Por Miguel Díaz Román
El ex representante Antonio «Tony» Soto Torres, se ha convertido en «testigo del pueblo» en la investigación que sobre el Fondo de Mejoras Municipales (FMM) realiza la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), lo que representa un paso determinante para desentrañar las graves irregularidades en el manejo de fondos públicos que se han detectado en la Autoridad de Tierras.
En respuesta a la pregunta sobre si se le había concedido inmunidad al ex representante Soto Torres, la fiscal del OPFEI, Zulma Fuster Troche, le indicó a SN que «el ex legislador es testigo del pueblo. No puedo darle más información».
En síntesis, la fiscal Fuster Troche ni negó ni confirmó que Soto Torres se encuentre revestido de inmunidad en momentos cuando el pasado lunes la OPFEI radicó las primeras acusaciones relacionadas con la malversación de $1.2 millones que la legislatura asignó para efectuar unas mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo y nunca fueron realizadas.
No obstante, lo que sí está claro es que mientras la investigación sobre el escandaloso manejo de fondos públicos en el FMM avanza, la OPFEI cuenta con el testimonio del ex representante Soto Torres, quien tuvo un papel protagónico en la actividad legislativa que permitió que el FMM pasara a ser administrado por la Autoridad de Tierras.
De hecho, en febrero de este año Soto Torres fue notificado por la OPFEI de que era objeto de una investigación relacionada con la malversación de fondos públicos en el FMM y, específicamente, con la asignación de $1.2 millones para efectuar mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo.
Soto Torres como protagonista
El ex representante Soto Torres fue presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes durante el cuatrienio 2016 -2020 y fue el autor del Proyecto de la Cámara 2619, que proponía ,entre otros asuntos, enmendar el Código de Rentas Internas para que el control del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que estaba bajo el dominio del Departamento de Hacienda, pasara a manos del Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras.
En esta trama emerge como un importante coprotagonista la figura del ex funcionario legislativo, José Miguel Huertas Torres, quien ayer fue acusado en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón por el OPFEI de 15 cargos relacionados con la malversación de los $1.2 millones asignados a la quebrada Margarita.
En la radicación de los cargos participaron los fiscales especiales independientes Zulma Fuster Troche, Fabiola Acarón Porrata Doria y Ramón Mendoza Rosario.
De acuerdo con los fiscales, Huertas Torres utilizó la asignación millonaria de fondos públicos para su propio beneficio como pagar gastos personales, pagar tarjetas de crédito y otros tipos de desembolsos que no fueron especificados. Los cargos contra Huertas Torres incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros.
En aprietos Huertas Torres
En ese contexto, es muy probable que Soto Torres figure como uno de los testigos que la OPFEI podría presentar para corroborar determinadas imputaciones contra Huertas Torres.
Huertas Torres laboró en la oficina de Soto Torres en la Cámara de Representantes y luego también laboró en la Autoridad de Tierras, tras el traslado del FMM a esa dependencia del Departamento de Agricultura.
El 30 de diciembre del 2020 el Proyecto Cámara 2619 fue convertido en la ley 173 por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, lo que dió paso a que el PIR, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, fuera responsable de distribuir los fondos públicos del FMM.
Como resultado de la ley 173, los legisladores de distrito fueron eximidos de radicar y lograr la aprobación de una resolución para asignar los fondos para obras permanentes o para beneficiar directamente a los ciudadanos.
La nueva ley le permite a los legisladores redactar una sencilla notificación asignando los fondos, la cual es enviada al PIR de la Autoridad de Tierras y de inmediato se activa el proceso para realizar el desembolso.
Escándalo mayúsculo
El trámite requiere la aprobación de la división de finanzas de la Autoridad de Tierras. El FMM se nutre de una porción del IVU que pertenece a los municipios y al año el fondo recibe cerca de $30 millones.
La malversación de los $1.2 millones asignados a la quebrada Margarita ya se perfila como un escándalo de proporciones mayúsculas con posibilidades de estremecer a la asamblea legislativa, pues la entidad a quien le fueron asignados los fondos, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc, llegó a recibir asignaciones legislativas por el monto de $7 millones sin que recibiera supervisión alguna de parte de la Autoridad de Tierras.
De hecho, ayer el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón encontró causa probable para arresto contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez.
Contra Rivera Martínez la OPFEI presentó un cargo por incumplimiento del deber debido a que la ex funcionaria, alegadamente, jamás fiscalizó si el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc, había realizado la mejoras a la quebrada Margarita con la asignación de $1.2 millones que recibió.
Amplio incumplimiento
No obstante, la fiscal Fuster Troche sostuvo que el cargo por incumplimiento del deber contra Rivera Martínez también está relacionado directamente con el hecho de que la ex funcionaria avaló numerosas asignaciones al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc hasta alcanzar la cifra de $7 millones y nunca efectuó gestiones para corroborar si el uso de esos dineros se hizo según lo pactado en los contratos.
La fiscal advirtió que los $1.2 millones para la quebrada Margarita fueron diligenciados a través de una asignación procedente directamente del Fondo General y no a través del FMM.Indicó que la asignación de los $7 millones, por medio de múltiples contratos, fueron tramitados en el FMM.
«Este es un caso de $1.2 millones, que es específico para la mejoras de la quebrada Margarita. Pero hay contratos que ascienden a $7 millones. Entonces, nuestra contención con la ex directora ejecutiva es ¿cómo una persona puede seguir asignando, asignando, asignando y asignando fondos sin ni tan siquiera darle la más mínima supervisión a si esa obra se está haciendo o no? Y esa negligencia de esa funcionaria creó un terreno fértil para la corrupción porque este señor (Huertas Torres)…tú te puedes apropiar de dinero si te lo dan y nadie te pregunta después para qué lo usaste. Este es el primer caso (el caso de la quebrada Margarita) de muchos casos que sé vamos a radicar», dijo la fiscal Fuster Troche.
La fiscal sostuvo que la investigación que realizan los fiscales ya ha permitido constatar que el comportamiento negligente que revelan las actuaciones de los funcionarios de la Autoridad de Tierras con la asignación para los trabajos en la quebrada Margarita se repiten en las asignaciones encaminadas a través del FMM, que cuenta con cerca de $30 millones.
«Este es el principio de una investigación más abarcadora que está realizando el OPFEI y donde nosotros vamos a continuar siguiéndole el «traicing» (el rastro) a todas estas asignaciones de fondos», concluyó la fiscal Fuster Troche.
