Por doctor Edgar León
El clientelismo político convierte la educación en rehén de intereses partidistas mientras el sistema colapsa
La crisis del Departamento de Educación de Puerto Rico trasciende los problemas pedagógicos para convertirse en el espejo más crudo de la incapacidad administrativa que aqueja al gobierno central. Mientras los estudiantes puertorriqueños enfrentan un sistema educativo en franco deterioro, las decisiones de personal siguen respondiendo a criterios políticos antes que profesionales, perpetuando un ciclo de ineficiencia que compromete el futuro de una generación entera.
Clientelismo vs. Competencia Profesional
La designación de personal en posiciones clave del sistema educativo continúa rigiéndose por el viejo manual del compadrazgo político. Superintendentes regionales, directores de programas federales y coordinadores administrativos llegan a sus cargos no por su experiencia en gestión educativa o sus credenciales académicas, sino por su lealtad partidista o sus vínculos familiares con figuras políticas influyentes.
Esta práctica, que algunos denominan eufemísticamente como “batatas políticas”, ha creado una estructura administrativa paralizada, donde las decisiones tardan meses en implementarse y los proyectos educativos se diluyen en laberintos burocráticos. El resultado es visible en las estadísticas: Puerto Rico mantiene tasas de deserción escolar alarmantes y resultados en pruebas estandarizadas que nos ubican consistentemente en los últimos lugares a nivel nacional.
El Siglo XXI Sigue Esperando
Mientras jurisdicciones escolares en Estados Unidos y otros países integran inteligencia artificial, plataformas digitales avanzadas y sistemas automatizados de gestión, el Departamento de Educación de Puerto Rico permanece anclado en estructuras del siglo pasado. Las regiones educativas, concebidas décadas atrás como unidades administrativas intermedias, se han convertido en feudos burocráticos que duplican funciones, multiplican gastos y entorpecen la toma de decisiones.
La resistencia al cambio tecnológico no es casual. Un sistema automatizado y transparente amenazaría los mecanismos de control tradicionales, reduciría la discrecionalidad en las contrataciones y limitaría las oportunidades de patronazgo político que alimentan la maquinaria electoral.
Quebranto Económico y Moral
La crisis fiscal de Puerto Rico, lejos de servir como catalizador para la eficiencia gubernamental, ha exacerbado las prácticas nocivas. Con recursos limitados, cada dólar malgastado en contratos sobrevalorados o posiciones innecesarias representa una oportunidad perdida de mejorar la infraestructura escolar, actualizar materiales educativos o capacitar maestros.
Los contratos del Departamento de Educación requieren un escrutinio urgente. Desde servicios de transporte escolar hasta programas de alimentación, pasando por adquisiciones de tecnología educativa, existe un patrón preocupante de adjudicaciones que favorecen a empresas vinculadas con donantes políticos o ex funcionarios gubernamentales.
El Derecho Constitucional Violentado
El Artículo VI, Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico establece inequívocamente que “toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.” Esta garantía constitucional se viola diariamente cuando estudiantes asisten a escuelas con techos que se desploman, sin acceso a internet confiable, o con maestros no certificados en sus materias.
La responsabilidad de garantizar este derecho fundamental no puede supeditarse a conveniencias políticas o intereses electorales. Requiere una auditoría exhaustiva e independiente de cada región educativa, cada contrato millonario y cada designación administrativa realizada en los últimos años.
La Urgencia de la Transparencia
La información debe fluir libremente. Cada contrato, cada subasta, cada proceso de selección de personal debe estar disponible al escrutinio público en tiempo real. La era de las decisiones tomadas en reuniones cerradas y documentos clasificados debe terminar cuando se trata de recursos públicos destinados a la educación.
Los medios de comunicación tienen una responsabilidad ineludible en esta democratización de la información. Cada peso gastado, cada decisión administrativa, cada resultado educativo debe ser reportado, analizado y contextualizado para que la ciudadanía pueda exigir cuentas.
Un Llamado a la Acción
La transformación del sistema educativo puertorriqueño no puede esperar al próximo ciclo electoral. Requiere:
Profesionalización inmediata de los puestos administrativos clave, con criterios de selección basados en mérito y experiencia comprobada.
Modernización tecnológica integral que incluya sistemas de gestión automatizados, plataformas educativas digitales y herramientas de inteligencia artificial para optimizar recursos.
Reestructuración administrativa que elimine duplicidades, consolide funciones y acorta las cadenas de mando para agilizar la toma de decisiones.
Transparencia total en todos los procesos de contratación, con publicación obligatoria de evaluaciones, criterios de selección y justificaciones de adjudicación.
Auditorías independientes periódicas de cada región educativa y programa federal por las agencias federales y el contralor, con resultados públicos y consecuencias tangibles para la mala administración.
La educación de calidad no es un lujo que Puerto Rico no puede costear; es una inversión que no podemos permitirnos no hacer. El momento de actuar es ahora, antes de que otra generación de estudiantes pague el precio de nuestra inacción administrativa.
La historia juzgará con severidad a quienes antepusieron intereses políticos al futuro educativo de Puerto Rico. Pero aún estamos a tiempo de escribir un capítulo diferente, donde la competencia profesional, la transparencia gubernamental y el compromiso genuino con la excelencia educativa marquen el rumbo hacia la transformación que Puerto Rico necesita y merece.
