Por Miguel Díaz Román
El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón encontró causa probable para arresto contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, y contra José Huertas Torres, en relación con la desaparición de una asignación de fondos públicos ascendente a de $1.2 millones destinada a financiar unas mejoras permanentes en la quebrada Margarita en Guaynabo.
La decisión del Tribunal obedece a los cargos que hoy presentaron los fiscales de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI), en una vista para la determinación de causa probable para arresto, en relación con los hallazgos de una amplia investigación sobre las irregularidades y violaciones detectadas en el manejo del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que administra la Autoridad de Tierras.
Contra Rivera Martínez la OFEI presentó un cargo por incumplimiento del deber y contra Huertas Torres se radicaron 15 cargos, que incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros.
También se radicaron cargos contra la corporación Tres T & General Contractors, que pertenecía a Huertas Torres. En la radicación de los cargos participaron los fiscales especiales independientes Zulma Fuster Troche, Fabiola Acarón Porrata-Doria y Ramón Mendoza Rosario.
Los $1.2 millones fueron asignados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia para la mejoras de la quebrada. De acuerdo a lo ventilado en el caso, la entidad sin fines lucrativos reclutó a Huertas Torres y su corporación Tres T & General Contractors para los trabajos en la quebrada Margarita.
La fiscal Fuster Troche le indicó a SN que la vista preliminar fue pautada para el 18 de noviembre. La fiscal también indicó que los acusados, que se encontraban en el interior del Tribunal de Bayamón realizando los acuerdos para obtener una fianza, deberán comparecer mañana a las oficinas del OFEI para el proceso de fichaje en relación con los cargos imputados.
Fuster Troche sostuvo que el abultado paquete de cargos que la OFEI radicó contra Huertas Torres surge porque el imputado se apropió de los $1.2 millones procedentes de fondos públicos asignados para las mejoras de quebrada Margarita y los utilizó para su beneficio personal.
«Ese $1.2 millones de dólares él los fue pasando a distintas corporaciones y a distintas cuentas bancarias. Nosotros le hicimos tres órdenes de allanamiento en este caso a cuentas de distintas corporaciones de él y pudimos ver cómo el dinero iba saliendo para distintas cosas. Pagos de tarjetas de crédito, hizo transferencias a cuentas privadas de él. Pudimos identificar que tenía 12 cuentas bancarias fuera de Puerto Rico. Mucho dinero fue a esas cuentas y otro dinero fue retirado en efectivo. Él fue la persona que se apropió del dinero», dijo Fuster Troche.
Sobre el cargo de incumplimiento del deber contra Rivera Martúnez, la fiscal Fuster Troche indicó que la ex funcionaria de la Autoridad de Tierras fue negligente porque no fiscalizó que el uso de los fondos públicos se hubiera hecho conforme a lo pactado en el contrato.
«Le estamos imputando negligencia a la señora Dorally Rivera porque cuando ella era la directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras en realidad no siguió el deber de supervisión y diligencia en relación a qué pasó con este dinero. Ella no exigió los informes que el contrato que ella firmó con el Centro Comunitario de Servicios a la Familia exigía. Ella no hizo el más mínimo deber de diligencia porque el que va allí el día de hoy, a la quebrada Margarita, se da cuenta que no se ha hecho nada. Si hubiese hecho la más mínima diligencia como custodia de esos fondos y como la persona que firmó ese contrato, se hubiese dado cuenta que no se hizo nada, que no se puso ni una piedra», señaló la fiscal.
La licenciada Cándida Sellés, representante legal de Rivera Martínez sostuvo que confía en que su cliente saldrá favorecida.
“Respetamos la decisión del Tribunal pero entendemos que el Tribunal erró. Hicimos unos planteamientos de derecho que entendemos que proceden y vamos a continuar con la defensa y los vamos a plantear más adelante, en la próxima etapa. Estamos confiados de que Dorally es inocente y vamos a prosperar en el Tribunal en su día”, dijo la licenciada Sellés.
El 17 de febrero del 2022 el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, destituyó a Rivera Martínez de su cargo como directora ejecutiva de la AT por presuntas irregularidades en el manejo de FMM.
Más adelante González Beiró refirió a Justicia los hallazgos de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos del FMM a entidades sin fines de lucro.
Como resultado de ese referido, en septiembre del 2022 el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, recomendó a la OFEI designar un fiscal especial por una alegada malversación de fondos públicos contra Rivera Martínez y otros ex funcionarios de la Autoridad de Tierras.
