios del ex gobernador Luis Fortuño, quien representará a la OCS ante los directivos de la NAIC.
El 22 de enero de 2020 Rivera Ríos presentó su carta de renuncia a petición de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien en realidad lo despidió de manera fulminante.
Hacienda premia a Rivera Ríos
A pesar de todo lo dicho anteriormente, el Departamento de Hacienda no tan sólo seleccionó a Rivera Ríos como uno de los nuevos corredores del gobierno sino que, alegadamente, le otorgó el manejo de una póliza de incapacidad para los empleados públicos a través del Sistema de Retiro que, además, permite el pago de una lucrativa comisión.
Fuentes de SN sostienen que el trato favorable concedido a Rivera Ríos obedece a su función como recaudador financiero para la campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón.
En comunicación con SN Rivera Ríos confirmó que integra el grupo de los nuevos corredores del gobierno y señaló que no conoce las agencias que le serán asignadas. No obstante, fuentes de SN aseguran que la división de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda, que administra el programa de corredores del gobierno, ya comenzó a repartir las agencias y corporaciones públicas que manejarán los corredores seleccionados.
Cuando se le preguntó por la póliza de incapacidad para los empleados públicos que el Departamento de Hacienda también le asignó el excomisionado de seguros sostuvo que no podía continuar respondiendo a las preguntas de sn porque «tengo gente al frente que debo atender».
El segundo caso trata del agente de seguros César Vargas Velázquez, quien tiene oficinas en el pueblo de Moca. Aunque este agente de seguros nunca había integrado el grupo de corredores del gobierno, su figura es conocida en el Departamento de Educación (DE) pues es propietario de la empresa LS Innovative Education Center Inc, que posee una escuela en Moca para niños de educación especial.
Según trascendió el 12 de septiembre de 2024 en una vista pública de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial, LS Innovative Education Center Inc obtuvo un polémico contrato con el DE de $10.5 millones para atender 16 estudiantes de educación especial.
Enmiendas lucrativas
Esto implica que el costo por estudiante ascendió a la insólita cantidad de $656,250.
El contrato fue concedido originalmente el 1 de octubre de 2023 por la cantidad de $4.6 millones para atender siete estudiantes, lo que implica que el costo por estudiante ascendió a $657,142.
El documento fue firmado por la entonces secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, y el agente de seguros César Vargas Velázquez.
En enero de 2024 el contrato fue enmendado para inyectarle $2 millones, lo que aumentó el pago global por la cantidad de $6.8 millones. Luego, en agosto de 2024, el contrato fue enmendado por segunda ocasión para agregar $3.7 millones, lo que elevó a $10.5 millones la cantidad total acordada. Además, se avaló aumentar a 16 la cantidad de estudiantes que podría atender el colegio.
La senadora María de Lourdes Santiago, quien presidió la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial, cuestionó ampliamente el contrato y sus enmiendas.
De hecho, en la vista pública, según reseñó el periódico digital Noticel, funcionarios del DE sostuvieron que no estaba justificada la cuantiosa cantidad de dinero que involucra el contrato. También se planteó que las facilidades del colegio en Moca no acreditaban semejante desembolso de fondos públicos.
En la citada vista pública la senadora Santiago señaló que el cuantioso contrato de LS Innovative Education Center Inc. es un claro ejemplo de la disparidad en los costos de los proveedores de servicios en el DE. Según se dijo en la vista, no existe un estudio de gastos que estandarice los precios que debe pagar el DE a los proveedores, lo que provoca que «sus propuestas se aprueben sin poner en duda si vale lo que se está solicitando».
Una visita a la página en Facebook de LS Innovative Education Center Inc. demuestra las buenas relaciones que César Vargas Velázquez mantiene con la presente administración de la gobernadora González Colón, pues existe una foto del secretario educación, Eliezer Ramos Parés, quien realizó una visita a la escuela el pasado 29 de noviembre.
Empresa familiar
En realidad LS Innovative Education Center Inc. es una empresa familiar con ingresos multimillonarios en la que la hija de César Vargas Velázquez, Ilianetsie Vargas, es la segunda en mando en la empresa, mientras que la esposa de César Vargas, Lillian Salas, es la secretaria.
SN ha intentado establecer comunicación con César Vargas Velázquez o con sus oficinas en Moca sin obtener éxito.
Además del ex comisionado de seguros, Javier Rivera Ríos, y del agente de seguros, César Vargas Velázquez, el Departamento de Hacienda seleccionó a las siguientes empresas o corredores: Enrique Pavial; la empresa AEGIS; Rafael Amador; José Carrión III y su empresa LAT 18; la empresa MAPS, vinculada a Nelson Santiago; la empresa Myriad, que según fuentes de SN ha estado relacionada con seguros de salud; René Fernández; Eduardo Martí; la empresa SHIELD, la cual está relacionada con Ricardo López Cepero, quien fue ex alcalde interino de Culebra y las empresas Vidal & Rodríguez y Owners Risk Insurance Management.
Hacienda sigue hermética
Las serias interrogantes que han surgido sobre los criterios de selección que utilizó el Departamento de Hacienda acontecen en momentos cuando la agencia ha continuado con una posición hermética, en la que no se ofrece información sobre el proceso que culminó con la designación de 13 nuevos corredores.
Estos se unen al grupo de 19 corredores que estuvieron en los pasados años y que el Departamento de Hacienda ha decidido mantener como corredores del gobierno. En total el gobierno tendrá 33 corredores, según aseguran fuentes de SN.
Incluso, los corredores que presentaron propuestas para integrar el grupo de corredores del gobierno han criticado la tardanza y la falta de información sobre el proceso de selección de parte del Departamento de Hacienda.
Sobre este particular la agencia desestimó los señalamientos sobre atrasos y falta de información al sostener que el proceso de selección realizado en 2025 es similar al que se hizo en 2021, que fue la última vez que la agencia evaluó y seleccionó a los corredores de seguros del gobierno.
“Actualmente, el Departamento de Hacienda está en la etapa final del proceso de contratación de los productores de seguros para el año fiscal 25-26. Este proceso de evaluación de propuestas es el mismo que el Departamento llevó a cabo en el año 2021, cuando se adjudicaron los contratos al finalizar el año. Desde ese año, el Departamento no había realizado un proceso de esta naturaleza para la selección de productores de seguros», sostuvo la agencia en unas declaraciones escritas enviadas a SN.
En el 2020 el ex secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, decidió consultar a las agencias en torno a si los servicios ofrecidos por los corredores de seguros fueron satisfactorios. Tras la consulta, que favoreció a los corredores, Parés Alicea decidió extender la vigencia de los contratos de todos los corredores durante los años 2022, 2023 y 2024.
